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Servicio Paz y Justicia - Uruguay 



serpaj 


© Edición: diciembre de 2018 
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ Uruguay 
Joaquín Requena 1642 
Tel. (+598) 2408 5301 
serpajuy@serpaj.org.uy 

Impreso en Uruguay 

Derechos Humanos en el Uruguay 
Informe 2018 
Montevideo, Uruguay 

ISBN: 978-9974-564-46-6 



FUNDACIÓN 

ROSA 

LUXEMBURGO 


Esta publicación fue apoyada por la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) 


Las opiniones vertidas en este informe son de absoluta responsabilidad de los autores. 


Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos, siempre que sea citada la fuente. 





SERPAJ en homenaje a 

quienes a lo largo de estos 30 años han colaborado generosamente 
con su saberes, su militancia, sus oficios, sus profesiones y su compromiso 
para que cada página de estos informes, ofreciera un aporte responsable. 

Cada análisis, relato, investigación, fotografía o testimonio 
pretende aportar elementos yfundamentos para reflexionar, 
para comprometernos en definir y defender que sociedad 
y que continente queremos ayudar a construir. 


Nuestro sentido y profundo agradecimiento. 




Consejo Editor 

Laura Bálsamo, Miguel Scapusio, Mariana Mosteiro, Andrea Sorondo, Ana Aguerre 


Derechos civiles y políticos 

Henry Trujillo, Damián de los Santos, Antonela Pumar, Agustina Rodríguez, Manuela 
Abrahan, Mariana Risso, Milton Romani Gerner, Matilda Ciganda, Manuela S. Methol, 
Mariana Mosteiro Vaselli, Luis Eduardo Morás, Rodrigo Rey, Colectivo Entre, Sudestada. 


Derechos económicos, sociales y culturales 

Martín Couto, Raúl Zibechi, Gabriela Pérez Machado, Diego Silva Balerío, Casa Bertolt 
Brecht, Sandra Leopold Costábile, Carolina González Laurino, Ximena Baráibar Ribero, 
Laura Paulo Bevilacqua, María Selva Ortiz, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la 
Vida, Sudestada, Valeria España, Cristina Prego Tramuja, Andrea Tuana, Coordinadora de 
Feminismos, Cecilia Baroni, Mónica Giordano, Miguel Scapusio, Walter Atilio Ferreira, 
Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, Delfina Martínez, Karina Núñez Rodríguez, 
CAinfo, Rodrigo Barbano, Tejido a Mano. 


En aras de la memoria... 
Ademar Olivera, Efraín Olivera. 


Anexo Legislativo 
Laura Bálsamo 


Diagramación 

Equipo de diseño de Tradinco S.A. 

Fotografía de tapa 
Santiago Mazzarovich 

Fotografías de interior 

Abraxas, Agustín Fernández, Colectivo Rebelarte, Juan Hoppe, Lucía Melgarejo, Martha 
Passeggi, Mauro Tomasini y Santiago Mazzarovich 



Introducción 


América Latina está asistiendo al resurgimiento de corrientes autoritarias y antide¬ 
mocráticas. Así lo muestran los resultados de las elecciones en varios países de la región y 
particularmente en Brasil, donde el candidato electo lo hizo en base a un discurso fascista, 
homófobo y racista. 

El auge del autoritarismo, que ha sido históricamente patrimonio de las derechas, se 
ve contrastado hoy por gobiernos que amparándose en una retórica de izquierda, ejercen al 
igual que los primeros, prácticas autoritarias y represivas ante la imposibilidad de resolver 
sus profundas crisis políticas y económicas. 

Dentro de los argumentos más comunes, se apela a la “mano dura” para resolver los 
temas de la delincuencia y la inseguridad y junto a éstos, se esgrime el del “combate a la 
corrupción”. 

De esta manera se consolida a su vez, la reproducción y exacerbación de otras formas 
de violencia, como la tortura, el “gatillo fácil” y las limitaciones a las libertades individuales 
y colectivas, resucitando viejos paradigmas. En este estado de excepción, los tribunales de 
justicia se convierten en actores políticos, dejando en el desamparo a las víctimas de ayer y 
de hoy. 

Las políticas que promueven el miedo, la violencia y el odio al diferente, van ganando 
terreno mediante la deliberada distorsión de la realidad y la utilización -entre otras moda¬ 
lidades- de “fake news”, difundidas profusa y planificadamente a través de las redes sociales. 

Tal vez el caso más emblemático de esta situación sea el asesinato en Brasil de Marielle 
Franco por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, pero no debemos olvidar que en 
nuestra América se ha convertido en moneda corriente el asesinato y la represión de mili¬ 
tantes sociales, organizaciones de mujeres, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles. 

Por todo esto es necesario advertir los riesgos a los que nos expone el “vaciamiento” 
de lo político y de lo social, ya que fueron éstos los principales sostenes de la convivencia 
democrática de nuestras sociedades. 

En Uruguay, los discursos de algunos candidatos se mimetizan peligrosamente con 
los planteos de los nostálgicos voceros de las Fuerzas Armadas, con el riesgo de retrotraer a 
nuestro país a los aciagos tiempos donde los derechos se desconocían. 

Frente a ello, queda la apuesta a la reflexión, al pensamiento crítico, al trabajo colecti¬ 
vo y a la movilización de todos los actores sociales. Y a la Memoria, para evitar repetir los 
terribles hechos de pasado. 




Derechos Civiles 
y Políticos 



Foto: Juan Hoppe 



Memoria e 
impunidad 




Atentados, exabruptos y pensiones militares: la 
continuación de la historia durante el año 2018 


Henry Trujillo 1 


Como ha sido habitual desde el fin de la dictadura, a lo largo del año 2018 se reiteraron 
declaraciones y acciones de militares en actividad y retirados que marcan intervenciones 
más o menos abiertas en la vida política del país y manifiestan concepciones marcadamente 
antidemocráticas, al menos de un segmento relevante de la oficialidad en retiro. 

Sobre todo, tres tipos de eventos pueden ser señalados 2 : los atentados a placas y mo¬ 
numentos a la memoria, las declaraciones de militares retirados, que entre otras cosas han 
intentado legitimiar de nuevo el golpe de Estado y la dictadura, y los acontecimientos que 
rodearon a la reforma (o intento de reforma) del Servicio de Retiros y Pensiones de las 
Fuerzas Armadas (más conocido como Caja Militar). Sin duda, este último fue el tema 
principal y explica que el centro del discurso militar no ha estado tanto esta vez en la oposi¬ 
ción a los juicios a militares por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, sino 
en la defensa corporativa. Pero en todos los casos, en el trasfondo de los debates emerge de 
nuevo la lucha por imponer una definición del pasado reciente. 

Atentados y exabruptos 

Entre junio y octubre de 2018 se registraron diversos atentados a Marcas de la Memo¬ 
ria (placas conmemorativas de hechos de violencia contra derechos humanos en la dictadu¬ 
ra) ubicadas en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, en el Hospital 
Militar, en las cercanías del Penal de Libertad, en el callejón de la Facultad de Derecho, y 
en la Rambla 25 de Agosto. También fue vandalizado el Monumento Memorial en Recor¬ 
dación de los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro. En general, se trató de atentados con 
pintura, aunque en algún caso se trató del robo de la placa. A fines de junio fue identificado 
como autor de dos de estos atentados un Coronel retirado. Aunque en principio fue un 
solo arresto, la multiplicidad de acciones sugiere que otros individuos podrían estar involu¬ 
crados, y aunque no necesariamente exista una organización, muestra -como han opinado 
referentes de organizaciones de derechos humanos- la existencia de un “clima” de intoleran¬ 
cia que da muestras de hacerse más denso. 

Como en años anteriores, los directivos de los clubes sociales insistieron en declara¬ 
ciones públicas reivindicando o justificando los hechos de la dictadura, pero posiblemente 


2 


Escritor y sociólogo. 

A esto se debería sumar la confirmación del espionaje militar en democracia, que es objeto de otro capítulo. 


17 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


18 


el más llamativo fue el realizado por el presidente del Centro Militar, el coronel retirado 
Carlos Silva Valiente. Se trató de un discurso particularmente radical, incluso considerando 
que miembros de esa institución se contaron entre los militares más comprometidos con el 
régimen militar (incluyendo a Gregorio Álvarez). Entre muchas otras cosas, Silva negó que 
en Uruguay haya democracia, negó que Álvarez hubiera sido un dictador y que la dictadura 
fuera una dictadura (habría sido consecuencia de “un vacío de poder”). Se declaró partida¬ 
rio “de la cultura occidental y cristiana, y del orden natural”, acusó a “los grandes centros 
de poder” de generar conflictos entre países, vinculándolos al Foro de San Pablo y al ISIS, 
elogió a Bolsonario, y finalmente sugirió que la gente le pide a los militares que vuelvan 
(Montevideo Portal, 11/10/2018). 

Las consideraciones sobre la dictadura y el desprecio hacia los homosexuales fueron 
los principales elementos que motivaron a que organizaciones de Derechos Humanos pre¬ 
sentaran una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación, debido a una posible apología del 
delito e incitación al odio 3 . Como suele suceder en estos casos, no es sencillo decidir cuál 
es la forma adecuada de reaccionar, ya que muchas veces los exabruptos son deliberados (el 
periodista afirma que “él sabe que sus dichos causarán revuelo, pero no le importa”). Es po¬ 
sible que, parte del éxito de Bolsonaro, como el de Hitler en su momento, sea atribuibile al 
aura de autenticidad que se obtiene al decir disparates e insultos. De todos modos, si no es 
mediante la judicialización, no hay herramientas claras para enfrentar ese tipo de discurso 
en un contexto en el que la esfera de la opinión pública parece deteriorada y las mentiras se 
han transformado en arma política. 

La reforma de la “Caja Militar” 

El tercer tema ha sido la discusión sobre la reforma del Servicios de Retiros y Pensiones 
de las Fuerzas Armadas, conocido como Caja Militar. La idea de reformar este servicio ha 
estado en la agenda desde la reforma previsional de 1996, al igual que la de otras cajas pa¬ 
raestatales y estatales, pero era la única que permanecía sin modificaciones. 

En consecuencia, la Caja Militar ha llegado a representar un costo muy alto para el 
Estado -casi quinientos millones de dólares anuales- que además estaban muy concentrados 
en los segmentos más altos de ingresos, correspondientes a los grados superiores de la ofi¬ 
cialidad (en ocasiones, esas jubilaciones cuadriplican las prestaciones más elevadas pagadas 
por el Banco de Previsión Social). En contrapartida, se pagan jubilaciones muy bajas al 
personal subalterno retirado. Además, el régimen incluía otras facilidades, como la posi¬ 
bilidad de un retiro temprano que permitía continuar la vida activa sumando ingresos a la 
jubilación obtenida. Los críticos del sistema veían en esto supervivencias de los privilegios 
que el régimen militar había otorgado a la corporación 4 . Pero incluso quienes no lo ven así 
aceptan que el déficit ocasionado por la Caja Militar es insostenible. 

3 La Diaria, 20/10/2018. 

4 Sin embargo, algunas de estas ventajas fueron aprobadas luego de 1985. 



Sin embargo, los proyectos para reformar el sistema no se habían concretado hasta 
el momento. En 1996 se había estudiado uno a continuación de la reforma del sistema 
previsional general. Este proyecto incluso había sido apoyado por el entonces director del 
servicio, el coronel Mario Frachelle. En un acto realizado en el Centro Militar a comienzos 
de 1997, el jerarca exhortó, tras reconocer que el déficit que ya tenía la Caja Militar era 
“insoluble”, a apoyar la iniciativa, ya que las otras cajas a reformar (incluida la policial) 
“tienen una capacidad de disuasión y de lobby que no la tenemos nosotros” (Búsqueda, 
16/01/1997). Casi fue una profecía invertida. 

Luego, el tema había vuelto a la agenda al menos una vez en 2002, sin consecuencias. 
En el año 2011 el gobierno de José Mujica volvió a ponerlo sobre la mesa, en articulación 
con una reforma de mayor envergadura del conjunto de las Fuerzas Armadas, pero estos 
proyectos nunca salieron del papel. 

La pérdida de dinamismo de la economía y el crecimiento del déficit fiscal fueron 
seguramente los principales motivos que impulsaron al gobierno a acelerar la reforma del 
servicio de pensiones militares en 2016, aun cuando solo tendría consecuencias fiscales 
perceptibles no antes de una década. Pese a ello, como cualquier otra alteración de criterios 
acerca de la distribución de recursos de protección social, trajo aparejado un intenso deba¬ 
te. Hasta allí, no había nada de particular. Sin embargo, las intervenciones públicas de los 
militares mostraron algunas características idiosincráticas. Estas características peculiares 
merecen ser repasadas, porque hablan de la relación compleja que las fuerzas armadas man¬ 
tienen con el Estado y el resto de la sociedad, no solo en Uruguay, sino en toda América 
Latina. 

Militares, partidos, y un Estado de Derecho a medias 

La característica más importante mostrada por la resistencia a la reforma de la Caja 
Militar es que los mandos militares en actividad asumieron explícita y públicamente fun¬ 
ciones de representación corporativa. Al hacerlo, cuestionaron no solo la iniciativa sino a 
los propios ministros, particularmente al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro. 

A comienzos de setiembre el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, 
hizo declaraciones donde manifestaba que Murro “no estaba bien informado” al afirmar 
que la reforma sería beneficiosa y gradual para los efectivos militares, y declaró que tenía la 
obligación de hacer esa crítica como “jefe” de todos los soldados. Esta declaración incurría 
en una clara violación normativa -aunque hubo contradicciones respecto a si se definía 
como una contravención al artículo 77 de la Constitución o como un apartamiento al Re¬ 
glamento de Faltas de la fuerza. Posiblemente estas dudas estuvieron vinculadas al hecho 
de que el gobierno discutió si debía ser destituido o solamente sancionado. Al parecer, la 
propuesta de destitución fue abandonada debido a la intervención de la vicepresidente Lu- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


cía Topolanski, siguiendo la línea del sector liderado por el ex presidente José Mujica. Final¬ 
mente, Guido Manini Ríos fue sancionado con 30 días de arresto a rigor. 

No era la primera vez que este tipo de desacato se producía desde los comandantes en 
jefe, o funcionarios militares en ejercicio de cargos públicos. De hecho, el gobierno del par¬ 
tido Nacional enfrentó, en el año 1992, reclamos de más de 400 oficiales en retiro y activi¬ 
dad pidiendo la destitución del Ministro de Defensa, Mariano Brito. Por supuesto, eso fue 
mínimo en comparación con la casi sublevación que el mismo gobierno experimentó a raíz 
del caso Berríos. Más cercano en el tiempo, en 2006, durante el primer período de gobierno 
del Frente Amplio, el presidente Vázquez había destituido al general Carlos Díaz, a raíz 
de una reunión inconsulta con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de 
defensa Yamandú Fau 5 . También durante el gobierno de José Mujica se habían producido 
pronunciamientos, esta vez del general Bonilla, con relación a los procesamientos de mili¬ 
tares por delitos durante la dictadura, que fueron sancionadas por el Ministerio de Defensa 
Nacional 6 (aunque después el Ministro Fernández Huidobro se preocupó de aclarar a la 
prensa que estaba de acuerdo con el contenido de esos dichos). 

En esta ocasión el pronunciamiento de Manini obtuvo un fuerte respaldo de conno¬ 
tados dirigentes de la oposición, en especial del Partido Nacional 7 , que aprovecharon la 
sanción para cuestionar al gobierno. Incluso el intendente de Cerro Largo anunció que 
iría al aeropuerto a recibirlo -Manini estaba en el exterior en el momento en que supo de 
la sanción- y que lo haría con la misma actitud con la que había ido a esperar a “ Wilson” 8 . 

Más allá del obvio oportunismo de algunos dirigentes, no hubo prácticamente ausen- 
20 cia de consideraciones de índole institucional de parte de los miembros de la oposición 9 . 

El problema se puede ver más grave si se piensa que las divisiones también eran bastante 
evidentes dentro del partido de gobierno, donde, además de que la vicepresidente abogó a 
favor de una sanción más leve, el ex presidente Mujica declaró que creía “que el presidente 
estuvo bien pero el comandante también estuvo bien” 10 . La extrema ambigüedad de la afir¬ 
mación no parece hacer otra cosa que reflejar las dudas presentes en la izquierda acerca 
de cómo enfrentar una potencial insubordinación, así como la particular relación que los 
principales referentes del Movimiento de Participación Popular han desarrollado con los 
militares. 


5 Años después, José Bayardi opinó que esta destitución había sido un error (Búsqueda, 22/4/2010). Tal vez 
el recuerdo de este hecho haya influido en la decisión tomada. 

6 Aunque Bonilla era, en ese caso, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y no ocupaba un cargo de carrera. 

7 Programa En Perspectiva (https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/titulares/noticias- 
del-martes-1 l-setiembre-2018/) 

8 El Observador, 11/9/2018. 

9 Lacalle Pou reconoció que la sanción era potestad del presidente, pero que entendía que las declaraciones 
de Manini no la ameritaban (La Diaria, 11/9/2018). 

10 Montevideo Portal, 14/9/2018. 



Se debe tener en cuenta que uno de los argumentos a favor de Manini podría ser que, al 
tomar a su cargo la representación corporativa de las fuerzas armadas, podría estar quitan¬ 
do legitimidad a los grupos de militares reunidos en “logias” o en foros informales y redes 
sociales. De acuerdo a estos argumentos, esos grupos estarían sosteniendo posiciones más 
radicales y acusando a los oficiales superiores de no “defender” adecuadamente a las fuerzas 
armadas, y en especial al personal subalterno. Esta situación, donde el comando operativo 
debe mantener la verticalidad del mando pero al mismo tiempo obedecer al gobierno, ha 
sido reiterada a lo largo de las tres décadas posteriores a la dictadura. 

De hecho, los clubes y centros sociales de retirados de distintas armas suelen tener una 
retórica mucho más descarnada, y en esta ocasión también ocurrió así. El presidente del 
Centro Militar, en la citada entrevista y en otras declaraciones, también se refirió al tema 
pero con términos directamente insultantes hacia los ministros del gobierno. En paralelo, 
el diario El País difundió un documento atribuido a “altos mandos” del ejército en respal¬ 
do a Manini, en donde se acusa al gobierno de hipocresía y tergiversación de hechos. El 
artículo del país termina haciendo referencia a la ejecución de la marcha Tres Arboles en el 
cierre de la Rural -lo que miembros del partido de gobierno entendieron como una acción 
deliberada-, y atribuye las acusaciones a los “enemigos” del ejército, al igual que lo habían 
hecho los militares retirados. 

Derrota del gobierno, pero no solo 

El año se cierra con un resultado favorable a la corporación militar, que logró quitar a 
la reforma sus aristas esenciales, al punto que el diputado frenteamplista Alejandro Zavala 
declaró que el proyecto no los incluía, y lo votaban por disciplina 11 . Pero más importante 
que las consecuencias fiscales -por supuesto muy relevantes- es el empoderamiento de los 
grupos más duros y conservadores de la sociedad. 

Una primera pregunta a hacerse es respecto a las fuentes del poder de estos grupos. No 
parece lógico atribuirlo a la posesión de armas -aunque seguramente tampoco haya que des¬ 
preciar ese hecho- sino más bien a un conjunto de otros elementos. Tal vez convenga recor¬ 
dar que el poder no solo se puede definir como la capacidad de imponer acciones a otros, 
sino también como la capacidad de impedir que otros impongan acciones, lo que significa 
mantener la conducta propia como algo impredecible. A su vez, esta capacidad requiere 
del control de espacios de decisión propios. Así, un primer elemento de poder, más que 
las armas mismas, son los recursos que las fuerzas armadas manejan: personal, vehículos, 
equipamientos, hospitales, edificios, regulación de la navegación aérea, y por supuesto, el 
propio sistema de retiros. Así, se podría interpretar la resistencia a permitir la intervención 
civil en estas áreas no tanto como con el objetivo de mantener algunos privilegios, tales 
como jubilaciones altas, sino el de mantener la amplitud de los espacios controlados. 


11 Portal 180 (www.180.com.uy; 18/10/2018). 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


22 


A su vez, la defensa corporativa se enlaza con un relato de los hechos del pasado (desde 
el golpe de estado a los delitos de lesa humanidad cometidos en forma paralela) que insiste 
en reivindicarlos, justificarlos o minimizarlos. Con variantes, el relato gira alrededor de la 
idea de la agresión sobre el ejército. Este relato legitima los reclamos corporativos, y a la vez 
se reproduce con ellos. La complicada (y muchas veces conflictiva) red de vínculos forma¬ 
les e informales entre militares retirados y activos, sirve de soporte objetivo a esa forma de 
representación del mundo, al generar un microambiente donde los actores comparten una 
visión común sobre sí mismos y el país. 

De todos modos, esto no sería suficiente de no ser por el apoyo que sectores de la 
oposición y algunos representantes del Frente Amplio -particularmente el diputado Darío 
Pérez- dieron a esos reclamos. Fuera por oportunismo o por convicción, frente a la presión 
militar las elites políticas no se mantuvieron unidas en el respaldo a las instituciones. Sin 
embargo, no parece que esto sea un hecho nuevo en la historia reciente. Por el contrario, los 
vínculos entre oficiales y sectores políticos han politizado a las fuerzas armadas a lo largo de 
la historia, y le han asegurado apoyos a sus reinvidicaciones, sin perjuicio de enfrentamien¬ 
tos duros entre facciones -incluyendo el uso de explosivos, como el que en el año 1992 se 
colocó en el estudio del Dr. Sanguinetti-. Pero más allá de estos estallidos de violencia, la 
acción de los militares en el caso de la reforma de la Caja no parece muy diferente de lo que 
ha sido la acción corporativa de distintos grupos de interés a lo largo de la historia del país. 

El problema, obviamente, es que en este caso el grupo de interés es (o debería ser) 
parte del Estado, y por lo tanto no debería comportarse como una cámara empresarial o un 
sindicato. Resulta bien interesante observar que en el discurso militar, y en el de los que lo 
apoyaron, se eludía mencionar las jubilaciones de los oficiales, y en cambio se insistía en los 
perjuicios para el personal de tropa, cuyos salarios, se repetía una y otra vez, eran totalmente 
sumergidos. Ahora bien, ese personal de tropa no tiene su propia representación gremial, 
que fue asumida directamente por Manini Ríos y los oficiales retirados. Justamente, la de¬ 
fensa que hizo Mujica de Manini se apoyaba en este hecho: los solados no tienen sindicato, 
por tanto el comandante debe defenderlos. 

¿Se pueden sacar algunas enseñanzas de estos hechos? Seguramente, la principal es la 
de recordar que el Estado de Derecho no es un conjunto de formas jurídicas, sino un com¬ 
plejo entramado de relaciones sociales que descansa en ciertos pilares dados por supuestos. 
A riesgo de simplificar demasiado un modelo complejo, podría decirse que el Estado de 
Derecho requiere en especial del cumplimiento de dos de estos supuestos. 

En primer lugar, requiere de un sistema administrativo y una organización con un mí¬ 
nimo de autonomía respecto a los grupos de interés. En segundo lugar, también requiere de 
una sociedad civil con capacidad de movilización y expresión. La tensión generada por las 
demandas de la sociedad civil permite mantener al aparato estatal separado de los poderes 
fácticos de la sociedad (incluyendo intereses económicos y grupos de poder basados en la 



violencia). Estos supuestos son justamente los que no se han terminado de concretar en 
América Latina. 

Sin embargo, pese a ese contexto regional, Uruguay tuvo en el pasado algo bastante 
parecido a una sociedad civil autónoma, emergente desde los sindicatos de trabajadores, 
los grupos profesionales, la educación y las redes vecinales. Y tuvo también algo bastante 
parecido a un sistema estatal autónomo de los poderes económicos, no porque éstos no 
tuvieran influencia, sino porque esa influencia estaba mediada por las estructuras de los 
partidos políticos tradicionales. Esto es, las elites políticas mantuvieron control sobre los 
recursos públicos, usándolos para alimentar sus redes de clientela y sus vínculos rentísticos, 
al menos hasta finales de los años sesenta 12 . Pero a la vez, los partidos y los distintos sectores 
de esos partidos sostuvieron suficiente tensión interna como para impedir que ningún gru¬ 
po se apropiara totalmente del sistema. De esta forma, y al menos mientras la economía lo 
permitía, Uruguay se pareció bastante a un Estado de Derecho. 

Esta lectura -discutible, por supuesto- sustenta la idea de que durante el siglo XX los 
partidos políticos penetraron profundamente todos los grupos de la sociedad civil y todas 
las áreas del Estado, generando una sociedad altamente politizada. Pero hasta el golpe de 
Estado al menos, mantenían controlados a esos actores, incluyendo a las facciones milita¬ 
res. Cuando el Frente Amplio tomó el gobierno en 2005, pareció llevar adelante dos es¬ 
trategias frente a estos: promover su integración a través de su transformación profesional 
-habría sido la idea durante el primer período de Tabaré Vázquez; o reproducir la lógica de 
los partidos tradicionales cooptando un número significativo de oficiales. En 2012 Lucía 
Topolansky generó una fuerte polémica al decir que querían unas Fuerzas Armadas “fieles” 
a “nuestro proyecto” 13 . Si bien fue duramente criticada incluso por el Ministro, la entonces 
senadora tal vez no haya hecho otra cosa que decir en voz alta lo que otros también pensa¬ 
ban. Y tal vez eso explicaría la adhesión que Fernández Huidobro obtuvo entre los milita¬ 
res, ya que hasta el presidente del Centro Militar dijo que “lo extrañaban”. 

Fuera como fuese, los acontecimientos ocurridos con la reforma de la Caja Militar 
señalan que ambas políticas fracasaron. Las fronteras entre el aparato militar y los partidos 
tradicionales han vuelto a difuminarse, si es que alguna vez lo habían hecho, aunque tal vez 
invirtiendo la lógica se podría decir que las elites políticas ya no dominan a los grupos y 
redes militares, sino que más bien los siguen en su agenda. 

Por cierto, esto en sí mismo no es lo peor. Como se dijo antes, los militares han logrado 
conservar espacios de poder, unidad corporativa (incluso en el conflicto) y han manteni- 


12 Entre otras referencias, cabe mencionar los trabajos de Germán Rama (El club político, Montevideo, Arca, 
1971; La democracia en Uruguay: una perspectiva de interpretación. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoameri¬ 
cano, 1987). Sobre el rentismo, ver Cristina Zurbriggen: Estado, empresarios y redes rentistas durante el proce¬ 
so sustitutivo de importacionesdos condicionantes históricos de las reformas actuales Montevideo: Ediciones 
de la Banda Oriental, impresión 2006. 

13 Búsqueda, 3/05/2012. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


do contra toda evidencia un relato cohesionador que los presenta como defensores de la 
pureza moral y el orden. Estos son excelentes soportes para quienes tienen la tentación de 
ensayar una propuesta de extrema derecha, como parece mostrar el ejemplo de Brasil. 

Y tal vez ahora se entienda mejor por qué era tan importante promover la actuación 
de la justicia y la búsqueda de la verdad. No es solo por respetar el reclamo de individuos 
perjudicados. Es por la necesidad de someter al Estado, a todo el Estado, a las reglas del 
Derecho. Sin un Estado así, sometido al Derecho -por eso se llama “de Derecho”- se abren 
los espacios para las aventuras populistas. 

Esperemos que todavía no sea muy tarde para evitarlo. 


24 




30 de noviembre de 2017 

Otra burla intolerable 

El pasado 20 de setiembre, el Comandante en Jefe del Ejército Gral. Guido Manini 
Ríos se reunió con integrantes del GTVJ y el Ministro de Defensa para aportar un plano 
(de la chacra de Pajas Blancas) donde se marcó la ubicación de un supuesto enterramiento 
de detenido/a desaparecido/a. 

El equipo de antropólogos solicitó reunirse con la “fuente militar” que aportó estos 
datos a los efectos de precisarlos y sopesar la veracidad de los mismos. El Comandante negó 
esa posibilidad, asumiendo así, personalmente, esta denuncia. 

Enterados de este hecho, el día I o de noviembre, todavía sin que se hubieran iniciado 
los trabajos, la Asociación de Madres y Familiares dirigió una carta al Sr. Presidente. En 
ella marcamos la relevancia de este dato por provenir del Comandante en jefe, así como la 
inmensa expectativa que generaba en los familiares, solicitando una entrevista para inter¬ 
cambiar opiniones sobre el hecho. 

También recordábamos al Sr. Presidente el triste y nefasto antecedente de otro Co¬ 
mandante en jefe, el Gral. Ángel Bertolotti, que en su primer gobierno mintió -o se hizo 
cargo de la mentira de los Generales Carlos Díaz y Pedro Barneix- sobre el lugar de enterra¬ 
miento de María Claudia García de Gelman. Este hecho, además de provocar un inmenso 
dolor en quienes esperábamos encontrarla, constituyó una burla brutal a la sociedad toda y 
a la institucionalidad democrática. Incomprensiblemente no tuvo sanción alguna. 

Lamentablemente, esta conferencia es para denunciar una vez más, la misma burla. 
Lo informado por el Comandante en Jefe resultó falso. Se excavó donde indicó y no hubo 
hallazgo. 

Lo hacemos con dolor, pues para la sociedad uruguaya hubiera sido un gesto positivo 
que el Comandante de la Institución que fue responsable de los asesinatos y desapariciones 
reforzara el camino democrático aportando a la verdad y a la entrega de los desaparecidos 
que las Fuerzas Armadas aún hoy mantienen secuestrados. 

No fue así. Por lo tanto, hacemos esta denuncia también con mucha firmeza, exigien¬ 
do consecuencias y sanciones para esta nueva mentira. 


25 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


26 


Las Fuerzas Armadas de este país demuestran una vez más que no están dispuestas a 
cambiar de rumbo. Preocupadas únicamente en defender sus privilegios incumplen con el 
mandato de brindar información para avanzar en la verdad sobre sus crímenes, enmarcados 
en la etapa del Terrorismo de Estado. 

En todos estos años hemos denunciado las continuas demoras en el procesamiento de 
las causas judiciales, en los trabajos de búsqueda, en el esclarecimiento de robos y amenazas 
como sucedió en el Laboratorio de los antropólogos o las del “Comando Barneix” que 
abarcan a personalidades que trabajan por los Derechos Humanos y hasta a integrantes del 
Poder Judicial, llegando al propio Fiscal de Corte. 

En este panorama, la mentira oficial llevada adelante por el Comandante en Jefe es 
una bofetada a la institucionalidad y a los grandes esfuerzos que se hacen en procura de una 
mejor convivencia. 

Por lo mismo, por la gravedad inmensa que tiene este hecho al trascender totalmente 
el tema de los detenidos desaparecidos, exigimos: 

Al Poder Ejecutivo, la remoción inmediata del Gral. Manini Ríos, en el entendido 
de que quien ocupe ese cargo que tanta distinción y responsabilidad conlleva, debe estar 
dispuesto a romper decididamente con el pasado, asumiendo la responsabilidad que tuvie¬ 
ron en la instrumentación y ejecución del Terrorismo de Estado en aquéllos años, con el 
compromiso de aportar información que permita ubicar los restos de quienes continúan 
siendo rehenes en sus manos: nuestros desaparecidos. 

Al Poder Legislativo, que encare con seriedad la transformación profunda de las Fuer¬ 
zas Armadas de nuestro país, afianzando su sentido democrático subordinado a los Poderes 
del Estado, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de una 
vez por todas la doctrina de la seguridad nacional, que permanece como la guía de su accio¬ 
nar, terminando así con los privilegios y todas las remoras del período dictatorial. 

Al Poder Judicial, que asuma la conciencia de la pérdida de rumbo a la que someten 
a una sociedad cuando no juzgan los delitos de Estado declarando prescriptibles delitos de 
lesa humanidad. 

Nos dirigimos al Estado todo, responsable ayer y hoy de la impunidad. Al gobierno y 
a la oposición, ya que la lucha por Verdad y Justicia no debe tener banderas partidarias. Es 
de todos. 

¡Que esta vez la burla no quede impune! 

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado 
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 




10 de diciembre 2017 

Declaración 

Estamos conmemorando hoy el 69 Aniversario de la Declaración Universal de los 
DDHH, que reconoce la dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discrimi¬ 
nación, desigualdades o distinciones de cualquier índole, así como el compromiso de los 
Estados de proteger esos derechos. 

Esta es también nuestra causa. No se agota en la desaparición forzada, ni queda ancla¬ 
da al pasado. Luchamos por una convivencia social regida por principios éticos que denun¬ 
cien toda afrenta a los derechos esenciales. 

Enfrentarse a todo abuso del poder, a la tortura, a la impunidad es parte esencial de 
esta lucha y nos involucra a todos. 

El 8 de marzo pasado una inmensa manifestación puso en primer plano la lucha por la 
equidad, la visibilidad de los delitos de odio: los femicidios. Este reclamo contó con miles 
de mujeres y hombres conscientes de que para avanzar hacia una convivencia más demo¬ 
crática e incluyente es imprescindible terminar con la inequidad de género. Comenzamos 
el año con esa manifestación maravillosa, multitudinaria, y lo terminamos con el dolor del 
asesinato de nuevas niñas, que nos marcan todo lo que nos falta por hacer. Necesitamos aún 
más conciencia, más educación, mucho más. 

El año finaliza también con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que es una 
vergüenza. Que nos retrasa años en la concepción jurídica de los delitos de lesa humanidad. 
Con una carga simbólica tremenda, ya que parece tener nombre y apellido al exculpar nada 
menos que al genocida Gavazzo. Con ella el Poder Judicial siembra la duda en la sociedad 
sobre el sentido de juzgar los peores crímenes, que son los que comete el Estado. 

Todo esto forma parte de una misma causa. Debemos luchar juntos para avanzar en 
conciencia, para exigir más y más profundas acciones en todos los terrenos. 

Siguiendo los pasos de nuestras queridas viejas, luchamos por la vida, luchamos por el 
futuro. Y es con este foco que seguimos reclamando: ¿Dónde están nuestros desaparecidos ? 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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No lo hacemos retóricamente, lo hacemos porque ejercemos el derecho que tienen a 
no ser borrados como si nada. Porque mientras ellos sigan desaparecidos, seguirán también 
existiendo desaparecedores. Seguiremos todos amenazados. 

Encontrar a los desaparecidos significa mucho más que un acto íntimo que brinde 
alivio a su familia, es mucho más que darle sepultura a sus restos. Liberarlos es liberar a la 
sociedad del chantaje de la amenaza. Es iniciar una transformación desde el interior del 
Estado, romper un pacto de silencio, tocar lo que permanece intocado de la dictadura. 

Cada hallazgo es un golpe a la impunidad. Por eso nuestra nueva decepción y nuestro 
firme planteo ante la reciente mentira del Comandante de las Fuerzas Armadas. 

Manini Ríos dice ahora haber advertido al ministro y a los representantes del Grupo 
de Trabajo por Verdad y Justicia presentes que tal vez no se encontrara nada, como si eso 
fuera una excusa válida para su incapacidad de investigar y de cumplir con su obligación. 

Lo dijimos en el comunicado: es el jefe máximo de la Institución que llevó adelante 
la instrumentación y ejecución del Terrorismo de Estado. Institución que fue responsable 
de los asesinatos y desapariciones, y que es responsable hoy de mantenerlos secuestrados. 

Como Comandante tiene en sus manos todas las posibilidades y los medios para apor¬ 
tar a la verdad. 

El es quien puede y debió investigar si ese dato de la chacra que dio personalmente y 
en su calidad de Comandante era cierto o no. Es quien debió decir cuándo sucedió, quiénes 
estaban en el operativo, quiénes lo ordenaron. Datos certeros que todos sabemos que están 
en sus archivos, en su aparato de inteligencia, en la memoria de sus subordinados. El puede 
ubicar y entregar las circunstancias que rodearon cada homicidio y lugar de enterramiento. 

No lo hizo. Tampoco habilitó a los antropólogos para que lo intentaran. Parece que 
como Comandante cree que su “aporte” para encontrar a los desaparecidos - que declara 
ser de su especial interés - es conseguir a alguien para manejar una máquina cuando falla la 
persona contratada por el Grupo de Trabajo. 

Esa es la burla permanente: pretender hacerle creer a la sociedad algo que todos, desde 
el Ministro hasta el último soldado, saben que es mentira. 

Con esta actitud sólo ahonda una herida que se mantiene. ¿Por cobardía? ¿Falta de 
autoridad con sus subordinados que no lo obedecen? ¿Incompetencia? Complicidad? No 
lo sabemos, pero el resultado es el mismo. El delito continúa, el Comandante no cumple 
con el mandato que explicitó el Presidente y la no existencia de consecuencias sólo abona la 
impunidad. Ya lo vivimos, vergonzosamente, con el Gral. Ángel Bertolotti. 

No cumpliríamos nuestro papel sin denunciarlo. Por eso hace pocos días pedimos la 
remoción inmediata del Gral. Manini Ríos. No era ni es una idea caprichosa. Dijimos y 
mantenemos que quien ocupe ese cargo que tanta responsabilidad conlleva “debe estar dis- 



puesto a romper decididamente con el pasado, asumiendo la responsabilidad que tuvieron 
en la instrumentación y ejecución del Terrorismo de Estado en aquellos años, con el com¬ 
promiso de aportar información que permita ubicar los restos de quienes continúan siendo 
rehenes en sus manos: nuestros desaparecidos”. 

También encuentra “incomprensible” nuestra actitud. Nosotros sí comprendemos. 
Comprendemos que hay que seguir luchando contra el pacto de silencio, contra la ten¬ 
dencia a protocolizar dolores y memorias que se vuelven discursos vacíos ante la falta de 
resultados concretos. 

No aceptamos “toneladas de olvido por unos gramos de memoria”. No discutiremos 
qué se dijo en una reunión donde no estuvimos. Un supuesto entredicho no oculta las 
responsabilidades incumplidas. Tampoco ofrece una excusa válida, ni al Comandante ni 
al Ministro. 

Ni al presidente que debería exigir. 

Ni al Parlamento que no puede mantenerse ajeno. No se puede dilatar más una discu¬ 
sión a fondo sobre las Fuerzas Armadas que este pequeño país requiere. Sobre su formación 
y sus privilegios, muchos de ellos autoconferidos en dictadura. 

Ni al Poder Judicial, con la inmensa responsabilidad que le toca en la negación de 
justicia a lo largo todo este tiempo y en especial a la Suprema Corte de Justicia por este 
último fallo. 

En el camino de buscar a nuestros desaparecidos hemos luchado por verdad y justicia 
tratando de utilizar todas las formas y posibilidades, sin claudicar nunca en nuestras aspi¬ 
raciones. Si aquellos sobre quienes recae la obligación de avanzar son omisos, es nuestro 
deber y nuestra responsabilidad ante nuestros desaparecidos, ante las diversas organizacio¬ 
nes hermanas y ante nuestro pueblo, no prestarnos para que se nos utilice como decorado. 

O el sistema político en su conjunto encara estos temas o la impunidad seguirá mar¬ 
cando las políticas públicas de nuestro país. 

Por lo tanto, reafirmamos: “El Estado fue, es y seguirá siendo responsable de lo sucedi¬ 
do hasta que se sepa dónde está cada uno de ellos, qué pasó y quiénes son los responsables.” 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Montevideo, I o de marzo 2018 

Comunicado a la opinión pública 

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos comunica por este medio su renun¬ 
cia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. 

Integramos este grupo desde que fuera creado por un decreto del Presidente Tabaré 
Vázquez con la intención expresa de avanzar en la investigación sobre lo sucedido en dic¬ 
tadura; aportar más documentación a los juicios; obtener nuevos archivos de la represión; 
buscar a los desaparecidos; mejorar las leyes reparatorias y los trabajos por Memoria. 

Como expresamos en su momento, aceptamos ingresar manteniendo la postura que 
marcaron nuestras Madres: contribuir responsablemente en todas las iniciativas surgidas 
para trabajar por Verdad y Justicia. Esta actitud implica reconocer tanto los avances, cuan¬ 
do estos existen, como reclamar, desde el lugar que nos es propio, las carencias e insuficien¬ 
cias de los mismos, manteniendo una actitud crítica e independiente. 

Resaltamos la voluntad manifiesta del GT por superar las dificultades de este diseño 
Institucional, su compromiso con el tema y el claro mensaje que dio al apoyar la interpre¬ 
tación amplia del acceso a la información, algo largamente exigido. Como contrapartida, 
el trabajo se desarrolló con una gran lentitud determinada por la misma heterogeneidad de 
su conformación y por las dos estructuras (Secretaría y GT) que nunca lograron acompa¬ 
sarse del todo. A esto se suma la inmensa cantidad de temas que les encomendó el decreto 
y la maquinaria burocrática del Estado siempre lenta para ejecutar incluso las resoluciones 
tomadas. 

El más importante de los logros, junto a la elaboración del proyecto que mejora la ley 
reparatoria, fue la orden presidencial de acceso a los archivos en dependencias militares. 
Pero esto también fue difícil de efectivizar por la tardanza en contratar equipos de trabajo. 
Sólo se concretaron cuatro contratos luego de cinco meses de trabajo honorario en el archi¬ 
vo del FUSNA. El material al que se tuvo acceso demostró la relatividad de los archivos es¬ 
tudiados, ya que técnicamente - salvo el de la DNII - no eran tales. Toda la documentación 
a la que accedimos es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes. 

Por lo tanto, ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar, no se ha visto plas¬ 
mado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, 



lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos. 
Esto reafirma una vez más lo lejos que estamos de romper las barreras levantadas por la 
institución militar, la cual colabora abiertamente con la impunidad retardando los avances 
democráticos. 

Pero tampoco el acceso a los archivos existentes en el GT aportados a los juicios inci¬ 
dió en los mismos, donde persistió el empantanamiento y el uso desmedido de las habitua¬ 
les “chicanas”. 

Por todo eso, afirmamos una vez más que el principal obstáculo en la búsqueda de los 
desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política 
con respecto a las FFAA. No se ha querido presionar a los militares para que aporten la 
información que sabemos poseen (confirmada con el plano anónimo que permitió ubicar a 
Fernando Miranda en 2005 y la información en poder del Comandante de la Aviación que 
permitió ubicar a Ubagésner Chaves Sosa ese mismo año). 

No se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el 
único camino para superar eso que llaman “carga del pasado” (o sea sus propios crímenes 
impunes). Hasta ahora no se enfrentan las dilatorias de los indagados para concurrir a la 
justicia, ni el carácter “especial” y privilegiado de los condenados con “prisión domiciliaria” 
- a pesar de las denuncias sobre la violación de la norma -, ni la anacronía de la jubilación 
que se sigue pagando a condenados y fugados (por mencionar algún ejemplo). 

Fa esperanza en los resultados que podría aportar el GT se fue debilitando con el paso 
del tiempo. A esto se suma el entredicho con el Comandante en jefe del Ejército que aportó 
datos falsos sobre enterramientos, hecho que una vez más no tuvo consecuencias. 

Avanzar en verdad y justicia requiere no sólo del trabajo de víctimas y familiares, sino 
establecer una política que enfrente las dilaciones de quienes tienen la información, ya que 
al no darla perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que 
se muestra aún como no desarticulado. 

Esta impunidad compromete el presente y el futuro. Fo vemos hoy en declaraciones 
de políticos y militares diciendo que el ejército puede ayudar en el control de la seguridad 
ciudadana, cuando aún no se ha hecho cargo de sus propios crímenes. Fo vemos en las de¬ 
claraciones del Comandante en jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los 
desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios. Fo vemos en las 
últimas sentencias de la SCJ, en cuanto a no considerar como crímenes de lesa humanidad 
a la tortura y la desaparición de personas. 

Fa responsabilidad de investigar, de hacer justicia y de hallar a nuestros familiares fue, 
es y será del Estado. 

No cambia este hecho que nos integremos o no a las distintas formas institucionales 
que se instrumenten. Encontrar a los desaparecidos no es una lucha exclusiva de los Fami- 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


liares, es el derecho de cualquier ciudadano de un país libre a formar parte de un Estado que 
no lo secuestre, torture, asesine y desaparezca. 

Reafirmamos hoy al igual que cuando nos integramos al GT, que nuestro único com¬ 
promiso es y será con la Verdad, Justicia y Memoria, para que Nunca más haya Terrorismo 
de Estado. Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar cualquier violación a los Dere¬ 
chos Humanos. 

Reafirmamos la confianza de que nuestra fuerza proviene de la conciencia colectiva 
que cierre el paso a la impunidad. Seguiremos trabajando. Hasta encontrarlos. 

Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado 
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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Un nuevo actor a escena 
Presentación de la Fiscalía Especializada en 
Crímenes de Lesa Humanidad 


Damián de los Santos | Antonela Pumar | Agustina Rodríguez 


i 


El evidente desinterés político respecto de la judicialización de las graves violaciones 
de los derechos humanos, que en cierta medida también se verifica en el plano de la memo¬ 
ria, la reparación y las garantías de no repetición, dio lugar a una serie de fracasos. Como 
un intento tardío de reacción se creó una fiscalía especializada en los crímenes del pasado 
reciente 1 2 . 

En este artículo intentamos presentar al lector una primera aproximación a este nuevo 
actor. Abordaremos el papel que juega en la persecución de los crímenes del terrorismo de 
Estado y la postura del actual titular de la fiscalía, el Dr. Ricardo Perciballe, con relación a 
complejos temas tales como la imputación de delitos, la prescripción de la acción penal, la 
culpabilidad. 

I. Régimen anterior. Las fiscalías comunes y el intento de coordinación 

El I o de marzo de 2015, el Presidente Tabaré Vázquez en su discurso por cadena nacio¬ 
nal, instó a las organizaciones sociales a que presentaran una “propuesta mejor”, haciendo 
referencia a la creación del grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. 

Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación con relación al tema. 
Así por ejemplo el PIT-CNT propuso respecto a las fiscalías penales que se adoptaran “las 
medidas administrativas que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos 
que tengan un número de causas que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los 
efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades” 3 . 
Crysol, la asociación de expresos y presas políticas del Uruguay, por su parte presentó siete 


1 Los autores son estudiantes que desempeñan una pasantía enmarcada en el convenio entre la Facultad de De¬ 
recho de la Universidad de la República y el Observatorio Luz Ibarburu (OLI). Contactos: d.delosantosdiaz@ 
gmail.com, antonelapumar@gmail.com, agustinarodriguezonandil5@gmail.com. El presente trabajo contó 
con la colaboración de los abogados del equipo jurídico del OLI Pablo Chargoñia y Fiorella Garbarino. 

2 Las fiscalías penales forman parte del Ministerio Público, entidad titular de la acción penal. Esto significa 
que los juicios penales requieren necesariamente de la voluntad de las fiscalías (no bay procesamiento sin pedi¬ 
do fiscal). La acusación y el pedido de condena, asimismo, sólo puede ser expresado por la fiscalía. Las víctimas 
y los denunciantes carecen de estos poderes jurídicos en nuestro sistema legal. 

3 Declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de 10 de marzo de 2015. 


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medidas para “fortalecer el trabajo del Poder Judicial”. Entre ellas aparece la creación de una 
fiscalía especializada en las causas de derechos humanos del pasado reciente. 4 

En las causas por violaciones de derechos humanos acaecidas entre el 13 de junio de 
1968 y el I o de marzo de 1985, intervenían diferentes fiscales con competencia en materia 
penal, cada uno con independencia técnica. La falta de intercambio de información entre 
estos generó un alto grado de descoordinación, haciendo imposible la existencia de una 
estrategia en común, frente a una coherencia estratégica por parte de los abogados de los 
indagados en estas causas. 

En el año 2015 el Ministerio Público dejó la órbita del Ministerio de Educación y 
Cultura y se convirtió en un servicio descentralizado 5 . Esto dotó a la Fiscalía General de 
la Nación de un mayor nivel de autonomía. Entre las nuevas competencias del organismo 
surgió la creación de “unidades especializadas”. 

Una de las primeras medidas tomadas por el Fiscal de Corte, luego de esta modifica¬ 
ción, fue la creación a través de la resolución N° 002/2015, de la Unidad Especializada de 
Derechos Humanos. La misma se conformó por el Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela 
y por las fiscales penales María de los Ángeles Camiño, Ana María Tellechea y Stella Lló¬ 
rente, así como la Fiscal Adscripta María Carolina Rico. 

La mencionada resolución determinó que esta Unidad tenía como cometido “realizar 
asesoramientos, análisis, coordinaciones, capacitación y difusión de información en rela¬ 
ción a tales hechos, tanto al Fiscal de Corte como a los distintos fiscales que intervienen en 
aquellos procesos judiciales relativos a graves violaciones de derechos humanos”. 6 . 

Esto se planteó como la solución a la falta de especialización y capacitación de las 
fiscalías. 

En diálogo con integrantes de Crysol, el fiscal Cancela afirmó que “no es una fiscalía 
especializada, sino una unidad de apoyo. Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los 
que decidan en base a los insumos que se aporten... Se busca mantener un contacto fluido 
con los fiscales. La unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanen¬ 
te con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu”. Como plan 
para el primer año de trabajo de la Unidad se planteó la recolección de información de las 
causas, así como la capacitación de los fiscales, esencialmente informarlos sobre el contexto 
histórico de los hechos. 7 


4 Alternativas (12 de marzo de 2015) La Diaria https://ladiaria.com.uy/articulo/201 5/3/alternativas/ 

5 Ley 19.483. 

6 http://www.fiscalia.gub. uy/innovaportal/v/239/l/innova.front/fiscal-de-corte-crea-unidad-especializa- 
da-en-derechos-humanos-75029.html 

7 Rómboli, Luis. La suma de los factores. (30/10/15) La Diaria https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/ 
la-suma-de-los-factores/ 



II. Antecedentes de la ley de creación de la fiscalía especializada 

Pero la creación de esta Unidad fue insuficiente, resurgiendo la idea de la creación de 
una fiscalía especializada. 

En enero de 2017 el Poder Ejecutivo presenta el Proyecto de Ley mediante el que se 
crearía una “Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Elumanidad (...) buscando centra¬ 
lizar y sistematizar las acciones en torno a la investigación y tramitación de las causas que se 
sustancian en diferentes juzgados con competencia penal del país”. 8 

Este proyecto fue impulsado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, 
Jorge Díaz, enviado a la Ministra de Educación y Cultura en setiembre de 2016. Dentro 
de los fundamentos del Fiscal de Corte aparecen las conclusiones del trabajo de la Unidad 
Especializada. “Luego de un año de trabajo realizado por dicha Unidad, se puede señalar 
que en la actualidad las causas que hoy se tramitan en los Juzgados de todo el país presentan 
dificultades en la etapa de investigación, en su dilucidación jurídica, demoras en la reso¬ 
lución de los casos y por ende en las respuestas a las víctimas y la sociedad (...) el Proyecto 
intenta superar los inconvenientes mencionados porque pretende que una única fiscalía 
tenga la exclusiva competencia para conocer en todos los hechos que se investigan y deban 
ser investigados en relación a violaciones a los derechos humanos en el período señalado y 
que ocurrieron en todo el territorio de la República, permitiendo con ello tener una visión 
integral de los hechos y así lograr atenderlos sin el menoscabo que genera hacerlo con otras 
materias”. 9 

También se mencionan, a título de fundamento del anteproyecto, las ratificaciones de 
instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos 
y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de 
lesa humanidad, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Gelman c/ Uruguay. 

III. La discusión parlamentaria 

Mediante la aprobación Ley N° 19.550 se faculta a la Fiscalía General de la Nación a 
transformar una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de 
Lesa Humanidad. 

En el artículo 2, del mencionado precepto, se establece la competencia de la Fiscalía 
Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad; la cual comprende todas las causas penales 
referentes a violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período declarado en 
la Ley N° 18.596. 


8 Exposición de Motivos. Cámara de Senadores. Repartido N°437. Mayo de 2017. Pág. 5. 

9 Fundamentos de anteproyecto de la ley para la transformación de una fiscalía nacional en una fiscalía espe¬ 
cializada en Derechos Humanos. Cámara de Senadores. Repartido N°437. Mayo de 2017. pp 21-22. 


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El período establecido en la Ley N° 18.596 abarca desde 13 de junio de 1968 hasta el 
28 de febrero de 1985. Este período, legalmente considerado, excede el régimen de facto, ya 
que comprende los años previos en los cuales se verificaba la práctica sistemática de tortura, 
desaparición forzada, homicidios y otras graves violaciones a los derechos humanos, sin 
intervención del Poder Judicial. Mediante esta ley se reconoce el quebramiento del Estado 
de Derecho en el período referido, lo cual implicaba que las víctimas se vieran impedidas 
de ejercer sus derechos fundamentales. En el artículo 2 de la ley mencionada, además, se 
reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en tales crímenes. 

La discusión parlamentaria sobre el ámbito temporal tradujo una de las mayores críti¬ 
cas al proyecto. Algunos legisladores 10 consideraban que debería regir para casos ocurridos 
con posterioridad al 27 de junio de 1973, momento del quebrantamiento del Estado de 
Derecho, no desde el 13 de junio de 1968. 

La senadora Constanza Moreira en el debate parlamentario afirma que “dentro de ese 
período de actuación ilegítima del Estado (...) tenemos una tipificación conceptual, jurí¬ 
dica, politológica y política distinta desde 1973 en adelante. Sin duda, estos dos períodos 
están diferenciados. Una cosa es la actuación ilegítima del Estado y otra, el terrorismo de 
Estado”. 11 

Se debe tener en cuenta que tanto los hechos del período previo como los del período 
de facto, adscriben en los conceptos de generalidad, gravedad y sistematización (del ataque 
contra la población civil, con conocimiento del mismo) propios de los delitos de lesa hu¬ 
manidad. 12 

El 22 de febrero del presente año se instaló la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa 
Elumanidad. La misma está a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. También la integran las 
fiscales Silvana Irureta (adjunta) y Mariela Suárez (adscripta). 13 Esto generó que todas las 
causas mencionadas anteriormente fueran remitidas a la nueva Fiscalía, la que es de carácter 
nacional. 

IV. El rol del fiscal en el nuevo proceso penal 

El Estado tiene, entre sus funciones, la de reprimir delitos. Cuando toma conocimien¬ 
to de un hecho aparentemente delictivo, debe realizar una investigación para saber cómo 


10 Los diputados Gustavo Penadés, Graciela Bianchi (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. 18 
de octubre de 2017, https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20171018d0048370655.pdf, pp 34-37 
y p 39) y el senador Luis Alberto Heber (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. N° 16. Tomo 564.17 
de mayo de 2017, https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20170517s00165288051.html). 

11 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores N.° 16 - Tomo 564 - 17 de mayo de 2017 pp 612. 

12 González, José Luis. Los delitos de lesa humanidad. Revista de la Facultad de Derecho No. 30 (enero-junio 
2011), pp 153-170. 

13 http://www.fiscalia.gub.uy/ innovaportal/v/5471/1 /innova.front/se-instalo-fiscalia-especializada-en- 
delitos-de-lesa-humanidad.html 



ocurrieron tales hechos. Determinar qué sujeto realiza esta actividad de investigación res¬ 
ponde a qué tipo de sistema procesal penal rige: inquisitivo o acusatorio. 

Si la tarea de recabar información sobre los hechos y los medios de prueba la realiza 
el juez, es un modelo inquisitivo. En cambio, si esa tarea la realiza el fiscal, el proceso será 
acusatorio. 14 

El anterior Código del Proceso Penal (en adelante CPP), aplicable para las denuncias 
realizadas antes del año 2017, consagra un régimen mixto. El proceso puede ser iniciado 
de oficio, a denuncia de la víctima o de un tercero. El Juez es quien investiga y diligencia 
la prueba, con escaso control de las partes. Se concentra en un solo sujeto la función de 
investigar y juzgar. 

El anterior CPP, aprobado en el año 1980, determina que el Ministerio Público ejerce 
la pretensión punitiva del Estado mediante la solicitud de procesamiento. Si la misma es 
acogida, transforma al indagado en imputado y a través de la demanda acusatoria se solicita 
que se condene al sujeto como partícipe del delito. 

En diciembre de 2014 se sancionó la Ley N° 19.293 que reformó el proceso penal 
uruguayo aprobando un nuevo Código del Proceso Penal. Posteriormente, el código su¬ 
frió varias modificaciones por la aprobación de sucesivas leyes, hasta quedar conformado el 
CPP que comenzó a regir el 1 de noviembre de 2017. 

“Respecto de las partes, el modelo acusatorio presenta características claras: a) división de roles 
entre juez y fiscal: elfiscal investiga y acusa, eljuez decide; b) igualdad de partes: fiscal y defensa 
en pie de igualdad frente al tercero imparcial que es el juez; c) imparcialidad del juzgador: el juez 
se erige en decisor imparcial del conflicto penal planteado por las partes y custodio de las garantías 
de los ciudadanos ” 15 

Una cuestión medular de la reforma al proceso penal es el rol del Ministerio Público. 
En el modelo acusatorio es éste el encargado de la investigación preparatoria; evitando de 
esta manera toda injerencia del tribunal en la fase indagatoria. Como principio del modelo 
acusatorio, la iniciativa procesal no le corresponde al tribunal. 

Como prescribe el artículo 6 del nuevo CPP “la acción penal es pública y su promoción 
y ejercicio corresponde al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley”. La 
Fiscalía continúa siendo la titular y precursora de la acción penal. 

Concluida la investigación preparatoria el Ministerio Público debe -evaluando los he¬ 
chos averiguados y las pruebas existentes- decidir si existen indicios suficientes para poder 


14 Díaz Almeida, Jorge. El rol del fiscal en el proceso penal acusatorio (con especial referencia a la ley 19.293) 
Revista Espacio Abierto N°22 año 2015. pp 86-90. 

15 Larrieu de las Carreras, Beatriz. “La actuación del juez en el nuevo proceso penal” en “Estudios sobre el nuevo 
proceso penal”. Montevideo. FCU, 2017, Pág. 276. 


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suponer que el imputado puede ser condenado; sólo en caso afirmativo, podrá presentar 
solicitud de formalización del proceso. 16 


Con el nuevo Código opera una redefinición del rol del Ministerio Público y de sus 
poderes-deberes. Éste como titular de la acción penal deberá realizar todas las diligencias 
que sean necesarias para el éxito de la investigación. 

Para el efectivo cumplimiento de su rol, la ley le asigna poderes deberes que surgen del 
artículo 45 del Código: 

“a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacio¬ 
nal, de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea Nacional en sus respectivos ámbitos de 
competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probato¬ 
rias que considere pertinentes; 

b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos 
útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos; 

c) no iniciar investigación; 

d) proceder al archivo provisional; 

e) aplicar el principio de oportunidad reglado; 

f) solicitar medidas cautelares; 


g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación, 


h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento; 


i) atender y proteger a víctimas y testigos; 

j) solicitar al Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado según 
corresponda; 

k) solicitar, en forma fundada, a las instituciones del Estado, toda información que sea necesaria 
en el marco de la investigación que se encuentre realizando y esté disponible en sus registros, siem¬ 
pre que la entrega no implique afectación de garantías o derechosfundamentales de las personas”} 1 


16 Fernández, Gonzalo D. “Los principios generales del proceso penal acusatorio”. Montevideo, FCU, 2017, Pág. 
84. 

17 www.impo.com.uy/bases/codigo-proceso-penal-2017/ 19293-2014 



V. ¿Qué posturas ha tomado la fiscalía especializada? Críticas por la dilación del 
proceso 

VI -Crítica a la actuación judicial debido a la dilación del proceso 

En el caso de torturas en el cuartel de Treinta y Tres 18 se encuentra en nuestra opinión 
uno de los más ricos aportes de la Fiscalía Especializada a las causas de graves violaciones a 
los derechos humanos. El dictamen desnuda las falencias del proceso penal en su aspecto 
práctico, en relación a la dilación de los tiempos del juicio y los porqués de estas demoras, y 
a su vez en un plano teórico explica cuáles son los fundamentos jurídicos que permiten hoy 
la persecución de delitos que fueron cometidos varias décadas atrás. 

Primeramente, se señala que en dicha causa tras siete años de instrucción no solamente 
no ha declarado ningún indagado sino que tampoco han comparecido éstos ante la sede 
judicial, por lo cual se solicita que sean conducidos de forma inmediata para que se les tome 
la declaración respectiva. 

La demora del proceso se debe en parte a la interposición por parte de la defensa de los 
indagados de recursos de inconstitucionalidad de la ley 19 , los cuales deben ser resueltos por 
la Suprema Corte de Justicia. Los procesos generalmente se paralizan completamente, des¬ 
naturalizándose la etapa procesal penal en la que se encuentran, ya que esta etapa temprana 
no tiene otra finalidad que la mera instrucción, es decir, el conocimiento de los hechos y la 
producción de la prueba. 

El segundo obstáculo que se presenta en cuanto al normal desarrollo del proceso refie¬ 
re a la interposición de la excepción de prescripción 20 . Ésta no posee efecto suspensivo, ni 
siquiera para quien presenta la excepción, por lo cual no deberían paralizarse las actuacio¬ 
nes. Pero este no ha sido el criterio seguido por varios tribunales nacionales. 

Por lo tanto, la solución que se exige para los casos de interposición del recurso de 
inconstitucionalidad de la ley y de la excepción de prescripción es la conformación de un 
testimonio o copia del expediente. De este modo se evitaría la detención de la indagatoria 
presumarial durante la dilucidación de estos asuntos específicos. 


18 En abril de 1975 el Ejército detuvo a treinta y nueve niños y jóvenes militantes de la Unión de Juventudes 
Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería número 
10. El caso es uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la edad de las víctimas y la magnitud 
de los derechos violados (www..observatorioluzibarburu.org). 

19 Resulta habitual, dentro de la estrategia dilatoria de las defensas, la interposición de excepciones de incons¬ 
titucionalidad contra los arts. 2 y 3 de la Ley 18831 (de restablecimiento de la pretensión punitiva). 

20 De acuerdo al art. 117 del Código Penal, la acción penal respecto de los delitos ordinarios prescribe (se 
extingue) pasado cierto lapso. 


39 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


VII - Fundamentos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa de humanidad 

La segunda parte del dictamen refiere a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad. 

En primer lugar se hace referencia al principio que indica que al impedido por justa 
causa no le corre el plazo, entendiéndose que en el período de facto no era posible realizar 
una investigación con una independencia real del Poder Judicial y que durante la vigencia 
de la Ley de Caducidad 21 , el Ministerio Público estaba impedido de ejercer la acción penal. 

El Estado uruguayo tiene la obligación de cumplir con la sentencia de Corte Interame- 
ricana de Derechos Humanos respecto del Caso Gelman, el que indica: 

“El Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irre- 
troactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in ídem o cualquier excluyente similar de 
responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impli¬ 
quen la obstrucción del proceso investigativo”. 

La Corte Suprema de la Nación Argentina ha señalado que la Convención sobre la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad “afir¬ 
ma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (Ius 
Cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta 
manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma 
un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de 
comisión de los hechos”. La Convención, además, adquiere carácter constitucional desde 
40 el momento que el artículo 72 de nuestra Carta Magna admite la existencia de un Bloque 
de Constitucionalidad, según el que todos los tratados de derechos humanos tienen rango 
constitucional: “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, 
no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana ”. 

Esta teoría del mero reconocimiento de crímenes ya existentes fue enunciada también 
por Fernando Cardinal en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia N° 794/2014 22 . 

Además, se indica que la finalidad del instituto de la prescripción radica en que con 
el transcurso del tiempo el Estado pierde interés en la persecución del delito, puesto que 
el recuerdo se desvanece junto a las consecuencias del reato, por lo que la pena deja de ser 
útil. Sin embargo, en Uruguay existen movilizaciones que dan cuenta de que hoy en día la 
sociedad uruguaya continúa reclamando por verdad y justicia, y se hace mención expresa a 
la Marchas del Silencio de cada 20 de mayo como muestra de esta situación. 


21 A partir de la derogación tácita de la Ley de Caducidad, mediante el art. I o de la Ley 18.831, la defensa de 
los represores se ha centrado en la prescripción del delito. 

22 Posición de Fernando Cardinal en Sentencia 794/2014 de la Suprema Corte de Justicia: “Los mencionados 
instrumentos lo que hacen no es establecer la categoría sino reconocerla, por cuanto si son inherentes a la per¬ 
sonalidad humana, no es el precepto expresado en el Estatuto, Tratado o Convenio el que la hace vigente, sino 
que solo la actualiza mediante una verbalización determinada, ya que en sí preexisten a tal actualización”. 



Por otra parte, existe un principio general que determina que todas las personas tienen 
derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a conocer la verdad, lo que se encuentra con¬ 
sagrado en múltiples instrumentos internacionales. 


VIII - Imputación de delitos previstos en la norma penal vigente al momento de la comisión 
del crimen 

La Fiscalía ha sostenido en reiteradas ocasiones y de manera expresa que las conductas 
represivas propias del terrorismo de Estado se encuadrarían desde un punto de vista técnico 
dentro del delito de tortura, el que fue creado en el año 2006 por la ley 18.026, que lo cali¬ 
fica como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, y pese a esta adecuación de la conducta 
realizada con la figura penal que claramente la comprende, entiende también que no es 
posible aplicar esta reciente ley penal, desde que la misma era inexistente en el momento de 
la comisión de los delitos (principio de legalidad). 

Por este motivo, los dictámenes emitidos refieren a “delitos comunes” vigentes en el 
Código Penal de la época: homicidio, abuso de autoridad contra los detenidos, privación 
de libertad y otros. 

La ley 18.831 consagra de manera expresa que los delitos que revisten el carácter de 
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, recogiendo el legislador un principio 
sostenido en diversos instrumentos internacionales y que sienta sus bases en la manifiesta 
gravedad de las conductas criminales cometidas por los Estados nacionales. Sin embargo, 
la Suprema Corte de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de 
dicha norma en reiteradas ocasiones, haciendo primar el principio de legalidad por sobre la 
imprescriptibilidad referida 23 . 

Esta posición de la Corte no por reiterada deja de ser llamativa, desde que colide con 
la abrumadora mayoría de la normativa y de la doctrina a nivel nacional e internacional, el 
Poder Legislativo uruguayo, la Presidencia de la República, las organizaciones no guberna¬ 
mentales y los movimientos sociales. A su vez, la propia jurisprudencia de la Corte parecía 
haberse encauzado tras haberse dictado la Sentencia 365/09, donde se admitió el carácter 
constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, pudiéndose recono¬ 
cer entonces la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 24 . Sin embargo, tras 


23 Ley 18.831. Artículo 2: “No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el 
período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere 
el artículo I o de esta ley». Artículo 3: «Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son 
crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte». 

24 Suprema Corte de Justicia en Sentencia 365/09: “En la misma dirección, Risso Ferrand, citando a No- 
gueira, observa que “en América Latina hay una poderosa corriente cada vez más generalizada que reconoce un 
bloque de derechos integrado por los derechos asegurados explícitamente en el texto constitucional, los dere¬ 
chos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos implícitos, donde el 
operador jurídico debe interpretar los derechos buscando preferir aquella fuente que mejor protege y garantiza 
los derechos de la “persona humana”. 


41 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


42 


cambios en la composición del organismo y en la propia posición de ciertos ministros que 
habían participado de aquella resolución, la Corte retomó su posición tradicional 25 . 

La siguiente gráfica da cuenta de los delitos imputados por la Fiscalía Especializada en 
el año 2018 y la cantidad de personas indagadas con relación a cada uno de aquellos. 



Abuso de Privación Homicidio Atentado Violación Violación 

autoridad de libertad violento de domicilio 

al pudor 


VI. Datos 

El siguiente cuadro expone los pedidos fiscales de procesamientos por graves violacio¬ 
nes a los derechos humanos, pendientes de resolución judicial al 31 de octubre de 2018. 
Estas solicitudes fueron emitidas tanto por las fiscalías letradas penales comunes como por 
la Fiscalía Especializada. 


Causa 

Fecha del pedido 
fiscal 

Número de in¬ 
dagados 

Delitos que se pretende imputar 

LERENA 

201 6 (Tellechea) 

3 (uno fallecido) 

Homicidio 

HUGO DE LOS SAN¬ 
TOS 

2017 (Tellechea) 

8 (uno fallecido). 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

DNII (torturas en Inte¬ 
ligencia Policial) 

201 6 (Luzzi) 

201 8 (Perciballe) 

2 

Privación de libertad. Abuso de 
autoridad contra los detenidos. 

FERNÁNDEZ MEN- 
DIETA 

2016 (Tellechea) 

201 8 (Perciballe) 

4 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

Abuso de autoridad. 


25 Daoiz Uriarte señala que existió “un notorio cambio a nuestro juicio de la posición sustentada anterior¬ 
mente por los ministros Ruibal Pino y Larrieux, en relación a la sentencia que suscribieran en el año 2009” 
- Uriarte, Daoiz. “Curso de derechos humanos y sus garantías. Tomo I”. Montevideo. FCU, 2013, Pág. 263. 












YIC 

201 6 (Tellechea) 

i 

Homicidio especialmente agra¬ 
vado. 

COGHLAN 

201 6 (Tellechea) 

2 (uno fallecido). 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

ARTECHE 

201 6 (Tellechea) 

11 (uno falle¬ 
cido). 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

UNIVERSINDO RO¬ 
DRÍGUEZ/ 

LILIÁN CELIBERTI 

201 6 (Tellechea) 
2018 (Perciballe) 

4 

Privación de libertad. 

Abuso contra los detenidos. 

PORLEY 

201 6 (Tellechea) 

2 

Tortura. 

IVÁN MORALES 

201 7 (Tellechea) 

1 

Homicidio especialmente agra¬ 
vado. 

BASILICIO LÓPEZ 

201 7 (Tellechea) 

3 (uno fallecido). 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

DANIEL ALBACETE y 
otros 

201 8 (Perciballe) 

3 

Abuso de autoridad. Privación 
de libertad. Atentado violento al 
pudor. 

LAGUNA DEL SAUCE 
LUIS ROBERTO 
GARCIA PIRIZ y otros. 

201 8 (Perciballe) 

6 

Abuso de autoridad contra los de¬ 
tenidos. Privación de libertad. 

BERRETA 

201 8 (Perciballe) 

1 

Homicidio. 

300 CARLOS/Infante- 
ría N g 1 3 

201 8 (Perciballe) 

8 

Privación de libertad.Abuso de au¬ 
toridad contra los detenidos. Vio¬ 
lación. Atentado violento al pudor. 
Violación de domicilio. 

ARTILLERÍA 2 

(Flores) 

2018 Perciballe 

2 

Abuso de autoridad contra los 
detenidos. 

GELOS BONILLA 

2018 Perciballe 

2 

Homicidio muy especialmente 
agravado. 

Privación de libertad. Abuso de 
autoridad contra los detenidos. 


La siguiente información da cuenta del trabajo desarrollado por la Fiscalía Especializa¬ 
da (datos aportados por ésta al equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu) 


Total de Causas Relevadas: 219 


Montevideo 

153 

Dictaminadas 

83 

Interior 

66 

Dictaminadas 

53 


Solicitud de procesamiento: 10 


Montevideo 

8 

Interior 

2 


43 


MEMORIA E IMPUNIDAD 







DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Solicitud de archivo: 8 


44 


Montevideo 

i 

Interior 

7 


Solicitud de Extradición: 6 respecto de 3 personas (Manuel Cordero, Wellington 
Sarli, Pedro Mato) 

Solicitud de captura nacional e internacional: 3. 

Búsqueda de restos: 3 intervenciones y 2 en proceso de investigación. 

Causas nuevas: 6. 

VIL “Un nuevo subterfugio para evadir la actuación de la justicia” 26 

En el caso Berreta Hernández 27 , la defensa se opuso a la intervención de la Fiscalía 
Especializada, sosteniendo que la imprescriptibilidad de estos graves delitos así como la 
imputación de nuevos tipos penales no es de recibo debido a que los hechos han acaecido 
con anterioridad a la sanción de la Ley 18.026 del año 2006 que tipificó los crímenes de lesa 
humanidad, quedando vedada en consecuencia la actuación de esta fiscalía. 

Sin embargo, si bien el nombre del organismo es “Fiscalía Especializada en Crímenes 
de Lesa Humanidad”, la ley de su creación no indica que la misma entenderá solamente en 
crímenes de lesa humanidad, sino que su artículo 2 apunta que “conocerá exclusivamente 
en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos”. En este sen¬ 
tido, la jueza Silvia Urioste se remite al artículo 5 de la ley 18.596: “Se consideran víctimas 
de la actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas 
personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a 
sulibertad sin intervención del Poder Judicial (...) Dichas violaciones deberán haber sido 
cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la 
autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado”. 

Además, Urioste entiende que la designación de la Fiscalía Especializada como parte 
del proceso no afecta ninguna de las garantías procesales del indagado, es decir no afecta “su 
derecho a la instrumentación correcta de un proceso recto, (...) derecho a producir prueba 
lícita en igualdad de condiciones (...), a conocer la imputación, la publicidad, la celeridad y 
a gozar de la presunción de inocencia'! 


26 Dictamen N° 194 de 23/10/18 de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. 

27 Nelson Berreta fue asesinado el 15 de julio de 1972 frente al número 1377 de la calle Capitulares, por 
agentes del ejército (www.observatorioluzibarburu.org/causas/123). 




VIII. Conclusiones 

Dentro de los elementos que aparecen como favorables, pueden destacarse la calidad 
técnica de los dictámenes del actual titular de la fiscalía, su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos y la eficacia de su desempeño verificado en la elaboración de estrate¬ 
gias adecuadas dirigidas a neutralizar las defensas dilatorias de los represores. 

Por otro lado el carácter único de la fiscalía evita la anterior dispersión de causas y de 
la diversidad de posturas respecto del impulso de estas. 

No obstante, la escasez de funcionarios vinculados a la Fiscalía (un fiscal letrado titu¬ 
lar, una fiscal adscripta, una fiscal adjunta) aparece como una dificultad para la eficacia en 
la tarea. 

Finalmente advertimos como una debilidad en la actuación, que no se hayan iniciado 
nuevas causas de oficio. Debido al rol que cumple la Fiscalía, cuenta con información muy 
calificada derivada de las causas en las que interviene lo que la ubica en inmejorable posi¬ 
ción para iniciar nuevos procesos. Si bien las organizaciones sociales pueden (y de hecho 
lo hacen) presentar nuevas denuncias, no siempre poseen la capacidad y la suficiente infor¬ 
mación como para judicializar muchos de los crímenes de la dictadura. Esta debilidad se 
verifica especialmente respecto de la represión en el interior del país. 


45 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


46 



Ese viejo estilo... 

El presidente del Centro Militar, el coronel retirado Silva Valiente, en una entrevista 
realizada por el periodista César Bianchi en Montevideo Portal el pasado 11 de octubre, 
realizó una serie de gravísimos afirmaciones. 

Con el patrocinio del Dr. Daoiz Uriarte, una vasta nómina de organizaciones de dere¬ 
chos humanos (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, Mesa 
Permanente contra la Impunidad, Comisión Sitio de Memoria ex CGIOR, Memoria en 
Libertad, Serpaj Uruguay, Rebeldía Organizada, PIT CNT, Ovejas Negras, Observatorio 
Luz Ibarburu, Cotidiano Mujer, Comisión Memoria de La Tablada, FUCVAM, Comisión 
Memoria Soriano, Reactiva Contenidos, Plenaria Memoria y Justicia) presentaron una de¬ 
nuncia penal por instigación pública a delinquir, apología del delito e incitación al odio 1 . 

Parte del texto presentado en la Fiscalía general de la Nación el pasado 19 de octubre, 
enfatiza: “Pero además, señala particularmente la posibilidad de que los militares vuelvan a 
usurpar el poder en el caso de que la democracia sea afectada por una dictadura comunista, y 
también expresa que el Uruguay no vive en democracia, que no hay democracia en el Uruguay, 
lo cual constituye una forma de apología del golpe de Estado y de proposición a retomar dicha 
actitud por las Fuerzas Armadas”. 


1 Se puede leer la totalidad de la denuncia penal en: https://www.sudestada.com.uy/ articleld_363b9236- 

6231 -40dl -a8c2-51366992c677/10893/Detalle-de-Noticia 



Entre una infinidad de barbaridades, niega que Gregorio Álvarez haya sido dictador, 
la existencia de una dictadura afirmando que hubo vacío de poder por culpa de los políti¬ 
cos; niega el terrorismo de Estado, llegando incluso a proponer un nuevo golpe de estado 
porque en Uruguay no se respeta la democracia. Afirma que “el ministro de Defensa, Jorge 
Menéndez, es un “burócrata” e “incompetente””, que la búsqueda de desaparecidos es “un 
curro, un gastadero de plata”, sumado a categóricas descalificaciones (machistas, misóginas 
y homofóbicas), a derechos que se han conquistado tras años de reivindicación. 2 


47 


2 Remitimos al excelente análisis realizado por Henry Trujillo en el presente Informe; “Atentados, exhabrup 

tos y pensiones militares: la continuación de la historia durante el año 2018”. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


48 



23 a Marcha del Silencio: 

“Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy” 


Un nuevo 20 de mayo. A modo de sentido ritual, Madres y Familiares de Uruguayos 
de Detenidos Desaparecidos y la Coordinadora de Apoyo, ajustan los detalles para la salida 
de una nueva marcha desde el Monumento a los Detenidos Desaparecidos en la intersec¬ 
ción de Rivera y Jackson. 

Sobre las siete de la tarde, familiares, amigas y amigos, militantes o quien desee, hace 
presente a cada compañera y compañero, alzando su foto entre la multitud. Miles y miles 
de uruguayas/os, y cientos de extranjeras/os, a lo largo de la Av. 18 de Julio hasta la Plaza 
Libertad, caminan junto a ellas y ellos. 

Bella Unión, Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, San Javier, Paso de los To¬ 
ros, Meló, Río Branco, Treinta y Tres, Durazno, Fray Bentos, Mercedes, Rodó, Dolores, 
Flores, Carmelo, Nueva Helvecia, Colonia, Juan Lacaze, San José, Florida, Minas, Rocha, 
Pan de Azúcar, Maldonado y Piriápolis marcharon al mismo momento, sumándose a la 
multitudinaria concentración de Montevideo. 


Hay algo diferente respecto de los 22 años anteriores, por primera vez se repite una 
consigna: “Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy”. 

Es clara, insistente y persistente, la intención y el relamo. Reiterarle al Estado (y al 
gobierno) su responsabilidad en el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos durante el terrorismos de Estado. Conocer la verdad sobre el destino 
de los detenidos desaparecidos en dictadura y exigir justicia, es su responsabilidad. 

La de ayer y la de hoy. Y la de mañana. 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


50 



Llena de hondos silencios 1 

Los debates en torno a la aprobación de la ley de Sitios de 
Memoria Histórica del Pasado Reciente N° 19.641 

Manuela Abrahan I Mariana Risso 2 


“En el plano colectivo, entonces, el desafío es superar las repeticiones, 
superar los olvidos y los abusos políticos, tomar distancia y al mismo tiempo 
promover el debatey la reflexión activa sobre ese pasado 
y su sentido para el presente-futuro” 

Elizabeth Jelin, 2002. 


1 https://www.youtube.com/watch?v=mFht2CWgbnI 

Alfredo Zitarrosa, editada en el disco “Adagio a mi país” (1973) “Llena de hondos silencios memoria cruel 
del amor / sos mi flor de cartón, / rosa entregada con cada canción.” 

2 Manuela Abrahan: Docente y Politóloga. Mariana Risso Fernández: Psicóloga. Integran el Equipo de Re¬ 
ferencia Temático en Memoria de la INDDHH. 







A iniciativa de una red de organizaciones e instituciones fue presentado por impulso 
del Senador Marcos Carámbula, el proyecto legislativo de sitios de memoria que se pro¬ 
mulgó como ley el pasado 13 de julio de 2018. Dicho proyecto fue pensado como una 
herramienta que permite avanzar en la preservación de lugares y en la recuperación de re¬ 
latos, memorias y procesos que habiliten resignificar los espacios represivos utilizados por 
el terrorismo de Estado, así como también se incluye en el concepto de sitio de memoria a 
aquellos lugares que fueron escenario de resistencia popular, o que fueron elegidos por las 
comunidades para recordar. Al mismo tiempo, su marco temporal permite ampliar el cam¬ 
po de la memoria a episodios en distintos momentos de la historia en los que el Estado haya 
cometido graves violaciones de los derechos humanos. Es, sin dudas, un paso significativo 
en las luchas por la memoria y por la reparación simbólica, la cual en nuestro país permane¬ 
ce notoriamente rezagada en relación con la región. 

La elaboración del proyecto fue producto de un arduo trabajo de debates y acuerdos 
que se extendió por casi dos años y en el que participaron alrededor de 20 organizaciones 
sociales e instituciones nucleados en una Red Pro-Sitios de Memoria, la que se formó es¬ 
pecialmente para dar impulso a este proyecto legislativo. Se tomaron como referencia los 
Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, elaborados 
por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y aprobados en 
la XXII Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Merco- 
sur y Estados asociados (RAADDHH) realizada en Porto Alegre el 3 y el 6 de setiembre de 
2012. 3 Es decir que, a partir de 2012, el Estado uruguayo asumió el compromiso de avanzar 
en políticas públicas de memoria y, en los años que transcurrieron desde esa instancia se 
desarrolló, en el marco de la Ley 18.596, una línea de trabajo de señalamiento de lugares. 

El proyecto de ley de sitios de memoria fue presentado por casi la totalidad de la ban¬ 
cada de senadores del Frente Amplio 4 , en su fundamentación se planteó: 

“(...) La memoria como política pública se crea para preservar socialmente la memoria 
de lo ocurrido, al mismo tiempo que homenajea a las víctimas y aporta a la elaboración de un 
relato histórico veraz que, asentado en la plena vigencia de los derechos humanos, construya y 
fortalezca la identidad democrática de nuestra sociedad. 

Los Sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de 
los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Repara¬ 
ción. Su materialidad es un testimonio de los hechos allí ocurridos y constituyen un patrimonio 
histórico y cultural para las generaciones presentes yfuturas”. 


3 Ver: http://www.ippdh.mercosur.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia- 
de-sitios-de-memoria/ 

4 Firmaron el proyecto: Patricia Ayala, Marcos Carámbula, Daniel Garín, Rubén Martínez Huelmo, Sandra 
Lazo, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Marcos Otheguy, Daniela Payssé, Enrique Pintado, Lucía Topo- 
lansky y Mónica Xavier. 


51 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


52 


El texto del proyecto ingresó a la Cámara de Senadores el 29 de junio de 2017 e in¬ 
mediatamente pasa a consideración de la Comisión de Educación y Cultura. Allí el trata¬ 
miento del proyecto se inicia el 12 de julio y culmina el 22 de noviembre del mismo año, 
con el proyecto aprobado por unanimidad de todos los partidos representados en dicha 
Comisión, a excepción de los artículos 5, 9 y 12 que reflejan el núcleo de las discrepancias 
en los debates. 

De esa manera el proyecto pasa con un informe en mayoría y la responsabilidad de 
ser Marcos Carámbula el miembro informante ante el plenario de la Cámara, realizado el 
5 de diciembre de 2017. Allí luego de un debate no tan extenso como podría esperarse, se 
aprueba el proyecto por unanimidad de todos los partidos políticos y con el desglose de los 
artículos ya mencionados, que fueron aprobados solo por la bancada del Frente Amplio. 

El 6 de diciembre de 2017, ingresa a la Cámara de Representantes y se envía a estudio 
de la Comisión de Educación y Cultura de dicho cuerpo. El tratamiento allí denota una 
tensión mayor entre los representantes en relación a lo que había ocurrido en la Cámara 
de Senadores. El día 2 de mayo de 2018, la Comisión definió postergar su consideración. 
El 9 de mayo, durante la sesión de la Comisión, las diputadas Mutti del Frente Amplio, y 
Bianchi del Partido Nacional, protagonizaron un enfrentamiento sobre el proyecto de ley. 
El resultado de esa sesión fue el voto negativo del proyecto y el pasaje al plenario con 2 in¬ 
formes en minoría y moción de urgencia presentada por los diputados Sánchez del Frente 
Amplio (FA), Rubio de (UP) e Iván Posada del (PI). Ese mismo día el plenario de la Cáma¬ 
ra de Representantes aprueba el proyecto con los votos del PE UP y FA, con una pequeña 
modificación que provocó el retorno a la Cámara de Senadores. El 4 de julio se aprueba el 
proyecto en nueva forma en el plenario de dicha Cámara y el 13 de julio fue promulgada 
convirtiéndose en la Ley 19.641. 

Esta ley profundiza la política de reparación simbólica que, a través de la colocación de 
placas en lugares emblemáticos, promovió la ley 18.596 de Actuación Ilegítima del Estado 
entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 198 5 5 . Se crea un nuevo organismo rector: 
la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, que 
es presidido por la INDDHH. La Comisión, que fue instalada el 31 de octubre de 2018 
tiene una integración plural de representantes con una mayoría de organizaciones de la 
sociedad civil por sobre la de los organismos del Estado. 

Durante el tiempo que llevó la discusión del proyecto de ley de sitios de memoria, las 
argumentaciones que se dieron en los diferentes ámbitos reflejan el panorama del debate 
político en torno a las atrocidades cometidas por el Estado en distintos momentos de la 
historia, especialmente en relación a la última dictadura civil - militar. 


5 La Ley 18.596, fue aprobada en 2009 y estableció en uno de sus artículos la señalización de lugares lo que 
ha sido llevado adelante por una Comisión creada por la citada Ley en el marco del Ministerio de Educación y 
Cultura, con la participación de otros representantes del Estado, y con la activa participación de la Asociación 
de Ex Presos y Presas Políticos - Crysol. 



1. Panorama del debate parlamentario 


a) Gobernanza de los sitios y la memoria como política pública 

Una de las primeras discusiones se dio en torno a la gobernanza de los sitios de memo¬ 
ria, que supone esta nueva ley. Esta configuración participativa y que coloca a la Comisión 
Honoraria en la órbita de la INDDHH, fue propuesta por las organizaciones sociales y 
controvertido por los representantes del Ministerio de Educación y Cultura en su compa¬ 
recencia ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado. 

El 12 de julio de 2017, los representantes de Crysol. -hasta ese momento los principa¬ 
les protagonistas de la sociedad civil en un ámbito de gestión de la política de memoria en 
el marco de la Ley 18.596- fueron recibidos por los legisladores, allí expresaron su apoyo 
general a la iniciativa: 

“Como se plantea en el artículo 8, creemos que tiene que haber una comisión o un organis¬ 
mo que ponga en funcionamiento, que coordine, que promueva o que realice el reconocimiento 
de los sitios de memoria y, en cierta medida, administre esos espacios. Pensamos que allí debe 
tener un papel relevante la Institución Nacional de Derechos Humanos. (...) 

Nosotros, como Crysol, entendemos que ese es uno de los elementos más relevantes que es 
necesario poner de manifiesto en este proyecto concreto. Para nosotros, la institución como tal 
tiene una relevancia trascendental en la vida democrática de los uruguayos. A nuestro juicio, 
es el corazón de todo el sistema de protección de los derechos humanos de nuestro país y, por 
ende, también tiene una importancia fundamental a la hora de garantizar la preservación 
de la memoria y de estos sitios de memoria donde ocurrieron hechos trágicos o hechos heroicos 
protagonizados por ciudadanas y ciudadanos uruguayos. Nos parece que la palabra de la Insti¬ 
tución esfundamental y debe tener un papel relevante en ese organismo”. (Carpeta 848/2017, 
Distribuido 1380, fecha 12 de julio de 2018, Comisión Educación y Cultura del Senado) 

Respecto a este mismo punto, el 26 de julio de 2017, comparece la INDDHH y el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a manifestar sus puntos de vista sobre el pro¬ 
yecto y en particular se expresaron diferencias respecto a la representatividad del Estado y 
las organizaciones sociales en la gobernanza de los sitios. La Dra. Mirtha Guianze, entonces 
integrante del Consejo Directivo de la INDDHH, destacó el surgimiento de la iniciativa 
como proceso colectivo, diferenciándolo de la política de señalización a través de placas 
desarrollada por el MEC en el marco de la Ley 18596: 

“Se nos hizo llegar el proyecto de ley de sitios de memoria y las distintas organizacio¬ 
nes concordamos en que se adecuaba a las directrices elaboradas por el Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, (...) Se hizo una convocatoria a las distintas 
organizaciones. Primero se reunieron en forma externa a nuestra institución, pero cuando tu¬ 
vimos nuestro local lo empezamos a hacer allí. Siempre tuvimos una gran afluencia de gente de 
distintos lugares del país para brindar sus aportes y lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional 


53 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de Derechos Humanos, que es anual y se realizó en junio. (Carpeta 848/2017, Distribuido 
1403, fecha 26 de julio de 2017, Comisión Educación y Cultura del Senado) 

Al respecto de la propuesta de integración, Guianze expresó la necesidad de la inde¬ 
pendencia respecto a los cambios de gobierno, dado que una integración con mayoría de 
organismos dependientes del Poder Ejecutivo puede dificultar el funcionamiento al evi¬ 
tar el quorum necesario para sesionar, si eventualmente, el gobierno pierde el interés en el 
tema. La INDDHH le daría un ámbito de mayor autonomía: 

“La comisión estaría integrada por nueve miembros y presidida por un delegado de la 
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La idea fue que tuviera 
independencia, de acuerdo a los principios de París, y por eso se entendió que podía estar presi¬ 
dida por la institución.” (Carpeta. 848/2017, Distribuido 1403, fecha 26 de julio de 2017, 
Comisión Educación y Cultura del Senado) 

Frente a ese planteo que estaba contenido en el proyecto de Ley, a iniciativa de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la Red Pro Sitios de Memoria, el representante del 
MEC ante la Comisión de Reparación de la Ley 18596, Maestro Nicolás Pons fundamentó 
una postura discrepante: 

“Ante lo expuesto sobre la composición, gobernanza y funcionamiento de la Comisión 
Nacional de Sitios de Memoria, el Ministerio de Educación y Cultura sugiere, para su con¬ 
sideración eventual de esta comisión, que la presidencia de dicha comisión esté bajo la órbita 
del Poder Ejecutivo; sumar a la secretaría de derechos humanos de presidencia de la Repú¬ 
blica como ámbito de competencia transversal a todo el Estado en la materia, y suprimir la 
representación de los tres delegados de la Red de Sitios de Memoria, por cuanto en el proyecto 
ya fueron contemplados dos delegados de las organizaciones sociales más representativas en la 
lucha por la memoria y los derechos humanos. En este último caso, además, entendemos que 
la presencia de los representantes de la Red de Sitios de Memoria debiera orientarse al ámbito 
del Consejo Asesor y Consultivo que luce en el artículo 11. Este ámbito, del cual compartimos 
su pertinencia, resulta especialmente habilitado para canalizar los aportes de la mayor canti¬ 
dad de instituciones que tienen que ver con la materia. Por tanto, a los cuatro representantes 
institucionales a quienes el proyecto les otorga participación en este ámbito asesor y consultivo 
-me refiero a la Presidencia de la República, al Poder Judicial, al Congreso de Intendentes y 
al Plenario de los Municipios-, entendemos deberían sumarse los representantes de la Red de 
Sitios de Memoria, así como otros actores que tienen una destacada trayectoria y un destacado 
rol de la sociedad civil en materia de derechos humanos”. (Carpeta 848/2017, Distribuido 
1403, fecha 26 de julio de 2017, Comisión Educación y Cultura del Senado) 

La posición sostenida por Pons, devolvía la mayoría al Estado en la integración de la 
Comisión Nacional Honoraria ya que proponía suprimir los tres delegados de la Red de 
Sitios, que sería colocada en el ámbito del Consejo Asesor el cual, sería convocado si la 
Comisión Nacional lo entendiera necesario. Además, proponía para el Poder Ejecutivo la 
presidencia de dicha Comisión. 



b) El pasado como trinchera: sus sentidos y usos en las disputas políticas del presente 

Otro de los ejes centrales del debate se desarrolló respecto al marco temporal de apli¬ 
cación de esta ley, la que establece tres períodos: 

“Artículo 5 o . (Ambito temporal). - A los efectos de la determinación y declaración de los 
sitios de memoria, se consideran los siguientes períodos: 

a) El comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, en el marco 
de la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad y bajo los preceptos 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional imperante. 

b) El comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 defebrero de 1985, período 
en que se instauró la dictadura cívico-militar. 

c) Se podrán considerar hechos acontecidos fuera de los períodos antes mencionados en 
los que el Estado haya violado los derechos humanos o donde haya habido expresiones 
significativas de resistencia popular” 6 

La disputa por establecer el inicio del deterioro de las protecciones institucionales que 
habilitaron progresivamente las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos es una 
discusión no saldada, claramente se trata de una discusión que interpela políticamente a 
los distintos actores en sus trayectorias políticopartidarias previas al golpe de Estado y a las 
decisiones que el propio Parlamento tomó en ese período. 

Señor Amorín (Senador, PC) Adelanto que no voy a acompañar el literal a porque con¬ 
sidero que estábamos en una democracia y que las medidas prontas de seguridad fueron vota¬ 
das por un Parlamento legítimamente instalado y tampoco el literal c porque me parece dema¬ 
siado amplio. Considero que el literal b refiere al período transcurrido durante la dictadura y 
evidentemente en esa época se cometieron actos ilegítimos desde el primer día hasta el último, 
no solo de violación de los derechos humanos sino ilegítimos en general. Eso sí lo voy a votar. 
(Carpeta 848/2017, Distribuido 1508,4 de octubre de 2017) 

Señor Michelini (Senador, Frente Amplio) (...) si este proyecto es de memoria de las 
situaciones que pasamos, no podemos creer que un día los militares se despertaron y atentaron 
contra las instituciones o que un día el dictador Juan María Bordaberry, se despertó y dijo: 
' Voy a cerrar el Parlamento ‘Hubo una serie de hechos que sefueron procesando día a día y que 
generaron lo que ya conocemos (...) 

Ese es el motivo de la diferencia de los literales A) y B) ¿Por qué? Porque lo que estamos 
rescatando es la memoria de lo que ocurrió. Unos hechos ocurrieron en dictadura -los compren¬ 
didos en el literal B)-y otros sucedieron, para lamento de todos nosotros, en democracia. (...) 
¡Todas estas cosas las comprobó el Parlamento y tenemos que recordarlas porque sería inenten- 

6 Proyecto de Ley de Sitios de memoria histórica del pasado reciente. Carpeta 848/2017. Distribuido 
1344/2017. Comisión de Educación y Cultura del Senado. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


dible pensar que la Dictadura ocurrió el 27 dejunio de 1973! Cada uno tendrá su autocrítica 
y responsabilidad, pero las víctimas no empiezan a contarse el 27 dejunio de 1973 ¡Sería una 
gran injusticia de este Parlamento que un proyecto sobre sitios de memoria histórica del pasado 
reciente señalara que esto empieza el 27 de junio de 1973¡” (Versión taquigráfica del 5 de 
diciembre de 2017, plenario de la Cámara de Senadores) 

El tercer eje del debate se centra en la atribución de responsabilidades del inicio de 
la violencia política. La polarización discursiva que se establece en el Parlamento en los 
años 60 a partir de las movilizaciones sociales se actualiza con un alto nivel de tensión y 
emotividad en las discusiones del presente. Esto da cuenta de la trama no reparada, del 
daño perpetrado al tejido social por el autoritarismo y por la continuidad de la cultura de 
la impunidad. Por momentos, la pasión argumentativa parece no sostenerse en el conoci¬ 
miento de los procesos de memoria, de señalizaciones y conmemoraciones, como si ya no 
hubiesen transcurrido 33 años de restablecimiento democrático. Esto puede notarlo cual¬ 
quier persona que realice una atenta lectura de algunas de las manifestaciones equívocas 
que transcribimos a continuación. 

Señora Bianchi Pioli (Diputada, Partido Nacional) “Laguerrilla tuvo responsabilidad 
en la alteración del orden institucional. Cuando empezaron las primeras acciones terroristas 
en el año 1962, algunas escaramuzas, y en el año 1963, que no se diga que había un régimen 
dictatorial, ni siquiera autoritario. Vivíamos en una democracia, como lo hicimos hasta febrero 
de 1973”. 

(...) “Yla otra cosa, señora presidente, es que no podemos admitir que se distinga desde el 
56 13 de junio de 1968 hasta 1973 por las medidas prontas de seguridad. Y no voy a repetir lo 

que ya dije. ¿Que hubo muertos? Sí. Algunos eran del movimiento popular de masas al que yo 
pertenecía. El emblemático Líber Arce pertenecía a ese movimiento de masas; no pertenecía a 
la guerrilla. Ahora, era autoritario el régimen y había que reprimir. La quedó gente inocente 
como pasó después de 1976, porque los que pertenecían al movimiento pacífico de masas vivie¬ 
ron la tortura, el sacrificio y muertes como los otros que agarraron las armas. ¿Lo justifico! De 
ninguna manera. Si agarraron las armas y se equivocaron, a la Justicia, como hizo España; 
como hizo Italia con las Brigadas Rojas, pero nosotros no. Y sí, ahí hubo mucha cosa oscura que 
hay que investigar” (Diario de Sesiones N° 4162, Plenario Cámara de Representantes. 9 de 
mayo de 2018) 

Señora Montaner (Diputada, Partido Colorado) (...) Esto ratifica los motivos por los 
cuales no tengo que votar este proyecto. Se cita un período en el que regía la Constitución de la 
República en el país, y el Poder Judicial, ante cualquier acto de violación de la ley, tuvo todas 
las libertades para investigar, establecer la verdad y castigar a los culpables si se había violado 
la ley (...) 

Este proyecto olvida que la violencia política en el país no empezó el 13 dejunio de 1968. 
La violencia política en el país comenzó en el año 1963, cuando una banda terrorista, que des¬ 
pués se conoció como Tupamaros, realizó un atentado contra el Club de Tiro de Colonia Suiza, 



que le costó la vida a una trabajadora. ¡La vida de una trabajadora inocente que estaba allí 
cumpliendo nada más que con sus labores! (Diario de Sesiones N° 4162, Plenario Cámara de 
Representantes. 9 de mayo de 2018) 

En cambio, la perspectiva de algunos representantes para contraargumentar en rela¬ 
ción a los distintos niveles de responsabilidad en el recurso a la violencia política fue la de 
contextualizar en base a los conflictos históricos internacionales. 

Señor Rubio (Diputado, Unidad Popular) Uno podría hablar de las víctimas de la as¬ 
censión del nazismo y de la acción de la resistencia. Hubo víctimas civiles, inocentes, pero lo 
que condenamos es el nazismo o el fascismo, no las víctimas de las acciones de los maquis o de 
los partisanos o la sorda y heroica resistencia en Alemania o en Polonia. Ni que hablar de la 
resistencia en la República Soviética ocupada. (Diario de Sesiones N° 4162, Plenario Cámara 
de Representantes. 9 de mayo de 2018) 

El cuarto eje se desarrolló en torno a las violaciones a los derechos humanos y al rol 
del Estado. “Los dos demonios” y la necesaria “memoria completa” aparecen como formas 
frecuentes de equiparar la responsabilidad del Estado con la actuación que tuvieron grupos 
armados que fueron desmantelados previo al golpe de 1973. 

En relación a lo dicho, la siguiente interacción en la Comisión de Educación y Cultura 
del Senado, con la presencia de la presidenta de la INDDHH Dra. Mariana Mota, resulta 
ampliamente ilustrativa. La postura adoptada por la INDDEIEI se ampara en la doctrina 
del sistema universal de derechos humanos, que define que los derechos humanos son vio¬ 
lados por los Estados, y que la violencia privada no puede equipararse a ésta. 

“Señor Presidente - Aquí hacemos la misma consideración que en el artículo 4. °. Habla 
específicamente del Estado y dice: «vinculados a hechos ocurridos con violaciones de los dere¬ 
chos humanos o resistencia de individuos u organizaciones contra el terrorismo y uso ilegítimo 
del poder del Estado». 

Señor Amorín (Partido Colorado) - Hay un ejemplo que surge recurrentemente, me re¬ 
fiero a Pascasio Báez 7 . 

Señora Mota - No es terrorismo de Estado. 

Señor Amorín- Entonces, no estaría incluido. 

Señora Mota- No. Se trata de violación de los derechos humanos cometidos por el Estado: 
funcionarios o particulares con aquiescencia o anuencia del Estado. Es desde ese punto de vista, 


7 Pascasio Báez, fue un peón rural asesinado en 1971 por un grupo integrante del MLN que decidió admi¬ 
nistrarle una inyección letal luego de que encontrase por accidente un refugio con armas en el interior del país. 
Esta acción que impactó muy negativamente en la opinión pública de la época, es hasta nuestros días un argu¬ 
mento condenatorio del movimiento guerrillero. Es relevante agregar que dicha acción ha sido controversial 
incluso entre dirigentes del MLN. 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


si no, estaríamos hablando de delitos comunes en los que, como siempre, se aplica la ley normal 
y común. 

Señor Presidente- Este hecho fue juzgado en su momento. 

Señora Mota- Efectivamente, señor presidente. Todo el proyecto de ley tiene que ver con 
eso; los sitios de memoria refieren específicamente a eso. Si ampliamos el espectro entraríamos 
en la creación de sitios de memoria de todo lo que consideramos y sería vastísimo. Por lo tanto, 
el acotamiento es a los sitios de memoria vinculados con violaciones de los derechos humanos 
ocurridas por el Estado, exclusivamente. Así lo acotamos en el tiempo”. (Carpeta 848/2017, 
Distribuido 1561, fecha 25 de octubre de 2018, Comisión Educación y Cultura del Senado) 

En la discusión plenaria de la Cámara de Senadores, el día 5 de diciembre de 2017, en 
la cual se le dio media sanción al proyecto, la Senadora Constanza Moreira (FA) y el Sena¬ 
dor García (PN) se expresaron de la siguiente manera respecto al rol del Estado respecto a 
la política de memoria: 

Señora Moreira (Senadora, FA) “(...) el objetivo es homenajear la vida de quienes pa¬ 
saron por allí, sufrieron y fueron torturados y abusados en su integridadfísica y moral, en su 
dignidad como personas. A veces recordamos la historia por los héroes, pero la historia está 
llena de víctimas; en realidad hay muchas más víctimas que héroes. Me refiero a víctimas por 
el abuso de poder del Estado y hay que nombrarlas así!’ 

Señor García: (Senador, P.N.) (...) la memoria debe ser completa, porque de lo contrario 
se transforma en relato. Estas cosas se deben hablar por razones obvias, con mucha delicadeza. 

58 En las barras y también en la sala hay compañeros que sufrieron en carne propia y a nivel fa¬ 
miliar este tipo de atentados. Con esa misma comprensión y con las características que nos da 
el cargo que ocupamos aquí, debemos tener claro que en el Uruguay hubo muchas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos, y no solo por parte del Estado, aunque tal vez fueron las 
más notorias. Pero hubo uruguayos quefueron víctimas de violaciones a los derechos humanos 
y que no son a los que refiere este proyecto de ley (...) El poder de la política no puede hacer 
olvidar que hubo inocentes que murieron en un enfrentamiento armado en Pando, o que hubo 
ciudadanos que descubrieron un escondite y fueron asesinados (...) no es cuestión de cantidad 
de demonios, sino cuestión de verdad y objetividad”. 

La posición de Moreira plantea la magnitud de los crímenes del Estado y, de cierta 
manera, refleja lo que implica en cuanto a reconocer su rol necesario en la reparación de los 
mismos, en cambio las posiciones de los representantes del PN toman como bandera expre¬ 
siones como memoria completa, muy usada por los familiares de represores en Argentina, 
y utilizando este debate como medio de crítica sobre el silencio del FA respecto al presente 
de Venezuela. 

El 9 de mayo de 2018, durante la discusión en la Comisión de Educación y Cultura de 
la Cámara de Diputados, Manuela Mutti (FA) y Graciela Bianchi (PN) también expresa¬ 
ron sus puntos de vista discrepantes respecto al punto: 



Señora Bianchi Poli (Diputada, PN) (...) Se dice que en Venezuela hay democracia por¬ 
que hay elecciones, aunque para mí están plagadas de irregularidades, y acá hubo elecciones, 
y no se violó la Constitución. Lo sé porque como abogada traté registrar todos los datos, 
porque no me gusta hablar a la ligera. Entonces, cuando ustedes lo presentan, me pregunto 
por qué seguimos con una mirada hemipléjica de la historia. Contar la verdad a medias, no 
es contar la verdad completa, no es decir la verdad, y eso lo repudio. Comparto lo que dice 
este proyecto, pero es totalmente parcial, porque en el primer acto de terrorismo, violen¬ 
cia, o el nombre que le quieran poner, cuando se dinamita el bowling en Carrasco, ¿saben 
quién murió ? Nadie que se pueda decir que formaba parte de un gobierno que no le gustara 
a alguien. No, murió una limpiadora, alguien que estaba cumpliendo con sus tareas; una 
trabajadora. Y nadie fue a pedir perdón a su familia. ¿Ustedes tienen documentado algún 
acto o hecho que dijera que ese camino era erróneo y que el mejor camino por el que se llega 
al poder es a través del sistema democrático con partidos y elecciones ? Así fue como se llegó 
en 1968. Nadie le pidió perdón a la familia Pascasio Báez. (...) 

Señora Mutti Fornaroli (Diputada, FA) (...)” Yo entiendo y también condeno lo de Pas¬ 
casio Báez. Creo que fue terrible. Ahora, lo que sí creo es que hay una gran diferencia entre la 
violencia que ejerce un Estado, con todo lo que ello conlleva por eso está aquí en el Parlamento, 
con toda una estructura armada, como asesinatos masivos y también encarcelamientos masi¬ 
vos, y determinadas acciones llevadas adelante por grupos, que fueron difíciles y duras, pero 
no fueron masivas. Entonces, no voy a permitir que se compare una violencia con la otra (...) 

La recurrencia argumental en torno a las responsabilidades por el quiebre institucio¬ 
nal, la evocación de las acciones de la guerrilla y la dilución de las responsabilidades del 
terrorismo de Estado parece no agotarse a pesar del tiempo transcurrido desde la recupe¬ 
ración de la institucionalidad democrática. Las polarizaciones en este tema entre los re¬ 
presentantes del FA y delPN y el PC, mantienen una circularidad retórica, en los debates 
parlamentarios de los últimos 33 años. 

Señora Mutti Fornaroli: (Diputada, FA) (...) Cuando se habla de justicia y de no tener 
una memoria hemipléjica, a mí me gustaría que los derechos humanos no tengan una memo¬ 
ria hemipléjica para no tener que caminar entre torturadores en la calle de Uruguay. 

Señora Bianchi Poli(Diputada, PN). Que sea ministro menos. 

Señora Mutti Fornaroli (F.A.): Hay personas que pagaron y estuvieron presas. Yo soy 
hija de un preso político, tupamaro. Y también me crie siendo víctima de lo quefue el golpe de 
Estado, ya que, a Eduardo Pérez, medio hermano de mi padre, lo mataron delante de él y de su 
hijo, mi primo, cuando Gavazzo le tiró una bomba molotov dentro de la celda, descuartizán¬ 
dolo. (...) (Versión taquigráfica del 9 de mayo de 2018, Comisión de Educación y Cultura, 
Cámara de Representantes) 

El horror que testimonia Mutti, es contundente, tanto porque menciona como pro¬ 
tagonista a uno de los represores más denunciados y reconocidos por su siniestro rol como 


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torturador, así como por el hecho de que la característica principal del terrorismo de Estado 
en nuestro país fue la tortura sistemática no fue una práctica excepcional, sino una política 
represiva extendida sobre la disidencia política y como amenaza sobre toda la sociedad. 

Un quinto eje de debate, que subyace en las posiciones que hemos venido analizando 
hasta el momento, está vinculado con los sentidos otorgados al pasado en el presente: 

Señor Amorín (Senador, PC): Señora Presidenta: vamos a votar en general este proyecto 
de ley porque nos parece que es importante y necesario; creemos que, en general, los pueblos de¬ 
ben recordar estas cosas. Es necesario recordar porque los hechos lo merecen y también para que 
no se repitan, para que sirvan como ejemplo de lo que no debe pasar. 

(...) todos repudiamos el terrorismo de Estado cuando se pierden los márgenes de la Cons¬ 
titución, se la empieza a violar y los gobiernos no representan a la población. (Versión taqui¬ 
gráfica del 5 de diciembre de 2017, plenario de la Cámara de Senadores) 

Señor Heber (Senador, PN): Señora Presidenta: naturalmente, nosotros también vamos 
a acompañar el proyecto de ley en general. Nos parece que debemos tener memoria; ¡De eso se 
trata! El olvido de lo que paso puede ser la peor enfermedad de una sociedad porque se corre el 
riesgo de que vuelva a ocurrir (Versión taquigráfica del 5 de diciembre de 2017, plenario de 
la Cámara de Senadores). 

Es de destacar el amplio acuerdo acerca de la importancia de la memoria para las ga¬ 
rantías de no repetición, que reflejan las intervenciones de los Senadores y que dio como 
resultado que en dicha cámara el proyecto se aprobara en general por unanimidad. 

En cambio, en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, 
la diputada Graciela Bianchi planteó su hartazgo respecto de continuar con la mirada en 
el pasado: 

(...) Yo no voy a discutir más. Es lamentable que con todos los problemas que tiene el país, 
el Parlamento nacional esté discutiendo esto como si estuviéramos en el año 1984. Siempre mi¬ 
rando para atrás ¡basta! Voy a hacer el informe en minoría. Lo que tengo probado lo voy a decir 
y de lo que no tengo probado, me haré cargo. No sé si lo haré a nombre personal o a nombre del 
Partido Nacional. (Versión taquigráfica del 9 de mayo de 2018, Comisión de Educación y 
Cultura, Cámara de Representantes) 

Sin embargo, a pesar de esta aparente saturación respecto a la relevancia del pasado, 
la propia Bianchi, así como Montaner (PC) y Rubio (UP) recurrieron a Artigas para ar¬ 
gumentar durante sus exposiciones en el Plenario de la Cámara de Representantes, el día 9 
de mayo: 

Señora Montaner (P.C.): “La única placa que deberíamos votar por unanimidad perdó¬ 
neseme si alguien se siente aludido y poner a los pies del padre de la patria, don José Gervasio 
Artigas, es una que dijera: “Perdona, don José Artigas. Tú no tuviste la culpa. Nunca más 
violencia política de tipo alguno entre los orientales”. (...) 



Señora Bianchi Poli (P.N): Somos hijos de “clemenciapara los vencidos”; somos hijos de 
“ni vencedores ni vencidos”. (...) 

¡Tuvimos que esperar prácticamente a mediados del siglo XXpara conocer la obra de 
Artigas! Antes de esafecha era contrabandista, asesino, delincuente, matrero. ¡Y era la historia 
reciente! Para que no se distorsione eso lo dijo Lavalleja: no vale porque la historia la escriben 
los vencedores, muchas veces vencederos circunstanciales, sobre todo en un régimen democráti¬ 
co, pero prefiero elegir el caso de Artigas, señora presidente” 

Señor Rubio (UP): “No hay reconciliación sin justicia. Somos hijos de “clemencia para los 
vencidos”, y también del odio irreconciliable a la tiranía. Reitero: irreconciliable” 

2 . De la omisión o la desidia en el trabajo parlamentario 

Durante algunos momentos del debate en ambas Cámaras se evidencia faltas de infor¬ 
mación o de consistencia en algunas de las argumentaciones, llegando a extremos donde las 
fundamentaciones empleadas no resisten el más mínimo análisis. En el mejor de los casos 
los usos políticos que, de ciertas circunstancias históricas se realizan, parecen no tener su 
mirada en el presente que permitan una proyección más allá del estrecho margen del im¬ 
pacto inmediato. 

Señora Montaner (diputada, PC) Todos saben -de lo contrario, les recomiendo leerla 
la definición de terrorismo y delitos de lesa humanidad del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional. Cuando define el terrorismo y los delitos de lesa humanidad, además 
de la acción ilegítima e ilegal del Estado, con claridad incluye la acción de bandas o grupos 
irregulares que cometen delitos, hechos que se condenan penalmente reitero como delitos de lesa 
humanidad.(Y)Aúo de Sesiones N° 4162, Plenario Cámara de Representantes. 9 de mayo 
de 2018, página 53) 

El Estatuto de Roma, de la Corte penal Internacional no define terrorismo, es un tér¬ 
mino que no se utiliza en ese documento. En el caso de los delitos de lesa humanidad, la 
definición se encuentra en el artículo 7 del Estatuto, cuando enumera los ejemplos de este 
tipo de crímenes, al definir el “ataque contra una población civil”: “se entenderá una línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra 
una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de 
cometer ese ataque o para promover esa política; “ Lo que quiere decir que son acciones que 
se desprenden de una política de Estado, accionada por el propio Estado o por un grupo 
que actúa con la aquiescencia de aquel para promover dicha política de Estado 8 . 

En otros momentos, algunos parlamentarios parecen querer forzar al proyecto a que 
limite o diga cosas que no dice. Perdiendo el rumbo de lo trascendental de estos debates e 


8 Estatuto de Roma de la corte penal internacional (1998) Véase en https://www.oas.org/xxxivga/spanish/ 
reference_docs/Estatuto_Roma.pdf 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



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intentando obtener una ventaja que, en el mejor de los casos, no va a superar el anecdotario 
de esa jornada. 

También hay afirmaciones que evidencian la falta de atención a los procesos de memo¬ 
ria de los últimos años, ya que dos de los tres lugares que menciona el Senador Heber del 
Partido Nacional como omitidos por las políticas de memoria, ya se encuentran señaliza¬ 
dos por la iniciativa de la Intendencia de Montevideo y Memorias de la Resistencia 9 . 

Señor Heber (Senador, PN) (...) son víctimas de todos; no tienen color ni partido político 
(...) hemos insistido para que la Junta Departamental y la Intendencia recuerden lugares que 
para nuestro partido son de alto heroísmo y de trabajo contra la Dictadura, pero no lo hemos 
logrado (...) 

(...) no nos parecejusto que solo se recuerden lugares en los que hubo actos de heroísmo de 
víctimas pertenecientes a un partido; se deberían incluir los lugares en los que hubo víctimas de 
todos los partidos que resistimos a la Dictadura (...) como lafarmacia de Cacho López Balestra 
(...) el acto del Obelisco (...) al cine Cordón (...) (Versión taquigráfica del 5 de diciembre de 
2017, plenario de la Cámara de Representantes) 

También la diputada Bianchi del PN, expresó una serie de reclamos respecto a “omi¬ 
siones “del proyecto de Ley: 

Señora Bianchi Poli (Partido Nacional). (...) No hay ciudadanos de primera ni de se¬ 
gunda. (...) Nunca entendí desde la izquierda la muerte de los cuatro soldados en la puerta de 
la casa de uno de los coroneles o generales que sí eran responsables de la situación 10 . ¿Sabemos 
62 los nombres? ¿Hay memorial para ellos? ¿Son víctimas de segunda? ¡No, señora presidenta! 
¡Esa es la gran discrepancia que tenemos con este proyecto! (Versión taquigráfica del 9 de 
mayo de 2018, Comisión de Educación y Cultura, Cámara de Representantes) 

Este tipo de argumentos ya habían sido utilizados por la oposición en la Cámara de 
Senadores, en donde la Senadora Passada había argumentado intentando aclarar el punto, 
sin éxito: 

Señora Passada (Senadora, FA) “Creo que es injusta la mirada de que está sesgada la 
memoria. No lo está, si leemos detenidamente el artículo 4. °, donde se dice con claridad que 
se consideran sitios de la memoria aquellos espacios físicos donde se verifica la ocurrencia de 
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. ¡No dice que tiene un color político el 
fijar, el ver ese sitio de la memoria! ¿Por qué? Porque el territorio, el ciudadano, la ciudad que 
decide marcar un lugar como un sitio de la historia, nos permite, les permite a todos hacer ese 
aporte” (Versión taquigráfica del 5 de diciembre de 2017, plenario de la Cámara de Repre¬ 
sentantes) 

9 Ver: http://www.memoria.org.uy/#23 

10 En la madrugada del 18 de mayo de 1972,4 soldados mueren en una acción del MLN. Cumplía funciones 
custodiando el domicilio del Gral. Gravina, entonces comandante del Ejército. Hasta la actualidad permanecen 
diferentes versiones sobre si las muertes se producen en un tiroteo o si fueron ejecuciones. 



En otros casos, como lo refleja la posición expresada por el Senador Pasquet del PC, 
parece perderse el foco de lo institucional y sistemático -que es justamente lo que da el 
carácter diferencial a los crímenes de Estado frente a los particulares- quedando reducido 
a un análisis de conductas individuales de personas concretas que actuaron en nombre del 
Estado: 

Señor Pasquet (Senador, PC) “(...) queda también fuera de esta historia, parcial, frag¬ 
mentada, otra cosa: la acción abnegada, y en algunos momentos heroica, de soldados y policías 
que no mataron, que no torturaron, que no hicieron desaparecer a nadie, que no mancharon 
su uniforme con las atrocidades que otros uniformados sí cometieron. No todos los militares ni 
todos los policías fueron torturadores, asesinos ni violadores. Hubo uniformados que eran sim¬ 
ples soldados, simples policías que cumplieron su deber y salieron a enfrentar a los tupamaros 
porque recibieron la orden de hacerlo y porque al cumplir esa orden estaban defendiendo las 
instituciones y el orden jurídico. A esa gente nunca se le rindió ningún homenaje; a esa gente 
que cumplió abnegadamente con su deber, que se jugó la vida, y que en algunos casos la perdió, 
la sociedad uruguaya no le ha tributado el homenaje que merece, que mereció mientras vivió y 
que su memoria sigue mereciendo hoy. Esa es una parte de la historia que está absolutamente 
oculta, invisibilizada, como suele decirse ahora.” p.64. 

La posición del Doctor Pasquet, también evidencia desconocer el artículo 33 del Es¬ 
tatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuyo numeral número 2 se especifica: 
“A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes 
de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas" 1 / Por lo cual, el argumento de la existencia 
de simples funcionarios que cumplen órdenes no exime de responsabilidad personal, ni 
tampoco implica que la orden en sí, por venir de un cargo superior sea lícita. 

Repasados todos estos hitos de la discusión parlamentaria queda en evidencia la re¬ 
currencia argumental en torno a las responsabilidades por el quiebre institucional, la evo¬ 
cación de las acciones de la guerrilla y la dilución de las responsabilidades del terrorismo 
de Estado parece no agotarse a pesar del tiempo transcurrido desde la recuperación de la 
institucionalidad democrática. Las polarizaciones en este tema entre los representantes del 
Frente Amplio y de los partidos Nacional y Colorado mantienen una circularidad retórica, 
en los debates parlamentarios de los últimos 33 años. 

La amplificación de las posiciones de los diversos actores sobre los sentidos y los usos 
del pasado, los que generalmente ni se evocan ni se expresan, en coyunturas como éstas 
salen a la superficie dando cuenta de diferencias interpretativas sustanciales de la historia 
política hasta el punto de relativizar o incluso, justificar, el uso de la violencia estatal. 

En ese sentido, para leer el proceso que lleva finalmente a la aprobación del texto legal, 
es necesario desprenderse de esa capa argumental presente en las fundamentaciones para 


63 


11 


Ver: http://www.un.org/ spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


64 


avanzar a comprender las importantes definiciones concretas que esta ley determina en 
cuanto a la gobernanza de los sitios de memoria y a la memoria como política pública. 

A modo de cierre 

El tránsito de los monumentos, marcas, placas y fechas a los espacios de memoria, a 
los sitios recuperados, es una oportunidad de profundizar el tejido de las tramas que dan 
sentido a esas señales en el territorio, así como se convierten en espacios que multiplican los 
debates informados sobre nuestro pasado y presente. 

Las señalizaciones impulsadas en el marco de la Ley 18,596, son equiparadas al con¬ 
cepto de sitio de memoria desde todos los partidos políticos, incluido el oficialismo, quien, 
como impulsor de la política de señalización desde el MEC defiende la existencia de 46 
sitios de memoria. Lo correcto es señalar que, de los más de 80 centros de detención de pre¬ 
sos y presas políticos, identificados y listados por diversas investigaciones, organizaciones 
sociales y testimonios de sobrevivientes, hasta el momento solamente 2 de ellos han sido 
recuperados como sitios de memoria, la ex sede del Servicio de Información de Defensa 
(SID), actual sede de la INDDHH y un predio ubicado en la ciudad de Canelones uti¬ 
lizado por la Policía para secuestrar clandestinamente opositores políticos, torturarlos y 
recluirlos en vagones de tren en desuso. 

En cuanto a los sitios como espacios disponibles para la comunidad, y no simples seña¬ 
lizaciones, persiste como desafío la reapropiación territorial y simbólica de aquellos lugares 
que fueron centros de detención y tortura. Los espacios represivos que funcionaron no 
solamente en lugares clandestinos sino principalmente en Batallones, Cuarteles y Comisa¬ 
rías diseminados en todo el territorio nacional, tuvieron efectos no solo sobre los detenidos 
políticos, sus familias y grupos de pertenencia, sino hacia la comunidad que compartía el 
barrio, la localidad o el pueblo. Imponer la autoridad, a través del terror que genera la vio¬ 
lencia, fue una práctica de control social. 

En particular, en ciudades y localidades del interior del país, la impronta represiva que 
esos espacios militarizados representaron aún no ha sido investigada ni recuperada. 

Estamos frente a la oportunidad de elaborar, repensar y transformar las huellas trau¬ 
máticas de la conflictividad política y de las lógicas represivas y criminales desplegadas por 
el Estado en nuevas formas de apropiación de los territorios y las comunidades, para el 
despliegue de relatos y posicionamientos comprometidos con el respeto a los derechos hu¬ 
manos. Como señalara la Diputada Macarena Gelman en el debate parlamentario: “Se está 
ante el desafío de construir las herramientas que permitan avanzar sobre la identificación y 
reubicación de los relatos en los espacios materiales en que los crímenes de Estado ocurrieron”. 

No tenemos dudas de que estos desafíos podrán ser enfrentados en un escenario de 
gobernanza consagrado en esta ley que permite imaginar una Comisión Nacional Hono¬ 
raria que habilitará a una reorganización de visibilidades, liderazgos e interlocuciones en 



relación a las reivindicaciones en torno a la memoria, ampliando el espectro de participan¬ 
tes y decisores. 

En el mejor de los escenarios estas nuevas estructuras democratizarán los debates a 
través de la necesaria negociación en la toma de decisiones, produciendo movimientos en 
el seno de las organizaciones de víctimas y de militantes con larga trayectoria en este campo, 
las que tendrán un rol plural y activo. 

Por último, este debate parlamentario deja en evidencia que toda verdad enunciada 
debe ser puesta a dialogar con otras memorias y verdades posibles, no en el sentido de cues¬ 
tionar su autenticidad histórica, sino en el camino de fortalecer una pluralidad productiva 
y cuestionadora, donde Uruguay, tardíamente, emprende con la promulgación de la ley de 
sitios, un camino propio. 

Bibliografía 

DA SILVA CATELLA, L. (2004) “Pasados en conflicto. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas” 

En: Bohoslavsky, Ernesto; Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel (comps.); 

Problemas de Historia Reciente del Cono Sur, Volumen I, Buenos Aires: Prometeo Libros/UNGS. Pp.99-124. 
Didi-Huberman, Georges. Imágenes pese a todo. Memoria 

JELIN, E. (2002) Los trabajos de la memoria. Colección Memorias de la Represión. Volumen 1. Editorial 
Siglo XXI, España/ Argentina. 

RISSO, M. ABRAHAN, M. (2018) Desde el fondo del tiempo otro tiempo. Apuntes sobre el proceso de iden¬ 
tificación y recuperación para la memoria de los espacios represivos del terrorismo de Estado uruguayo. 

Revista Aletheia, volumen 8, número 16, junio 2018. ISSN 1853-3701 65 


Documentos 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/ 
rome_statute (s) .pdf 

Ley 19641 Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, https://www.impo.com.uy/bases/le- 
yes/19641 -2018/19 

Principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria. Instituto de Políticas 
Públicas de Derechos humanos del Mercosur. 2012. Link: http://www.ippdh.mercosur.int/principios- 
fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-de-sitios-de-memoria/ 

Versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión de Educación y Cultura del Senado entre el 12 de julio y 
el 25 de octubre de 2017, el plenario de la Cámara de Senadores del 5 de diciembre de 2017, la Comisión 
de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes del 9 de mayo de 2018 y el plenario de la Cámara 
de Representantes de la misma fecha. Ver el trámite parlamentario completo en el siguiente link: https:// 
parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/ 13 5482 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Foto: Martha Passeggi 


“Defender la Memoria como una trinchera” 

Los atentados contra los sitios y placas de Memoria, viene repitiéndose como una 
constante a partir de la reiterada prédica de determinados sectores -militares y civiles- em¬ 
peñados en negar o dejar en el olvido los graves hechos del pasado. 

No es necesario ser muy perspicaz para saber desde que lugares provienen estos he¬ 
chos, cuando los atentados se dirigen contra lugares que recuerdan las violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante la etapa del terrorismo de Estado. Cámaras de se¬ 
guridad mostraron a un militar retirado en plena tarea de afectar una Placa de Memoria. 

Los atentados al Memorial a los Detenidos Desaparecidos en el Cerro y a los erigidos 
en lugares de detención, muerte y tortura como lo fue el Penal de Libertad, son intentos 
por reivindicar la “lucha contra la subversión”, lenguaje que en cada ocasión esgrimen la 
Fuerzas Armadas para justificar sus atropellos. Meses atrás, el Comandante en jefe del Ejér¬ 
cito afirmaba que “a la gente le importa un comino lo que pasó hace 45 años” dando un claro 
mensaje en pos de la impunidad y del borramiento de la Memoria. 

También sufrieron atentados otras placas de memoria como las que rinden homenaje 
a Wilson Ferreira Aldunate, al Capitán de Navio Oscar Lebel (férreos opositores a la dicta- 




























dura cívico-militar) y a los Mártires Estudiantiles, esta última ubicada en el Espacio Emilio 
Frugoni. La misma suerte corrieron las emplazadas en la ex sede del FUSNA, en el ex Cen¬ 
tro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR) y en el Hospital Militar. 

Fue justamente frente a este hospital, que el 25 de junio se realizó un acto y concen¬ 
tración en repudio a los atentados militares contra las placas de Memoria, donde más de 40 
organizaciones convocaron y una treintena de personalidades y la INDDHH adhirieron 
a la iniciativa 1 . 

Estos hechos muestran que no se trata de una mera vandalización (terminología uti¬ 
lizada por los diferentes lugares oficiales) que podría ser realizada por cualquier persona, 
sino que forman parte de una serialidad planificada de atentados contra los lugares que 
pugnan por mantener viva la Memoria de la lucha y la resistencia a la dictadura. 

Como ejemplo de esto, además del rechazo y las denuncias realizadas por las organiza¬ 
ciones de Derechos Humanos, citamos la declaración del 25 de octubre de la Junta Depar¬ 
tamental de Montevideo. Esta expresó su “repudio a los actos sistemáticos de vandalización 
efectuados contra las placas y sitios de la Memoria” señalando que “estos hechos pretenden 
empañar la voluntad expresa del pueblo uruguayo de ‘Nunca Más Dictadura’ y la defensa 
irrestricta de la democracia”. 

Por eso, con la frase del título, las organizaciones de Derechos Humanos seguirán asu¬ 
miendo su compromiso y su lucha por Memoria, Verdad y Justicia y Nunca Más Terrorismo 
de Estado. 


1 En http://www.resumenlatinoamericano.org/201 8/07/25/uruguay-defender-la-memoria-como-una- 
trinchera/ se puede leer el texto completo de la proclama. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Montevideo, 27 de agosto de 2018 

Comunicado ante la vandalización del Memorial 

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos conde¬ 
na el atentado perpetrado contra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque 
Vaz Ferreira, Cerro de Montevideo. 

Una vez más, queda de manifiesto que la impunidad sigue reinando entre nosotros y 
atentando contra la democracia. 

El memorial es un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufren la desa¬ 
parición forzada. Obra que fue declarada de interés nacional obteniendo premios por su 
concreción arquitectónica a nivel americano. 

Para nosotros es un lugar donde nuestros familiares son reconocidos, y traídos a nues¬ 
tros días en cuanto ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país. El delito del 
68 que son víctimas es de los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad. 

Por lo expresado, es que esperamos que sean hallados los responsables de este lamenta¬ 
ble hecho y llevados a la Justicia. 

Porque el futuro es con 

Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 




Montevideo, 30 de agosto de 2018 

Comunicado - Invitación 

Repudio al atentado contra el Memorial 

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos conde¬ 
na el atentado perpetrado contra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque 
Vaz Ferreira, Cerro de Montevideo. 

Una vez más, queda de manifiesto que la impunidad sigue reinando entre nosotros y 
atentando contra la democracia. 

El memorial es un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufren la desa¬ 
parición forzada. Obra que fue declarada de interés nacional obteniendo premios por su 
concreción arquitectónica a nivel americano. 

Para nosotros es un lugar donde nuestros familiares son reconocidos, y traídos a nues¬ 
tros días en cuanto ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país. El delito del 
que son víctimas es de los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad. 

Alertamos que no podemos ver estos actos con indolencia. El pasado nos enseña que 
estas pequeñas manifestaciones son el anuncio de acciones mas graves en la medida que no 
se actúe con rapidez y determinación. 

El silencio y tibieza de los gobernantes y especialmente del Poder Ejecutivo, para po¬ 
ner coto firme a estas actitudes nos llena de profunda indignación y tristeza. 

No es una acción aislada, recordemos el robo al GIAF, las amenazas del Comando 
Barneix, etc. 

Exigimos de las autoridades competentes la mas firme determinación para buscar los 
responsables, someterlos a la Justicia y que estos actos no pasen a engrosar la larga lista de 
impunidad. 

Es por esto, que los invitamos a encontrarnos en desagravio de memoria de los deteni¬ 
dos desaparecidos, en el Memorial. 

Porque el futuro es con 

Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


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MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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30 de agosto 2018 

Oratoria de Madres y Familiares en el Día 
Internacional del Detenido Desaparecido 

Esto que acabamos de escuchar, es de hoy. ¿Cómo llegamos a esto? 

El 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido es un día marcado por 
el dolor y también por la lucha. Lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los com¬ 
pañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió y encontró caminos para 
denunciar y alertar al mundo. 

Aunque son prácticas de gobiernos autoritarios, dictatoriales, que usan las institucio¬ 
nes del estado para su arbitrariedad, es una modalidad que coexiste con gobiernos demo¬ 
cráticamente electos. Y se extiende a otras víctimas, no sólo adversarios políticos y sus fami¬ 
lias, sino a periodistas, ambientalistas, migrantes. 

La DF articula estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas como forma de 
invisibilizar su crimen y para que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y 
paralizante para los demás. Su mayor efecto es social y no cesa hasta que se encuentran los 
restos o se aclara el delito respondiendo nuestras preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿ Por qué ? ¿ Responsables ? 

Esa es nuestra principal tarea. Encontrarlos. Desarticular la impunidad que aún hoy 
los oculta y mantiene el delito vigente. Este crimen que permanece en el tiempo lo heredan 
los sucesivos gobiernos cuando creen que se puede pasar del régimen dictatorial, del Terro¬ 
rismo de Estado a la democracia como si fuera una simple transición, sin fricciones, como 
si fueran compatibles los crímenes de la dictadura con el sistema democrático. 

Ese rumbo inicial, de negacionismo e impunidad, en los años de Sanguinetti y Lacalle 
dejaron huellas muy hondas de inmensa gravedad para la democracia. 

Pero los tres gobiernos frenteamplistas que los siguieron, a pesar de los tibios avances 
en la reconquista de derechos avasallados en el pasado, tampoco jugaron un rol profundo 
que la contradijera, que corrigiera el rumbo, que posicionara a la justicia donde corres¬ 
ponde, que ahondara en la verdad y el esclarecimiento, que exigiera y quebrara el pacto 



de omertá , que diera de baja a los jefes que no colaborasen, que sancionara la mentira y el 
ocultamiento de sus funcionarios, que dejara sin efecto la ley de caducidad. 

También quedó postergada la imprescindible reformulación del papel de las FFAA, 
(pilar clave para el Nunca Más) discutiendo para qué y qué FFAA precisa este pequeño 
país. Su rol. ¿Cuántos efectivos? Sobre todo cuánta oficialidad -que se vio incrementada 
esos años-. Se debieron retirar los privilegios especiales que se auto otorgaron en dictadura, 
rectificar la ley orgánica, definir cómo educarlas (dejando atrás definitivamente la Doctrina 
de la seguridad nacional, con la que se siguen formando hoy), tener un plan de cómo incor¬ 
porar a la sociedad una Institución que cumplió un papel nefasto contra ella. 

Todo esto, lamentablemente no pasó. Recién la semana pasada...luego de idas y vueltas 
se votan dos proyectos al respecto, (jubilaciones y ley orgánica militar) cuyo impacto se 
verá recién dentro de 15 o 20 años. 

Esa conducta tímida y errática la denunciamos todos estos años. En estas políticas, 
creció la impunidad, se extendió, se fragilizó al sistema judicial. Las organizaciones de víc¬ 
timas, de familiares, asumimos entonces un rol mayor, no sólo de denunciantes, de deman¬ 
dantes. 

Lo logrado en estos años, ha sido por el trabajo, la movilización, la militancia de uste¬ 
des, de nosotros, de todas las organizaciones y colectivos que mantienen los reclamos de V 
y J, la memoria, y con ella las propuestas, la transmisión. 

Desde el histórico referéndum del voto verde, pasando por las causas judiciales, que 
incorporaron las prácticas de torturas, violaciones, abusos. El nacimiento del Observatorio 
Luz Ibarburu con su panorama abarcativo, que hoy nos permite cuantificar la ineficiencia 
de la Justicia. Las iniciativas reparatorias, leyes, placas, plazas, mojones de resistencia. El 
complejo trabajo de los archivos, los trabajos de memoria. Y las increíbles y conmovedoras 
marchas del 20 de mayo. 

La permanencia ha sido nuestro mayor logro. Esos espacios abiertos con tanto esfuer¬ 
zo, deben continuar, crecer y enriquecerse con el relevo de nuevas generaciones. 

Compañeros, compañeras...esta lucha no termina mañana ni en 10 años. Para que los 
estados rectifiquen su accionar, para que estas prácticas no se extiendan... como lo están 
haciendo, se necesita una sociedad consciente, permanente atenta y activa. 

Interpelamos todos estos años a los tres poderes del estado. Pues ellos son los respon¬ 
sables de la cultura de impunidad que prevalece. 

No renunciaremos a que el Poder Judicial incorpore los delitos de lesa humanidad 
como debiera hacer. Aunque la tardía justicia sea poco o nada reparadora, tenemos claro 
que la batalla por que se apliquen esos delitos que son imprescriptibles es imprescindible 
para la sociedad. 


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Hoy la fiscalía especial para delitos de lesa humanidad está desarrollando un trabajo 
serio y activo. Pero las causas judiciales naufragan mayoritariamente en la Suprema Corte 
de Justicia que mantiene su posicionamiento de prescriptibilidad sobre estos gravísimos 
crímenes. En breve tendremos la oportunidad de cambiar la mayoría en contra, al retirarse 
Chediak. 

El Parlamento debe nombrar un nuevo ministro y nuestro reclamo es por alguien que 
siga los acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Los delitos de lesa humanidad de¬ 
ben perseguirse siempre. 

No es correcto promover a jueces para la suprema corte negociando por debajo de la 
mesa entre gallos y medias noches, sin cristalinidad, sin transparencia, haciendo de la justi¬ 
cia una mercancía de cambio. 

En cada sentencia se juega nuestro destino como democracia. El Parlamento puede 
hacerlo. Ayer la Comisión investigadora del espionaje en democracia, decidió por unani¬ 
midad enviar todo a la justicia y presentar un proyecto de ley para acotar la actividad de 
Inteligencia, y ese es el lugar q precisamos ocupe el Parlamento. 

Sin información de calidad, con las mentiras de los comandantes, que son quienes 
tienen la obligación de suministrar la información, encontrar a nuestros desaparecidos es 
una tarea sumamente difícil, aunque el empeño y el trabajo sea mucho. Parece un juego 
de la mosqueta. Especialmente, cuando el ministro de defensa disculpó las mentiras del 
Comandante en jefe Manini Ríos al brindar un dato de enterramiento falso. Esa señal con¬ 
tundente, cerró toda posibilidad de recibir información, y las grandes dificultades que el 
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia arrastraba, se hicieron insostenibles. Para nosotros 
es un diseño agotado. 

No compartimos la idea de que sólo crear Institucionalidades es sinónimo de compro¬ 
miso y voluntad política. Esta voluntad debe estar al servicio de destrabar los obstáculos. 

Hace años que reclamamos se forme un equipo de investigación independiente de 
los poderes políticos, con potestades especiales, con presupuesto propio, con acceso a la 
información y con capacidad de ir a buscarla y exigirla en todo el estado. Mientras tanto, 
nuestros desaparecidos seguirán siendo rehenes de los militares desaparecedores. Y se man¬ 
tendrá la amenaza, que sobrevuela las legítimas luchas actuales y futuras contra todo tipo 
de desigualdades. 

Igual nos pasa con la fuga del ex coronel Eduardo Ferro mientras se esperaban los 
trámites de extradición. Represor emblemático y por lo visto influyente aún, que se fue de 
la cárcel sin que nuestro gobierno ni el gobierno español se enteraran!!!! Hoy es buscado 
internacionalmente por nuestra justicia y por Interpol. Finalmente, este mes el Estado uru¬ 
guayo resolvió una medida importante que hace tiempo reclamamos: retener sus haberes 
hasta que se presente a una embajada o Consulado de nuestro país. 



Esta voluntad medio cansina de nuestros gobernantes, es muy lamentable y deja un 
terreno libre, anodino, donde fermentan y crecen discursos peligrosos, como es apelar a las 
medidas prontas como una solución al aumento de la criminalidad, como planteó Faccelo 
del Partido de la Gente, o la propuesta de “vivir sin miedo” de Jorge Larrañaga proponien¬ 
do sacar los militares a la calle. Son acciones tan provocadoras como la vandalización a las 
placas y al Memorial. 

Debemos unirnos para contrarrestar ese discurso. Ya sabemos lo que trae y no debe 
avanzar. Y para eso debemos sumar nuestros esfuerzos. Sumar y sumar; abrir con más fuer¬ 
za espacio a otras voces, otras luchas... porque luchar contra la desaparición forzada, y el 
Nunca Más Terrorismo de Estado es luchar contra la impunidad del poder, es luchar por 
una sociedad más equitativa y libre; por una vida que valga la pena para todos. Queremos 
que esas luchas tengan su espacio legítimo, sin desaparecidos ni muertos, sin espionaje, sin 
impunidad. 

Es imposible establecer los caminos a seguir, sin la participación de miradas más jó¬ 
venes. Es imprescindible que tengan lugar activo en el intercambio en esta reflexión y nos 
ayuden a mirar con otra perspectiva. El hoy y el mañana les pertenece. 

Hay ganas y fuerza. Las multitudinarias Marchas del 20/5 a lo largo de todo el país, 
nos hablan de una sensibilidad que -ya establecida en nuestro pueblo- no cesa, y año a año 
suma nuevas generaciones. 

La movilización que encabezó Rebeldía Organizada logrando que la AUF desafectara 
de la selección a Zuluaga, denunciado ante la justicia por su actividad en la DNII, es un 
ejemplo de lo que pueden lograr la movilización ciudadana. 

Allí están las marchas del 8 de marzo y el potente movimiento que las inspira. Esto 
es parte de una conciencia que hemos acumulado como sociedad y debemos sumar para 
potenciarla. Es nuestro necesario desafío. 

Verdad justicia y memoria. 

No a la impunidad 
Nunca más terrorismo de Estado 


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La impunidad y todas sus consecuencias 

Espionaje militar y creciente intervención 
de las Fuerzas Armadas en política 


Milton Romani Gerner 1 


El panorama de la vigencia de los derechos humanos en Uruguay está, en parte, inevi¬ 
tablemente vinculada a la relativa autonomía que siguen teniendo las Fuerzas Armadas res¬ 
pecto al poder civil. Su expresión más contundente ha sido la negativa, resistencia y franca 
oposición a resolver todos los casos de desaparición forzada y enterramientos clandestinos 
en Uruguay y la falta absoluta de autocrítica institucional de la aplicación del terror desde 
el Estado. Pero no solo eso. El pasado ominoso perdura en múltiples planos. 

Prolegómenos 

Ha sido y es, una expresión de poder. El colectivo castrense se sigue colocando por 
encima de todo el sistema político con un pensamiento antidemocrático. Parecen actuar 
diciendo estamos acá al acecho, como una amenazas permanente y con intervenciones polí¬ 
ticas de neto contenido reaccionario, cuando no, de claro corte corporativo para su propios 
beneficios. 

Sus intervenciones están basadas en una ideología que perneó a todos los integrantes 
de las FFAA, fue, y sigue siendo, que los destinos de la nación (en lenguaje de Doctrina de 
la Seguridad Nacional, “objetivos nacionales”) son definidos, tuteados y custodiados por 
los hombres de armas. 

Están por encima de la soberanía popular, y por ende, de la Constitución y la ley, a 
la que obedecen hasta que autodefinen que ha llegado la hora que las FFAA intervengan 
para salvar a la patria. Es impensable un golpe militar al estilo de antes, pero los privilegios 
y el poder de los uniformados ha crecido y en forma paulatina, inciden y avanzan sobre la 
sociedad y la democracia para imponer puntos de vista o apoyar sectores políticos de de¬ 
recha con programas antipopulares. De alguna manera siguen imbuidos del pensamiento 
mesiánico expuesto por Primo de Rivera: “siempre ha sido un pelotón de soldados el que 
ha salvado la civilización”, y además, ellos son ese pelotón. 

La situación en la región viene dando sorpresas en una renovada presencia de los mili¬ 
tares en la escena política. En Argentina, el gobierno civil les ha cedido, por decreto, tareas 
de seguridad interna. En Brasil el fenómeno Bolsonaro está íntimamente vinculado a las 


1 Licenciado en Psicología. Docente. Embajador. Ex Secretario General de la Junta Nacional de Drogas. Ex 
Representante Permanente ante OEA. 



manifestaciones cada vez más abiertas del propio Comandante en Jefe del Ejército y de 
otros mandos sobre la situación política en abierto apoyo a los candidatos de derecha y de 
desprecio contra los otros. 

En Colombia vuelven a ocupar un lugar destacado luego de los fracasos de las nego¬ 
ciaciones de paz. En Venezuela y Nicaragua, aun con otro signo, la presencia autoritaria y 
represiva de los cuerpos militares son un síntoma de alarma. Inadmisible, por otra parte, de 
parte de gobiernos que se autoproclaman de izquierda. 

En Uruguay, el largo proceso de impunidad se remonta a la sanción de la Ley de Cadu¬ 
cidad (de la Pretensión Punitiva del Estado), expresión de los intereses políticos partidarios 
de mantener poderes en el sector militar. Forman parte de un escenario difícil, niveles de 
connivencia de algunos sectores políticos, cierta debilidad y falta de energía política de 
otros y sobre todos con la clara anuencia del Poder Judicial. Que ha optado por no adherir 
a la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos desconociendo el carácter 
de lesa humanidad los delitos cometidos durante dictadura. 

Y ciertos gestos, pocos, del Poder Ejecutivo, han culminado con el procesamiento de 
algunos iconos de la represión. De cualquier manera la cerrada omertá que rige en las FFAA 
impiden un esclarecimiento total de lo más ignominioso del periodo del terrorismo de 
estado: donde están los desaparecidos. Hoy como hace 40 años sigue siendo la demanda 
democrática que sigue negada a sus familiares pero también a toda la sociedad. 

La Fiscalía General de la Nación ha conformado, recientemente, una Fiscalía especia¬ 
lizada en Delitos de Lesa Humanidad que ha comenzado a actuar con diligencia y compro¬ 
miso. 

Sin embargo, no solo los cuarteles de la patria siguen fungiendo como cementerios 
clandestinos de nuestros conciudadanos desaparecidos, sino que se acumulan los hechos 
que muestran, una vez sí y otra también, que el pleno goce de los derechos humanos se en¬ 
cuentra persistentemente amenazados, por un poder que se coloca por encima de la Cons¬ 
titución y la ley, y que representa la zozobra, el miedo y las violaciones que se cometieron 
contra la población en los años de dictadura. Hay otros síntomas igual de peligrosos para la 
vigencia plena de los derechos. 

Las conclusiones de una Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes 
donde se demuestra la actividad de inteligencia desplegada entre 1985 y 2004 son elocuen¬ 
tes sobre la permanencia del pensamiento antidemocrático que inunda a las FFAA. 

Los recientes hechos que tuvieron como epicentro, pero no solo, a las actividades po¬ 
líticas del Comandante en Jefe del Ejército General Guido Manini Ríos reafirman estas 
previsiones y alertas sobre los derechos y garantías en Uruguay. 


75 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Sentencia del Caso Gelman 

Solo para tenerlo presente. Hay que señalar que el estado uruguayo asumió compro¬ 
misos cuando aceptó, en virtud de suscribir al Pacto de San José de Costa Rica, aceptando 
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la sentencia del Caso Gelman vs 
Uruguay de febrero del 2011. Dicha sentencia fue acatada y cumplida en parte por el estado 
uruguayo. Particularmente están incumplidas 

“En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investi¬ 
gación de los hechos del presente caso, afin de esclarecerlos, determinar las correspondientes res¬ 
ponsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, 

El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María 
Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a susfamilia¬ 
res, previa comprobación genética de filiación, 

El Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar 
el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos hu¬ 
manos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”. 

Democracia vigilada 

Una comisión investigadora de la Cámara de Representantes, ha concluido que en 
Uruguay existieron (¿existen?), servicios de inteligencia militar que hacen espionaje activo 
apolíticos, sindicalistas y militantes sociales con una clara dirección de encuesta: vigilar el 
movimiento de todo lo que se sospeche como subversivo, izquierdista, en una conceptuali- 
zación hija de la doctrina de seguridad nacional. 

Las conclusiones reunidas en esta investigación, sacan de la especulación el espionaje 
montado por las FFAA sobre la sociedad civil, rescatan como prueba contundente dos vo¬ 
luminosos archivos donde se procesó toda esa información y las declaraciones expresadas 
en ellas, demuestran también la connivencia de gobiernos civiles con estas actividades ilí¬ 
citas de los militares en democracia. “Está comprobado que todas las agencias de Inteligencia 
Militar y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior infiltraron, siguieron y espia¬ 
ron de manera ilegal y violatorio de los derechos individuales aún después de 1985, ya recupe¬ 
rada la democracia”, afirmó el Presidente de la Cámara Diputado Gerardo Núñez. 

Las conclusiones de dicha Comisión fueron votadas por toda la Cámara resolviendo 
elevar las mismas a la Fiscalía General. Ahora será la justicia penal la que deberá pronun¬ 
ciarse. Pero, como bien afirmó en su informe esta Comisión, merecen sobre todas las cosas 
un pronunciamiento de toda la Cámara de Representantes denunciando y condenando 
estas prácticas. 

La Comisión de la Cámara de Representantes que investigó el espionaje en demo¬ 
cracia y empezó a trabajar en diciembre de 2016 entregó su informe al pleno y señala que 



en casi dos años de trabajo se cursaron 167 invitaciones a concurrir ante la comisión para 
declarar y contribuir con la investigación; la mayoría a miembros y ex miembros de las 
Fuerzas Armadas, la Policía y servicios de inteligencia. 

Como muestra de una permanente no subordinación a los poderes civiles, 75 de esas 
personas, en gran parte integrantes del Ejército, declinaron asistir. Las Comisiones investi¬ 
gadoras no tienen facultades para hacer concurrir a los citados por la fuerza pública. 

Dos grandes archivos fueron incorporados a la investigación; el denominado “Archivo 
Castiglioni” -60 cajas con información, incautadas en la casa del fallecido coronel Elmar 
Castiglioni- al que no se pudo acceder totalmente porque el Poder Judicial dijo que estaba 
en etapa de presumario y el denominado “Archivo Berrutti” así denominado por la ex Mi¬ 
nistra de Defensa Azucena Berruti que actuando con firmeza lo rescato y envió al Archivo 
General de la Nación. Este último consta de cerca de tres millones de documentos y fue 
de vital importancia por aportar sustento documental a la investigación y para confirmar 
las hipótesis de trabajo que motivaron la conformación de la comisión, según afirma la 
Comisión. 

La Comisión recogió pruebas suficientes -“documentales y testimoniales”- que per¬ 
miten “afirmar que hubo espionaje ilegal en democracia contra la totalidad de los partidos 
políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, entes del 
Estado, el Poder Ejecutivo, personalidades, periodistas, integrantes del Poder Judicial y em¬ 
presas”. 

Esas prácticas “no fueron hechos aislados” sino que “obedecieron a una acción siste¬ 
mática y planificada, que se prolongó en el tiempo”, al menos de 1985 a 2005, y que invo¬ 
lucraron “a gran parte de la estructura de los servicios de Inteligencia del Estado” constitu¬ 
yendo una de sus “direcciones de trabajo”. 

Entre las conclusiones se indica que el espionaje ilegal se llevó adelante “mediante la 
utilización de fuentes cerradas para acceder a la información”, es decir que “se realizaron 
escuchas y grabaciones de conversaciones en locales partidarios y sindicales, infiltración y 
pago de informantes, allanamientos clandestinos de casas de las víctimas o de locales parti¬ 
darios y sindicales, seguimientos, presiones y operaciones encubiertas”. Además, se asegura 
que hay documentos y testimonios que dan cuenta de que varios agentes de inteligencia 
policial y militar, junto a funcionarios de la cancillería, “desarrollaban tareas de espionaje 
en condición de colaboradores o de dobles agentes al servicio de la embajada de Estados 
Unidos en Uruguay a través de la CIA”. 

La dictadura en Uruguay fue cívica y militar. La impunidad también 

En Uruguay, hay sectores políticos que promueven un mayor involucramiento de las 
FFAA en tareas policiales. Sectores que también siguen amparando la impunidad referida a 
los hechos de dictadura. Las reiteradas intervenciones del Comandante en jefe Guido Ma- 


77 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


78 


nini Ríos en diversos tópicos políticos le ha costado un arresto a rigor de 30 días impuesto 
por el Sr. Presidente Dr. Tabaré Vázquez. 

El motivo desencadenante fueron las opiniones críticas sobre la ley de modificación 
del sistema de Pensiones y Retiros que rigen para todos los uniformados. En efecto, el Sena¬ 
do ya votó esa ley que pretende reducir el enorme peso del déficit de esta caja: 580 millones 
de dólares anuales de aportes le cuesta el estado uruguayo. Los criterios normativos son 
expresiones de los privilegios que gozan en este terreno: con veinte años de servicio pueden 
retirarse con un porcentaje de retiro mayor del que gozan en actividad y sin topes de nin¬ 
gún tipo como rige para los civiles. El Gral. Manini Ríos se permitió criticar al Ministro de 
Trabajo Ernesto Murro. 

No es la única actividad polémica del General: en noviembre del 2017 Madres y Fa¬ 
miliares de Uruguayos Desaparecidos hacia publica una carta dirigida al Presidente donde 
se reclamaba su remoción por información falsa brindada al grupo. Denunciaban que: el 
Comandante Manini Ríos se reunió con el Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia y el 
ministro de Defensa Jorge Menéndez, para “aportar datos donde se marcó la ubicación de 
un supuesto detenido desaparecido y que en esa reunión “entregó un plano del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas” que indicaba “la zona donde estaría el enterramiento”, aun¬ 
que nunca permitió que los antropólogos que trabajan con las excavaciones “se reunieran 
con la persona que le dio la información para chequear”. “Lo informado por el comandante 
en jefe resultó falso, se excavó y no hubo hallazgo” añadiendo: “El terreno allí no tenía nin¬ 
gún rastro de haber sido alterado”. 

En su profusa actividad de Twitter, el Comandante en jefe, entre otras perlas, estampó 
la siguiente frase: “ Visitando el Regimiento de Caballería 3 en Rivera... con el mismo espíritu 
de servicio que anima a todo el Ejército, a pesar de todas las dificultades”, (acompañado de la 
foto de un escudo que se luce en dicho Regimiento,)... “Cuando la patria está en peligro, NO 
HAY DERECHOS, SINO DEBERES”. 

Toda una plataforma política. Toda una definición. 

Como corolario, y al mejor estilo del montaje escenográfico de una ópera, u opereta, 
en el cierre oficial de la Exposición Rural, evento donde el sector agropecuario siempre ex¬ 
presa sus reivindicaciones corporativas y las reiteradas críticas al gobierno, con la presencia 
de miembros del gobierno, la Banda Militar del Ejército desfiló entonando los compases de 
la Marcha militar “3 Arboles” identificada con el Partido Nacional. Tal exabrupto generó 
críticas políticas de todo orden, además de la sanción al Jefe de Estado Mayor. 

Estos hechos muestran una vez más las derivaciones en el plano de los derechos y de la 
democracia del régimen de impunidad y de la falta de energía democrática para sancionar 
los excesos de los mandos militares que no se avienen a las reglas de la democracia. 




Foto: Colectivo Rebelarte 

La memoria y la militancia en secundaria 


Matilda Ciganda | Manuela S. Methol 1 


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En mis tres años de militancia estudiantil (uno en el Gremio Estudiantil del Zorrilla y 
dos en el del IAVA) he enfrentado múltiples y diversas situaciones y reacciones que hicieron 
asegurarme y también (por suerte con menor frecuencia) dudar de mi lucha. 

El primer recuerdo que tengo de sentir miedo por luchar fue a principios de 4 o de liceo 
cuando, después de una actividad denunciando la impunidad de los ex militares, sacamos 
fotos y las subimos por las redes; a lo que un pariente mío me hizo un comentario que 
implicaba lo peligroso que puede ser mostrar nuestras caras tan públicamente en contra de 
las Fuerzas Armadas. A partir de ahí aprendí a ser un poco más precavida con mi actividad 
política, y sin ignorar nunca el hecho de que si en cualquier momento la corrupción y los 
atentados a los derechos humanos vuelven a hacerse notar en Uruguay, mi actividad y la de 
mis compañeras en estos años, está absolutamente registrada y fácilmente expuesta. 


Integrantes del Gremio Estudiantil del IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo). 


MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Sin embargo, esto nunca fue una gran preocupación y la militancia estudiantil siempre 
tuvo mucho más de disfrute que de miedo hasta que en mayo de este año (2018), junto 
con otros gremios de secundaria y UTU, nos propusimos realizar una intervención para 
convocar al estudiantado a la vigesimotercera Marcha del Silencio. Desde el Gremio del 
IAVA solemos hacer intervenciones para muchas fechas importantes, en general en los pa¬ 
tios internos que tiene el edificio, pero al estar estos inhabilitados por reformas tuvimos que 
recurrir a intervenir clase por clase. La intervención en sí consistía en que dos compañeros 
entraban a un salón de clases y pretendían secuestrar a otro (con total conocimiento del 
profesor y el compañero secuestrado), para después volver a entrar y avisar de una asamblea 
donde ex-presas políticas hablarían sobre su propia experiencia. 

Un video de esta intervención se viralizó y recibimos comentarios de todo tipo: algu¬ 
nos más violentos que otros, algunos tratándonos de tupamaros, otros mandarnos a estu¬ 
diar y “dejar la política para los ratos libres” (como si el estudio no dependiera absolutamen¬ 
te de la política),asumiendo posiciones que no compartimos, incluso recibimos amenazas 
de sacarnos la calidad de estudiante. Organizaciones y políticos de renombre exigieron a las 
autoridades del liceo que nos investigaran. Ante esto, mi primer reacción fue de despreo¬ 
cupación, estamos acostumbrados a recibir comentarios de odio por parte de mucha gente 
que solo se dedica a criticar todo lo que hacemos y no pensé que fuera nada diferente. Pero 
después que pasaron los días y seguíamos recibiendo amenazas y comentarios, empecé a 
replantearme lo que hicimos. 

Personalmente sabía que no estaba violando la laicidad (de lo que se nos acusó) y mu¬ 
cho menos haciendo campaña político-partidaria, pero tuve que reflexionar mucho sobre 
los mensajes que se entienden de mis acciones. 

Más tarde en el año, nos unimos con otros liceos a la ocupación masiva del mes de ju¬ 
nio. Nos encontramos con muchas personas criticándonos de nuevo, incluso muchos estu¬ 
diantes del liceo, pero cuando teníamos instancias de asamblea para decidir si la ocupación 
seguía o se levantaba, la mayoría de los votos iban para la opción de seguir (pese a haber 
hecho todos los esfuerzos posibles para avisar a todo el estudiantado de la oportunidad de 
votar). Esto me dio la idea de que la mayoría de las personas cuyas críticas recibimos o no 
eran estudiantes del liceo y si lo eran, no les interesaba realmente participar de las decisio¬ 
nes que tomamos como gremio sino simplemente criticar nuestras acciones. 

En lo que a profesores y autoridades respecta, he tenido la suerte de cruzarme con 
aquellos a quienes mi militancia no les molestaba e incluso quienes me han apoyado, pero 
se de muchos compañeros y compañeras a quienes los profesores tratan mal o le ponen 
obstáculos en su desarrollo académico solo por su actividad política. 



Más allá de todo, planeo continuar con la militancia cuando termine el liceo en los 
grupos que encuentre. Sé que cuanta más represión encontramos es cuando más tenemos 
que redoblar la fuerza con la que nos enfrentamos a ella. 

Matilda Ciganda 


A lo largo de los años, el Gremio Estudiantil del IAVA se ha dedicado a hacer interven¬ 
ciones, asambleas, talleres y distintos tipos de manifestaciones para generar en los estudian¬ 
tes la capacidad de reflexión, de crítica, para que podamos repensarnos a través de nuestro 
pasado. Para revivir la memoria. 

Pero, ¿qué es la memoria? ¿por qué es tan importante? El sociólogo Michael Pollak 
sostiene que “La memoria es un elemento constitutivo del sentido de identidad, tanto indi¬ 
vidual como colectiva, en la medida que es un factor extremadamente importante en el senti¬ 
miento de continuidad y de coherencia de una persona o de un grupo en su reconstrucción de 
sí mismo” 2 . Personalmente me siento muy afín con su definición. Creo que es esencial para 
entendernos como individuos y como sociedad en su conjunto conocer nuestro pasado, 
nuestra historia; y no sólo conocerla, sino también hablarla, problematizarla, analizarla y 
trabajar sobre ella, y poder así reconstruir nuestra identidad. 

Recordemos que el liceo IAVA es bastante particular dentro de la historia reciente de 
nuestro país: fueron muchos los estudiantes de este liceo detenidos y desaparecidos duran¬ 
te el período de terrorismo de Estado. Tal vez sea por esto que en el Gremio le damos tanta 
importancia a recordar y repensar el pasado: queremos (o al menos así lo creo yo), generar 
conciencia en el estudiantado. Queremos que se cuestionen, que no se conformen con el 
presente sino que, a través de la memoria , sean capaces de tener una mirada crítica, que 
luchen para crear cambios sociales y hacer del mundo un lugar un poco más justo. Generar 
conciencia es generar cambio. 

Por otro lado, el GEI se caracteriza por recurrir a lo artístico para, valga la redundancia, 
generar conciencia. Desde mi punto de vista el arte es una herramienta única e inigualable 
a la hora de sensibilizar y de “llegar” a la gente. Si el arte es un lenguaje universal, ¿por qué 
no utilizarlo para expresarnos, para repensarnos, para hacer pensar? Según mi experiencia, 
son las manifestaciones artísticas las que mejor logran conmover, concientizar y convocar 
a actividades, ya que el arte tiene eso de humano, de cercano, de honesto, que hace que nos 
llegue a todas las personas por igual, sin hacer ningún tipo de distinción. Es por esto que 
solemos hacer manifestaciones artísticas para referirnos a la memoria. 

En marco del 20 de Mayo y de la Marcha del Silencio, se nos ocurrió hacer una Asam¬ 
blea Estudiantil con dos oradoras que fueron además de presas políticas, testigos de la sis¬ 
temática violación de los derechos humanos que caracterizó a la dictadura uruguaya: Lucía 


81 


2 Pollak, Michael. Memoria e identidad social, Viena, Estudios Históricos, 1992. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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Arzuaga y Marisa Fleitas. Al invitarlas quisimos también, darle voz a dos mujeres que no 
sólo tuvieron que soportar y enfrentar situaciones de extrema violencia sino también tener 
el valor de salir adelante y denunciar, en el contexto de una sociedad que se empeña por 
ocultar e invisibilizar los hechos mediante la impunidad. 

Para convocar a los estudiantes tanto a la Marcha como a la Asamblea, decidimos, 
nuevamente, recurrir a lo artístico. Al no tener a disponibilidad el espacio que gene¬ 
ralmente utilizamos para estas ocasiones (los patios internos del IAVA), tuvimos que 
buscar otras formas para hacernos oír. La idea de la intervención del secuestro surgió 
de una intergremial y se bajó al plenario de todos los gremios estudiantiles. En el GEI 
nos pareció excelente ya que además de permitirnos pasar clase por clase, era una buena 
forma de conmover y revivir la memoria de forma explícita ya que, de hecho,secuestro 
de estudiantes ocurrieron realmente en el IAVA durante el período de la dictadura. Sin 
embargo, desde el principio fuimos conscientes del choque emocional que esto podría 
provocar, por lo que tuvimos especial precaución de avisarle a todos los docentes y, por 
supuesto, al “secuestrado” (de hecho, la mayoría de los “secuestrados” eran integrantes 
del gremio). Además, quisimos prevenir situaciones estresantes innecesarias por lo que 
intentamos avísale a todos los compañeros que sabíamos son más propensos a asustarse 
o alarmarse para que desde un principio supieran que el “secuestro” no era real. Una 
vez finalizado, tanto secuestrados como secuestradores volvían a la clase para invitar a la 
marcha y a la asamblea. 

Las intervenciones en general tuvieron mucho éxito. Los estudiantes no solo se sor- 
prendieronalprincipio, sino que luego se interesaron sobre el tema, nos hacían preguntas, 
discutían entre ellos, pensaban, recordaban. De hecho, la Asamblea con Lucía y Marisa fue 
muy concurrida, y se generó un ambiente de crítica y reconstrucción del pasado. Sin embar¬ 
go, tras la viralización de un video de uno de los “secuestros”, el foco pasó de ser la Marcha, 
la lucha y la memoria, a una intervención que únicamente cumplía el fin de concientizar, 
hacer recordar e invitar a otras actividades, y jamás imponer ideas o perturbar la clase. 

Personalmente quedé muy dolida frente a la reacción del público: el video había 
sido sacado completamente de contexto, los medios decían que habíamos entrado a las 
clases sin permiso, que nadie estaba enterado. Algunas personas dijeron que era una 
violación a la laicidad, que estábamos modificando la historia, e incluso que hacíamos 
militancia político-partidaria. Hubo también personas que nos apoyaron, sobre todo 
funcionarios del IAVA que conocían un poco mejor el funcionamiento de las inter¬ 
venciones del gremio. Sin embargo, fue tanto el acoso y la violencia que recibimos que 
llegué a temer por la seguridad de mis compañeras y la mía propia. Tanto gente oculta 
bajo el anonimato como políticos conocidos nos acusaron de muchísimas cosas que 
jamás tuvimos la intención de hacer. Nos insultaron y acosaron, siendo la mayoría de 
nosotras, menores de edad. 



Pero cuando escuché que se nos quería quitar la calidad de estudiante, el mundo se me 
desbordó. ¿Cómo podía ser que nos quisieran arrebatar el derecho de estudiar, de aprender, 
de conocer? ¿Con qué criterio? ¿Por hacer una intervención artística para convocar a una 
actividad? ¿Por querer generar conciencia? ¿Por querer recordar eventos del pasado? ¿Por 
intentar que no nos olvidemos ? Porque tal vez sea ese el mayor miedo de quienes tienen po¬ 
der: que los jóvenes entendamos. Que nos manifestemos, que nos expresemos. Que seamos 
conscientes. Que tengamos memoria. 


Manuela S. Methol 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Se retomarán las excavaciones en el Batallón de 
Infantería Paracaidista N° 14 de Toledo 


El Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Perciballe, solicitará a la Jus¬ 
ticia el reingreso al Batallón de Infantería ubicado en Toledo para retomar la búsqueda de 
restos de detenidos desaparecidos. 

Esta decisión fue tomada luego del informe presentado por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) que, con la utilización el geo-radar, constató “anomalías” en 
el predio del mencionado Batallón. 

El Informe fue presentado a la la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Re¬ 
ciente y en sus conclusiones señala que el terreno de ese lugar fue removido. Se trata ahora 
de investigar el por qué de esas alteraciones en el terreno. 

En esa misma unidad se encontraron, en 2011, los restos del maestro Julio Castro, y un 
año después, a pocos metros de ese lugar, se hallaron los restos de Ricardo Blanco Valiente. 


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“Un gol a la impunidad” 

A mediados del mes de abril, el Colectivo Rebeldía Organizada, junto a Madres y Fa¬ 
miliares de Detenidos Desaparecidos, acompañados por integrantes de otras organizacio¬ 
nes sociales, sindicales y de derechos humanos entregaron, a quien fuera en ese momento 
presidente de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), Wilmar Valdéz, una carta firmada 1 
por unas 30 organizaciones y más de media centena de personalidades, donde se solicitaba 
la destitución de Miguel Zuluaga, responsable de la seguridad de la selección uruguaya de 
fútbol. 

La carta (acompañada de una carpeta con documentación probatoria), tenía como 
propósito poner en conocimiento a las autoridades de la AUF de las denuncias que pesan 
sobre él. Un fragmento de la carta expresa: “El caso de Miguel Zuluaga es uno en donde se 
hace imperiosa una condena social. Ya que se trata de un funcionario de jerarquía, que más 
allá de todos los obstáculos judiciales se puede concluir que claramente tuvo responsabili¬ 
dad en las violaciones a los DDHH durante la dictadura, ya que operó en el Depto. IV de la 
Dirección de Información e Inteligencia nada menos que entre los años 1974-76. Cuando 
las peores violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar”. 

Miguel Zuluaga era subcomisario de la DNII, lugar donde se torturó y violó a mili¬ 
tantes de izquierda, en el marco de la denominada “Operación Morgan”. Estas denuncias se 
encuentra asentada en el Juzgado Penal de 17° turno desde el 2011, donde se acordonan de¬ 
cenas de testimonios, quienes lo reconocieron en la DNII cuando allí había detenidos. La 
carpeta entregada contenía, además de las referencias judiciales, textos, cartas de víctimas 
que allí sufrieron torturas, testimonios de dos detenidos en la dictadura: Rubén Waisrub 
y Luis Libschitz sumado a un acta de interrogatorio de la Dirección Nacional de Informa¬ 
ción e Inteligencia del año 1979 que ubica a Zuluaga como subcomisario del Departamen¬ 
to, lo que surge de documentación de Presidencia de la República, en el libro “Investigación 
Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en Uruguay 1973 - 1985”, de Alvaro 
Rico. Prueba suficiente para que el jefe de seguridad sea destituido del cargo. 

En la sede de la asociación, Wilmar Valdez junto a otras autoridades, recibieron la 
información comprometiéndose a estudiarla y dar una respuesta al respecto, manifestando 
que también están comprometidos con el tema. 


1 Asociación Civil Rebeldía Organizada, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Aso¬ 
ciación de Docentes y la Agremiación Federal de Funcionarios de la UdelaR, Confederación de Federaciones 
de Funcionario del Estado, FEUU, Mesa Permanente por DDHFi, Plenaria Memoria y Justicia, Sindicato del 
Taxi, Asociación de Empleados de Estadística y Censos, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Contacto 
Sur, Conaicop, Postaporteña@, Sindicato Unico de Trabajadores del Mar y Afines, Unión de Trabajadores Ru¬ 
rales y Agroindustriales del Sur del País , Confederación de Federaciones de Funcionario del Estado (COFE) 
entre muchas otras organizaciones y colectivos, junto a tantísimas personalidades del medio. 


MEMORIA E IMPUNIDAD 




DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Richard Mariani (vocero de Rebeldía Organizada) manifestó que hubo preocupación 
y sensibilidad por parte de las autoridades frente a estas acusaciones, considerando que 
Zuluaga forma parte de la seguridad de la AUF desde el 2000 y hasta ese momento, viajaría 
con la delegación al Mundial de Rusia 2018. 

Pocos días antes de la presentación de esta denuncia en la AUF, el abogado de Zuluaga 
manifestó a la prensa que su cliente sufrió un “escrache público”, queriendo “generar confu¬ 
sión” ante el inminente viaje de la selección. 

A mediados de mayo, mediante un comunicado de prensa, la Asociación Uruguaya de 
Fútbol informó que el encargado de seguridad de la selección nacional no viajaría al Cam¬ 
peonato Mundial Rusia 2018, tras analizar las denuncias referidas a su responsabilidad en 
las violaciones a los DD.HH durante la pasada dictadura cívico-militar. 

El pasado 11 de noviembre, Miguel Zuluaga denunció por “difamación e injurias” 
a Richard Mariani, vocero y cara visible de la campaña quien compareció ante la Fiscalía 
Penal de 4 o Turno. 

Con claridad y contundencia, Richard Mariani que “no hay lugar para la difamación y 
la injuria” debido a la que la campaña que se hizo de manera “respuetuosa” pero con firmeza 
ya que se basaron en pruebas “innobjetables”: documentos oficiales del estado uruguayo, 
actas y testimonios de personas que están vivas. “Esto no se puede desconocer”, reclamó 2 . 

Sería muy saludable que se escuchara la propuesta de todas las organizaciones que apo¬ 
yan la campaña, a Richard y la destitución de Zuloaga, citando a quien debe responder por 
86 los delitos cometidos durante la dictadura. “Estoy tranquilo porque la verdad está escrita y 
de ahí él no va a poder escapar”, manifestó Mariani. 


2 https://ecos.la/UY/13/Sociedad/2018/ 11/14/28424/mariani-la-verdad-esta-escrita-de-ahi-zuluaga-no- 

va-a-escapar/ 





Montevideo, 13 de noviembre de 2018. 

Comunicado de prensa 

Ante la denuncia presentada por Miguel Ángel Zuluaga contra Richard Mariani, inte¬ 
grante de la Asociación Civil Rebeldía Organizada, la Asociación de Madres y Familiares 
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresa que: 

1 - Madres y Familiares -junto a más de 30 Organizaciones Sociales de Derechos Hu¬ 
manos y Sindicales e innumerables firmas de particulares- también fue firmante de la nota 
y carpeta entregadas ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en abril de este año, 
referente a las denuncias que pesan contra Miguel A. Zuluaga, desde hace mucho tiempo. 

2 - Reafirmamos en todos sus términos lo expresado en esa denuncia que hicimos pú¬ 
blica, antes y después de presentarla ante la AUF. 

3 - Participamos en la reunión en la AUF, junto a representantes de otras Organiza¬ 
ciones, para fundamentar los motivos de esta denuncia, los cuales fueron tenidos en cuenta 
por dicha Asociación con los resultados públicamente conocidos. Los mismos fueron: 

a) En este país hubo un golpe de Estado, y en esa actuación por fuera de la Constitu¬ 
ción y la ley, se cometieron todo tipo de crímenes aberrantes; 

b) La Justicia debería laudar también penalmente en el caso Zuluaga, como en más de 
200 denuncias que a lo largo de más de 30 años hemos hecho las organizaciones y personas 
sobre las torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de niños, etc. Sobre quienes 
cometieron los delitos, quienes los ordenaron y quienes los asistieron. Dichas denuncias 
aún están en trámite, sin resolución...; 

c) Producto de la inacción judicial es la impunidad que como sociedad vivimos. Esa 
impunidad es la que disfrutan los criminales de Estado, reciclados entre nosotros como si 
nada de esto hubiera ocurrido; 

d) No mentimos cuando decimos que existe una denuncia penal presentada en el año 
2011, donde entre otros funcionarios de la DNII es acusado Miguel Zuluaga. No menti¬ 
mos cuando decimos que Miguel Ángel Zuluaga revistó en la DNII (Investigación His¬ 
tórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay, 2009). No mentimos 


87 


MEMORIA E IMPUNIDAD 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


cuando decimos que fue partícipe de las torturas, en los archivos del MDN existen actas 
de interrogatorios por él firmadas (cuando los interrogatorios se realizaban bajo tortura). 

4 - Nos solidarizamos con Richard quien fue un firme y respetuoso vocero en los me¬ 
dios, junto a otros compañeros, sobre esta denuncia de la que participamos. Esperamos 
que todas las Organizaciones seamos citadas para aclarar esta situación en la que la única 
responsabilidad es de Zuluaga y de la tardanza de la Justicia. 

5 - La Justicia no sólo debe ser rápida para citarnos y corroborar las fuentes de estos 
dichos (que fueron todas presentadas a la AUF), sobre todo debiera serlo para que estas 
personas implicadas en el oscuro período de dictadura y Terrorismo de Estado sean juzga¬ 
das y no continúen impunes. 

6 - La denuncia penal, no es el único camino para dar a conocer la verdad. La denuncia 
ciudadana fundada y responsable fue una alerta muy positiva para tomar conciencia y co¬ 
rregir una situación que daba un triste y peligroso mensaje al mundo. 

De un tiempo oscuro solo salimos con Verdad y Justicia. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos 


88 




Seguridad Democrática 
y Derechos Humanos 


Foto: Lucía Melgarejo 






Dichos y entredichos que importan 


Mariana Mosteiro 1 


Como fue de público conocimiento, las declaraciones del director Nacional de Policía 
durante una entrevista con El Observador 2 ,generaron polémica entre apoyos y críticas por 
parte de distintes representantes del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo como 
del Poder Judicial. 

En el presente artículo se intentará abordar y analizar algunos fragmentos de la men¬ 
cionada entrevista, problematizando el impacto de los discursos en las prácticas cotidianas 
y el direccionamiento de las políticas bajo la órbita del Ministerio del Interior, así como 
los posibles efectos sobre una expansión de la alarma social en torno a estas problemáticas. 

Durante todo el transcurso de la entrevista, Layera insiste una y otra vez sobre la im¬ 
portancia de que diversos organismos del Estado -como el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), El Banco de Previsión Social (BPS) y los relacionados a la gestión de la educa¬ 
ción-, compartan información con el fin de poder armar “perfiles”. 

“El gobierno está muy compartimentado. La policía no accede a determinada informa¬ 
ción que tiene el MIDES porque dicen que es reservada. No accedemos a la información del 
BPS ni a la de secundaria o primaria que nos permitiría contextualizar y ver el perfil de la 
gente con la que estamos tratando. Saber cuántos estudian, cuantos están registrados en el BPS 
y podemos saber cuántos están afuera del sistema. No quiere decir que sean todos violentos, pero 
nos da una idea del crecimiento, pero eso no funciona” 3 . 

Otra vez aparece la desafiliación y la marginalidad directamente vinculada a la ex¬ 
pansión y reproducción de conductas tipificadas como delitos. Todo esto además, en un 
intento de homogeneización de las y los “excluidos”, que también viene siendo discutido 
teóricamente hace ya bastante tiempo, “(...) la imagen convencional de los excluidos como 
similares y estáticos traiciona por su homogeneidad y fijeza su verdadera naturaleza, una ca¬ 
tegoría ideológica, un agrupamiento de “demonios locales” en el proceso de creación del “otro” 4 . 

En definitiva la construcción de los y las peligrosas de los cuáles urge “defender a la 
sociedad” 5 . 


1 Integrante del Servicio Paz y Justicia Uruguay. Licencianda en Sociología- Udelar. 

2 https://www.elobservador.com.uy/ nota /-un-dia-los-marginados-van-a-ser-mayoria-como-los-vamos-a- 
contener—2018512500 

3 Ibid 2. 

4 Young, Yock (2008). “Merton con energía, Katz con estructura” en: Delito y Sociedad , N°25 pp.(63-87). 
Ediciones UNL: Buenos Aires/Santa Fe. 

5 Foucault, Michelle (2008). Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 


91 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


92 


Estas afirmaciones lejos de inscribirse dentro una vasta literatura de las corrientes crí¬ 
ticas o realistas de izquierda -criminológicamente o sociológicamente hablando-, demues¬ 
tran una vez más, al discurso positivista-higienista sumamente arraigado en las concep¬ 
ciones de un cargo de confianza, bajo la dirección política de un gobierno definido como 
progresista. 

A través de este discurso se legitima la selectividad y captación del sistema penal en los 
sectores más castigados y vulnerados. Por lo tanto, es un discurso que retrocede al menos 
cien años en cuanto a la producción de saberes sobre la temática, criminalizando y estig¬ 
matizando a los y las mismas de siempre. Reduciendo otra vez a un análisis simplista un 
fenómeno tan complejo, que tiene diversas aristas y focalizándose en el/la autora del delito 
y por tanto en “lxs enemigxs”. “Este es quizás el principal reproche que deba formulársele al 
positivismo criminológico: el de ocultar los problemas políticos, económicos y sociales que giran 
alrededor de la cuestión criminal. Aunque también debe confesarse que ello no sucedió con 
todos los positivistas”. 6 

Llama la atención que en algunos párrafos posteriores, nombra al poder económico 
y no lo relaciona en absoluto como un posible factor de aumento de la violencia societal, 
tomando en cuenta que el factor de la desigualdad, de la “privación relativa”, de la inclu¬ 
sión perversa o “bulímica” en términos de Young, deberían ser conceptos enfáticamente 
utilizados cuando hablamos de posibles factores que influyan en la criminalidad. “El con¬ 
cepto del gueto no era tanto el estar simplemente excluido, sino más bien el de estar demasiado 
fuertemente incluido en la cultura pero sistemáticamente excluido de su realización. Todo esto 
recuerda a Merton, pero en la modernidad tardía la implosión de la cultura más amplia sobre 
lo local se intensifica dramáticamente. Tenemos un proceso que yo relacioné con la bulimia del 
sistema social: una sociedad que canta el mantra liberal de la libertad, igualdad yfraternidad 
y, sin embargo, en el mercado de trabajo, en las calles, en los contactos cotidianos con el mundo 
exterior, practica sistemáticamente la exclusión” 7 Es extraño que todas estas cuestiones que¬ 
den por fuera de su análisis, más tomando en cuenta como el Director es presentado por el 
entrevistador “Layera es uno de esos oficialesformados en la escuela de los inspectores Roberto 
Rivero y Julio Guarteche, que estudian el delito no sólo desde una perspectiva represiva sino 
social, por eso afirma que en algunos lugares lo que se precisan son sociólogos y no policías” 8 . 

Como se viene señalando en párrafos anteriores, el Director Nacional de Policía elije 
dejar por fuera a una serie de delitos y personas que difícilmente son captados por el sistema 
penal y tampoco son condenados socialmente. Paradojalmente, estos crímenes, aquellos 
relacionados con la economía, con profesionales, con el narcotráfico, etc., ya problemati- 
zados por Sutherland y profundizado por otrxs autorxs, denominados de “cuello blanco” 9 , 


6 Anitua, Gabriel Ignacio (2015). Historia de los pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Didot. 

7 Ibíd.4. 

8 Ibíd. 2. 

9 Sutherland, Edwin (1999). El Delito de Cuello Blanco. Madrid: La Piqueta. 



suelen ser bastante más nocivos a nivel macro social, desencadenando otras violencias, que 
son funcionales o reproductoras del orden social establecido. 

Juan Pegoraro, ha dedicado gran parte de su producción intelectual a esta mirada so¬ 
bre el delito y afirma lo siguiente: “Elestablishmenty los medios masivos de comunicación no 
dejan de enfatizar la idea de la peligrosidad de las clases populares que serían las que cometen o 
amenazan con cometer delitos que atentarían contra el orden social;y esto es sólo relativamente 
cierto ya que el orden social se reproduce de manera prioritaria delictualmente por medio de 
un amplio arco de ilegalidades que realizan aquellos que pertenecen a la estructura de poder, 
al establishment, y en especial el sector económico-político-financiero tanto local como inter¬ 
nacional, que continuamente actúan eludiendo leyes y controles que ellos mismos promueven 
o dictan en el ejercicio depoderes institucionales. Considerando esto sugiero como hipótesis que 
los delitos populares o comunes cumplen la función de crear las sensación de que son la gran 
amenaza al orden social y a la vida ciudadana neutralizando la comprensión crítica del orden 
social” 10 . A diferencia de los conflictos mencionados permanentemente por el oficial, cla¬ 
ramente no causan el pánico moral ni la alarma social que si generan los “delitos comunes”. 
Particularmente, es curiosa la alusión permanente del combate al Narcotráfico, cuándo en 
general el delito que se logra reprimir es justamente aquel que está ligado al Microtráfico 
Otra vez el peso cae sobre el eslabón más débil de poder, en una espiral que claramente es 
motor de alta conflictividad. 

De igual forma, queda por fuera de lo vertido en la entrevista, una manifestación bru¬ 
tal de la violencia y es aquella basada en género, que en nuestro país no es para nada deses¬ 
timable sino que es más bien trascendental. Y esta temática tampoco puede ser abordada 
únicamente desde la perspectiva penal o represiva, porque en definitiva, siempre estamos 
actuando sobre hechos aberrantes que ya fueron cometidos. Ya comprendimos que es un 
problema mucho más extenso y profundo, relacionado con un orden social que es patriar¬ 
cal y machista, porque así fue construido. La transformación es cultura, es social y el Estado 
debe garantizar y desarrollar políticas que la promuevan, así como también actuar eficaz¬ 
mente cuando la situación está trascurriendo. 

Tomando en cuenta las ideas desarrolladas previamente sería bastante complejo sos¬ 
tener -o al menos incómodo- “un día los marginados van a ser la mayoría, ¿cómo los vamos 
a contener?” 11 . Además de la esquematización burda en esta afirmación, en definitiva, es la 
aceptación de que efectivamente preocupa más defendernos de esxs “otrxs” que preguntar¬ 
nos como se generó y como se sigue profundizando esta situación social, además de crimi¬ 
nalizar y reforzar la estigmatización y condena a los depositarás de todos los males sociales 
de siempre. Nos deja en un lugar inmóvil. 


93 


10 Pegoraro, Juan (2013). “El Lazo social del delito económico: un enfoque sociológico del orden social” en: 
Delito y Sociedad. N°31 pp. (57-89). Ediciones UNL: Buenos Aires/Santa Fe. 

11 Ibíd. 2. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Sobre el diagnóstico acerca de que nuestro país va en camino a los niveles de con- 
flictividad y violencia de otros países del continente tampoco parece inocente, sobre todo 
cuando empíricamente no hay sustento que respalde semejante aseveración. Tampoco es 
casual que este debate -que se ha generado a partir de las declaraciones de Layera- se den en 
el contexto de la presentación por parte del Ejecutivo de un proyecto que representa retro¬ 
cesos en garantías previstas por el nuevo CPP, sin tan siquiera esperar un tiempo prudente 
para evaluar su implementación. 

En momentos donde una gran parte de la ciudadanía se encuentra completamente 
permeable a discursos que vaticinan catástrofes respecto a la “seguridad”, reforzar los mis¬ 
mos es -al menos- irresponsable. En primer lugar, porque gesta las condiciones para que 
la percepción sea la de una total desprotección por parte del Estado y la gente comience a 
tomar la mal llamada justicia por mano propia o se extienda el reclamo de “mano dura” en 
extremos inmanejables, ya que nunca va ser suficiente. También se profundizan los relatos 
y acciones de odio sobre todxs aquellxs que no se ajusten a nuestras prácticas, costumbres, 
pensamientos, elecciones, que no compartan los mismos espacios o transiten los mismos 
lugares, etc. Lo desconocido se vuelve siempre sospechoso, peligroso, y ante este estado de 
situación las respuestas suelen incrementar los diversos tipos de violencias. 

La visión del Director Layera respecto a la Institución dónde se desempeña, también 
puede llegar a desarrollar consecuencias nefastas sobre la misma. 

Nunca se debe perder de vista, que estamos hablando de personas que trabajan allí 
donde el Estado ejerce el monopolio de la violencia física, la fuerza represiva y coercitiva. 

94 Los funcionarios y funcionarías tienen-nada más y nada menos- que el poder de muerte so¬ 
bre el resto de las y los ciudadanos. Al igual que pueden llegar a estar expuestos a situaciones 
extremas. Y lejos del tremendismo es un dato de la realidad; “La institucionalización de es¬ 
tas subjetividades prepara a los agentes para convertirse en “policías”, lo que implica asumir que 
partefundamental del proceso de su (trascendental) tarea sea la muerte. La propia y la ajena. 
El poder matar y el poder morir son inescindiblesy hacen a la definición del trabajo policial” 12 . 

Generar en el imaginario colectivo policial un estado calamitoso, puede implicar que 
se preparen para el mismo y actúen en consecuencia, desatándose grados de violencia ins¬ 
titucional inadmisibles. Es por esto, que el respaldo por parte de las autoridades minis¬ 
teriales 13 y algunos actores del sistema político hacia los dichos de Layera son realmente 
preocupantes e igualmente irresponsables. Más tomando en cuenta que los medios hege- 
mónicos de comunicación y la oposición, en particular los partidos de derecha, hacen eco y 
utilizan estas expresiones para fundamentar las políticas de mano dura y expandir el estado 
de alarma pública. Exceptuando algunas posturas minoritarias críticas dentro del Oficialis- 


12 Galvani, Mariana (2016). Como se construye un policía. La federal desde adentro.Buenos Aires: Siglo Vein¬ 
tiuno Editores. 

13 http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/05/14/23299/jorge-vazquez-ministro-i-de-interior-respaldo-a- 
mario -layera/ 



mo, dónde incluso se pidió la remoción del cargo y el Fiscal de Corte que también hizo su 
pronunciamiento 14 , se ha generado como una suerte de consenso punitivo que finalmente 
enfrascan estas discusiones en perspectivas unívocas y sesgadas. 

Indiscutiblemente urge pensar e intervenir con políticas criminales y deliberar sobre el 
ejercicio del control social en las situaciones anteriormente descriptas, incluyendo a los de¬ 
litos ignorados por la gran mayoría antes mencionados. Nadie pretende negar una realidad 
que demanda desarrollar dispositivos y herramientas para abordarla, pero jamás deberían 
disociarse de las políticas económicas, sociales, culturales, de la política en sí misma, del 
orden social hegemónico que se reproduce también a través de las agencias que engloba el 
sistema penal. 

En materia de política criminal, exceptuando un corto lapso de tiempo al comienzo de 
la primera gestión del actual gobierno, continuamos ancladxs en un paradigma que reduce 
garantías mientras profundiza el dolor, la desigualdad, y la violencia en todos los sentidos. 
Y esto último, por supuesto, es también una decisión política. En este estado situacional, 
bajo este arquetipo de orden y construcción social: “la conducta criminal no determina la 
clase de acción penal que adopta una sociedad. (...) no es el “crimen” ni el conocimiento crimi¬ 
nológico sobre éste lo que afecta las políticas al respecto, sino la percepción oficial del “problema 
del crimen”y las posiciones políticas que motivan aquéllas. [Sino que] formas específicas de 
vigilancia, enjuiciamiento y castigo, la severidad de las sanciones y la frecuencia con que se 
aplican, los regímenes institucionales y los marcos de condena, están más determinados por la 
convención social y la tradición que por los perfiles de criminalidad” 15 . 


14 https://www.elobservador.com.uy/ nota/los-frentes-que-abrieron-las-declaraciones-de-laye- 
ra-2018515500 

15 Garland, David (1999). Castigo y Sociedad Moderna. Un estudio de teoría social. México D.F: Siglo XXI 
Editores. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


96 


La economía de las garantías en el Código del 

Proceso Penal 


Rodrigo Rey 1 


Introducción 

La Ley No. 19.293 2 vino a implementar en el Uruguay un proceso penal diseñado a 
partir de las premisas cardinales del esquema acusatorio. El avance normativo implica, en 
términos jurídicos, la incorporación de institutos, normas y principios que establecen una 
mayor relación de correspondencia con los modelos regulativos democráticos, en materia 
de derechos y garantías penales. 

Es decir, un examen de adecuación del Nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en 
relación a la Convención Interamericana de Derechos Eíumanos y los estándares del Siste¬ 
ma Interamericano de Derechos Eíumanos, va a arrojar un resultado más satisfactorio en 
términos normativos, en comparación con el viejo Código del Proceso Penal 3 . Esa consta¬ 
tación es prácticamente indiscutible, y todos los desarrollos críticos que formularemos de 
aquí en adelante deben tener presente estratégicamente ese punto. No obstante, se ha regis¬ 
trado un auténtico aluvión de modificaciones con distintos impactos negativos -algunos 
de carácter estructural- respecto a la arquitectura ideal de un modelo acusatorio 4 . 

En síntesis, vamos a intentar repasar las principales disposiciones que organizan el 
esquema de juzgamiento del CPP, intentando reflexionar sobre qué tipo de expectativas 
pueden depositarse en un cambio normativo de esta magnitud. Por otra parte, destinare¬ 
mos un énfasis especial a la economía de las libertades, específicamente: aquellos institutos 
o grandes “palancas” del sistema de normas que, desde un punto de vista descriptivo, deter¬ 
minan el ingreso y salida de sujetos de las cárceles 5 -o de distintos dispositivos de control 
y vigilancia-. 


1 Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Integrante del Colectivo 
de Pensamiento Penal y Criminológico. 

2 Este texto matriz fue seguido de las siguientes leyes modificativas No. 19.436 de 23/09/2016, No. 19.474 
de 30/12/2016, No. 19.510 y 19.511 de 14/07/2017, No. 19.544 de 20/10/2017, No. 19.549 de 25/10/2017, 
No. 19.587 de 28/12/2017, No. 19.446 de 28/10/2016 y No. 19.653 de 17/08/2018. 

3 Esto implico la derogación de la vieja arquitectura normativa, de corte profundamente inquisitivo, que 
cimentaba el Código del Proceso Penal sancionado a través del Decreto-Ley No. 15.032 en el año 1980, por el 
Consejo de Estado de la dictadura cívico-militar. 

4 Entre ellos, corresponde subrayar los siguientes parches inquisitivos: la regulación del proceso penal ado¬ 
lescente, las modificaciones al proceso abreviado, la prisión preventiva, y las nuevas potestades probatorias de 
los jueces. 

5 No vamos a abordar en esta intervención, la reglamentación del recurso de Hábeas Corpus, aunque si cabe 
mencionar que a la luz de los antecedentes registrados a la fecha, puede constituirse como un mecanismo no- 



Sobre el derecho, el derecho procesal penal, y el sistema acusatorio 

Nuestro punto de partida estará sustentado en un concepto más complejo de dere¬ 
cho, asociado principalmente a la idea de praxis comunicativa 6 . Esto implica asumir que 
el discurso jurídico comprende un conjunto de materiales y acciones que transgreden las 
fronteras del derecho positivo. A partir de esta toma de posición, será más claro compren¬ 
der por qué los cambios normativos son una condición necesaria pero no suficiente para 
implementar un proceso de reforma de estas características 7 . 

Por otra parte, el derecho procesal penal es aquella porción del discurso que se espe¬ 
cializa en determinar las condiciones de persecución, investigación y juzgamiento de una 
determinada hipótesis empírica, en relación con una conducta definida previamente como 
delito por la ley. En otras palabras, se trata de la administración y organización de las vio¬ 
lencias más intensas que puede desplegar el Estado contra una persona. 

Este discurso especializado va a asignar los roles de los sujetos, el comienzo de la in¬ 
vestigación -es decir, la existencia de un caso y su formalización-, los derechos y posibili¬ 
dades de su ejercicio por parte de la defensa, la estructura de los juicios, las condiciones de 
producción de prueba, el papel de la víctima, los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos, las medidas cautelares y la prisión preventiva como especie, los medios de 
impugnación y naturalmente, la propia sentencia de condena del sujeto enjuiciado, entre 
otros puntos. Asimismo, ese discurso va a estar conformado y determinado por el con¬ 
tenido de las normas, la lectura de los intérpretes, la posición de la policía, las lógicas de 
funcionamiento de los operadores judiciales, los recursos disponibles, y en síntesis, por las 
prácticas institucionales concretas 8 . 

La lógica ideal del sistema acusatorio implica el abandono de cualquier pretensión de 
búsqueda de la verdad material 9 , y la concentración de los esfuerzos institucionales en la 
resolución de un conflicto social, punitivamente reconstruido por el segmento penal del 
discurso jurídico. 


vedoso -que además no requiere firma letrada- para controlar que la gestión de la pena privativa de libertad 
-dimensión correctiva- se ajuste a los estándares de derechos humanos: arts. 351 a 357 del CPP. 

6 BLANCO, Andrés: Argumentación y lógica en el derecho. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2012, pp. 4 y ss. 

7 Asimismo, estos cambios fueron acompañados de una reconfiguración institucional de la Fiscalía General 
de la Nación como servicio descentralizado; y con algunas atribuciones específicas designadas al Fiscal de Corte 
en materia de política e investigación criminal, como la posibilidad de dictar instrucciones generales. Ver. Ley 
No. 19.483, art. 15. 

8 La práctica de los operadores tiene un peso fundamental en el éxito de los procesos de reforma. Ver. LO¬ 
RENZO, Leticia: Manual de litigación, Buenos Aires, Ediciones Didot, 2012, p. 26. 

9 No obstante lo cual, consideramos que no se debe descartar la reducción del error, como principio epistemo¬ 
lógico guía. En caso contrario, la cognoscibilidad procesal se construiría sobre una verdad artificial, que podría 
expresarse perfectamente en una condena falsa. Ver. LAUDAN, Larry: Verdad, error y proceso penal, Madrid, 
Marcial Pons, 2012, pp. 25 y 26. 


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98 


Para ello se deben cumplir determinadas condiciones, entre ellas, la función de perse¬ 
cución e investigación debe estar estructuralmente disociada de la función de juzgamiento, 
lo que se traduce en una auténtica separación de poderes en el interior del proceso 10 . Esa 
separación sintetiza conceptualmente la idea directriz del principio acusatorio 11 . Precisa¬ 
mente, aquí se identifica una diferencia nuclear con el viejo sistema, que a través de la figura 
del juez instructor de amplios poderes inquisitivos -desde la investigación al dictado de la 
sentencia de condena- aniquilaba las garantías de la defensa o directamente las secuestraba 
en un trámite kafkiano. 

Como señalamos, el sistema acusatorio debe tener un funcionamiento adversarial, es 
decir, debe consistir en el combate de dos narraciones a cargo de la acusación y la defensa 
respectivamente, y un juzgador imparcial e incontaminado que debe pronunciarse en favor 
de alguno de esos relatos 12 . A estos puntos debe agregarse el principio de autonomía de 
la participación de la víctima, que se expresa en nuestro CPP en distintos artículos que 
la habilitan a participar, aun con ciertas insuficiencias e imprecisiones, en la indagatoria 
preliminar, en la implementación de las posibles vías alternativas o en el propio juicio oral. 

Adicionalmente, ese combate de narraciones debe ser público -salvo las excepciones, 
por cierto amplias 13 - producirse en distintas audiencias, y principalmente, debe permitir 
por regla que el sujeto imputado desarrolle su defensa en libertad -existe un respeto irres¬ 
tricto del principio de inocencia 14 - hasta la sentencia de condena, siempre y cuando esto 
no implique un riesgo para el proceso. En este punto es donde registramos indicios incon¬ 
fundibles de una auténtica contrarreforma inquisitiva , que se explica por las modificaciones 
normativas impulsadas por el Ministerio del Interior y por una regulación inicialmente 
defectuosa de la prisión preventiva. 

Ahora bien. La idea de que el sistema acusatorio supone la existencia de un juicio pre¬ 
vio, oral y público, para todos los casos, es una representación simbólicamente dislocada 


10 BINDER, Alberto: Introducción al derecho procesal penal, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 1999, pp. 240 
y 241. 

11 BOVINO, Alberto: Principios políticos del procedimiento acusatorio, Buenos Aires, Editores del Sur, 2018, 
pp. 32 y 33. 

12 Para entender este sistema, vale un ejemplo normativo. En el actual diseño del interrogatorio de testigos, y 
dado que la tarea de investigación corresponde al fiscal, los jueces solo pueden realizar preguntas de corte aclara¬ 
torio (art. 158.3 CPP); sin perjuicio de que este espíritu fue desvirtuado por la última reforma introducida por 
la Ley No. 19.653 (17/08/2018) que otorga a los jueces la posibilidad de intervenir en el objeto de la prueba. 

13 La publicidad puede ser un mecanismo interesante para fortalecer la dimensión deliberativa de la cuestión 
penal, así como acercar a la ciudadanía asuntos que en apariencia, solo están reservados para especialistas. La 
regulación de la publicidad de las audiencias contiene varias excepciones, ver art. 135 del CPP. 

14 Esta distribución normativa del riesgo probatorio es una opción política de los Estados republicanos. El art. 
4 del CPP establece: “Ningunapersona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras 
no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada”. Es decir, la privación de libertad debería ser la 
consecuencia jurídica, por regla, de una sentencia de condena, y no de una medida cautelar, asumiendo aun así 
el riesgo de que alguien que resulte finalmente condenado, espere su sentencia en libertad, o que incluso, sea 
absuelto. 



de lo que sucede en los hechos. Como veremos, el rol de los mecanismos alternativos, y 
específicamente, del proceso abreviado, es clave para comprender la gestión de recursos y la 
modificación de las formas jurídicas del encierro. 

Un breve resumen sobre la estructura del CPP y el control de detención 

El sistema actual se sustenta en una gran división de dos etapas, que puede resumirse 
panorámicamente en la indagatoria preliminar -que es una fase administrativa, caracte¬ 
rizada por la flexibilidad en la recolección de evidencias-, y una etapa de judicialización, 
que comienza a partir de la formalización solicitada por el fiscal al juez competente -que 
es, digamos, el equivalente funcional del viejo auto de procesamiento-. En los casos en que 
exista detención policial también deberá realizarse una audiencia de control de la legalidad 
de la detención , por parte del juez competente. Esta instancia es clave para determinar si han 
existido o no tratos degradantes o cualquier forma de intimidación o coacción. Asimismo, 
se debe controlar que la detención haya cumplido con alguno de los supuestos legalmente 
previstos en el CPP. En este punto, subrayamos que la definición de flagrancia impropia 
es lo suficientemente indeterminada como para perforar parte de la garantía de control de 
legalidad 15 . 

En síntesis, la formalización implica, justamente, la existencia de un caso con relevan¬ 
cia para el derecho penal; que podrá ser luego reconducido según las características y cir¬ 
cunstancias a las vías alternativas, al proceso abreviado, o al propio juicio oral. En la propia 
audiencia de formalización existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite las 
medidas cautelares que considera pertinentes para el caso. Entre estas medidas nos interesa 
aquella que el diseño legal presenta discursivamente como una excepción. 

La prisión preventiva como parche inquisitivo: sin controversia no hay acusatorio 

La prisión preventiva es una de las grandes “palancas” de control de encierro que tiene 
el sistema penal. En el modelo regulativo ideal del proceso acusatorio, esta medida cautelar 
debe ser absolutamente excepcional, y solo puede estar justificada en supuestos relaciona¬ 
dos con el peligro de fuga o, en líneas generales, con el entorpecimiento de la investigación. 
Es decir, solo frente a casos donde exista un riesgo acreditado de que pueda ponerse en peli¬ 
gro el curso y resultado del juicio oral. Esta regulación ideal es una manifestación concreta 
del principio de inocencia 16 . 


15 Principalmente, en este tramo de la definición: presentare rastros o señales que hagan presumir firme¬ 

mente que acaba de participar en un delito”, art. 219, literal c)., del CPP. 

16 Ver específicamente: “Esa presunción de inocencia es la que ha llevado al derecho penal moderno a imponer 
como regla general, que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía 
de excepción que se puede privar al procesado de la libertad”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, Organización de Estados Americanos, 2013, pp. 56 
y ss. 


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Por otra parte, no basta simplemente con acreditar la existencia de un riesgo procesal 
efectivo sino que además debería existir una justificación puntual de que la medida de pri¬ 
vación de libertad ambulatoria, es la más apropiada para la obtención de esos fines 17 . Sobre 
este punto también debe existir una controversia y un combate de posiciones, que debe lle¬ 
var a la defensa a cuestionar y trabajar probatoriamente sobre las premisas que sostienen la 
solicitud de la medida cautelar. Pero esta reconstrucción ideal debe ser confrontada con la 
hegemonía inquisitiva, que presiona en dirección a la institucionalización de prácticas que 
eluden deliberadamente la consideración específica del caso concreto; y que construyen 
una tipología limitada de hipótesis con soluciones prefabricadas. 

Este diseño -aun con sus inconsistencias originales- ha sido estratégicamente des¬ 
montado por la última reforma del CPP, como parte de una intervención de corte clara¬ 
mente punitivo 18 , destinada a asegurar y acelerar los términos de encierro de cierta catego¬ 
ría de dientes del sistema penal: los reiterantes y reincidentes de delitos contra la propiedad 
y de tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Veamos. 

El parcheo inquisitivo del CPP ha llevado a superponer algunas declaraciones, como 
la del art. 217 que afirma la permanencia del estado de inocencia del imputado, y la ex- 
cepcionalidad de la prisión preventiva, con otras regulaciones que disponen su aplicación 
prácticamente preceptiva. Es decir, por un lado la norma afirma que la regla es la libertad 
ambulatoria del imputado, y por otra parte la regulación específica construye hipótesis am¬ 
plias de aplicación obligatoria de la prisión preventiva, sin posibilidad de controversia de 
tipo alguno. 

Si bien la regulación original del CPP ya presentaba algunas imperfecciones al estable¬ 
cer como causales de procedencia de la prisión preventiva, supuestos como “el riesgo para 
la sociedad”, las nuevas modificaciones han terminado por establecer un sistema de presun¬ 
ciones que aniquila la supuesta excepcionalidad de la medida 19 . En otras palabras, se prevé 
que el riesgo de fuga, el ocultamiento o el entorpecimiento de la investigación, se va a pre¬ 
sumir -sin posibilidad de discusión- cuando el imputado posea la calidad de reincidente o 
reiterante respecto a un conjunto de delitos dentro de los cuales está incluida, por ejemplo, 
la rapiña. La normativa dispone que el fiscal tiene el deber de solicitar la medida cautelar en 


17 Adicionalmente, esa justificación debería ser desarrollada por oposición al resto de las medidas cautelares 
que la técnica del CPP legisla como regla, reservando para la prisión preventiva el carácter de medida excepcio¬ 
nal. Ver: art. 221, lit) m. 

18 Entre otras modificaciones, cabe mencionar la Ley No. 19.446, sancionada con posterioridad al CPP, cuyo 
objeto es limitar los beneficios de las libertades procesales para los reiterantes y reincidentes; conjuntamente 
con las reforma introducidas por la Ley No. 19.653 en materia de potestades policiales; prisión preventiva, 
proceso abreviado y potestades probatorias de los tribunales. 

19 Esto habíamos advertido en una columna de opinión publicada en La Diaria a la fecha de la entrada en 
vigencia del CPP. Ver: “11 Tesis sobre el Nuevo Código del Proceso Penal y una prueba defuego”: https://ladiaria. 
com.uy/articulo/2017/10/11 -tesis-sobre-el-nuevo-codigo-del-proceso-penal-y-una-prueba-de-fuego/. 



esas hipótesis, sin posibilidad de contemplar otras posibles alternativas o si quiera deparar 
en las aristas específicas del caso. 

Este auténtico parche inquisitivo tiene por objeto encerrar con el trámite más veloz 
posible a un conjunto de sujetos que el sistema penal ha designado como peligrosos, desde 
una supuesta retórica de neutralidad procesal. En este punto son pertinentes las reflexiones 
de Giorgio Agamben sobre la lógica que organiza el funcionamiento de las excepciones, es 
indudable que esta regulación de la prisión preventiva constituye un perímetro -una zona 
anómica- de suspensión de garantías y derechos humanos elementales, cuyo punto de apo¬ 
yo es el propio ordenamiento jurídico 20 . 

En este caso, la palanca del sistema ha determinado que una mayor cantidad de sujetos 
deben ser encerrados, sin posibilidad de discusión, una vez que se los ha formalizado como 
presuntos autores de un delito. La forma jurídica es indistinta. Creemos que el análisis críti¬ 
co debe examinar el devenir de la excepción en norma, y especialmente, reflexionar en clave 
de teoría de la pena y sociología del castigo, para explicar por qué determinados sujetos son 
encerrados sin un discurso sólido que justifique esa decisión política 21 . 

La justicia de dos velocidades: entre el juicio oral, el proceso abreviado y los 
mecanismos alternativos de resolución de conflicto 

Vamos a referir brevemente a los alcances y aspectos fundamentales del proceso abre¬ 
viado. En primer lugar, corresponde señalar que esta forma jurídica es una de las más uti¬ 
lizadas por el sistema de encierro. En los hechos, es absolutamente impensable, por una 
razón elemental de escasez de recursos, que la totalidad de los casos puedan ser conducidos 
a una estructura ordinaria de juicio oral y público. Si bien esa posibilidad normativa exis¬ 
te -perfectamente, todos los imputados podrían renunciar al proceso abreviado o a otros 
mecanismos alternativos-, veremos que en los hechos la existencia del derecho a un juicio 
previo, oral y público asume las notas de un privilegio, reservado para menos del 3% de las 
formalizaciones 22 . En efecto, el propio art. I o del CPP señala que existe un derecho a contar 


20 AGAMBEN, Giorgio: Estado de excepción. Homo Sacer, II, /., Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 
2005, pp. 114. 

21 Sobre el abandono de los discursos de justificación del encierro, propios de las sociedades industriales, y 
la nueva economía política del encierro en el postfordismo, ver especialmente: DE GIORGI, Alessandro: El 
gobierno de la excedencia. Postfordismo y control social de la multitud, Madrid, Ed. Traficantes de Sueños, 2016, 
pp. 80 y 81. 

22 “En efecto, elJuicio Abreviado permitió obtener condenas en el 58,7% de los casos. Otro 20,2% se resolvieron 
mediante Acuerdo Reparatorio o Suspensión Condicional. A estos últimos habría que sumar la mayoría de los 
casos que figuran como Extinguidos, que corresponden a investigaciones formalizadas donde se aplicó Suspensión 
Condicional y en los que los indagados ya cumplieron Lis medidas impuestas. Por otra parte, el 3% del total de casos 
formalizado (248 casos) se resolvió o está en vías de resolverse mediante Juicio Oral”. Departamento de Políticas 
Públicas de la Fiscalía General de la Nación, “Actualización mensual de resultados del sistema penal (1/11/2017 
al 31/08/2018)”, pp. 11 y 12. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


102 


con un debido proceso legal 23 , a diferencia de otras legislaciones comparadas que consagran 
explícitamente el derecho a un juicio previo, oral y público 24 . 

El proceso abreviado -respecto al cual se discute, incluso, la propia denominación 
legal de proceso - se encuentra regulado en los arts. 272 y 273 del CPP. Esta estructura 
está reservada para aquellos delitos cuya pena mínima no sea superior a los seis años de 
penitenciaría -por ejemplo, procede respecto a la rapiña-. Para que este mecanismo pueda 
operar, es necesario que el imputado acepte 25 esta opción y con ello, desactive su derecho a 
un juicio ordinario. Desde un punto de vista estrictamente epistemológico no hay una acti¬ 
vidad de conocimiento orientada a la reducción del error; sino más bien una construcción 
discursiva -el propio CPP habla de “acuerdo”- de la verdad procesal entre dos actores, en 
función de razones de cálculo de conveniencia y dosimetría penal. 

Esta opción tiene como contrapartida la reducción de la pena hasta una tercera parte 
de la aplicable al caso concreto, a solicitud del fiscal. Para los delitos sexuales, existe una 
limitación fijada en el mínimo de cada figura penal. La labor del juez está limitada al con¬ 
trol de la legalidad -el delito involucrado, la cantidad de pena solicitada por el fiscal, el 
plazo procesal, etcétera- de los requisitos de procedencia de este proceso, incluyendo espe¬ 
cialmente el control sobre el consentimiento del imputado. Específicamente, el juez debe 
controlar que el imputado haya expresado su consentimiento a partir de un conocimiento 
cabal de sus derechos, y de forma libre y voluntaria. Las nuevas modificaciones al CPP han 
determinado que la pena establecida por este instrumento procesal debe cumplirse de ma¬ 
nera efectiva, es decir, sin que procedan los derechos y beneficios que otorgan las libertades 
procesales. 

Ahora bien. Como se señaló, es impensable que todos los casos que ingresen al sistema 
puedan ser conducidos a una forma ordinaria. La existencia de procesos abreviados es una 
necesidad de cualquier sistema que pretenda realizar una gestión razonable de recursos. 
Estas formas de precarización procesal pueden dar lugar a beneficios penales atractivos para 
los imputados, siempre y cuando no se institucionalicen como una lógica de regla para la 
resolución de todos los conflictos, y sin contemplar las especificidades de cada hipótesis 26 . 


23 Sobre el concepto de debido proceso legal, ver: FERNANDEZ, Gonzalo: Los principios generales del pro¬ 
ceso penal acusatorio, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2017, pp. 55 y 56. 

24 Esto no quiere decir que ese derecho subjetivo no exista, sino que por razones de técnica legislativa -o de 
pura preferencia estética- no fue concentrado comunicacionalmente en un único artículo. Por ejemplo, es el 
caso del Código del Proceso Penal de Chile, que establece en el art. I o : “Toda persona tiene derecho a un juicio 
previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal”. 

25 Asimismo, es necesario que el imputado “acepte” la plataforma fáctica y los antecedentes de la investigación 
que el fiscal hubiese reunido hasta el momento. Esta aceptación de los hechos es, en puridad, la admisión de las 
circunstancias que determinan la aplicación de una determinada figura penal. 

26 Para ver una crítica a la abreviación y la relación con el esquema acusatorio: “La tesis, refrendada por la 
doctrina hasta convertirse en un lugar común, de que las dos formas de acuerdo son un resultado lógico del «método 
acusatorio» y del«proceso entre partes», es totalmente ideológica y mistificadora”. FERRAJOLI, Luigi: Derecho 
y razón. Teoría delgarantismo penal, Madrid, Editorial Trotta, 1995, pp. 747 y ss. 



En efecto, la renuncia a la canasta de garantías y derechos que ofrece el CPP debe 
estar sólidamente justificada, y en este punto es fundamental el trabajo que pueda realizar 
la defensa para contemplar tácticamente los intereses del imputado. No hay ninguna solu¬ 
ción abstracta que pueda ser plenamente satisfactoria, si no hay defensores, fiscales y jueces 
comprometidos seriamente con una forma de abreviación garantista de la justicia. No es un 
dato menor que la existencia de consentimiento en estas circunstancias, no es más que una 
proyección ideológica del propio discurso jurídico, que reconstruye en términos simbóli¬ 
camente neutrales una decisión que difícilmente podría considerarse como el producto de 
un cálculo libre de coacciones. 

Si podríamos pensar este instrumento desde la lógica del derecho privado, diríamos 
que su eficacia y legitimidad va a estar sustentada en el carácter individual de los “acuerdos”; 
y por un control más exigente de las condiciones de aplicación y sobre la propia ejecución 
de la pena. Es decir, evitando que asuman la forma de contratos de adhesión producidos 
serialmente por un ofertante -fiscal-, y sin considerar las características y la realidad eco¬ 
nómica de cada consumidor -imputado- al que se dirige la oferta. En ese caso, el proceso 
podría transformarse en un intercambio de formularios prefabricados. 

Sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflicto cabe mencionar la sus¬ 
pensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, como dos dispositivos basa¬ 
dos en los principios de la justicia restaurativa y la reparación del daño. En este sentido, se 
pretende lograr que ciertas conductas y de acuerdo a su gravedad, puedan asumir las notas 
de un conflicto resuelto por las partes y sin necesidad de que intervengan dosis mayores de 
violencia estatal. 

Sin duda estos mecanismos, pese a estar condicionados a ciertos supuestos que pueden 
limitar los pretendidos efectos de descriminalización -por ejemplo, la suspensión condicio¬ 
nal del proceso no procede frente a la rapiña 27 - constituyen una vía tangible de resolución 
alternativa que puede sentar un precedente interesante para la deslegitimación de la cárcel 
como solución de regla. 

Una anécdota histórica sobre el rol de las garantías y algunas conclusiones 
preliminares 

Evgeny Pashukanis fue quizá el pensador más destacado en la elaboración de una teo¬ 
ría general del derecho desde una metodología marxista. Este jurista soviético mantuvo una 
importante disputa teórica con el fiscal Andréi Vishinsky. El objeto de la discusión era, 
panorámicamente, la propia existencia de la forma-Estado y la función de la legalidad en 
las sociedades socialistas. 


27 El art. 384 del CPP establece que la suspensión condicional del proceso no procede respecto a aquellos 
delitos cuya pena mínima supere los tres años de penitenciaría, cuando el imputado se encuentre cumpliendo 
una condena, o cuando tuviera otro proceso con suspensión condicional en trámite. 


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Esa disputa fue resuelta autoritativamente por Vishinsky, a través de la acusación y 
posterior fusilamiento de nuestro célebre teórico -bajo cargos de espionaje y otras teatra- 
lizaciones- en el marco de los procesos de Moscú. Precisamente, la ingenuidad política 
de Pashukanis -a pesar de sus análisis incisivos sobre el poder de la maquinaria estatal y la 
función del derecho- radicaba en haber subestimado el papel de las garantías procesales 
en la contención de la violencia del Estado. El autor también había descripto la lógica del 
proceso acusatorio de su época como una sofisticada transformación de la imposición de la 
pena en una especie de procedimiento de contratación comercial 28 . 

En cuanto a los éxitos o fracasos de nuestra reforma procesal, entendemos, es necesario 
contar con un margen de tiempo respetable para efectuar diagnósticos sólidos. Este proce¬ 
so es un trabajo permanente de modificación de prácticas que organizaron históricamente 
el funcionamiento del sistema de castigo en Uruguay. En efecto, es posible identificar seña¬ 
les y parches normativos preocupantes, y una utilización excesivamente limitada de la vía 
principal del juicio oral. Sobre estos puntos, corresponde una interpelación institucional 
más profunda que indague sobre los recursos económicos disponibles y las creencias arrai¬ 
gadas en los operadores de la justicia penal. 

En este sentido, las reformas introducidas a la prisión preventiva vienen a reforzar la 
disfuncionalidad histórica de la medida cautelar como un adelanto de la pena, en la medida 
en que expulsan la posibilidad de discusión sobre su aplicación para los casos tasados por la 
propia ley. Conjuntamente, la implementación de potestades probatorias -aun con limita¬ 
ciones- en favor de los tribunales viene a desestabilizar el equilibrio y la separación de fun¬ 
ciones que debe regir los destinos procesales de cualquier juicio en un sistema democrático. 
Estas dos modificaciones normativas asumen las notas de una auténtica contrarreforma , 
en la medida en que incorporan propiedades puramente inquisitivas a un texto legal que 
pretendía acerarse a los modelos acusatorios. 

La reflexión crítica debería dirigirse a examinar la transformación de las formas jurí¬ 
dicas del encierro, desde el auto de procesamiento con prisión del viejo sistema -que con¬ 
finaba a inocentes sin condena- a los nuevos procesos abreviados que permiten condenar 
aceleradamente a un imputado sin garantías suficientes. En este catálogo de formatos de 
encierro, también debemos ubicar la prisión preventiva preceptiva plasmada en la Ley No. 
19.055 para los procesos de adolescentes, e incorporada finalmente con algunas modifica¬ 
ciones en el texto del CPP por la Ley No. 19.551. Esta regulación implica una incuestiona¬ 
ble violación de prácticamente todos los principios constitucionales y convencionales que 
deberían regular proceso penal juvenil. Por otra parte, el proceso de implementación y la 

28 Esta última observación es particularmente reveladora en el caso del proceso abreviado y los medios alter¬ 
nativos. Por otra parte, en sus construcciones teóricas, donde la pena es definida como una contraprestación 
-un pacto de retroventa- y donde todo el derecho reduce a una relación de equivalencia de mercancías -la 
retribución de la pena por el delito- las garantías procesales son simplemente adornos de buena fe para disimu¬ 
lar la violencia del Estado burgués. Ver especialmente: PASHUKANIS, Evgeny: Teoría general del derecho y el 
marxismo, Madrid, Editorial Labor Universitaria, 1976, pp. 143 a 160. 



existencia de casi diez leyes sancionadas con posterioridad al texto matriz revelan un fuerte 
grado de improvisación legislativa. Principalmente, en relación a las razones invocadas para 
justificar las distintas modificaciones de corte inquisitivo, que han juzgado sumariamente 
al CPP sin evidencia empírica suficiente y apropiada. 

En síntesis, y como también sugería Pashukanis, es imprescindible leer el derecho más 
allá de la superficie textual y mantener la duda constitutiva sobre la legitimidad del castigo 
penal en sociedades desiguales, la supuesta bondad de los instrumentos legales inflaciona¬ 
rios en derechos y garantías, y la neutralidad de la estructura socioeconómica sobre la que 
se erigen las tecnologías de control. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Vivir con miedo a los allanamientos nocturnos 1 


Entre 2 


Este artículo se propone pensar a partir de la campaña “Vivir sin miedo”, que impul¬ 
sa una reforma constitucional que tiene como objetivo atacar a la inseguridad a través de 
medidas represivas y que es liderada por el senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga. 

El artículo consta de dos partes: En la primera, “La ira de Leviatán”, situamos a esta 
campaña en la historia larga de la política de la represión en Uruguay; y en la segunda, “Ré¬ 
quiem para el Wilsonismo”, se describe la propuesta y se tematiza la forma como el avance 
de ultraderecha pone en cuestión la existencia de un centro democrático. 

1. La ira de Leviatán 

Analistas y políticos no se cansan de repetir que la inseguridad, y las demandas de re¬ 
presión que la acompañan, son el tema más importante para la política uruguaya. Por más 
que parezca algo peculiar de este momento, está lejos de ser algo nuevo. La cuestión de la 
supremacía del Estado, y las justificaciones del uso de la fuerza para hacerla valer, tienen una 
larga historia en la política uruguaya, y en particular en su ala derecha, incluyendo al libera¬ 
lismo autodenominado democrático. Para pensar este tema, podemos trazar una línea que 
106 va de las guerras civiles del siglo XIX hasta la dictadura y de allí al presente. 

La historia republicana uruguaya comienza con largas décadas de guerras civiles, en las 
que el estado era poco más que una ficción, y el control de la gente y el territorio estaba en 
disputa entre partidos y caudillos que formaban parte de complejas alianzas internaciona¬ 
les. Se trataba de una sociedad cuyas mayorías se encontraban despojadas, sin acceso a las 
tierras después de la contrarrevolución que significó la derrota de Artigas, pero en la que la 
propiedad todavía estaba en disputa, y el estado naciente no era capaz de hacerla valer. La 
abundancia de ganado en un campo no alambrado permitía sobrevivir sin tener que subor¬ 
dinarse a un patrón, en una situación de guerra civil en la que los jefes de las divisas (blanca 
y colorada) necesitaban apoyo popular para la guerra, que los orientales sabían pelear luego 
de un largo ciclo revolucionario bajo banderas anticoloniales e igualitarias. La resaca post- 
artiguista desposeída por la contrarrevolución impuso la inseguridad en la campaña (pues 
la inseguridad le había sido impuesta) hasta el último cuarto del siglo XIX. 


1 Este artículo es uno de los productos de un proyecto de investigación más amplio, que Entre está desarro¬ 
llando desde 2017. Algunas de las ideas aquí vertidas también están presentes en otros textos producidos en el 
marco de este proyecto. 

2 Entre es un colectivo de cultura y política. Conozca más en entre.uy 



Los doctores liberales, ligados al comercio y necesitados de un estado que garantice 
el libre movimiento de personas y mercancías, postularon un pensamiento que oponía el 
orden a la anarquía, civilización contra barbarie. Surgía de allí un autoritarismo paradójico, 
porque se trataba de liberales y románticos, cuyo principal principio ideológico eran los 
ideales de libertad y república. Eso no les impedía justificar masacres, apoyar dictaduras y 
reclamar el sometimiento o directamente el exterminio de la población del campo, espe¬ 
cialmente lo que quedaba de la indígena. Su horror al salvajismo de la campaña era justifi¬ 
cación del salvajismo que ellos mismos estaban dispuestos a defender. 

Para llegar a una situación lockeana, es decir un régimen liberal que respeta derechos, 
especialmente la propiedad, hay que haber pasado por un momento hobbesiano, capaz de 
cometer cualquier crimen para que se llegue al estado y a través suyo, a la paz. Una vez allí, 
podemos empezar a hablar de moral o de ley. Todo estado se funda en la violencia. En más 
de una situación crítica, la ira de Leviatán sería invocada culposamente por los liberales y la 
burguesía republicana cuando estuviera en juego el orden social y la propiedad. Y también 
para facilitar la adaptación del país a las demandas del mercado mundial y el imperialismo 
de turno. 

La vagancia, la inseguridad y la raza estaban todo el tiempo en boca de aquellos libe¬ 
rales (y de estos de hoy). El trabajo, la autoridad y el exterminio de quienes no se sometan 
eran la solución. “Hay que matarlos a todos”, refiriéndose a los pobres de piel oscura que se 
postulan como agentes de inseguridad es una consigna que la derecha uruguaya enarbola 
desde su más tierna infancia. 

Mucho tiempo pasó entre el gran disciplinador Latorre y sus herederos de la dictadura 
de 1973. Si bien la situación del país era completamente distinta, los ecos del siglo XIX 
estaban presentes en la cabeza de los militares. Nuevamente, fue un liberalismo republicano 
el que azuzó el autoritarismo. Las organizaciones de ultraderecha que allanaron, a partir 
de fines de los 50, el terreno ideológico a la dictadura se presentaban como demócratas, a 
través de un discurso anticomunista típico del “mundo libre” en la Guerra Fría. Narraciones 
nacionalistas, católicas y familiaristas se articulaban con el liberalismo anticomunista para 
crear, gradualmente, la que luego sería la ideología de la dictadura. Si esta llegó a ser fascista, 
lo hizo pasando a través del liberalismo. 

Con la prolongada crisis de los 60, el avance de la política popular y revolucionaria y 
la creciente violencia política, comenzó a emerger en tiendas de la derecha y la ultraderecha 
una sensación de amenaza existencial al país, y especialmente a la supremacía del Estado, 
que ameritaba una intervención que pusiera orden. 

En su libro de 1996, titulado justamente “La ira de Leviatán” 3 , Luis Tróccoli, un tortu¬ 
rador prófugo en Italia que espera juicio por su participación en el Plan Cóndor, rememora 
la forma como los militares entendían su misión: el estado estaba acorralado, los políticos 


107 


3 La ira de Leviatán, de Jorge Tróccoli. Publicado en Montevideo en 1996. Publicado por Innomedia. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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eran incapaces de defenderlo, y lo único que se mantenía en pie eran las fuerzas armadas. 
Las tácticas de la guerrilla hacían necesarias medidas extremas en un contexto en el que la 
información era vital, por lo que la tortura estaba justificada. Lo que fuera necesario para 
ganar la guerra estaba por arriba de cualquier otra consideración. En un libro plagado de 
mentiras, obscenidades y distorsiones típicas del discurso de la inteligencia militar, quizás 
la única verdad que se dice es la explicitación de la lógica con la que los militares justificaban 
y se justificaban su accionar. No resulta menor que uno de los capítulos del libro se dedique 
a trazar una comparación entre los “caudillos insurrectos” del siglo XIX y los revoluciona¬ 
rios del tercer cuarto del XX, y por lo tanto de los militares que combatieron a cada uno. 

En este disciplinamiento, al igual que en el anterior, los liberales tuvieron su rol. En 
un artículo sobre el control de cambios en Uruguay 4 , Ramón Díaz, fundador del semana¬ 
rio Búsqueda y destacado neoliberal uruguayo (que llegó a presidir la Sociedad de Mont 
Pelerin), destaca el rol de Alejandro Végh Villegas, ministro de economía de la dictadura y 
artífice del fin del régimen de control de cambios, al punto de venerarlo como un héroe ro¬ 
mántico que haría a Carlyle sentirse vindicado. El “contexto institucional” de la dictadura 
ayudaría a la aparición de este héroe, que permitiría comenzar a implantar un programa que 
no se proponía solamente derrotar a los intentos revolucionarios, sino también desmante¬ 
lar la obra regulatoria del reformismo batllista. 

Nuevas versiones de los mismos elementos se vuelven a cruzar hoy, en un contexto 
muy diferente pero en el que vuelven a estar en juego discursos sobre la supremacía del 
estado y la política liberal/reaccionaria. En un spot electoral de la campaña presidencial 
de Larrañaga camino a las primarias de 2009, desaparecen mágicamente de la pantalla un 
tractor, una bicicleta y un televisor, lo que es seguido del eslogan “Vota para que lo tuyo siga 
siendo tuyo”. No queda claro si se trata de una crítica a políticas impositivas progresivas o si 
está haciendo una referencia a los robos y la inseguridad. 

El discurso de la derecha plantea una alianza entre la izquierda y los chorros, que se 
articula de varias maneras: te roban con los impuestos, le dan plata a los que no trabajan, 
no reprimen el delito, roban ellos mismos a través de la corrupción. Se articula así una 
narración clasista y racista (es difícil que no se escape la palabra negro o ñeri en el discurso 
informal de la inseguridad) que señala a las clases peligrosas, la falta de autoridad estatal 
y la decadencia moral como una crisis social, que se alimenta de las inseguridades, la se¬ 
gregación y la violencia que manan de un régimen social neoliberal que los gobiernos de 
izquierda no supieron revertir. 

Ante la inseguridad, en toda América Latina se articula una agenda leviatánica: lucha 
contra el narcotráfico, control territorial del estado, persecución de la corrupción, leyes 
antiterrotistas, discusiones sobre el rol de las policías militares y las fuerzas armadas. En el 


4 Artículo publicado en la revista de Ciencias Económicas de la Facultad de Montevideo en 2003, disponible 
en http://www.um.edu.uy/docs/revistafcee/2003/elcontroldecamiosDiaz.pdf 



discurso de las derechas latinoamericanas contemporáneas, se articulan varias capas de in¬ 
tervenciones imperiales en la región: el anticomunismo de la Guerra Fría, la guerra contra 
las drogas y, cada vez más, la guerra contra el terrorismo. Además, por supuesto, del neoli- 
beralismo. El programa de ajuste es inseparable de la creciente legitimación de la represión. 
Es en este contexto que tiene que leerse la recolección de firmas “para vivir sin miedo”. 

2. Réquiem para el wilsonismo 

Muchos años después de enfrentar el pelotón de fotografiamiento, el senador Jorge 
Larrañaga, recordaría aquel momento donde habló al país y dijo que nunca volvería a subir 
las escaleras del directorio del Partido Nacional. Quizá la vergüenza era enceguecedora; 
las derrotas se subían una a una a su espalda, agarradas como podían, por ahí tapándole los 
ojos. Elabía perdido con Tabaré Vázquez, luego con Lacalle, y ahora acababa de perder con 
su hijo. ¿Se habría convencido de que su carrera política había llegado a su límite? ¿Habría 
perdido la confianza en el consuelo de los perdedores perseverantes ? Cuando terminó el 
tiempo de lamentos, vino el tiempo de la resurrección: si no quería dar por terminada su ca¬ 
rrera política debía cuestionar algunas verdades, leer el momento, y salir a buscar el espacio 
al que otros habían renunciado. La habilidad de los políticos hábiles de todos los tiempos, 
más que preocuparse por ganar el centro político, ha sido el de correrlo hacia sí. 

La política de seguridad del Frente Amplio en el gobierno fue consistente en captar el 
centro político pero renunciando a definirlo en sus propios términos. Durante los últimos 
diez años se ha hablado de seguridad en los términos de la policía, la propiedad y la tranca. 
El consenso punitivo presenta medidas como la prisión perpetua como un sensato y nece¬ 
sario paso adelante, mientras que la idea de la abandonar la cárcel como solución es vista 
como una utopía trasnochada. ¿Podía Larrañaga resurgir haciendo la misma política de 
siempre ? Consenso punitivo mediante, la mesa estaba puesta. 

Larrañaga, con el objetivo de reconstruir su figura política, busca convocar a aquella 
base reaccionaria que consiguió movilizar Bordaberry en el plebiscito por la baja de la edad 
de imputabilidad. Las campañas comparten iconografía, las apelaciones a vivir en paz o, en 
este caso, sin miedo. Al mes de mayo de 2018 ese espacio estaba vacante y fue Larrañaga 
quien tomó la iniciativa. 

La propuesta, de ser aprobada, comprenderá: 

— Habilitar los allanamientos nocturnos. 

— Limitar o eliminar los instrumentos de reducción de penas de privación de libertad. 

— Facultar al poder legislativo a aprobar, por mayorías especiales, penas de cadena per¬ 
petua (le llaman prisión permanente revisable). 

— Crear un cuerpo militar para realizar tareas policiales. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


Pero para tranquilizar de verdad, la propuesta incluye algunas disposiciones transito¬ 
rias que ponen en vigor, inmediatamente después de aprobada la reforma: la creación de 
una guardia militar con atribuciones policiales de hasta 2000 efectivos, la eliminación de 
la libertad anticipada o vigilada (lo llaman cumplimiento efectivo de la pena); la cadena 
perpetua (prisión permanente revisable) para homicidas múltiples y por encargo, y -en un 
verdadero ejercicio de comunicación a través de la legislación- se establece la cadena per¬ 
petua para abusadores de menores que luego maten a esos mismos menores. ¿Demagogia 
castigando a los monstruos? ¿Engendro coalicionista? ¿Un mensaje a la interna del Partido 
Nacional sanducero de que no se les vaya la mano en las futuras casitas del parque? 

Las propuestas presentadas forman parte del repertorio típico de la derecha uruguaya. 
La idea de meter a los militares a hacer tareas policiales (y garantizar derechos de la ciuda¬ 
danía) se puso en práctica durante la última dictadura y si bien en democracia se ha optado 
por otras opciones, lo cierto es que es una propuesta que no baja de cartel. 

El atractivo hacia estas medidas no se limita a la oposición. Ya en el año 2012 el Frente 
Amplio presentó un proyecto de ley para habilitarlos con la excusa del combate al narcotrᬠ
fico. Al estar la prohibición de los allanamientos nocturnos consagrada en la constitución, 
el proyecto estaba destinado al fracaso, y necesitaría de este intento de reforma constitucio¬ 
nal para que tenga alguna chance de suceder. Esta idea puede rastrearse hasta el intento de 
reforma constitucional de la dictadura, derrotada en el plebiscito del año 80. 

La campaña viene con una promesa imposible de cumplir: vivir sin miedo. De alguna 
manera que no queda muy clara, estas modificaciones al orden jurídico junto a la creación 
110 de una guardia militar, quitaría el miedo de los huesos de la población. Esta promesa, ubica¬ 
da en el terreno de las emociones, sirve de cobertura para las intenciones políticas de fondo 
en este planteo. 

Es que de acuerdo al senador Larrañaga, el miedo (y las emociones en general) no 
conocen de política. No son ni de izquierda ni de derecha. No admiten la menor reflexión, 
solo la acción. El argumento es que la situación presente no se tolera más, y alguien tiene 
que venir a hacer algo, sea lo que sea. 

Ya para la campaña electoral de 2009 el tema estaba instalado en la agenda como ur¬ 
gente. Larrañaga ya planteaba entonces la creación de una guardia nacional con efectivos 
militares y el Frente Amplio creaba un eje “más seguridad” en su plataforma electoral, mien¬ 
tras que los otros partidos también planteaban cuestiones relativas a la seguridad pública, 
con altísimos grados de convergencia 5 , que se acentúa durante el período de gobierno de 
Mujica. 

En la campaña de 2014 los reclamos securitarios y de mano dura encuentran su expre¬ 
sión electoral en el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad. En esta ocasión, quie- 


5 Esto se discute de manera extensa en https://www.hemisferioizquierdo.uy/ single-post/2016/10/07/Dere - 

cha-y-seguridad-las-afinidades-electivas 



nes se “aprovechaban” de la “benignidad” del sistema penal eran los menores de edad. Si 
bien la iniciativa fracasó gracias a una campaña que reunió a las fuerzas de izquierda y pro¬ 
gresistas, y fue protagonizada por la juventud, esto no alteró significativamente el consenso 
punitivo existente. Los programas securitarios continuaron convergiendo y los pronósticos 
apocalípticos continuaron multiplicándose. Ya no vivimos en aquel apacible 2012, donde 
de seguir así terminaríamos como en las favelas de Río de Janeiro. 2018 es un año de duras 
revelaciones; si todo sigue así terminaremos como Guatemala o El Salvador. La mano dura 
es como una adicción; para calmar el ansia cada vez se quiere más. 

Como toda iniciativa de reforma constitucional, requiere de un 10% de firmas del 
padrón de habilitados para ser considerada junto a las elecciones nacionales. De alcanzar las 
firmas (unas 300.000), se plebiscitaría, junto a la próxima elección nacional, una papeleta 
que diga “Sí” a “vivir sin miedo”. ¿Habrá acto más poderoso? El arco político conservador, 
al igual que lo hizo con Bordaberry antes de que llegara con las firmas, mira con recelo la 
iniciativa. Los oponentes de Larrañaga en la interna blanca no pueden darle ese changüí. 
Sin embargo, es claro el apoyo recibido desde filas coloradas: han firmado Pedro Bordabe¬ 
rry, Marne Osorio y Germán Coutinho. 

Es una incógnita qué pasará con el partido de Edgardo Novick, candidato a capitalizar 
esta iniciativa si las firmas se alcanzaran. Después de todo, este partido es el que se encuen¬ 
tra en mejores condiciones para montar espectáculos securitarios. No tienen compromisos 
políticos con ninguna institución, no les importa incumplir las leyes electorales, y se pre¬ 
sentan a sí mismos como outsiders a los que no les tiembla el pulso. Se han identificado 
públicamente como el partido que comparte sensibilidad con Bolsonaro. Limpieza, ajuste 
y bala. 

Las medidas propuestas no parecen apuntar con precisión a un fin práctico. A ciencia 
cierta, no han explicado cómo es que efectivamente impactarían en los índices de crimina¬ 
lidad las medidas que plantean. Sus argumento son: la disuasión (se van a asustar cuando 
vean a los militares); la quita de circulación (por lo menos mientras están en cana no están 
delinquiendo), y que usan su casa de fachada para vender drogas. 

Pero el tema de fondo es moral. Dice Larrañaga que “hay una mayoría que respeta 
valores y normas de convivencia, y un minoría que no los comparte”. Esta gente está de viva y 
hay que proteger a la sociedad de ella, metiéndola en cana todo el tiempo que se pueda y 
cagándola a palos en cada oportunidad. Es la guerra contra los pichis para la paz de la gente 
de bien. 

El carácter moral de las medidas propuestas queda de manifiesto cuando en la comu¬ 
nicación oficial de la campaña se hace explicar el detalle de las medidas a las víctimas. Mien¬ 
tras que el diputado Pablo Abdala se limita a decir que la prohibición a los allanamientos 
nocturnos es algo del siglo pasado y que un estado moderno debe poder hacer allanamien¬ 
tos a la hora que quiera, es Ana Paula Géres, la mamá de Brissa, una niña brutalmente asesi¬ 
nada por un hombre que luego protagonizó una persecución espectacular, la que explica el 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


112 


detalle de cómo el asesino de Brissa “se aprovechó” de “la benignidad” del sistema judicial, 
particularmente de la limitación de los allanamientos nocturnos para limpiar evidencia. 

No por traer ideas del pasado la derecha está obsoleta. De hecho, practica constante¬ 
mente y sin vergüenza el revisionismo histórico. En los vídeos de campaña es constante el 
paralelismo trazado entre esta iniciativa y la lucha por los desaparecidos en la dictadura. 
Alberto Volonté dice, con extremo cinismo, que ellos pelean por los desaparecidos de la 
democracia. ¿Es esto un caso de dogwhistle 6 ? ¿Están apelando a la base reaccionaria para 
decirles que son de los suyos ? 

Parecería que esta gente solo se quedaría tranquila si el estado asume aún más capaci¬ 
dades represivas y se erosionan las garantías democráticas. ¿Puede una muestra de fuerza, 
por sí sola, tranquilizar a la población? ¿Será la imagen de vehículos militares desfilando 
por las calles, como la noche de la victoria de Jair Bolsonaro, la que traiga paz ? ¿Cómo hay 
que ser de resentido para pedir la guerra en nombre de la paz ? 

Con el centro político corrido hacia la derecha, la geometría plantea que la derecha, 
si quiere ser algo distinto, solo le queda ser ultraderecha. Quitarse los pelos de la lengua y 
decirle a las cosas por su nombre. Abandonar sensiblerías liberales porque cuando la patria 
está en peligro no hay derechos para nadie, solo deberes. Rápidamente, garantías elemen¬ 
tales tales como el hogar sagrado inviolable palidecen ante las necesidades operativas de la 
represión. 

La ofensiva o avanzada derechista se da en varios planos distintos y complementa¬ 
rios. Por un lado hay una consolidación de un bloque reaccionario que adquiere cada vez 
más autoestima ideológica, cuya expresión política se ve sobre todo en las apariciones de 
Novick, en los sectores evangelistas del Partido Nacional y en las repetidas propuestas de 
militarizar el espacio público para combatir la delincuencia y la inseguridad. Esto es ali¬ 
mentado por la incapacidad del progresismo para construir un discurso de izquierda sobre 
la inseguridad y la violencia, mientras el gobierno sigue aumentando penas y militarizando 
la policía. Esto se traduce en la formación de subj etividades extremadamente conservadoras 
respecto a la inseguridad. 

En una sociedad asustada y sociofóbica, que odia a los planchas y cada vez está más 
convencida de que los pobres son pobres porque quieren, se multiplican los grupos de 
whatsapp de vecinos en alerta para avisar de jóvenes sospechosos y los locales nocturnos 
aplican derechos de admisión ilegales pero aceptados (y agradecidos) por todo el mundo. 
Una de las claves más importantes del nuevo uruguayo apolítico y derechizado está en su 
percepción de la inseguridad y de las causas de la violencia social, de la que emerge un an- 

6 Anglicismo que significa literalmente “silbato para perros”. Se trata de un artefacto que hace un sonido a una 
frecuencia que los perros pueden oír pero los seres humanos no. Se llama dogwhistles a los mensajes que dicen co¬ 
sas no admisibles en el espacio público liberal (especialmente el discurso abiertamente racista en Estados Unidos) 
pero lo hacen en un código que puede no ser inmediatamente comprensible para los no racistas pero deja muy 
claro de que se está hablando a los racistas que saben que sus dirigentes no pueden hablar directamente. 



tagonismo entre trabajadores y chorros, que es el marco elegido por la derecha para ganar 
hegemonía sobre el campo popular. 

Mientras se escribe este texto, aún quedan unos días para que Bolsonaro asuma el go¬ 
bierno de Brasil y comencemos a conocer, ahora sí, el alcance de sus políticas. No cabe duda 
que si hay algo cierto en sus palabras, se desatará persecución hacia personas de izquierda, 
negras, indígenas y LGBT. Que el programa de ajuste y entrega al gran capital será acelera¬ 
do y que le dará un espaldarazo a todas las ultraderechas de la región. El discurso contra la 
delincuencia y la corrupción ofrece explicaciones sencillas sobre el origen de los males que 
padece la sociedad. Si no nos robaran con los impuestos y no nos robaran los delincuentes, 
todo marcharía sobre ruedas. 

No deja de ser llamativo que la principal expresión de esta agenda en Uruguay venga 
de un político históricamente asociado al wilsonismo, corriente reformista y popular antes 
de la dictadura, y centrista y democrática después. Crítica del pacto del Club Naval, aunque 
después defensora de la Ley de Caducidad. Reducida en los 90 para dar paso al neolibe- 
ralismo herrerista de Lacalle y renacida en 2004 como ala moderada y dialoguista de la 
oposición. El wilsonismo, que siempre se reivindicó como paladín de la democracia, hoy 
reclama allanamientos nocturnos, cadena perpetua y atiza al sector más extremadamente 
derechista del electorado. 

La metamorfosis del wilsonismo es parte de un cuadro general de resquebrajamiento 
por derecha del orden liberal post-1985. 

Guido Manini Ríos tiene cada vez más protagonismo político, desafiando explícita¬ 
mente al proyecto de reforma de la caja militar del gobierno, y cosechando apoyos de la 
oposición. Y Julio María Sanguinetti, autodenominado socialdemócrata y artífice del pacto 
de transición, declara que la victoria de Bolsonaro en Brasil es “mejor que la otra opción”. El 
centro colapsa y se acopla a la ultraderecha, mientras de Estados Unidos a India, de Turquía 
a Filipinas y de Colombia a Europa derechas radicales y cada vez más autoritarias dominan 
la política y cuestionan directamente al concepto de Derechos Humanos. 

La normalidad liberal que supuestamente comenzó después del fin de la Guerra Fría 
parece estar llegando a su fin. Vamos hacia una política de jueces, fiscales, milicos, mediáti¬ 
cos y oligarcas poniendo orden. Y también a la resistencia contra eso. 


113 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 



Foto: Santiago Mazzarovich 


Políticas sociales y derechos humanos como 
obstáculos a la seguridad 


Luis Eduardo Morás 1 


Un balance en materia de seguridad ciudadana del presente año preelectoral, requiere 
señalar algunos hitos relevantes sobre las políticas implementadas, las reformas legislativas 
esbozadas y los discursos elaborados para intentar definir el actual estado de situación. La 
evaluación que surge de los principales dichos y hechos que pautaron la agenda del presente 
año, permite augurar un próximo debate y competencia electoral impregnados del recurso 
punitivo como único mecanismo disponible para el diseño y gestión de las políticas de 
seguridad. Previsiblemente, se orientarán exclusivamente a uno de los aspectos que la com¬ 
prenden: la persistente realidad de un importante componente de hechos delictivos contra 
la propiedad y la violencia emergente de conflictos por la comercialización de drogas. En 
este sentido, los multifacéticos aspectos incluidos en la “seguridad” se verán reducidos a 


1 Doctor en Sociología, Profesor Titular y Director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de 
Derecho (UdelaR), Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (ANII). 


una de sus expresiones, continuándose con debates centrados en la gestión del control de 
aquellas formas delictivas que seleccionan los medios de comunicación y resultan relativa¬ 
mente manejables y electoralmente redituables para el sistema político. De allí que resulte 
previsible anunciar que la complejidad e impacto de procesos de exclusión de larga data, la 
persistencia de un marco de desigualdades y nuevas fragmentaciones territoriales tanto de 
las víctimas como de los victimarios, las violencias institucionales y las múltiples tensiones 
que subyacen en los conflictos, entre otros aspectos, quedarán de lado, encubriéndose la 
naturaleza social y política que dan origen a los mismos. 

El clima de la época marca un campo restringido para pensar la seguridad; apenas tra¬ 
ducida como la procura de las mejores formas de administración burocrática de los recursos 
de control ante el delito y de gestión penal penitenciaria de los delincuentes; logrando 
desplazar de la agenda pública y el debate político otras preocupaciones más incómodas 
sobre la justicia social, la solidaridad y el bienestar colectivo. En esta dirección debe desta¬ 
carse lo que podría catalogarse como un intento de despolitización de los problemas de la 
seguridad; las reformas legales -incluso la que se propone plebiscitar una reforma consti¬ 
tucional- pretenden eludir cualquier connotación política, erigiéndose sus supuestos como 
estricta racionalidad y desideologizada objetivación de la realidad que se reafirma en un 
interés superior de los ciudadanos que trascendería intereses partidarios, cálculos electora¬ 
les e ideologías políticas. 

Paralelamente, la inminencia de los tiempos políticos estimula una especie de com¬ 
petencia en el lucrativo mercado electoral de la piedad por apropiarse del sufrimiento de 
las víctimas de los delitos y tener el monopolio de su representación. Se construyen como 
víctimas pasivas, a las cuales no se las consulta acerca de sus necesidades, que no necesaria¬ 
mente ni principalmente quizás tengan como prioridad la exigencia de mayores castigos 
para sus victimarios; y si se les brindara la posibilidad de optar probablemente exigirían 
una intervención pública más profunda en reparaciones materiales, psicológicas, morales y 
simbólicas. En este sentido, la composición del escenario de la seguridad demanda la confi¬ 
guración de dos bandos enfrentados y perfectamente delimitados, una otredad claramente 
identificable. El protagonista de este nuevo universo delictivo no poseerá ninguna referen¬ 
cia social, ni condicionamiento estructural o historia personal que pueda explicarlo; los 
actuales delincuentes se representan como sujetos que racionalmente calculan beneficios y 
costos de las múltiples opciones de vida que el mercado con generosidad y sin impedimen¬ 
tos le ofrece. Violentas, imprevisibles e incorregibles singularidades ferozmente enfrenta¬ 
das a víctimas que frecuentemente habitan los mismos territorios de exclusión que aquellos 
y transitan similares trayectorias vitales; que conocen de cerca las múltiples caras que la 
precariedad existencial le otorga a la “inseguridad”, y que evidentemente incluye la protec¬ 
ción de la vida ante la desmesura de la violencia delictiva, pero en ningún modo la agota. 

Enfrentados a oportunistas predadores que ninguna consideración merecen y asu¬ 
miendo la representación de las expectativas y deseos de las víctimas, el círculo se estrecha 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


para las políticas de seguridad, que se verán reducidas a enfrentar el emergente más evidente 
y el eslabón más débil de una cadena de complejas violencias con el reiterado mecanismo de 
un endurecimiento de la persecución penal. 

Punitivismo más allá de las ideologías 

En lo que hace a la estrategia diseñada por la oposición con el propósito de profundi¬ 
zar el “combate al delito”, se asiste a lo que aparenta ser una reedición de la campaña para 
“Vivir en Paz” que tuviera como objetivo reducir la edad de imputabilidad penal y fuera 
plebiscitada en el año 2014. En la actual coyuntura y bajo el lema de “Vivir sin miedo” 
comienzan a ser objeto de debate cuatro propuestas presentadas por un sector de la oposi¬ 
ción. Las mismas residen en: habilitar los allanamientos nocturnos, la creación de la figura 
jurídica de Reclusión Permanente Revisable y de una Guardia Nacional compuesta por 
militares; así como que los infractores que cometan determinados delitos no dispondrán de 
mecanismos liberatorios debiendo cumplir la pena en su totalidad. En el mes de setiembre, 
la campaña llevaba recolectadas cerca de la mitad de las firmas necesarias para habilitar el 
plebiscito y de acuerdo a los sondeos de opinión pública estarían de acuerdo en apoyarla 
con su firma el 40% de los ciudadanos. 2 3 

En el acto de lanzamiento de la campaña, el líder de la iniciativa utilizaba un recurso 
retórico que se afianza en la opinión pública: las respuestas esencialmente políticas para 
enfrentar el estado de inseguridad, dejaron de pertenecer a la esfera de las decisiones polí¬ 
ticas. Expresado en otros términos: un particular tipo de diagnóstico sobre el problema y 
116 la adopción de determinada solución para enfrentar el delito, no serían el producto de una 
particular visión del mundo, ni se sostienen en un conjunto de ideas políticas ni suponen 
elección valorativa alguna, en tanto se argumenta que el “miedo no tiene ideología, la inse¬ 
guridad no se viste de frenteamplista, de colorado, de blanco, de independiente o del Partido 
de la Gente, nos pega a todos los uruguayos de igual forma y es necesario decir basta. Hay que 
pasar de las palabras a los hechos”? 

Obviamente que esta invocación para adoptar una postura pragmática ante el pro¬ 
blema, sólo admite asumir como solución lo que la reforma justamente viene a proponer: 
endurecer la legislación contra el delito común y especialmente comenzar a transitar el 
camino de la militarización de la seguridad. Si bien la iniciativa plebiscitaria tiene un claro 
origen y un protagonismo político definido, se la difunde trascendiendo filiaciones o inte¬ 
reses concretos desde que se afirma que “esta iniciativa pasó a pertenecer a la ciudadanía en 
su conjunto” representando por lo tanto “una revolución ciudadana”, en donde la “sociedad 


2 Encuesta de Opción Consultores disponible en: http://www.opcion.com.uy/opinion-publica/?p=2093 

3 El Observador del 23 de mayo de 2018. 



tiene el derecho a defenderse y esto no se trata de ideologías. No se trata de izquierda o de dere¬ 
cha, se trata de vivir con miedo, o tener paz, seguridad y sentido de República”. 4 5 

Otro ejemplo de la considerable extensión y adhesiones que despierta esta práctica dis¬ 
cursiva que pretende erigirse como única verdad posible y que convierte a una de las tantas 
posibles interpretaciones de un fenómeno social -y por lo tanto producto de una particular 
visión del mundo- en razón única, evidente y excluyente de cualquier otra interpretación 
alternativa, lo ofrece el editorial de un matutino. Bajo el título “Seguridad exige corregir 
errores” 5 se afirma allí que la “seguridad no es un tema de ideología política de derecha, cen¬ 
tro o izquierda sino de protección a toda la población”-, tras lo cual se aseguraba que quienes 
no compartían esta personal opinión “evidenciaban” una suerte de extraviada obsecuencia 
ideológica: “si el énfasis puesto porLayera en la indefensión creciente de la sociedad constituye 
un discurso conservador’, queda en evidencia que para algunos el combate eficaz a la delin¬ 
cuencia pasa a ser secundario a la defensa de una posición ideológica”. 

El editorialista enumeraba luego algunas de las deficiencias señaladas por el director 
de la Policía Mario Layera en la polémica entrevista realizada en mayo del año 2018, entre 
las cuales destacaba las “investigaciones policiales obstaculizadas por fallas en la Fiscalía bajo 
el nuevo Código del Proceso Penal y por retención de información por organismos del Estado”-, 
concluyendo que “todos estos puntos son realidades que nadie puede discutir porque rompen 
los ojos”. Es así que, por obra y gracia de la pluma del editorialista, se tornan indiscutibles las 
controversiales invocaciones de jerarcas policiales que aducen impotencia para enfrentar 
eficientemente al delito por “tener las manos atadas” o en razón de que “han dejado sola a 
la policía para enfrentar el problema”. 

Más llamativo resulta el lamento editorial por la “retención de información por orga¬ 
nismos del Estado” como causa del dramático estado de inseguridad, dados los numerosos 
editoriales que ese mismo medio de comunicación ha dedicado en argumentar justamente 
lo contrario, denunciando el incontenible avance fiscalizador del Estado sobre la privacidad 
de las personas 6 . O bien se trata de un descuido del editorialista en su (des)ideologizado 
esfuerzo por defender aquello que “rompe los ojos”de los dichos del jerarca Layera; o bien se 
afilia al doble rasero que se desnudó sin pudor en ese momento por varios medios y actores 
sociales: cuando se trata de aquella información que refiere a determinados grupos sociales 
y cuyo relevamiento es responsabilidad de la ANEP y proviene de escuelas y liceos públi¬ 
cos de contexto crítico o de quienes son beneficiarios de programas del MIDES y/o de las 
asignaciones familiares que presta el BPS; no hay confidencialidad de los datos personales 
ni secreto estadístico que luzca justificable. 


4 Subrayado, 2 de setiembre de 2018. https://www.subrayado.com.uy/la-campana-larranaga-vivir-miedo- 
Ueva-recolectadas- 140000-firmas-n513120 

5 El Observador del 16 de mayo de 2018. 

6 Ver por ejemplo, editoriales significativamente titulados: “Derecho a Li privacidad en riesgo”en El Observa¬ 
dor del 18 de mayo de 2018; “¿Invasión en vez de inclusión!” en El Observador del 18 de abril de 2017. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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La metáfora “ocular” sobre el origen de los problemas se cierra en la nota editorial 
con la evidente solución, en tanto las “correcciones necesarias están a la vista”-, incluyéndose 
entre las mismas “terminar con el secretismo y la dispersión de organismos del Estado” así 
como “reconocer que la imperante disgregación social ha sido una grave claudicación de las 
administraciones frenteamplistas al aprobar leyes que la profundizan en vez de combatirla”. 
La aclaración final del editorial era casi innecesaria por previsible: de no compartirse en el 
gobierno este tipo de solución (una de las posibles, nada novedosa y ni siquiera validada por 
la evidencia disponible) debido a los “desvíos ideológicos”, se terminarán haciendo realidad 
los peores pronósticos de Layera. 

Por otra parte, los insistentes reproches realizados desde el Ministerio del Interior a 
los pocos meses de entrar en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), 
ante lo que aparentemente habría sido la instalación de la más absoluta impunidad para los 
autores de hechos delictivos, encontraron en las declaraciones del director de la Policía 7 
un fuerte incentivo que impulsó una profunda reforma legislativa que desnaturalizaba los 
objetivos del nuevo modelo acusatorio. 

Entre los cambios legislativos que fueran propuestos se encontraban: dotar de mayor 
flexibilidad a la Policía para investigar sin que necesariamente el fiscal a cargo brinde in¬ 
dicaciones específicas; la modificación del instituto de la prisión preventiva que debería 
aplicarse en casos de “reincidencia, reiteración y habitualidad” en delitos como violación, 
abuso sexual, atentado violento al pudor, lesiones graves y gravísimas, hurto cuando hay 
circunstancias agravantes, rapiña, extorsión, secuestro y homicidio; al tiempo que se esta¬ 
blecían cambios al “proceso abreviado” donde no se podrá aplicar la posibilidad de obtener 
la libertad anticipada o la libertad vigilada; entre otras modificaciones sustanciales al nuevo 
CPP. 

La iniciativa gubernamental, de claro corte punitivista, se basaba en un conjunto de 
controvertidas premisas que no contaban con sólidos fundamentos empíricos, reprodu¬ 
ciendo ideas instaladas en la opinión pública como ser que: “los narcotraficantes están ga¬ 
nando la batalla” debido a que “la justicia es extremadamente benévola con los infractores”; 
ambientándose una “generalizada sensación de impunidad y ausencia de límites” que es 
aprovechada por delincuentes que contarían con excesivos “derechos y garantías” en des¬ 
medro del resto de los ciudadanos. El impulso restaurador que suponía este proyecto de 
reforma al recién instalado CPP atendía todas estas ideas preconcebidas promoviendo una 
creciente discrecionalidad en el accionar policial y eventuales episodios de violencia insti¬ 
tucional, apelando al encarcelamiento masivo como política criminal privilegiada, cuestio- 

7 Allí se afirmaba, entre otros aspectos, que la fuerza policial veía dificultada su tarea ante el protagonismo 
asumido por los fiscales; que el Estado no tomaba decisiones firmes ante el delito ni coordinaba la entrega de 
datos disponibles sobre poblaciones eventualmente asociadas a conductas infractoras (MIDES, ANEP, BPS); 
que el país marchaba hacia un destino similar a países centroamericanos caracterizados por la violencia incon¬ 
trolable (Guatemala, El Salvador) y que inevitablemente en algún momento “los marginales serían mayoría”. El 
Observador del 12 de mayo de 2018. 



nando la extensión de derechos y garantías, así como profundizando la criminalización de 
los sectores sociales más desfavorecidos. 

No obstante, esta catastrofista configuración del escenario delictivo dibujada en los 
medios de comunicación ante la entrada en vigencia del nuevo CPP, resultó desmentida 
por múltiples operadores, calificados expertos y organizaciones vinculadas al tema. En lo 
que refiere a la adjudicación de responsabilidades al CPP por la inoperancia procesal y en 
consecuencia en el incremento de los índices delictivos, puede citarse la respuesta formu¬ 
lada por la Fiscalía General de la Nación (FGN) ante un pedido de informes efectuado 
por un diputado opositor. El legislador consultaba a la Fiscalía si advertía “un incremento 
de la impunidad como consecuencia de la vigencia del nuevo CPP y, muy especialmente, de la 
menor aplicación de la prisión preventiva y la mayor utilización de los procesos y las penas sus- 
titutivas”. En la respuesta, dicho organismo, si bien reconoce dificultades no previstas en su 
implementación y que la carga de trabajo de los fiscales es un 60% mayor a las estimadas en 
su presupuestación: “en los primeros seis meses de aplicación el 77,8% de los conflictos penales 
formalizados se resolvieron por alguno de los nuevos medios previstos. Esto por sí mismo supone 
un verdadero salto en la eficacia y eficiencia en la administración de justicia en el país, dado 
que se ahorran meses o hasta años de tiempo y costos económicos”. 8 9 

A su vez, en un Informe elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la 
FGN y presentado en la página de la Fiscalía se afirma: “a seis meses del inicio de la aplicación 
del nuevo CPP la capacidad del sistema dejusticia para responsabilizar penalmente a quienes 
cometen delitos e infracciones (adolescentes) se acercó rápidamente a la exhibida por el proceso 
penal inquisitivo. La tendencia es muy alentadora si se tiene en cuenta que, dado los recursos 
asignados, el sistema dejusticia penal bajo el proceso inquisitivo, en aplicación desde los inicios 
mismos del estado de derecho en Uruguay, estaba trabajando a su máximo nivel posible. Mien¬ 
tras que el nuevo CPP recién comienza a implementarse”? 

Al mismo tiempo, las reformas propuestas lograron el unánime rechazo de todos los 
estamentos especializados en la materia judicial, académicos y organizaciones de derechos 
humanos. En este sentido se pronunciaban los jueces y defensores que advirtieron que la 
reforma del CPP que se exigía “paralizaría” la justicia y tendría como posible consecuencia 
“el caos institucional, la paralización del sistema penal y la injusticia”-, además de considerarse 
que “no hay razón práctica, estudio serio, ni datos objetivos que justifiquen ese triste retorno” 
en tanto las afirmaciones realizadas por el Ministerio del Interior vinculaban “el aumento 
en la tasa delictiva al CPP, sin ofrecer las razones causales que los conduce a tal aseveración ”. 10 


8 www.180.com.uy. 25 de mayo de 2018. 

9 Datos de la Fiscalía General de la Nación. Actualización mensual de casos formalizados. Período I o de no¬ 
viembre de 2017 al 13 de mayo de 2018. Fecha elaboración: 18 de Mayo de 2018 Disponible en: http://www. 
fiscalia.gub.uy/ 

10 Comunicado a la opinión pública firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, 
la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos, el Colectivo de Pensamiento Penal, Ielsur, entre otras 
múltiples organizaciones y expertos. 


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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


En la comparecencia de la Defensoría Pública ante la Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay 
expresaba su malestar y afirmaba que “cuesta entender las razones por las que Uruguay, que 
llegó muy tarde a la reforma, en seis meses propone un texto de esta magnitud, pegándole un 
tiro al corazón de reforma”} 1 

Compartía también una visión crítica, la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDDHH) quien elevó al Parlamento un informe que, en forma rotunda, se opone a 
los ajustes planteados por el gobierno al CPP. Consideraba que las reformas propuestas 
impactarían en áreas cruciales para el cumplimiento, por parte de Uruguay, de los compro¬ 
misos asumidos en materia de derechos humanos, afectando el sistema de garantías para 
los justiciables al momento de su detención y el derecho a la libertad en varios aspectos. 
También destacaba que se vería afectado el principio de presunción de inocencia al hacer 
preceptiva la prisión preventiva para determinados delitos y la eventual expansión ilimita¬ 
da del número de sujetos pasibles de ser objeto de un registro sin que medie intervención 
garantista del fiscal. 12 

Finalmente, un Informe elaborado por el Instituto de Derecho Penal (UdelaR) obser¬ 
vaba múltiples aspectos claramente “inconstitucionales” en lo que denominaba como una 
“contrarreforma” que entraba en colisión, además, con “todas las Convenciones, Tratados y 
Pactos de los Derechos Humanos ratificados por Uruguay, con el inminente riesgo de traer apa¬ 
rejadas sanciones internacionales”. 13 

Ante el sintético marco situacional expuesto, que en forma casi unánime parece aso- 
120 ciar inevitablemente las posibilidades de lograr mayores niveles de seguridad apelando 
como únicos recursos a la aprobación de una legislación penal más dura, la reducción de las 
garantías procesales y el incremento del uso de la privación de libertad, podemos hacernos 
la pregunta acerca de cuáles son las imágenes sociales predominantes que ambientan una 
recurrente configuración del pensamiento renuente tanto a evaluar otras alternativas, como 
resistente a considerar las múltiples evidencias de su fracaso. 

“Un delincuente es un delincuente” 

En un texto clásico de la criminología latinoamericana publicado a comienzos de los 
años ochenta, Rosa del Olmo argumentaba la importancia de abordar las formas en que 
se definía, estudiaba y controlaba la criminalidad en contextos sociopolíticos específicos, 
en el entendido que estas delimitaciones tenían consecuencias prácticas más amplias. Si 
aceptamos que “la creación conceptual de lo que es un delincuente, cumple una función especí- 

11 Portal Ecos del 28 de mayo de 2018. http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/05/26/23666/ajustes-al-cpp- 
meten-una-gran-mano-violatoria-a-la-constitucion/ 

12 Portal Ecos del 30 de mayo de 2018. http://ecos.la/UY/13/Sociedad/2018/05/30/23763/reforma-al- 
cpp-afectara-sistema-de-garantias-y-derecho-a-la-libertad/ 

13 El País, 15 de junio de 2018. 



fica: la de legitimar en nombre de la ciencia la intervención del Estado” 14 ; podemos apreciar 
la consolidación de un preocupante imaginario que ofrece las condiciones de posibilidad 
para un conjunto de políticas. En la medida que se consolida una configuración de ideas 
donde los infractores pierden contacto con cualquier forma de condicionamiento estructu¬ 
ral o proceso social y simplemente exponen una psicopatía personal al carecer de suficiente 
apego a las normas vigentes; la intervención estatal debe recurrir tanto a instrumentos de 
política criminal que incluyen nuevas tecnologías para la vigilancia, control y “prevención 
situacional” del delito, como a la resignificación de programas y políticas sociales, educa¬ 
tivas y territoriales, ahora evaluadas exclusivamente por su impacto en el descenso de la 
criminalidad. 

Esta delimitación del problema y la consecuente solución generan un consenso prác¬ 
ticamente unánime en el sistema político. A modo de ejemplo, puede citarse un ilustrativo 
editorial de un medio de comunicación que bajo el sugestivo título de “Una lucha entre 
‘nosotros’y ‘ellos’” ls argumentaba el fracaso de la concepción oficialista que en algún mo¬ 
mento enfatizó interpretaciones sobre las “causas sociales” de la violencia. En tono triunfal 
aseguraba que esa “batalla dialéctica está ganada”, en la medida que el propio partido de 
gobierno así lo reconocía. Parece asistirle razón al editorialista en tanto se suceden defini¬ 
ciones oficialistas que alimentan esa percepción donde estaríamos nuevamente enfrentados 
al dilema sarmientino de civilización o barbarie. En este sentido, pueden citarse declaracio¬ 
nes de importantes actores que han afirmado, por ejemplo, que en el tema de la inseguridad 
existía un “ellos contra nosotros”-, que “no podemos aceptar jamás convivir con otros a los que 
no les importa la vida” y como corolario de esta definición la política que se recomienda 
aplicar: “Si yo parto de la base de que hay gente que no tiene arreglo, eso (la cadena perpetua) 
viene de cajón” 16 . En otros casos, como clave interpretativa del delito se ha adoptado la tat- 
cheriana síntesis que no por breve deja de enunciar una concepción política y un programa 
de intervención: “un delincuente es un delincuente”^ 1 -, o que el “quiebre de los códigos entre 
menores infractores es tan profundo que no hay esperanza de rehabilitarlos a todos”y que algu¬ 
nos se expresaban con “sonidosguturales”}* 

Apelando al lenguaje bélico sobre el “combate que se libra” actualmente en el país, fina¬ 
lizaba el referido editorial recordando que “el principio de autoridad y la defensa del ciuda¬ 
dano deben primar antes de cualquier otra consideración”. En la medida que todo “combate” 
supone al menos dos antagonistas y que uno es el “ciudadano” resulta claro el estatus de no- 
ciudadano de su oponente; menos evidente resultan las implicaciones acerca de la “defensa 


14 Del Olmo, Rosa (1981): América Latina y su criminología. Siglo XXI. México. 

15 El País del 23 de octubre de 2018. 

16 Yamandú Orsi: “Yo creo que hay delincuentes que no se pueden rehabilitar”. El Observador del 13 de julio 
de 2018. 

17 Gustavo Leal: “Cuidado con creer que esto se arregla con políticas sociales”. Montevideo.com, 20 setiembre 
de 2018. 

18 Gabriela Fulco, Búsqueda del 26 de julio de 2018. 


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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


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del principio de autoridad” y su primacía sobre “cualquier otra consideración” que alienta 
el editorialista y que admite algunas preocupantes interpretaciones. 

Concomitantemente a estas definiciones del sujeto infractor y los tipos de estudios 
que auspicia 19 , donde se anula cualquier posibilidad de referencia a eventuales corresponsa¬ 
bilidades sociales y/o coculpabilidades estatales en la situación de origen del problema; se 
reproducen discursos sobre el rol de las “políticas sociales” y el respeto a los “derechos hu¬ 
manos” como factores promotores del crecimiento de la violencia o como obstaculizadores 
para un efectivo control del delito. Prácticamente pasaron a ser parte del unánime consenso 
colectivo, expresiones acerca de que “las políticas sociales fracasaron en su objetivo de con¬ 
tener el delito”; o que existe una excesiva preocupación por “los derechos humanos de los 
delincuentes descuidándose los derechos humanos de las víctimas”. 

A la estrepitosa y muy extendida confusión -presente en todos los niveles y sectores 
políticos- entre el rol de las “políticas sociales” (instrumento público orientado a brindar 
un mínimo de bienestar a los ciudadanos y/o facilitar mecanismos de justicia social) con 
los objetivos y funciones de una política criminal; se suma una minimalista visión de los 
“derechos humanos”, aparentemente reducidos y/o confundidos con el conjunto de garan¬ 
tías procesales que establece la legislación vigente, ya que nadie puede sostener que en la 
realidad actual todos los orientales -tanto víctimas como victimarios- acceden plenamente 
al conjunto de derechos humanos universalmente reconocidos (entendidos como acceso a 
mínimos derechos sociales, económicos y culturales que son patrimonio de la humanidad 
en su conjunto). 

Como resultado de estas falacias se continúan reduciendo los niveles de empatia con 
las personas más desfavorecidas y que viven prolongados y profundos procesos de exclu¬ 
sión social, teniendo como consecuencia la profundización de los antagonismos sociales, 
la reducción de los espacios de compromiso y solidaridad ciudadana; así como la creciente 
legitimación que adquiere la expansión de iniciativas privadas orientadas a la vigilancia pre¬ 
ventiva y el castigo a los infractores, como lo han ejemplificado algunos episodios recientes 
de autoorganización de vecinos y linchamientos. 

En definitiva, la actual coyuntura muestra la fuerte hegemonía de una configuración 
de los temas vinculados a la inseguridad que se restringe a algunas de sus expresiones; que 
se pretende desideologizado en sus definiciones del problema y la soluciones que propone; 
y que visualiza al supuesto fracaso de las políticas sociales como fuente legitimadora de la 
expansión punitiva y a los derechos humanos como un obstáculo para combatir eficazmen- 


19 Sin espacio para desarrollar en este artículo la agenda de investigación y los enfoques teóricos de los estu¬ 
dios que se vienen desarrollando en el país, puede no obstante mencionarse el curioso ejemplo de las referencias 
bibliográficas que ofrece el capítulo sobre “seguridad ciudadana” del Reporte Social que publica el MIDES. En 
las ediciones correspondientes a los años 2015 y 2017, prácticamente no hay referencias de trabajos nacionales, 
monopolizando la bibliografía textos en inglés, publicados en el exterior y financiados por organismos interna¬ 
cionales. 



te al delito y atender adecuadamente el sufrimiento de las víctimas. De allí que pueda au¬ 
gurarse un horizonte político -incentivado además por la próxima contienda electoral- que 
previsiblemente continuará transitando el camino de profundización del recurso punitivo 
como instrumento privilegiado para enfrentar la inseguridad, eludiendo la resolución de 
los conflictos sociales latentes y las deudas sociales todavía pendientes que le dan origen. 


123 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


124 


Un nuevo sistema de los servicios de Inteligencia 
fue aprobado en el Parlamento 


Sudestada 1 


Luego de casi siete años se aprobó un nuevo diseño de la Inteligencia del Estado que 
coordina a los diferentes organismos encargados de este trabajo. Esta nueva ley le brinda al 
Parlamento un mayor control sobre este tipo de tareas. Al menos en el papel. 

El Senado aprobó a fines de octubre la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia 
del Estado 2 , lo que significa que cuando el Poder Ejecutivo promulgue esta norma los tra¬ 
bajos de inteligencia que hoy realizan diferentes organismos pasarán a estar centralizados 
y coordinados. 

La Cámara de Diputados había aprobado, 10 días antes, sin los votos del Partido Co¬ 
lorado, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que será 
coordinado por cuatro ministerios (Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía 
y Finanzas) tendrá control parlamentario y supondrá la creación de un cargo de director 
nombrado por el presidente de la República. 

Esta ley prevé la creación de una comisión bicameral parlamentaria que fiscalizará el 
funcionamiento del nuevo sistema y estipula sanciones, que pueden llegar a la destitución, 
para los legisladores que revelen información secreta. 

Los 12 diputados del Partido Colorado no votaron el proyecto de ley por varios moti¬ 
vos. Si bien aseguran que la idea es atendible, los colorados consideran que el nuevo cargo 
de dirección que se crea al tener que coordinar con cuatro ministerios, entorpecerá la labor 
de la comisión parlamentaria que, llegado un extremo, deberá convocar a cuatro secretarios 
de Estado para cumplir con su objetivo. 

Otro punto es que el representante colorado en la Comisión Especial de Seguridad y 
Convivencia de la cámara baja que aprobó, por unanimidad este proyecto, fue el diputado 
Fernando Amado, quien recientemente abandonó el Partido Colorado. Por esta razón, los 
colorados consideran que no estuvieron debidamente representados, según argumento el 
diputado Ope Pasquet. 

La iniciativa contó con el voto favorable de todos los legisladores del oficialismo y de la 
oposición, con algunas salvedades que expusieron en sala los diputados nacionalistas Pablo 
Abdala, Pablo Iturralde y Gustavo Penadés. 


1 Sudestada, Periodismo y Transparencia www.sudestada.com.uy 

2 Ley 19.696. 



El diputado Penadés sostuvo que no debe confundirse las tareas de Inteligencia del 
Estado con el espionaje y argumentó que en su opinión sería mejor que este trabajo fuera 
coordinado por Cancillería y no por cuatro ministerios, como propone el proyecto. 

Por su parte, el miembro informante el diputado frenteamplista José Carlos Mahía 
destacó que el objetivo del proyecto es crear un “ sistema de inteligencia en el cual las distin¬ 
tas áreas del Estado que se dedican a esa actividad, pero lo hacen en forma separada e incluso 
aislada, lo realicen en forma sistémica”. 

Esta iniciativa es, quizás, uno de los más debatidas a nivel parlamentario desde el re¬ 
torno de la democracia. La idea de crear un sistema global de Inteligencia se gestó durante 
el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010). 

El 23 de noviembre de 2011 se creó la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento 
Legislativo sobre Inteligencia de Estado, con el objetivo de iniciar el proceso para alcanzar 
un nuevo diseño en los servicios de Inteligencia. 

El nuevo diseño de la Inteligencia 

Así las cosas, y pese al disenso colorado, este proyecto resume años de trabajo de todos 
los partidos políticos con representación parlamentarias y crea, en su primer artículo, el 
Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE) y establece que el Poder Ejecutivo será 
el encargado de fijar la política nacional de Inteligencia con el fin de facilitar la toma de 
decisiones en el más alto nivel del gobierno. 

Por esa razón, se establece la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del 
Estado, un órgano desconcentrado que dependerá del presidente de la República en coor¬ 
dinación con los Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, y Eco¬ 
nomía y Finanzas. Este nuevo organismo coordinará las actividades de Inteligencia, Con¬ 
trainteligencia, Inteligencia estratégica de Estado, Inteligencia militar, policial, manejo de 
fuentes (abiertas o cerradas), entre otros asuntos. 

El titular del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado será el director de la Secreta¬ 
ría de Inteligencia Estratégica de Estado, quien designado por el presidente de la República, 
con la venia de la Asamblea General por mayoría especial de tres quintos de votos del total 
de sus componentes. Este jerarca podrá ser un militar retirado o un civil. 

El director podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos y 
no podrá ser designado nuevamente antes de tres años, contados desde el término de sus 
funciones, sin perjuicio de que cesará en sus funciones cuando esté designado quien haya 
de sucederle. 

La nueva ley establece que “muchas de las actividades de los servicios de inteligencia de¬ 
ben realizarse de forma secreta, puesto que la revelación de fuentes, métodos o recursos, podrían 
comprometer el logro de losfines buscados. Sin embargo, esto no significa que se opere porfuera 


125 


SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 


de la legalidad; las agencias de inteligencia jamás deben funcionar al margen de las reglas del 
Estado y los controles democráticos”. 

Por esa razón, el artículo 25 de la ley establece que “la Asamblea General podrá crear 
(según el artículo 105 de la Constitución de la República) una comisión parlamentaria bica- 
meral con el cometido de controlar y supervisar la actuación del Sistema Nacional de Inteligen¬ 
cia de Estado donde participarán legisladores de todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria”. 

La iniciativa también establece los procedimientos especiales para la obtención de in¬ 
formación por parte de los órganos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia de 
Estado. La nueva norma señala que debe existir la “debida autorización”para realizar “aque¬ 
llos actos que puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos”. También estipula 
“los procesos que deben seguir las autoridades de los órganos para que el personal que de ellos 
depende eventualmente oculte su identidad y actúe deforma encubierta”. 


126 



Derechos 
económicos, 
sociales y culturales 



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Foto: Santiago Mazzarovich 




La caja militar: una reforma postergada 


Lie. Martín Couto 1 


Uruguay reformó en 2018 el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 
(SRPFFAA, coloquialmente llamada “Caja Militar”). La aprobación definitiva de una ley 
con normativas sobre los retiros y pensiones militares en 2018 implicó la sanción de cam¬ 
bios pendientes desde 1974, año en que se aprobó la Ley Orgánica Militar vigente 2 , que 
era la norma que definía las principales características de este peculiar sistema de seguridad 
social. 

El presente artículo se propone abordar y dar cuenta del proceso de reforma del SR¬ 
PFFAA, incluyendo los debates ocurridos, las reacciones del sistema político y de las Fuer¬ 
zas Armadas, así como una síntesis del sistema reformado y de la nueva normativa. No 
obstante, también se propone ubicar este proceso político en un marco más amplio, lo que 
pretende no sólo contextualizar sino también mirar a la sociedad uruguaya a partir de este 
proceso de reforma. El artículo se divide en cinco secciones: en la primera de ellas se pro¬ 
pone una manera de contextualizar el debate; posteriormente, se describirá al SRPFFAA 
existente previo a la reforma; luego se comentarán los principales hitos de los debates ocu¬ 
rridos sobre el tema en este período de gobierno; en la cuarta sección se detallarán las per¬ 
manencias y cambios que implica la reforma aprobada para, por último, plantear una serie 
de puntos que resultan interesantes para el debate democrático. 


Contexto general: relaciones sociedad - Fuerzas Armadas 

Escribir sobre la Defensa 3 y el factor militar -la primera más amplia, abarcando no 
sólo a lo militar, sino también, por ejemplo y entre otras, a las relaciones exteriores- resulta 
extremadamente difícil en Uruguay. El déficit en la producción de conocimiento en esta 
área explica parte de esta dificultad, así como es un indicador interesante de las relaciones 
entre la sociedad y las Fuerzas Armadas (FFAA). Julián González Guyer 4 , investigador del 
Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR, señala que 


1 Sociólogo. 

2 Ley No. 14.157, disponible en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4300052.htm 
[consultado el 26.10.2018]. 

3 El Artículo I o de la ley 18.650 la define de la siguiente forma: “La Defensa Nacional comprende el conjunto 
de actividades civiles y militares dirigidas a preservarla soberanía y la independencia de nuestro país, a conservarla 
integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución 
y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente yfuturo de la población”. 

4 González Guyer, Julián, “Relaciones FF.AA. y sociedad” en Sepúlveda, I. y Alda, S. (eds.), La administra¬ 
ción de la Defensa en América Latina , Madrid, Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de investi¬ 
gación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 2008. 


129 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


130 


la dimensión fundamental para analizar las relaciones sociedad - FFAA es la voluntad po¬ 
lítica de gobernar a la Defensa y particularmente a lo militar, al tiempo que esto implica un 
corolario: además de la voluntad política, se debe tener obediencia militar. 

El Uruguay ha tenido, durante su historia, una separación de lo militar con respecto 
a la sociedad. De hecho, González Guyer señala que cuando los militares intervinieron en 
política (por ejemplo en la última dictadura cívico-militar) lo hicieron fuertemente ha¬ 
bilitadas desde una parte del sistema político 5 . Esta separación se refleja además de en la 
escasez del conocimiento producido, en dos características fundamentales: en primer lugar, 
la ausencia de debates amplios en la sociedad sobre el tema y junto a ello, la nula voluntad 
política de encarar estos temas desde el sistema político, por lo menos hasta 2005. Debe 
agregarse como último punto la disconformidad militar, expresada frecuentemente con 
referencia a los bajos sueldos del personal subalterno así como la escasísima inversión en las 
FFAA y el bajo porcentaje del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento 6 . 

La Ley Orgánica Militar, que regulaba hasta este año el SRPFFAA, fue aprobada en 
1974, habiendo sido enviada por el dictador Bordaberry al Consejo de Estado (designado 
un mes antes) el 25 de enero de 1974. La aprobación de dicho texto tuvo un trámite express, 
y fueron necesarios tan sólo 25 días para convalidar sus 278 artículos, siendo sancionada el 
19 de febrero del mismo año. Aparicio Méndez, en ese momento integrante del Consejo de 
Estado y posteriormente designado presidente por las FFAA, fue el miembro informante 
del proyecto. Junto al crecimiento exponencial de los efectivos militares y del presupuesto 
de las FFAA, este fue uno de los legados de la dictadura cívico-militar. 

Hasta 2010, la Ley Orgánica Militar aprobada en 1974 era la única norma que inte¬ 
graba regulaciones para las tres fuerzas. Otro dato característico de dicha ley es que también 
regulaba el funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), dando cuenta de 
la militarización del MDN y el debilitado control que tenía el poder político civil. 

La asunción del primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) implicó un cambio 
en esta ausencia de debate: en dicho período se realizó un debate nacional sobre Defensa, 
que involucró a la sociedad civil, a las FFAA, a todos los partidos políticos y a la acade¬ 
mia. Como resultado de este debate puede ubicarse la aprobación por unanimidad de la 
Ley Marco de Defensa Nacional, No. 18.650 7 . Asimismo, posteriormente fue aprobado 
el decreto de Política Nacional de Defensa en 2014 8 . Según lo proyectado en el período 
2005-2010, se debieran haber aprobado luego de la ley Marco de Defensa una nueva Ley 


5 Ob. Cit. 

6 El gasto militar en 2015 fue de 13.598 millones de pesos, compuestos de la siguiente forma: un 72,2% se 
destinó a sueldos, un 23,2% a gastos de funcionamiento y un 4,6% a inversiones. 

7 Disponible en: http:// www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/ 18650-2010. [consultado el 26.10.2018]. 

8 Decreto 105/014 disponible en https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/105-2014 [consul¬ 
tado el 26.10.2018], 



Orgánica Militar, una Ley Orgánica del MDN, así como nuevas normativas para cada una 
de las fuerzas. Hasta el momento este itinerario no fue cumplido. 

A modo de síntesis de este apartado y siguiendo a González Guyer, se puede desta¬ 
car un déficit y anomalía democráticos, vinculados al débil interés del sistema político por 
mandar a las FFAA (como lo establece la Constitución de la República), que deriva en 
cierta autonomía de lo militar, así como la ausencia de los temas de Defensa en la agenda de 
debate público nacional. En este contexto de relaciones sociedad - FFAA es que ocurrió la 
discusión y posterior aprobación de la ley que reforma al SRPFFAA. 

El SRPFFAA previo a la reforma 

La reforma del SRPFFAA terminó de consolidarse como tema de debate en la agenda 
política nacional a partir del denominado proceso de “consolidación fiscal” (ajuste fiscal) 
propuesto por el Poder Ejecutivo en 2016 y votadas las medidas que lo formaban mayori- 
tariamente en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 
2015, en 2016. Así, el tema se ubica en la agenda gubernamental a partir de preocupaciones 
fiscales. En ese sentido es importante destacar que lo presupuestal es un factor importante 
en este tema. A su vez, discutir sobre presupuesto implica vincular las distintas necesidades 
y áreas del Estado: lejos de discutir, en este caso, qué FFAA se quiere, lo presupuestal re¬ 
quiere definir qué FFAA se pueden tener, en la medida en que se trata de distribuir recursos 
finitos entre necesidades infinitas. 

El costo del SRPFFAA es una buena forma de iniciar la descripción del sistema refor¬ 
mado. En 2017 el déficit del SRPFFAA (aquella parte de las prestaciones que brinda que 
no logra cubrir con recursos propios) fue de 16.843 millones de pesos (580 millones de dó¬ 
lares aproximadamente), cifra superior a lo destinado a protección social (16.327 millones 
de pesos) y a los gobiernos subnacionales desde el gobierno nacional (14.517 millones de 
pesos). El déficit de la Caja en 2017 fue aproximadamente un 1% del PIB, siendo además 
el 85% del gasto del SRPFFAA. Asimismo, se estimó por parte del Ministerio de Econo¬ 
mía y Finanzas (MEF) que para 2020 el déficit alcance los 700 millones de dólares. Cabe 
destacar que entre 2004 y 2017 el aumento de las transferencias desde Rentas Generales al 
SRPFFAA fue de 103% 9 . Es decir que el SRPFFAA se constituye en un tema urgente para 
la sociedad uruguaya, en la medida en que el déficit no sólo no se estabilizará sino que se¬ 
guirá creciendo, por lo menos, hasta 2040 (considerando la reforma aprobada). Por tanto, 
el Estado uruguayo deberá redistribuir o asignar parte de los nuevos recursos generados de 
manera incremental para sostener este Servicio. 


9 Si se considera el incremento real del gasto presupuestal entre 2013 y 2015, la asistencia desde Rentas Ge¬ 
nerales al SRPFFAA aumentó un 11,4%, mientras que en ASSE el incremento fue de 8%, en el Poder Judicial 
de 6,6%, en el MVOTMA del 6,3%, en la UdelaR del 5,3% y en ANEP fue del 2,8%. 


131 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


132 


Las razones para el aumento del déficit pueden ubicarse en una relación activo-pasivo 
decreciente (aumentan los pasivos y disminuyen los activos) así como a la propia lógica del 
SRPFFAA reformado (que como se planteará más adelante, el SRPFFAA previo a la refor¬ 
ma será el que seguirá rigiendo por 20 años), que otorga retiros que no guardan relación 
con lo percibido por el militar en actividad. 

No obstante, la preocupación fiscal no debe ser el argumento para la reforma. El SR¬ 
PFFAA estaba regulado por aproximadamente 150 leyes y decretos, lo que hace difícil su 
comprensión, en la medida en que resulta un puzzle complejo de armar. Para tener una 
dimensión de lo que implican esas regulaciones, puede observarse cómo la Ley Orgánica 
Militar de 1974 establecía el cálculo del haber de retiro (que es el monto final que percibirá 
la persona). El punto de partida para dicho cálculo es el haber básico de retiro (HBR), so¬ 
bre el cual posteriormente se aplican diversos y cuantiosos beneficios. 

El artículo 201 de la Ley Orgánica señala que el HBR se calculará considerando el 
sueldo total del militar en el mes anterior al retiro. El cálculo implica otorgar tantas treinta¬ 
vas partes del sueldo según los años de retiro. Así, si la persona tiene 30 años de servicio se 
le asignarán 30/30 partes del 100% de su sueldo en el penúltimo mes. Es decir que, en este 
caso, sólo el cálculo inicial del HBR implica una Tasa de Reemplazo 10 del 100%. El cálculo 
del HBR se estipula por franjas: la más alta es la que se acaba de describir, correspondiendo 
a los 30 años de servicio. En caso de tener entre 25 y 29 años de servicio, se calculan tantas 
treintavas partes del 90% del penúltimo sueldo; para quienes tienen entre 20 y 24 años de 
servicio, se calculan las treintavas partes sobre el 80% del penúltimo sueldo; para quienes 
tienen entre 15 a 19 años de servicio se considera el 65% del sueldo y para quienes tienen 
menos de 15 años de servicio, se toma el 50%. Cuando existen referencias a personal sub¬ 
alterno que se jubila con un monto menor, la referencia es a aquellos con menos años de 
servicio, olvidando que cuando se completan los 30 años, el HBR será del 100% del sueldo. 

Sobre el HBR se aplican un conjunto importante de beneficios. En este artículo, a 
modo de ejemplo, se describirán sucintamente tres de ellos: las bonificaciones por determi¬ 
nadas tareas en las FFAA, el llamado Grado Inmediato Superior (GIS) y las denominadas 
“leyes comparativas”. 

En cuanto a las bonificaciones, estas implican en algunos casos un cómputo mayor 
de los años de servicio si la persona realizó tareas de vuelo, actuó en el marco de Medidas 
Prontas de Seguridad, prestó servicios en tiempos de guerra, realizó actividades docentes o 
en el Hospital Militar. 

En cuanto al GIS, el inciso tercero del artículo 201 de la Ley Orgánica Militar señala 
que los oficiales superiores (Coroneles en el Ejército y la Fuerza Aérea, Capitanes de Navio 
en la Marina) que se retiren por límite de edad, y que cuenten con todas las condiciones 


10 En seguridad social se le llama Tasa de Reemplazo al porcentaje del sueldo al que corresponde el retiro. Por 
ejemplo, si el retiro es igual al último sueldo, la TR será de 100% mientras que si es la mitad la TR será 50%. 



para ascender al grado superior, se retirarán con el haber correspondiente al grado de Gene¬ 
ral (Ejército) Contralmirante (Marina) y Brigadier General (Fuerza Aérea). 

Por último, las denominadas “leyes comparativas” implican que el retiro de una perso¬ 
na no puede ser menor al de otro retirado del mismo grado. Todos estos elementos consti¬ 
tuyen una importante desconexión, como se ha planteado, entre el sueldo y el retiro, lo que 
explica parcialmente el grave déficit y su aumento exponencial bajo esta normativa. 

Para que se entienda cabalmente que lo relatado constituyen verdaderos privilegios, 
conviene comparar a este Servicio con otros de seguridad social del país: en primer lugar, 
si se calcula el aporte de Rentas Generales (por el déficit) en función de los pasivos que 
se atienden, en el SRPFFAA se destinan 8100 USD por pasivo, mientras que en la Caja 
Policial esta cifra es de 3500 USD, en el BPS es de 1600 USD y en la Caja Bancaria de 
700 USD. En cuanto a la Tasa de Reemplazo, en el BPS la máxima está fijada en el 82,5% 
mientras que en el SRPFFAA la TR puede ser de hasta 150% en los oficiales y 200% en el 
personal subalterno (estos son datos empíricos, no habiendo TR máxima en el régimen 
que se modificó). Mientras que no existe tope en el régimen vigente para retiros militares, 
el sistema mixto del régimen general fija un tope de $44.033, que se alcanza con 70 años 
de edad y 40 de servicio. El promedio de prestaciones servidas por el BPS es de $20.000 
aproximadamente 11 . Por último, conviene revisar los promedios de edad en el retiro del 
personal militar: de los subalternos, el promedio de edad de retiro voluntario es de 44 años 
y de retiro obligatorio es de 50; para Oficiales subalternos y jefes el promedio de edad en 
el retiro voluntario es de 49 años y para el obligatorio es de 54 años; por último, para los 
Oficiales superiores los promedios son de 53 y 57 años respectivamente. 

El proceso de debate de la Reforma 

Previo a 2016, algunos sectores integrantes el Frente Amplio ya alertaban sobre la 
necesidad de reformar el SRPFFAA. No obstante, como ya fuera planteado, el tema no 
es asumido como parte de la agenda gubernamental sino hasta 2016, frente a la necesidad 
identificada por el Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas fiscales (aumentar ingresos y 
reducir gastos). En ese marco es que el Poder Ejecutivo envía el 17 de octubre de 2016, en 
primer lugar, una norma al parlamento para crear una Prestación Pecuniaria de Asistencia 
al SRPFFAA (mal llamada impuesto) que debía ser pagada por el personal ya retirado con 
retiros mayores a $50.100 (emulando el umbral que se utilizó para determinar aumentos en 
las franjas del IASS y el IRPF en este período de gobierno). Fa Prestación pretendía reducir 
a corto plazo un 10% (50 millones de dólares aproximadamente) del déficit del SRPFFAA. 
Para quienes tuvieran ingresos entre $50.100 y $66.800 se plantearon cinco franjas que 
iban desde una tasa del 2% llegando al 10%. Por su parte, para los retiros de entre $66.000 
y $133.600 se plantearon cuatro franjas desde una tasa del 12% al 18%. Finalmente, para 

11 La mayor parte de estas cifras provienen de información remitida por el Poder Ejecutivo al Poder Legisla¬ 
tivo en el actual período de gobierno. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


retiros superiores a $133.600, se planteó una tasa del 20%. El crear esta Prestación Pecu¬ 
niaria (y no legalmente un “impuesto”) se hizo utilizando la misma forma aplicada en la 
reforma de la Caja Bancaria, y que tuvo sentencias de la Suprema Corte de Justicia avalando 
su constitucionalidad 12 . Más allá de estos antecedentes, uno de los argumentos planteados 
para no votar esta Prestación fue la supuesta inconstitucionalidad de dicho instrumento. 

Esta Prestación Pecuniaria de Asistencia nunca fue aprobada por el Parlamento, al no 
contar con los votos de la oposición ni la totalidad de la bancada frenteamplista en la Cᬠ
mara de Representantes. De esta manera, el único instrumento pensado para tener efectos 
en el corto plazo fue descartado por el Poder Legislativo. 

Posteriormente al envío de esta Prestación Pecuniaria, el Poder Ejecutivo remitió al 
Legislativo el Proyecto de reforma del SRPFFAA, el 26 de mayo de 2017 (siete meses des¬ 
pués del proyecto recién comentado, lo que da cuenta de negociaciones en la interna del 
Poder Ejecutivo así como con la cúpula militar). Uno de los argumentos centrales de la ex¬ 
posición de motivos fue que era la única Caja sin reformar, luego de haberse modificado las 
disposiciones de todas las otras (Bancaria, Notarial, Policial, Profesional). Cabe recordar 
que la obligación del Estado de reformar todas las cajas surge de la ley 16.713, que reformó 
el régimen general de seguridad social y creó el sistema mixto, y que en su artículo I o esta¬ 
blecía la obligación del Poder Ejecutivo de remitir al Legislativo antes del I o de enero de 
1997 proyectos de reforma de todas las Cajas, extremo que nunca ocurrió. 

La oposición, salvo la Unidad Popular, tuvo un claro rechazo a la reforma del SR¬ 
PFFAA desde los inicios del debate y en este marco es que el proyecto de ley remitido inició 
134 su discusión tanto pública como a nivel parlamentario. 

Dentro del Frente Amplio, por su parte, quedó en evidencia la existencia de distintos 
niveles de voluntad política para la reforma de la caja militar. Esto podría explicar el itine¬ 
rario del proyecto: el Poder Ejecutivo envía la iniciativa, en la que se había flexibilizado ya 
el alcance de la reforma y los parámetros de ella; posteriormente, la Cámara de Senadores 
suaviza el proyecto remitido por el Ejecutivo para, finalmente, ser aprobado en la segunda 
Cámara (de Representantes) un proyecto aún más beneficioso para los militares, a instan¬ 
cias de la negativa de Darío Pérez (y de la oposición) de votar el proyecto como vino del 
Senado. Finalmente, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de reforma 
del SRPFFAA el 24 de octubre de 2018. 


12 En la sentencia No. 72 del 17 de marzo de 2014 la Suprema Corte de Justicia, declarando la constitu¬ 
cionalidad en el caso de la Caja Bancaria, señaló que “no existe norma ni principio que confiera a los pasivos el 
privilegio de ser excluidos de la obligación de contribuir a las cargas públicas o el derecho a la intangibilidad de su 
ingreso de pasividad” interpretando a su vez que “el interés general radica en la contribución solidaria de todos los 
ciudadanos, sin privilegios de clase alguna, y en la medida de su capacidad contributiva, al mantenimiento de la 
actividad estatal que debe necesariamente cumplirse para asegurar la paz social y procurar el bienestar colectivo”. 
Esta sentencia también señala que “ningún criterio de razonabilidiid ni dejusticia aconseja interpretar la disposi¬ 
ción constitucional en el sentido de que un sector privilegiado, los integrantes de la clase pasiva, y más aún, aquellos 
que perciben las jubilaciones más altas, queden exentos de contribuir solidariamente como todos los ciudadanos”. 



Retomando el inicio de este artículo, es necesario subrayar la participación de milita¬ 
res en actividad en el debate público sobre esta ley, lo que está prohibido por la Constitu¬ 
ción de la República, y que implicó un claro desacato al Comandante en jefe de las FFAA 
(el Presidente). Particularmente el Comandante del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos, 
tuvo expresiones sobre la reforma proyectada en la conmemoración del día del Ejército 
en 2017 13 , eludiendo la aprobación de su discurso por parte del MDN y en setiembre de 
2018 en el programa radial Todo Pasa de Océano FM 14 . A raíz de estas expresiones, el Pre¬ 
sidente Tabaré Vázquez actuando con el Ministro del MDN, Jorge Menéndez, impusieron 
a Manini Ríos un arresto a rigor por 30 días, interpretando una normativa interna de las 
FFAA que prohíbe a los militares en actividad opinar sobre proyectos de ley en discusión 
parlamentaria. 

Así, el debate sobre la reforma del SRPFFAA tuvo como características salientes las di¬ 
ferencias públicas dentro del Frente Amplio, la participación activa del Comandane Mani¬ 
ni Ríos en la discusión pública, la oposición política que mayormente se opuso a la reforma 
del Servicio desde el comienzo de la discusión y la casi ausencia total de participación de 
la sociedad civil en estos debates. Estos elementos serán retomados en el apartado final, al 
discutir la relación sociedad - FFAA a la luz de este proceso. 

El nuevo Sistema de Retiros y Pensiones de las FFAA 

En este apartado se describirá el proyecto finalmente aprobado por el parlamento. La 
reforma implicó un desestimulo para el retiro voluntario, fijando la edad mínima para esta 
causal en 60 años de edad y en 30 los años de servicio. Para el retiro obligatorio, la edad 
fijada oscila entre los 45 y 65 años, dependiendo del lugar que se ocupe dentro de la escala 
jerárquica 15 . 


13 Se sugiere consultar la columna de opinión del filósofo Rafael Mandressi en el portal enperspectiva.net, 
donde el autor realiza una comparación entre la presencia pública de las FFAA uruguayas y la situación inversa 
para el caso francés. Mandressi, Rafael, “Me gusta cuando callas”, disponible en https://www.enperspectiva. 
net/en-perspectiva-programa/editorial/me-gusta-cuando-callas/. [consultado el 27.10.2018]. 

14 Según consigna el portal web de El Observador en nota publicada el 18 de setiembre de 2018, Manini 
Ríos sostuvo que “no le puedo atribuir de ninguna manera al ministro [de trabajo Ernesto Murro] mala fe, ni 
puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas (...). Simplemente creo que no está bien informado. Si 
el señor ministro agarra una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a 
dar cuenta que lo que digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad”. El Observador, 
“Manini Ríos llegó en silencio y empieza su arresto a rigor”, disponible en https://www.elobservador.com.uy/ 
nota/manini-rios-llego-en-silencio-y-empieza-su-arresto-a-rigor-20189187346. [consultado en 27.10.2018]. 

15 El artículo 8 o del texto aprobado fija (además de las causales de retiro de los Comandantes de las fuerzas, 
el cese de los generales dispuesto por el Poder Ejecutivo o la permanencia en dicho cargo por ocho años) la 
edad de retiro obligatorio en 63 años para Coroneles o Capitán de Navio -considerando la cima de la pirámide 
de oficiales- y en 58 años para los oficiales de menor rango; para el caso del personal subalterno, la escala más 
alta (suboficial mayor o suboficial de cargo) tiene una edad de retiro obligatorio de 57 años y para la base de la 
pirámide (soldado de I a o marinero de I a ) se fija en 48 años. 


135 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


136 


La Tasa de Reemplazo máxima (un parámetro inexistente hasta esta reforma) se fija 
en un 85%, lo que implica que el retiro en este caso equivale al sueldo líquido cobrado en 
actividad. Para el cálculo del HBR se consideran los sueldos de los últimos 60 meses. 

Otro parámetro creado por esta reforma es el tope máximo para los retiros servidos 
por el SRPFFAA: este se fija en $110.238 16 (el doble del tope del régimen general y supe¬ 
rior al de la Caja Policial, que es a su vez la caja con un tope mayor luego del SRPFFAA). 

La reforma del SRPFFAA contiene bonificaciones especiales por la especificidad de 
la carrera militar: se computan 6 años de servicio cada 5 años de servicio efectivo a todo el 
personal militar, además de bonificaciones por actuar en tiempo de guerra, bonificaciones 
por trabajar en el hospital militar, entre otros. A su vez, agrega la bonificación del cómputo 
de un año adicional por cada hijo para el caso de las mujeres. 

Uno de los datos más importantes a la hora de analizar cualquier reforma de la seguri¬ 
dad social es el plazo en que ésta comenzará a regir. El texto finalmente aprobado implica 
que aquellos oficiales que tengan más de 15 años de servicio 17 se retirarán con el régimen 
previo a la reforma, mientras que quienes tengan entre 10 y 15 años de servicio se retirarán 
con el régimen de transición; por último, quienes tengan menos de 10 años de servicio 
serán considerados bajo el nuevo régimen. 

Para el caso del personal subalterno, los militares con cinco años o más de servicios 
quedan comprendidos en el régimen anterior a la reforma, mientras que quienes tengan 
entre 0 y 5 años lo harán con el régimen de transición. Esto implica que ningún subalterno 
de las FFAA actualmente se retirará con el nuevo régimen. 

El régimen de transición implica cálcular las edades de retiro obligatorio y las TR con 
fórmulas intermedias entre el régimen que se sustituye y el futuro. Es importante señalar 
que el régimen de transición para la Caja Policial duró solamente cinco años. 

La importancia de considerar el momento en que empieza a regir el régimen de tran¬ 
sición y principalmente el nuevo radica en que es lo que determinará la estabilización y 
posterior disminución del déficit del SRPFFAA. Para el caso de la reforma sancionada, esto 
ocurrirá no antes de la década de 2040 18 . 

Discusión: la voluntad política que prácticamente se diluyó 

El proceso de reforma del SRPFFAA deja una serie de elementos sobre los que re¬ 
flexionar y discutir. Algunos de ellos ya fueron esbozados anteriormente. En primer lugar, 
resulta importante subrayar que el déficit generado por los retiros y pensiones de las FFAA 


16 Esta cifra se actualizará de la misma manera en que se actualizan las pasividades en el régimen general. 

17 Todos los años de servicio mencionados se consideran al 28 de febrero de 2019. 

18 Estimaciones del Poder Ejecutivo indicaban que el proyecto originalmente remitido al parlamento estabi¬ 
lizaría el déficit en la década de 2030. 



seguirá en aumento, por lo que el monto anual que deberá transferir Rentas Generales se¬ 
guirá incrementándose, por lo menos hasta la década de 2040. Esto implica que parte de 
la resolución del tema en el sistema político haya sido la de transferir costos increméntales, 
mayormente, a las generaciones futuras. Independientemente de lo explícita que haya sido 
esta estrategia, es una constatación a la luz de la reforma aprobada. Recuérdese que lo pre¬ 
supuesta! siempre implica vincular distintas necesidades, en un mismo tiempo histórico y 
con una serie de restricciones, lo que permite afirmar que el Estado ha resuelto no volcar 
un conjunto importante de recursos en otras áreas para hacerlo en el creciente déficit del 
SRPFFAA. Este es el llamado -en tiempos de debates presupuéstales- gasto endógeno, que 
lejos de ser algo ajeno a las decisiones políticas, se constituye a partir de estas. 

En segundo lugar, es necesario señalar que de los regímenes vigentes de seguridad so¬ 
cial en el país, el SRPFFAA es el que seguirá teniendo, aún luego de una aplicación plena de 
la reforma, una situación de privilegio comparado con el régimen general y las distintas Ca¬ 
jas. Estos privilegios, a su vez, no devienen de la especificidad de la tarea militar (elemento 
generosamente contemplado en las bonificaciones en el cómputo de años de servicio) sino 
también en otros parámetros como la TR máxima y el tope fijado. Este grado de diferencias 
entre lo que le ocurre a la población civil y a la militar no parece un buen camino de inte¬ 
gración armónica de los militares a la vida del país. 

Tercero, es necesario señalar que la reforma aprobada no coadyuva en la mejora de las 
remuneraciones del personal subalterno, ni en los niveles de inversión o gastos de funcio¬ 
namiento. Si esto se quisiera hacer por la vía de incrementos presupuéstales, estos deberán 
sumarse a los que el creciente déficit del SRPFFAA implicará. No parece avizorarse volun¬ 
tad política para mejorar las condiciones de las FFAA por la vía de redistribuciones del 
presupuesto propio, por lo que el panorama resulta negativo también en este sentido. 

Por último, es necesario retomar lo planteado inicialmente en cuanto a las relaciones 
sociedad - FFAA. Tanto la voluntad política como la capacidad de obtener obediencia 
fueron señaladas como dimensiones centrales de este aspecto, y ambas pueden ser conside¬ 
radas a la luz de lo ocurrido con la reforma del SRPFFAA. 

González Guyer, en el capítulo ya citado, señaló que “la legitimidad política de que 
goza el gobierno junto a la realidad internacional y regional vuelven inviable cualquier aven¬ 
tura contraria a la institucionalidad. Ello permite afirmar que es posible encarar una estra¬ 
tegia dirigida a re-estructurar las FFAA y superar los déficit y anomalías democráticas en el 
ámbito de las relaciones entre instituciones militares y gobierno que Uruguay arrastra desde 
principios del siglo XX” 19 . Fo planteado fue publicado por el autor en 2008, momento en el 
que los cambios legislativos (mencionados en el segundo apartado) eran todavía proyectos. 
De estos, sólo la Fey Marco de Defensa y su decreto reglamentario fueron sancionados. El 
resto de iniciativas (una nueva ley orgánica de las FFAA así como una del mismo tipo para 


137 


19 Ob. Cit., p. 402. 


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138 


cada una de las fuerzas) no fueron concretadas. Podría señalarse, entonces, que el Frente 
Amplio asumió en 2015 este período habiendo perdido aquella voluntad política de su 
primer gobierno. 

De hecho, la necesidad de reformar el SRPFFAA fue sostenida, en el seno del Poder 
Ejecutivo, por el Ministerio de Economía y Finanzas y no surgió como una iniciativa del 
MDN. Es decir que no se puede considerar a esta reforma del SRPFFAA como parte de 
una estrategia de continuar las reformas iniciadas en las FFAA en el período 2005-2010. 
Adicionalmente, la reforma aprobada dista de los primeros textos proyectados, habiendo 
perdido paulatinamente profundidad en términos de los cambios planteados. Es decir que 
la voluntad política de la fuerza en el gobierno parece haberse ido diluyendo, sin solución 
de continuidad, desde 2005 hasta la actualidad. 

Por último, vinculado a la voluntad política de gobernar la Defensa y la capacidad de 
obtener obediencia por parte del personal militar, el proceso de discusión del SRPFFAA 
así como la resolución del mismo deja preocupaciones a observar cuidadosamente en el 
futuro. La participación del Comandante Manini Ríos en los debates públicos es un ele¬ 
mento de preocupación; concomitantemente, la respuesta que el Poder Ejecutivo ha dado 
a las infracciones flagrantes cometidas por dicho General fueron, primero, nulas para luego 
aplicar una sanción de arresto, cuando hubiera sido totalmente lógico por el tipo de infrac¬ 
ciones, el paso a retiro (actitud que sí tomó Tabaré Vázquez en su primera presidencia ante 
una reunión no informada del Comandante del Ejército con el expresidente Sanguinetti y 
exministro Yamandú Fau 20 ). 

A manera de síntesis, las FFAA y la Defensa en el país siguen teniendo anomalías y 
déficits democráticos, que implican a toda la población directamente, tanto porque debiera 
ser una tarea prioritaria de la ciudadanía el control de quienes tienen encomendado el uso 
de parte de la violencia legítima del Estado así como porque las reformas postergadas en la 
Defensa también afectan al resto de la vida del país, por ejemplo por cuestiones presupués¬ 
tales. Será necesario, pues, que en los futuros gobiernos se retome una voluntad política 
capaz de emprender las necesarias y urgentes reformas, al mismo tiempo que sea exitoso en 
lograr la obediencia del personal militar. 


20 Véase una noticia de la época sobre este hecho: http://www.lr21.com.uy/politica/227019-vazquez-desti- 
tuyo-al-jefe-del-ejercito. [Consultado el 27.10.2018]. 




Foto: Agustín Fernández 


Los movimientos sociales bajo los gobiernos 

progresistas 


Raúl Zibechi 1 


139 


Las impresionantes manifestaciones del 8 de Marzo han ocupado el centro del escena¬ 
rio político y desplazado incluso las concentraciones del I o de Mayo protagonizadas por el 
movimiento sindical, en particular en países como Argentina, Chile y Uruguay. Esta puede 
ser una síntesis de los cambios y mutaciones en el escenario de los movimientos sociales en 
nuestra región y en el país. Sin embargo, una descripción aún somera de la realidad actual, 
no se puede agotar en el mero recambio de protagonismos. 

Estamos ante un crecimiento notable del movimiento de mujeres, el único del que 
puede decirse que ha ganado protagonismo en los últimos años. Los demás movimientos se 
han debilitado de forma sostenida en toda la región, al punto que sus demandas han salido 
de la agenda o han sido apropiadas por los gobiernos que implementan algunas reformas 
sin consultar ni tener en cuenta a los actores sociales que las formularon. 


Periodista. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


En este breve trabajo pretendo justificar la idea de que la debilidad de los movimientos 
se relaciona, de modo indirecto, con la actitud de los gobiernos que han erosionado las 
bases sociales de las organizaciones populares, al adelantar políticas sociales destinadas a 
“combatir la pobreza”. En paralelo, los gobiernos se han beneficiado de las transferencias 
monetarias a los sectores más pobres, ya que éstos han respondido a ese reconocimiento 
con una importante adhesión que se plasma en el respaldo electoral, político y, a menudo, 
en una actitud de respaldo a personas concretas dentro de la administración estatal. 

No pretendo pasar por alto que muchos movimientos se han esforzado en mantener 
relaciones privilegiadas con los gobiernos y los han apoyado con cierto fervor. En paralelo, 
deben atenderse los cambios internos en los movimientos que se relacionan con la apari¬ 
ción de “jerarquías, presupuestos fijos, fuentes de recursos regulares, formación política y 
técnica propia, equipamientos y sector administrativo” 2 . Esta institucionalización viene fa¬ 
vorecida por las actitudes de los gobiernos progresistas, pero también de los conservadores. 

Muchos movimientos del continente registran grados diversos de estos síntomas. Lo 
más común es la pérdida de potencia de las asambleas como espacios de democracia di¬ 
recta, mientras muchos dirigentes y militantes dedican más energías a las relaciones con 
las instituciones que al trabajo de base. En Brasil, el 75% de los municipios tienen alguna 
modalidad de participación social para determinar las prioridades de inversión, por lo que 
el sociólogo brasileño RudáRicci, con base en la experiencia en su país, asegura que “los 
movimientos sociales que antes exigían inclusión social ingresaron al Estado y fueron en¬ 
gullidos por la lógica de la burocracia pública” 3 . 

140 

¿Combate a la pobreza o control social? 

En todos los países que han tenido gobiernos progresistas, la implementación de po¬ 
líticas sociales ha modificado el escenario electoral. Estas políticas son un sucedáneo de los 
derechos adquiridos por los trabajadores durante el Estado del Bienestar y buscan suavizar 
las consecuencias del modelo económico. La más conocida en la región es el plan Bolsa 
Familia que llega al 25% de los brasileños, pero alcanza alrededor del 65% de los habitantes 
del Nordeste, la región más pobre de país 4 . 

Los estudios existentes demuestran que hubo un cambio consistente en el comporta¬ 
miento electoral que percibe ese beneficio, algo que no puede pasarse por alto en los resul¬ 
tados de las elecciones ya que alcanza a 50 millones de personas, un 25% de la población del 
país. El beneficio de 188 reales (59 dólares) lo reciben todos los hogares con ingresos per 
cápita menores de 178 reales (48 dólares) y alcanza a 13,7 millones de familias. 

2 RudáRicci “Com o fim da era dos movimentossociaisfoi-se a energía moral da osuadía”, 30/11/2009, IHU- 
Unisinos. 

3 RudáRicci, “Fim da era dos movimentossociais ”, Folha de Sao Paulo, 20/10/2009. 

4 Zibechi, Raúl. Contrainsurgenciay miseria. Las políticas del combate a la pobreza en América Latina , Méxi¬ 
co, Pez en el árbol, 2010, p. 75. 



Un estudio de más 2.095 municipios (de un total de 5.564 que hay en todo el país) 
donde Bolsa Familia es recibido por más del 40% de los habitantes, llega a conclusiones 
significativas: los votos conseguidos en la primera vuelta de las elecciones de 2018 por el 
candidato del PT, Fernando Haddad, duplican su media nacional. En efecto, en esos muni¬ 
cipios donde un porcentaje alto de la población recibe transferencias monetarias obtiene el 
60% frente a sólo el 21% de Bolsonaro 5 . 

El análisis agrega que cuanto mayor es la cobertura de Bolsa Familia, más votos recibe 
el PT. Así, en los municipios donde más del 60% de la población recibe el beneficio, los 
votos de Haddad llegaron al 67%, cifra que desciende hasta el 36% de los votos allí donde 
la población beneficiada se sitúa entre el 25 y el 39%. 

En el mismo sentido el cientista político César Zueco, de la Fundación Getúlio Var¬ 
gas, concluye que en las elecciones de 2010 pudo comprobarse que cada punto porcentual 
de cobertura de Bolsa Familia, se tradujo en un crecimiento del 0.32% en la votación del 
PT 6 . A escala macro puede observarse la contundente migración del voto de la izquierda 
brasileña: hasta el año 2002 estaba arraigada en el sur y sureste, las zonas industriales don¬ 
de nacieron el PT y la CUT, pero desde la llegada de Lula al gobierno en 2003, el voto se 
traslada macizamente hacia el Nordeste. En esta región el 30% de los hogares reciben Bolsa 
Familia, frente al 6,9% del Sureste y el 5,4% del Sur 7 . 

Los siguientes mapas que comparan la votación del PT por regiones en 2002 y 2018 
no dejan lugar a dudas 8 . 


141 


5 Mendon^a, Ricardo, “Dianteira do PT em e área como Bolsa Familia cae”, Valor, 15/10/2018, en https:// 
www.valor.com.br/politica/5923385/dianteira-do-pt-em-area-com-bolsa-familia-cai 

6 “Bolsa Famíliatemmaior impacto eleitoral desde suacria^áo”, en https://noticias.r7.com/eleicoes-20l4/ 
bolsa-familia-tem-maior-impacto-eleitoral-desde-sua-criacao-13102014 

7 “O peso do Bolsa Familia no Nordeste”, en https://www.oantagonista.eom/brasil/o -peso-bolsa-familia- 
no-nordeste/ 

8 Jornal Nexo, en www.nexojornal.com.br/grafico/2018/10/08/Como-o-Brasil-votou-para-presidente-em- 
mapas 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Mapas electorales de Brasil en 2002 y 2018 


142 



VOTOS 

Lula Strra Garotinho 

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Vale recordar que el origen de las políticas sociales se remonta al siglo XIX. Se trata 
de una verdadera mutación en el sistema que se fue cocinando a fuego lento desde la revo¬ 
lución de 1848, una de las dos revoluciones mundiales que cambiaron el mundo, según el 
aserto de Immanuel WallersteinfKn efecto, los primeros pasos para la construcción de un 
amplio sistema de cobertura social se dieron bajo la Alemania del canciller conservador 
Otto von Bismarck, en la segunda mitad del siglo XIX. 

En este período se aprobaron algunas leyes fundamentales: en 1883 la Ley del Seguro 
de Enfermedades, en 1884 la del Seguro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y Emplea¬ 
dos de Empresas Industriales y durante 1889 la del Seguro de Invalidez y Vejez. El espíritu 
de la legislación social se desprende del célebre mensaje de Bismarck: “La superación de los 
males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos 
socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de formulas moderadas que permitan una 
mejora del bienestar de los trabajadores” 9 10 . 

Resulta interesante destacar que la primera legislación social del mundo capitalista 
es contemporánea de las “leyes antisocialistas” (prohibición de actividades y partidos de 
signo socialista, de prensa y recaudación de fondos), impulsadas por el canciller Bismarck 
entre 1878 y 1888, con el objetivo de debilitar al partido socialdemócrata, ya que temía el 
estallido de una revolución similar a la que aconteció en Francia con la Comuna de París en 
1871. Los lectores pueden relacionar la amplia difusión de políticas sociales con el simultᬠ
neo fortalecimiento de los aparatos represivos bajo el progresismo, así como la aprobación 
de leyes antiterroristas en los casos de Argentina y Brasil. 

La legislación social de Alemania fue seguida rápidamente en Europa. Antes de fina¬ 
lizar el siglo XIX se habían aprobado amplias legislaciones de protección del trabajo en 
Austria, Hungría, Dinamarca, Suecia y Noruega. A comienzos del siglo XX los seguros 
sociales ya existían en Holanda, Irlanda, Italia y el Reino Unido. La Ley de Seguridad Social 
se aprueba en Estados Unidos en 1935 y en Gran Bretaña desde comienzos de la década de 
1940. 

Las políticas sociales progresistas y los movimientos populares 

Casi un tercio de la población uruguaya recibe algún tipo de transferencia moneta¬ 
ria por parte del gobierno, la inmensa mayoría consiste en asignaciones familias. Según la 
investigación de la politóloga Rosario Queirolo, los planes de ayuda estatal aumentaron 
el apoyo de los beneficiarios al Frente Amplio. El estudio muestra que los beneficiarios 


9 Arrighi, Giovanni, Hopkins, Terence y Wallerstein, Immanuel (1999) “1968: el gran ensayo ”, en Movi¬ 
mientos antisistémicos, Akal, Madrid, pp. 83-98. 

10 Cit. en Uzcástegui, Rafael (1990) Seguridad Social, Academia Nacional de Ciencias, Caracas. 


143 


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144 


del Plan de Emergencia y posteriormente del Plan de Equidad, “tenían una probabilidad 
mayor de apoyar al gobierno que los que no recibieron la transferencia (de 21% a 28%)” n . 

El mismo trabajo destaca que en las elecciones de 2010, “entre quienes recibieron al¬ 
gún apoyo (ellos o alguien en su casa), el 68% votó por Mujica, mientras que entre los no 
beneficiarios, solo el 58% declara haber votado por el candidato del Frente Amplio” 12 . La 
diferencia de 10 puntos es demasiado alta como para atribuirla a otros factores que no sean, 
en este caso particular, el haber recibido el Plan de Emergencia. 

Sin embargo, la percepción de transferencias monetarias como Bolsa Familia o Plan de 
Emergencia es apenas una de las facetas de las políticas progresistas. Creo que las políticas 
que más influyen en los movimientos sociales son aquellas que tienden a captar a sus mejo¬ 
res militantes o a cooptar sus prácticas y organizaciones más eficientes. 

Veamos algunos aspectos de la intervención de los gobiernos progresistas en el mundo 
de las organizaciones populares, para comprender mejor sus aspectos desmovilizadores. La 
argentina Alicia Kirchner, ex ministra de Desarrollo Social, teorizó en su libro “La Bisagra” 
que entre los fines de la política social figura “no sólo trabajar por los derechos y la equidad 
territorial, sino fundamentalmente construir organización social” 13 . 

Al colocar la construcción de organización social como el aspecto “fundamental” de 
las políticas sociales, los gestores de esas políticas están buscando lubricar un tipo de go- 
bernabilidad que sería imposible con movimientos movilizados. Se trata de neutralizar los 
movimientos del debajo de forma “suave”, induciendo su burocratización o su transforma¬ 
ción de movimientos más o menos horizontales a organizaciones jerarquizadas. “Ese paso 
del movimiento social a la organización social, es uno de los ejes en torno al cual gira la go- 
bernabilidad, crear el tipo de estabilidad que necesitan las políticas de mercado. De hecho, 
y esto lógicamente no viene reflejado en los documentos oficiales, el trabajo de “construir 
organización social” avanza neutralizando y aislando, en una dura competencia, a los mo¬ 
vimientos del abajo” 14 . 

Por eso el planteo de las políticas sociales apunta a la cooptación o la neutralización de 
las organizaciones de base. Algo que Kirchner formula con toda claridad, al destacar que 
para la construcción de las políticas sociales “se convocó a militantes sociales, que venían 
trabajando en los barrios, comunidades locales”, cuyo perfil “fue definido como militantes 
sociales con amplia y reconocida trayectoria de trabajo comunitario, con predisposición 


11 Queirolo, Rosario “El impacto de los programas de transferencia de dinero en las elecciones uruguayas del 
2009”, Universidad de Montevideo, 2011, p. 5, en base al trabajo ““GovernmentTransfers and PoliticalSup- 
port” de Marco Manacorda, Edward Miguel y Andrea Vigorito, National Bureau of Economic Research, Cam¬ 
bridge, 2009. 

12 Ibid.p. 10. 

13 Alicia Kirchner, “La Bisagra”, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social, 2007, p. 262. 

14 Raúl Zibechi, “Contrainsurgencia y pobreza”, ob. cit. p. 64. 



para poner en juego capacidades, aportando al aprendizaje colectivo e impulsando los pro¬ 
cesos de organización y participación popular” 15 . 

En algunos países, como Brasil, el Estado consiguió subordinar a todo un movimiento 
como el de la economía solidaria. El primer paso fue la creación, en 2003, de la Secretaria Na¬ 
cional de Economía Solidaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo, a cuyo frente se instaló 
un reputado activista del movimiento. Desde la secretaría se convocó a la Conferencia Na¬ 
cional de Economía Solidaria, celebrada en 2006. El reglamento de la conferencia estableció 
que se eligieran más de mil delegados en las conferencias estatales, de los cuales, la mitad re¬ 
presentó a los emprendimientos de economía solidaria, una cuarta parte a órganos del poder 
estatal y la otra cuarta parte a entidades de la sociedad civil 16 . De este modo, un movimiento 
que cuenta con 15 mil emprendimientos económicos de base y 1.200.000 asociados fue insti¬ 
tucionalizado, al punto de integrarse a las políticas de desarrollo del gobierno federal. 

Observamos entonces tres formas de actuación de las políticas sociales: las transfe¬ 
rencias monetarias, la selección de activistas de los movimientos para ocupar funciones 
institucionales y la creación de espacios “difusos” entre los movimientos y los Estados. En 
el caso de Uruguay, los SOCAT (Servicios de Orientación Consulta y Articulación Terri¬ 
torial) cumplen esta tercera función. Tal como lo propone el Mides, cada uno de los 75 
SOCAT existentes “apunta a impulsar el desarrollo comunitario a través de la participación 
de vecinos e instituciones públicas y privadas, que tienen en común el hecho de trabajar o 
vivir en el mismo territorio”. En cada territorio busca integrar “organizaciones de la propia 
zona” con las acciones del ministerio para “promover la participación ciudadana, a través 
de la creación y/o fortalecimiento de redes locales, en espacios específicos de articulación 
llamados Mesas de Coordinación Zonal” 17 . 

Al trabajar de ese modo en el territorio, el Estado consigue aterrizar sus políticas so¬ 
ciales como mayor eficiencia al contar con una red de contrapartes. Pero obtura la creación 
y la continuidad de movimientos territoriales autónomos, ya que “succiona” a los sectores 
más activos hacia la colaboración con la instituciones. Cualquier actividad de grupos loca¬ 
les, sean sociales, culturales, o deportivos, debe referenciarse en esas mesas zonales donde 
confluyen las “fuerzas vivas” de los barrios. 

Las autonomías después del progresismo 

Luego de una década de gobiernos progresistas, los debates sobre la autonomía y las 
prácticas autonómasde los movimientos parecen haber mutado; abandonaron el escenario 
y se han refugiado en los pliegues menos visibles de la acción colectiva. Vale decir que la 
autonomía es el rasgo diferenciador principal de cualquier movimiento, ya que garantiza 


15 Alicia Kirchner, obcit, pp. 275-276. 

16 Ministerio de Trabalho e Emprego, “I Conferencia Nacional de Economía Solidária”, Brasilia, 2006 

17 Ver Mides en http://www.mides.gub.uy/18725/servicios-de-orientacion-consulta-y-articulacion-territorial 


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146 


que las decisiones, en el acierto o en el error, las tomen sus miembros y no obedezcan a 
presiones o injerencias externas. 

En este cambio han confluido varios procesos. Por un lado, los gobiernos progresistas 
han apoyado con abundantes fondos muchas iniciativas de los movimientos, produciendo 
un efecto de cooptación o de neutralización de los rasgos anti-neoliberales de las organi¬ 
zaciones. Por otro, ha ganado terreno la propuesta de “jugar en la cancha grande”, como 
denominan algunos a competir en el terreno electoral, ya que consideran que las “islas de 
autonomía” no logran conmover al sistema. 

Una tercera cuestión se relaciona con las enormes dificultades que tienen los colec¬ 
tivos que trabajan de forma autónoma, para sostenerse en el tiempo en base a sus propios 
esfuerzos y tender puentes hacia otros grupos similares para emprender acciones más po¬ 
tentes y desafiantes. En resumen, no pasamos por buenos momentos quienes apostamos a 
la construcción de espacios de autonomía, con estilos de trabajo que se apoyan en la auto¬ 
construcción de mundos nuevos. 

Uno de los principales debates que mantienen hoy los movimientos, en la región en 
particular, consiste en la diversificación de lo que se entiende por autonomía, al punto que 
muchos colectivos se consideran realmente autónomos aunque reciben fondos de los Esta¬ 
dos. Separan la autogestión del espacio propio, de los aportes financieros que perciben, ya 
que se ha instalado como sentido común el recibir fondos o subvenciones de los gobiernos. 

Por debajo de esta realidad, que ciertamente ha mutado (en la década de 1990 se deba¬ 
tía aún si mantener o no relaciones económicas con los Estados), las prácticas autónomas 
no sólo no han desaparecido sino que se sostienen en numerosos colectivos, más allá de 
las definiciones de cada quien. Intuyo que la autonomía como propuesta política goza de 
mayor simpatía que la capacidad de ser realmente autónomos; que las prácticas autónomas 
son bastantes más que los colectivos que sólo dependen de sus esfuerzos. 

En suma, que la realidad se ha vuelto mucho más compleja y no admite simplificaciones. 
Sin embargo, existen decenas de organizaciones autónomas, en todos los países que donde 
conozco movimientos de base. Tienen algunas características comunes que quiero detallar. 

La primera es que esas prácticas existen en grupos muy diversos, en general en aquellos 
que no se dedican a lo que entiende como “política”, en el sentido de disputar el poder en 
la sociedad, sino volcados hacia actividades culturales (música, danza, radios libres, edito¬ 
riales y revistas independientes), sociales (educación popular, comercio justo, derechos hu¬ 
manos, alimentación sana) y productivas (elaboración de pan y otros alimentos orgánicos, 
artesanías y reciclajes). 

En segundo lugar, muchos de estos colectivos se identifican con actitudes o sentimien¬ 
tos ambientalistas o ecologistas, rechazan el consumismo, conforman redes de resistencia 
a la minería y a los monocultivos como la soja, pero también a la especulación inmobiliaria 
urbana y en defensa del agua como bien común. 



No todos son totalmente autónomos, en el sentido de que se apoyan en sus propios re¬ 
cursos, pero cuestionan la participación en las elecciones y gestionan sus espacio y sus tiem¬ 
pos según sus propios criterios. La mayoría han construido espacios de auto-formación, lo 
que contribuye a potenciar las prácticas autónomas. 

En tercer lugar, la tendencia es que los colectivos se agrupen para una actividad con¬ 
creta o para campañas acotadas en el tiempo, y luego cada organización sigue su propio 
rumbo. En realidad, existen vínculos estables entre muchas de ellas, pero no están sujetas a 
un aparato orgánico que las supera. 

Se trata de confluencias como la que se gestó en Montevideo en defensa del Dique 
Mauá para evitar su privatización, o los colectivos que se oponen a la segunda pastera UPM. 
Se articulan para acciones concretas, pero cada grupo es autónomo a la hora de tomar sus 
decisiones sin tener que someterse a la coordinación a la que pertenece. Por eso creo que 
la autonomía abarca muchos más espacios que aquellos que se definen como autónomos. 

La cuarta característica de estos colectivos y movimientos es el fuerte protagonismo de 
jóvenes y mujeres. El movimiento feminista se ha convertido en un actor central en nuestras 
sociedades, está pautando la agenda de los debates políticos y muestra especial protagonis¬ 
mo frente a los feminicidios. Quizá la importancia y la potencia de este movimiento radica 
en que está integrado por una nueva generación joven, en la que destacan mujeres activas 
desde los 14 años, o menos. 

Estamos así ante un potente movimiento de mujeres, que es también juvenil, que ha 
mostrado poseer una carga muy potente por su capacidad de interpelar los patriarcados, 
desde los estatales hasta los partidos políticos, desde la iglesia hasta las actitudes machistas 
en la vida cotidiana. 

En síntesis, los movimientos que nacieron bajo la primera oleada neoliberal priva- 
tizadora, en la década de 1990, se ha transformado profundamente a la vez que crece el 
desprestigio de los partidos de la vieja izquierda. Estos movimientos tienen claro que las 
políticas sociales de los Estados buscan domesticar a los movimientos, pero parecen estar 
aprendiendo a neutralizarlas sin confrontar con las instituciones. Lo que está en debate es 
dilucidar los modos de relacionarse con los Estados, aprovechando sus puntos débiles para 
ampliar resistencias y luchas, mientras tejen lo nuevo. 

Pensamientos y polémicas 

Los debates de ideas tienen su importancia, aunque en estos períodos de gran con¬ 
fusión aparecen análisis que confunden en vez de echar luz sobre la realidad. Uno de los 
asertos más desconcertantes es el que ha realizado el sociólogo portugués Boaventura de 
Sousa Santos, al asegurar que hoy existe “un novísimo movimiento social que es el propio 


147 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


148 


Estado” 18 . Sostiene que el Estado actual es “una relación social contradictoria y una relación 
que puede ser apropiada por las clases populares”. 

Llama mucho la atención la referenciación de buena parte de los intelectuales en el 
Estado, cuando los movimientos están construyendo realidades muy potentes. Me refiero 
a las 400 fábricas recuperadas en Argentina, los 100 bachilleratos populares y una red de 
medios antisistémicos donde se informa el 15% de la población. En Brasil contamos con 5 
mil asentamientos de reforma agraria, que ocupan 25 millones de hectáreas, habitados por 
2 millones de sin tierra. En Colombia existen 12 mil acueductos comunitarios en Colom¬ 
bia, además de decenas de miles de emprendimientos colectivos y comunitarios en toda la 
región, con áreas enteras liberadas de mercados y estados en varios países. 

Si nos anclamos en las acciones, resistencias y construcciones de los movimientos (en¬ 
tre los que destaco los pueblos originarios y negros, las periferias urbanas y los campesinos), 
la mirada del período progresista suena bien distinta. No podemos hablar ni de neutralidad 
ni de apoyo de los Estados a los movimientos. Menos aún de un Estado-movimiento, algo 
que no entra ni en los conceptos conocidos ni en las realidades vividas. 

Por eso desde una lógica movimientista que apunte a la emancipación/liberación, po¬ 
demos concluir con Francisco de Oliveira, fundador del PT y luego del PSOL, el mayor 
intelectual de izquierdas brasileño, que “el lulismo es una regresión política” 19 . Esta conclu¬ 
sión puede aplicarse allí donde han gobernado los progresismos. Es evidente que se trata de 
una provocación intelectual, pero anclada en la experiencia real. Llega a esa conclusión al 
constatar que los progresismos consiguieron la hegemonía política pero al precio de aceptar 
la dominación y la explotación. Dicho de otro modo, las clases dominantes aceptaron ser 
gobernadas por las izquierdas, pero al precio de no tocar el modelo económico extractivo. 

Dos aspectos finales que avalan la idea de que vivimos una regresión política. La ética 
es la primera y fundamental. Se ha instalado un relativismo ético que lleva a desconsiderar, 
entre otras, la corrupción que está presente en todos los gobiernos. La legitimación de estas 
actitudes parece olvidar que una de las características distintivas de las izquierdas en la opo¬ 
sición era, precisamente, su apego a la ética. 

La segunda es que con sus políticas y discursos han mellado la herramienta liberadora: 
los movimientos decididos a luchar sin buscar ni medir consecuencias personales. En el 
pensamiento crítico de todos los tiempos, el Estado era o bien el enemigo o apenas una he¬ 
rramienta para la transformación. Pero los sujetos siempre fueron los pueblos organizados 
en movimientos. Ahora los sujetos del cambio son los Estados, lo que equivale a decir que 
los sujetos reales son los cargos políticos incrustados en el aparato estatal. Ciertamente, 
estamos ante una verdadera regresión ética y política. 


18 Boaventura de Sousa Santos, “O Forum Social Mundial desafiado por ovas perspectivas”, 2010 en http:// 
www.ihu.unisinos.br/entrevistas/29453-o-forum-social-mundial-desafiado-por-novas-perspectivas-entrevis- 
ta-especial-com-boaventura-de-sousa-santos- 

19 Francisco de Oliveira , Hegemonía as avessas, Sao Paulo, Boitempo, 2010, p. 376. 




Foto: Lucía Melgarejo 


Derecho a la educación: garantes y estado de 

excepción 

Gabriela Pérez | Diego Silva Balerío 1 


Presentación 

El presente capítulo aborda algunos aspectos del derecho a la educación, las estrategias 
para garantizar universalmente el derecho, la corresponsabilidad de actores e instituciones 
que sostienen una práctica garantista, y concomitantemente escenarios de excepción que 
justifican la vulneración del derecho a la educación. El tratamiento de temas educativos 
de un año involucra un conjunto amplísimo de dimensiones imposible de abordar en unas 
breves páginas, por tanto se seleccionaron tres aspectos que desde la perspectiva de los au¬ 
tores revisten de importancia para ser visibilizados. 


1 Gabriela Pérez, Profesora de matemática, Educadora Social, Docente e Investigadora en la Carrera de Edu¬ 
cación Social (CFE). Diego Silva Balerío: Educador Social, Magister en Psicología y Educación, Docente e 
Investigadora en la Carrera de Educación Social (CFE). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Complejidades para garantizar la universalidad del derecho a la educación 

En términos generales y a partir de una lectura cuantitativa emergente de los indicado¬ 
res de fuentes oficiales, las políticas educativas en tomo a la efectivización del derecho a la 
educación de las personas van registrando acciones afirmativas y tendencias a la mejora en 
cuanto al acceso, permanencia y culminación. 

Así, si se considera el período 2010-2017, para el caso del ciclo básico de enseñanza 
media la tasa de egreso de jóvenes de 17 años se incrementó año a año, alcanzando un cre¬ 
cimiento global de 13,5% (del 57,2% en 2010 al 70,7% en 2017) 2 . Si se considera el nivel 
medio superior, el aumento también ocurre, aunque en menor medida: 5,5% (de 25,3% en 
2010 a 30,8% en 2017). 

Desde los distintos organismos responsables pueden ubicarse estrategias y dispositi¬ 
vos en curso -algunos más consolidados como parte de la política universal; otros aún 
puntuales, acotados a un conjunto de experiencias y otros recién anunciados- que plantean 
atender al mandato de la universalización. Entre ellos se encuentran: la nueva modalidad 
de inscripción en el pasaje de educación primaria a educación media básica 3 , variantes en 
los planes de estudio 4 , programas con foco en grupos específicos 5 , modalidades de centros 
educativos basados en la proximidad y articulación cotidiana entre primaria y media como 
facilitador de la continuidad 6 y nuevas formas de egreso y acreditación de ciclos en ense¬ 
ñanza media 7 . 

En el presente año, la información disponible -incluyendo la oficial- insiste en mostrar 
evidencia que, en el marco de una perspectiva de derechos, debe llevar a repensar la política 
y las prácticas de modo profundo e inmediato. Podemos ilustrar la complejidad y alcance 
de esta necesidad haciendo foco en algunos datos conocidos en el presente año: los niveles 
de logro en enseñanza primaria y la vulnerabilidad que reporta la situación de 'extra-edad' 
a las posibilidades de continuidad, avance y culminación de ciclos educativos. 

En enseñanza primaria el acceso, la permanencia y la culminación representan aspec¬ 
tos en los que se entiende hay un alcance prácticamente universal 8 , sin embargo, la cuestión 


2 Fuente: Mirador educativo, INEEd. Recuperado de http://mirador.ineed.edu.uy/indicadores/tasa-de- 
egreso-de-educacion-media-basica-de-jovenes-de-17-anos-6-24.html 

3 http:/ / www.ceip.edu.uy/ prensa/23 24-la-preinscripci%C 3 %B 3 n-de -egresados -de-prima- 
ria-en-educaci%C3%B3n-media-se-extender%C3%Al-hasta-octubre 

4 https://www.ces.edu.uy/index.php/planes-ciclo-basico, 

5 https://www.ces.edu.uy/index.php/programas-propuesta-ed 

6 https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/netto-educacion-cea 

7 https://www.elobservador.com.uy/nota/permitiran-que-estudiantes-extraedad-terminen-tercero-de- 
liceo-con-un-examen-20181025181526 

8 De acuerdo a cifras del Mirador Educativo de INEEd, en 2017, el 99,5% de los niños y niñas de 6 a 11 años, 
accede al cursado en centros de educación primaria. 



acerca del nivel de aprendizaje de los estudiantes admiten algunas lecturas que problemati- 
zan y complejizan esa valoración. De acuerdo al informe Aristas 9 elaborado por el INEEd: 

“...es importante destacar que casi la mitad de quienes están por finalizar el nivel primario no 
logra formular un resumen en el que haya que jerarquizar informaciones implícitas complejas, 
realizar conclusiones a partir de argumentos que involucren una lectura global, ni elaborar opi¬ 
niones sobre valoraciones que aparezcan desarrolladas implícitamente.” (INEEd, 2018, p. 240) 

Lo primero que corresponde es contextualizar la afirmación: lo que reporta el informe 
es el nivel de logro, más allá del aprendizaje en términos binarios (lee/no lee) en relación 
a las prácticas en sí, de lectura y escritura, en este caso. Es decir, se estudian los niveles de 
apropiación, la relación de uso y posibilidades de aplicación de los estudiantes con respecto 
a esas habilidades. El propio informe alude a la forma en que el contexto socioeconómico 
incide, sin determinar, estos aspectos: 

“es relevante notar que en todos los contextos socioeconómicos y culturales se registra -aunque en 
distinta medida- la presencia de estudiantes de todos los niveles de desempeño. Se evidencia así 
uno de los desafíos que los docentes enfrentan cotidianamente en las aulas,ya que, si bien las varia¬ 
ciones más importantes entre los desempeños se observan según el contexto socioeconómico y cultural 
de los centros escolares, en una misma escuela será posible encontrar alumnos con diverso grado de 
avance en su proceso de aprendizaje. Tomar en cuenta la diversidad de estrategias para enseñar 
en aulas heterogéneasfacilitaría que todos progresaran en su proceso de aprendizaje y alcancen los 
logros que se definan como esperados.” (Ibíd., p. 241) 

Semanas antes, la propia ANEP a través del Monitor educativo liceal 10 , daba cuenta 
de un aspecto interesante de leer en relación al anterior: la incidencia de la situación nom¬ 
brada como 'extra-edad' en la interrupción de los procesos educativos y la no culminación 
de los ciclos. 

“En todos los cursos, el porcentaje de promoción es menor para los estudiantes en situación de ex¬ 
traedad, diferencia que se agudiza cuando la extraedad es mayor a un año.” n 

Iniciamos el texto haciendo referencia al incremento sostenido en las tasas de egreso 
de los ciclos de educación media. Cuando la misma tasa se considera en relación a lo que se 
categoriza como 'egreso oportuno' (en referencia a grupos de población que logran egre¬ 
sar del nivel considerado en la edad cronológica esperada; es decir, que cursan y aprueban 
cada curso a la edad y en el tiempo previsto), la tendencia al crecimiento se mantiene, pero 
a un ritmo más lento. Por ejemplo, para el caso de ciclo básico considerando el egreso a los 
15 o 16 años, a igual período, el incremento es del 6% 12 (frente al 13,5% al que se llegaba 
considerando jóvenes de hasta 17 años). Así, cuando un sujeto no alcanza la promoción 


9 https://aristas2017.ineed.edu.uy/InformeAristas2017.pdf 

10 https://www.ces.edu.uy/index.php/liceos/25071-monitor-educativo-liceal-2017 

11 https://www.ces.edu.uy/index.php/liceos/25071-monitor-educativo-liceal-2017 

12 http:// mirador.ineed.edu. uy/indicadores/tasa-de-egreso-oportuno-de-educacion-media-basica-entre- 
j ovenes-de-15 - a-16- anos-7 -27.html 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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año a año de acuerdo a la edad y tiempos previstos, sus posibilidades de continuidad, avance 
y culminación se afectan, disminuyendo. Si, entonces, la heterogeneidad en los desempe¬ 
ños es una característica y la diversidad un valor y un paradigma a sostener, es importante 
avanzar en asegurar las condiciones de posibilidad de lo educativo en estas circunstancias; 
ello supone, por ejemplo, dar atención a las demandas formativas y las materialidades ne¬ 
cesarias. 

La discusión de fondo a la que parece estamos arribando -y probablemente sea la que 
representa el núcleo del problema y las verdaderas posibilidades de la universalización- es 
la de qué es lo común y qué lo variado, cómo se conjugan el 'para todos' del mandato con 
el 'para cada uno' de la experiencia vital, cómo dar lugar a formas que no sean únicas y 
reproductoras de la vocación homogeneizante de nuestros sistemas educativos sin que la 
variedad sea de tal tenor que se pierda lo común. Tanto en decisiones acerca del modelo 
educativo, como en las prácticas cotidianas que traman la experiencia escolar de las perso¬ 
nas, la discusión año a año va clarificando una tensión en cuanto a la estrategia de cambio: 
por una parte, se ponen en marcha experiencias y modalidades que suelen ser valoradas des¬ 
de distintos actores tanto en función de su potencia educativa, como de la vivencia subje¬ 
tiva y también de los logros en ciertos indicadores. Se entiende que las mismas representan 
variantes con respecto al modelo tradicional y se van desarrollando en una línea que podría, 
coloquialmente, ilustrarse como 'rodear al formato, sin cambiarlo'. 

Por otra parte, y en tanto esas experiencias surgen en los márgenes de la política, aso¬ 
ciadas y ofrecidas a sujetos cuyas trayectorias se han discontinuado (o que cuentan con 
cierta edad o que tienen alguna particularidad en los trayectos como pueden ser los eventos 
de repetición o que tienen ciertas características de aprendizaje) suelen aparecer como pro¬ 
puestas diseñadas a fin de intentar que por esta vía, en esta otra modalidad, suceda lo que en 
la modalidad tradicional no sucedió: la permanencia, aprendizajes, avance y culminación. 
Este rasgo es en el que se centra la discusión a sostener: qué tipo de propuestas pedagógicas 
conciban el contar con un valor educativo y posibilitar el acceso amplio y efectivo a lo que 
se valore como bienes culturales comunes de cada nivel, a la vez que admiten y viabilizan 
los trayectos no uniformes. 

Finalmente, considerar la discusión anterior a la luz del debate actual, implica colocar 
a las formaciones en educación en el centro. Desde los diferentes colectivos y figuras impli¬ 
cadas, se viene dando el debate en torno a la transformación de las formaciones en educa¬ 
ción en distintos planos: la institucionalidad que las enmarca, los perfiles de egreso y rasgos 
de la identidad profesional, la estructura organizacional, académica y curricular. Se procesa 
en este momento, la discusión en torno a las condiciones de desarrollo y ejercicio docente y 
se avanza en el cambio de los planes de estudio (con modificaciones y ritmos o proyecciones 
de implementación que varían de una formación a otra). Discutir y replantearse el modelo 
de lo escolar (en sentido amplio), es, ineludible y por qué no, primeramente, discutir la 
formación en educación. Sin que ese sea un proceso acabado, incide notoriamente en la po- 



sición docente (Southwell y Vassiliades, 2011), cuestiones tales como lo que entiende por 
su función y tarea, sus límites y posibilidades, lo que considera le corresponde y lo que no, la 
forma en que concibe -¿supone o pronostica?- las posibilidades del sujeto de la educación, 
la confianza en la relación pedagógica (Cornu, 2009), el reconocimiento de lo provisorio 
de los saberes y los contextos, son trazos que refieren a una epistemología y a principios 
filosóficos y pedagógicos imbricados en la construcción de una matriz de formación e iden¬ 
tidad profesional. 


Judicialización del hecho educativo: ¿criminalización del conflicto y garantía de 
derechos ? 

Las reacciones corporativas y la resistencia frente a situaciones novedosas son comprensibles, pero menospre¬ 
ciar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, y advertir que la presentación de una demanda perjudica a 
quien entiende que sus derechos han sido lesioniidos, no lo son. Cientos de padres, madres, educadores y hasta 
personas identificadas con el activismo por los derechos de diferentes colectivos han vaticinado, iracundos, en 
redes sociales que el reclamo perjudicará a quien lo hace; que cuando unos padres promueven un reclamo fren¬ 
te a lo que entienden como una lesión a los derechos de su hija, todo va a ser peor para ella. La “minorización” 
de su reclamo queda expuesta. Igual advertencia recibieron las madres y los adolescentes que denunciaron 
malos tratos en los centros de detención del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. 

¿Es ese el mensaje para lasfamilias y los niños del sistema educativo? 

Luis Pedernera y Gianella Bardazano, ¿Basta de exigir derechos? 

Acerca delfallo judicial que dispuso que niña fuera promovida a quinto año. 

27/02/2018 La Diaria 


Durante 2018 la judicialización de situaciones educativas ha marcado un cambio en la 
comprensión del hecho educativo, los actores intervinientes, las figuras e instituciones que 
ofician de garantías, generando algunos debates sociales de relevancia. Si bien, las aristas 
de este asunto son muy diversas, nos interesa hacen foco en un aspecto dicotómico de las 
posiciones ante hechos que suceden en las instituciones educativas. 

A inicios del año se instaló el debate respecto de la acción de amparo donde la justicia 
en primera instancia revoca la repetición de una escolar que cursa en la educación privada, 
esta situación generó muchas repercusiones de alarma en la prensa, reproducimos dos de 
ellas: 

El consejero de Primaria, Héctor Florit, aseguró que Primaria ve “con preocupación” la situación 
aunque aseguró que aún hay expectativa en la apelación que hizo el propio colegio. 

“Creemos que puede haber una avasallamiento de las competencias legales que la ley de educación 
reserva para los consejos y un ir más allá de los aspectos estrictamentejurisdiccionales, ingresado en 
aspectos técnicos pedagógicos que la constitución reserva al ente autónomo”, subrayó. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Florit dijo, además, que en este caso alguien que “no es idóneo para juzgar cuál es el resultado del 
año lectivo de un alumno determina la promoción”y esto hace que el propio alumno “quede preso 
de un situación que puede menoscabar sus oportunidades de aprendizaje T 3 

El consejero Héctor Florit expresó que la intervención de la Justicia en este caso, “me¬ 
noscaba la autonomía de la educación”. Lo mismo opinó el delegado del Sindicato de Tra¬ 
bajadores de la Enseñanza Privada (Sintep). 14 

Otro hecho que desde hace más tiempo se ha recurrido a la justicia, en este caso, al 
sistema penal, es el referido a conflictos y agresiones de padres a maestras y directoras de 
escuelas públicas. 

La mujer que agredió con golpes de puño a la directora de la Escuela 29 del Cerrofue procesada con 
prisión, confirmaron a El Paísfuentes judiciales. 

La jueza del caso, Adriana de los Santos, tomó esta decisión porque la agresora ya contaba con 
antecedentes penales por el delito de suministro de estupefacientes. 

El delito que le tipificaron fue de atentado y la pena puede ir de tres meses a tres años de cárcel, 
mientras que al hombre que se encontraba con la mujer al momento de la agresión lo dejaron libre 
pero continúa bajo investigación, agregaron lasfuentes consultadas. 

En la resolución, la jueza entendió que si bien “no se constataron lesiones físicas sobre la docente, 
existen indicaciones sobre la violencia y amenazas de quefue objeto por parte de la indagada con 
las que estorbó el libre ejercicio de su función ”. 15 

Si bien ambas situaciones son muy distintas, tienen en común la búsqueda de una so¬ 
lución externa al sistema educativo, la situación de conflicto desborda la dinámica institu¬ 
cional, requiriendo la intervención de otro poder del estado para resolver sobre la situación. 
Los argumentos de las autoridades acerca de la repetición no son aplicables a las situaciones 
de conflicto y violencia, pareciera que no ponen en cuestión la autonomía institucional el 
uso de la herramienta que ejerce mayores niveles de violencia en el marco del sistema demo¬ 
crático. En el derecho penal, el encarcelamiento es una medida extrema, que resulta efecto 
de una externación de una situación educativa, como lo es el vínculo de las instituciones 
con las familias, los referentes adultos y afectivos de los niños y niñas. 

Las relaciones que se establecen entre referentes socio afectivos y escuelas forman par¬ 
te del conjunto de prácticas y modos de hacer que una escuela despliega. 

En tal sentido, el Departamento Integral del Estudiante de Enseñanza Secundaria, 
viene trabajando desde un enfoque que busca resignificar las relaciones entre los referentes 


13 http://www.telenoche.com.uy/nacionales/temen-judicializacion-de-educacion-por-precedente-legal. 
html 

14 https://www.elobservador.com.uy/nota/los-argumentos-del-juez-para-promover-a-nina-del-santa-ma- 
ria-2018213500 

15 https://www.elpais.com.uy/informacion/procesada-prision-madre-agredio-directora-escuela.html 



significativos para los estudiantes y los equipos educativos de los centros. La relación entre 
estas partes es relevante en los procesos educativos y no puede ser aislada de las tradiciones 
y modos instituidos en torno a ese vínculo. Aspectos como qué significa trabajar con los 
referentes del estudiante, cuándo y cómo convocarlos, qué tipos de instancias y modalida¬ 
des de participación tienen los referentes de los estudiantes en los centros educativos, son 
cuestiones que se comienzan a revisar y problematizar. 

En un trabajo que se ha iniciado y busca ser más sistemático en el próximo, la apuesta 
institucional busca llegar también a otras cuestiones transversales y previas a las ya mencio¬ 
nadas, como son aquellas ligadas a los supuestos, representaciones y tradiciones que operan 
caracterizando un tipo de vínculo con los referentes que parece más propio de otro modelo 
y contexto. Grosso modo, el enfoque propone centrarse en ampliar el reconocimiento de 
figuras de referencia -superando la tríada tradicional 'madre, padre o tutor'-, centrarse en 
fortalecer e identificar el alcance de posibilidades de acción con quiénes sí configuran pre¬ 
sencias y referencias socio-afectivas para los adolescentes: según qué sea lo que el apoyo al 
proceso educativo de los estudiantes requiere, habrá circunstancias en las que eso que se 
necesita pueda provenir de otra figura, sin que necesariamente ella sea la que legalmente 
tiene las mayores potestades. Transicionar desde una perspectiva en la que los únicos inter¬ 
locutores válidos y pasibles de reconocimiento desde la institución son los legalmente de¬ 
signados, hacia otra que conciba lo múltiple, lo diverso, lo situacional en cuanto a quiénes 
acompañan y van siendo soporte y referencia en el proceso de los adolescentes. La tensión 
entre legitimidades y legalidades será, probablemente, parte del camino a recorrer con mi¬ 
ras a modificar las concepciones y prácticas arraigadas. 

El tema requiere de una profundización, las viñetas presentadas en este apartado solo 
buscan iniciar un proceso de reflexión que permita pensar, con la complejidad que el asunto 
reviste, acerca de lo que puede la escuela, la potencia de la acción educativa para tramitar 
estas situaciones a la interna de los espacios escolares en diálogo con otros actores institu¬ 
cionales, los riesgos de unas alianzas implícitas entre la escuela y el sistema punitivo, los 
apoyos y acompañamientos profesionales a las instituciones educativas para tramitar estos 
conflictos. En todo caso, la Convención Internacional sobre los derechos del niño esta¬ 
blece principio el interés superior del niño que establece que “En todas las medidas con¬ 
cernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Las formas concretas de ate¬ 
rrizar este principio a las situaciones particulares será objeto de debate, pero en todo caso 
no debemos olvidar que las instituciones educativas son garantes de derechos, y todas las 
medidas que tomen deben orientarse por estos principios. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Educación y privación de libertad en la adolescencia 16 

El hombre está siempre, pues, más acá y más allá de lo humano, es el umbral central por el que transitan 
incesantemente las corrientes de lo humano y de lo inhumano, de la subjetivación y de la desubjetivación, del 
hacerse hablante del viviente y del hacerse viviente del logos. Estas corrientes coexisten, pero no son coinciden¬ 
tes, y su no coincidencia, la divisoria sutilísima que las separa, es el lugar del testimonio. 

Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz 


En el censo de adolescentes privados de libertad (Ruiz Barbot, et al, 2018) realizado 
por la Unidad Académica Asociada entre la Carrera de Educación Social, CFE y el Insti¬ 
tuto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, Udelar 
se recoge información relevante sobre la situación de encierro en la adolescencia. Para este 
informe vamos a extraer dos aspectos de lo educativo que sucede durante el encarcelamien¬ 
to de los adolescentes: a) la escolarización; y b) la propuesta socioeducativa, lo cotidiano, la 
organización de las formas de vida. 

a. Escolarización 

La Ley General de Educación establece que la educación es un derecho humano fun¬ 
damental: 

Artículo Lo (De la educación como derecho humano fundamental). Declárase de interés ge¬ 
neral la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho 
humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos 
sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. 

Artículo 2.o (De la educación como bien público). Reconócese el goce y el ejercicio del dere¬ 
cho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, 
psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna. 

Sobre la educación durante la privación de libertad, las Reglas Mínimas de las Nacio¬ 
nes Unidas para los Adolescentes Privados de Libertad disponen: 

38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la 
sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimien¬ 
to, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante 
programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos 
en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de 

16 La información estadística presentada en este apartado fue relevada en el marco del proyecto Consulta 
a adolescentes privados de libertad, por el equipo de investigación de la Unidad Académica Asociada entre la 
Carrera de Educación Social, CFE y el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad 
de Psicología, Udelar: Mabela Ruiz, Diego Silva Balerío, Virginia Facchinetti, Paola Pastore, Marcelo Aguirre 
y Oscar Castro, con el financiamiento de UNICEF. 



los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen 
extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos o que 
presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial. 

39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la edad de escolaridad 
obligatoria y que deseen continuar sus estudios a que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible 
por que tengan acceso a programas de enseñanza adecuados. 

Los estudios censales sobre el total de la población de adolescentes privados de libertad 
en los años 2008 y 2018 muestran una interesante evolución del porcentaje de adolescentes 
que realizan actividades educativas pasando ya que en 2008 el 73% de los adolescentes no 
realizaban ninguna actividad, y en 2018 quienes no realizan ninguna actividad son el 38%. 

Según la consulta realizada a los/as adolescentes en 2008, su acceso a propuestas edu¬ 
cativas estando en los centros de privación de libertad fue limitada. Consultado sobre la 
participación en talleres u otras actividades el 73% había mencionado que no estaba desa¬ 
rrollando ninguna (MNGV-UNICEF; 2008). En la actualidad esta situación muestra una 
mejora sustantiva, ya que los adolescentes participan en una mayor cantidad de actividades, 
en comparación con el pasado. 

Ante la consulta sobre qué actividades ha desarrollado en el último mes, las actividades 
deportivas (71%), de educación formal (62%) y las culturales/recreativas (56%) son las que 
han obtenido mayores menciones. Sin embargo, continúa siendo insuficiente. 

Se destaca principalmente que un 38% de los y las adolescentes no realizan ninguna 
actividad de educación formal, lo cual al recordar el bajo nivel educativo que presentan 
los adolescentes privados de libertad establece una situación compleja para la futura “re¬ 
inserción social”. Considerando las actividades relacionadas a la formación para el campo 
laboral, la mitad de la población (51%) se encuentra realizando algún tipo de capacitación 
laboral y casi se puede decir que no hay presencia de actividad laboral remunerada, ya que 
solo un 5% la realiza. Con lo cual se visualiza que los adolescentes realizan actividades for- 
mativas ya sea para avanzar en sus estudios o para el ingreso al mundo laboral. De todas 
formas, se detecta un porcentaje importante de adolescentes que no tienen actividades o las 
mismas son muy escasas. 

Es significativo que la enorme mayoría de las actividades se realicen dentro de los 
centros de privación de libertad. Esto pareciera no tener en cuenta las recomendaciones 
planteadas por las reglas mínimas de Naciones Unidas, a la vez que establecen un funcio¬ 
namiento totalizador de la vida de los adolescentes. En relación a la educación en situación 
de encierro, la regla 38 de las Naciones Unidas para los adolescentes privados de libertad 
establece que “ tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capaci¬ 
dades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta 
enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad..!’. 


157 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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158 


A pesar de la mejora que se concretó en la última década, con una importante reduc¬ 
ción del porcentaje de adolescentes que no estudiaban dentro los centros de reclusión, se 
encuentra muy alejado del estándar de la legislación nacional que establece una escolari- 
zación obligatoria 14 años (4 y 5 de preescolar, primaria y media básica y superior). Es 
destacable el involucramiento de la ANEP, mediante el Consejo de Formación Secundaria 
(CES), con su programa de educación en contexto de encierro. El convenio con el CES 
aparece como un factor determinante en el incremento de la oferta educativa, aunque apa¬ 
rece como una barrera la contradicción entre la lógica pedagógica del sistema educativo y 
el énfasis punitivo, centrado en la seguridad de los centros de reclusión de adolescentes. 

En su último informe sobre el estado de la educación en el Uruguay, el Instituto Na¬ 
cional de Evaluación Educativa (INEEd, 2017) señalaba la situación de importante des¬ 
vinculación y rezago educativo de los adolescentes en la educación media; sin embargo, la 
situación de aquellos privados de libertad es aún más preocupante. El informe afirma que a 
los 16 años el 35% de los adolescentes del país cursa con rezago y el 45% en el grado espera¬ 
do para su edad, mientras que a los 17 años estas cifras son el 39% y el 34% respectivamente 
(INEEd, 2017). 

Del total de los adolescentes privados de libertad que participaron del Censo sólo 
3% se encontraba en el nivel educativo esperado para su edad, y apenas un 5% del total 
había culminado el ciclo básico de secundaria. Los datos sobre el nivel educativo mues¬ 
tran trayectorias educativas truncas y un importante rezago educativo. Solamente 24 de 
los adolescentes se encontraban cursando el grado esperado para su edad, mientras que el 
91% presentaba rezago educativo con dos o más años de retraso, y/o desvinculación esco¬ 
lar. Además, 27 adolescentes privados de libertad (10%) no alcanzaron la finalización del 
ciclo de educación primaria, algunos de ellos declaran no tener ningún tipo de trayectoria 
educativa escolar. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, en comparación con el año 2008, se advierte 
una mejora en el nivel educativo alcanzado que se refleja en un aumento porcentual de los 
adolescentes que tienen ciclo básico incompleto como máximo nivel educativo (este grupo 
pasó del 30,1% del total de adolescentes privados de libertad en 2008 al 57% en 2018), jun¬ 
to con una disminución del porcentaje de quienes tienen primaria incompleta o completa 
(MNGV y Unicef, 2008). Por otra parte, en 2018 se observa un 4,9% de adolescentes que 
alcanzaron el ciclo básico completo y un 3% que lo superaron. 

b. Propuesta socioeducativa 

Las formas de organizar la vida cotidiana en los centros está caracterizada por la dis- 
crecionalidad del mundo adulto, donde el encierro es la tónica dominante de proceso de 
trabajo. En la investigación realizada por Ruiz Barbot et al (2018) se describe un estado de 
situación de la privación de libertad de los adolescentes donde las vulneraciones de dere¬ 
chos forman parte de la cotidianeidad. 



55% no tienen agua potable, 45% valora como regular, mala o muy mala las condiciones de hi¬ 
giene, 54% valora como regular o mala la ventilación de la celda, mientras que el 51 % considera 
que la iluminación es regular o mala, 50% sostienen que tienen poca o nada de intimidad en los 
sanitarios, 48%> considera que la comida es regular o mala, y más de 6 de cada 10 adolescentes 
expresan que comen en sus celdas. A pesar de que la vida cotidiana sucede mayoritariamente en la 
celda, 6 de cada 10 adolescentes no tienen materiales de lectura y para escribir o dibujar. 

Solo al 10% de los adolescentes se le entregó el reglamento escrito; más del 50% de los adolescentes 
acceden a conocer las reglas de funcionamiento por la narración oral de adidtos y/o adolescentes; 
casi 4 de cada 10 adolescentes entienden que hay beneficios para algunos adolescentes, y la misma 
proporción considera que hay adolescentes que mandan sobre otros. El 68%¡ de los adolescentes 
creen que estando preso no se puede confiar en nadie, el 55% entiende que estar preso saca lo peor de 
uno mismo, el 67%) plantea que los problemas entrepares se resuelven peleando; y por último, 3 de 
cada 4 adolescentes cuando tiene un problema no recurren a ningún adulto. 

(Ruiz Barbot, et al, 2018) 

La cantidad de horas diarias que el adolescente se encuentra dentro de la celda es ex¬ 
cesivo, el 50% permanecen allí más de 18 horas diarias. (Ruiz Barbot, et al, 2018: 40) Ello 
está asociado al consumo de medicamentos que es un aspecto de alta relevancia, ya que lo 
hace el 56% de los adolescentes, y la razón principal es para dormir (82%). 

La privación de libertad se sostienen en una estrategias basadas en el encierro compul¬ 
sivo, comienza con un ritual fundante, irónicamente el centro de ingreso, donde están los 
adolescentes que cumplen medidas cautelares se instalan las condiciones más duras, entre 
22 o 23 horas de encierro en celda, día tras día. Se instala una cultura del aguante, resistir 
y soportar es condición de sobrevivencia. Como sostiene Agamben, estamos en tiempos 
donde lo humano es contingente, ya que existe la paradójica experiencia humana de la des¬ 
humanización. Lo trágico es que lo aplicamos sobre los cuerpos de adolescentes que nacie¬ 
ron en la vulneración de sus derechos. Se configura escena donde “el hombre es lo que puede 
sobrevivir al hombre” (Agamben, 2005:142), aunque “no debería nunca tener que soportar 
todo lo que puede soportar, ni llegar a ver cómo este sufrir llevado a su potencia más extrema no 
tiene nada de humano”. (Agamben, 2005:142) 

Bibliografía 

Agamben, G. (2005). Lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo. Valencia: Pre-Textos. 

Código de la Niñez y la Adolescencia, ley 17.823, 2004 

Movimiento Nacional Gustavo Volpe (mngv) y unicef (2008). La voz de los adolescentes privados de libertad. 
Montevideo: unicef. Disponible en: http:// www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php ?explnum_id=41 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (mnp) (2018). Entre la alta contención y la inclusión social. 
Desafíos para la construcción de un sistema penal juvenil con enfoque de derechos. Montevideo: inddhh. 

Narciso, L. (2012). “Emergentes identitarios en cárceles de Santa Fe, Argentina”. Revista Avá, n.° 20. Disponi¬ 
ble en: http://www.ava.unam.edu.ar/images/20/ pdf/ n20a06.pdf. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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Poder Judicial (2017). Indicadores sobre adolescentes infractores según convenio interinstitucional firmado 
por la Suprema Corte de Justicia. Montevideo: Ministerio del Interior, Inau y Unicef 

Ruiz Barbot, M., Silva Balerio, D. Vernazza, L. 2018. Consulta de adolescentes privados de libertad. Unidad 
Académica Asociada: Carrera de Educación Social, CFE e Instituto de Psicología, Educación y Desarro¬ 
llo Humano. UNICEF. 


160 




#MIREMOSDISTINTO: Una campaña social para 
generar espacios de diálogo en torno a las miradas 
sobre las adolescencias 


Casa Bertolt Brecht 


Marco y antecedentes de la campaña 

La Casa Bertolt Brecht, fundada en 1964, tiene como misión la formación y educa¬ 
ción de ciudadanos para una transformación emancipadora de las sociedades, a través del 
intercambio intercultural, el desarrollo de las expresiones artísticas y la realización de pro- 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 




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yectos sociales, charlas, seminarios, videos y publicaciones para la construcción de un Uru¬ 
guay y un mundo más justos, democráticos y solidarios. 

Fundada como el “Instituto Cultural Uruguay - RDA - Casa Bertolt Brecht”, la CBB 
es hoy una institución referente en enseñanza del idioma alemán en Uruguay y un espacio 
de constante formación política y expresión cultural y artística. 

Desde sus orígenes, todo lo que la Casa ha generado se motiva en principios de unión, 
memoria y construcción colectiva. Desde hace 54 años busca construir un espacio de en¬ 
cuentro con otras personas y organizaciones, donde cultivar la creatividad personal y colec¬ 
tiva, el pensamiento crítico y el derrocamiento del conservadurismo. 

Es en este marco que en 2016 la CBB lleva adelante el proyecto de educación popular 
La cárcel no es la solución en cooperación con la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. 
Este proyecto nace con el objetivo de contribuir en la defensa de los derechos humanos, 
especialmente de los adolescentes, a través de la construcción de un discurso contra hege- 
mónico respecto a la privación de libertad. 

Con este trabajo la CBB pretende aunar voluntades tendientes a visibilizar la regre¬ 
sión en DD.HH que implicó la aprobación de la Ley 19.055 en enero de 2013 que decreta 
la prisión no excarcelable por al menos un año de jóvenes menores de 18 años para los 
delitos graves, entre otros la rapiña. 

Es así que junto a jóvenes integrantes de las ex Comisiones No a la Baja departamen¬ 
tales, en articulación con otros actores locales, se realizaron actividades públicas con el fin 
162 de sensibilizar, informar y visibilizar los efectos nocivos del encierro y, en consecuencia, de 
dicha ley. Siguiendo ese objetivo es que durante 2016 se llevaron a cabo talleres de forma¬ 
ción en los departamentos de Rivera, Lavalleja, Maldonado y Flores. 

En este proyecto, se busca producir y difundir herramientas de información sobre el 
tema, recopilando materiales inéditos y elaborando comunicaciones originales, basadas en 
la consulta a especialistas y análisis de coyuntura. 

En ese marco es que se produjo “ENCERRADOS”, un documental donde a través 
de testimonios, entrevistas a expertos y visitas a los centros de privación de libertad, se 
reflexiona acerca de las consecuencias negativas de la privación de libertad en el desarrollo 
psíquico, físico y social de los adolescentes. 

Durante 2017 la CBB implementa el proyecto Construyendo un discurso contra hege- 
mónico respecto a la privación de libertad donde continúa su ciclo de encuentros formativos 
e intervenciones públicas llegando este año a los departamentos de Rocha, Florida, Artigas 
y Treinta y tres. Mientras que el documental ENCERRADOS se exhibe públicamente en 
los departamentos que en 2016 fueron sede de los encuentros formativos: Maldonado, La¬ 
valleja, Rivera y Flores. 

Se realizan también una serie de acciones en los siguientes ejes: 



• Formación en Sistema Penal Juvenil: efectos nocivos de la privación de libertad y 
leyes a derogar. 

• Sensibilización lúdico juvenil y visibilización de los efectos de la privación de liber¬ 
tad y leyes a derogar. 

• Difusión de contenidos sobre sistema penal juvenil: efectos de la privación de liber¬ 
tad y leyes a derogar. 

En 2018, comenzamos una segunda etapa del proyecto Construyendo un discurso con¬ 
tra begemónico respecto a la privación de libertad, cuyo objetivo es visitar los 11 departamen¬ 
tos en los cuales no hemos realizado los talleres formativo/creativos y así culminar la reco¬ 
rrida nacional. Es así que visitaremos los departamentos de: Salto, Paysandú, Tacuarembó, 
Cerro Largo, Río Negro, Soriano, Durazno, Colonia, San José, Canelones y Montevideo. 

También en 2018 el proyecto continúa con su objetivo de profundizar el trabajo de 
visibilización de algunos aspectos del sistema penal juvenil, como ser: existencia de leyes 
regresivas que deben ser derogadas, selectividad del sistema penal y aspectos deficitarios del 
funcionamiento del sistema. 

Es así que surge en el equipo de trabajo la idea de llevar adelante una campaña pública 
que inicialmente volcada a ser informativa sobre las leyes 19.055, 18.777 y 18.778, y que 
termina configurándose en #miremosdistinto. 

Objetivos, diseño e implementación de la campaña #miremosdistinto 

Esta campaña social propone generar espacios de diálogo y problematización de las 
miradas que tenemos sobre las personas adolescentes. Particularmente, sobre las respuestas 
que damos como sociedad cuando existe un conflicto con la ley penal. 

En los últimos años se presenta un preocupante endurecimiento de las respuestas ante 
el delito adolescente que se traduce a nivel legislativo, en las leyes 18.777 y 18.778 en el 
año 2011, la ley 19.055 en 2013, y las modificaciones del Código del Proceso Penal (CPP), 
apuntando a extender el tiempo de la privación de libertad de los y las adolescentes que 
cometen delitos tipificados como gravísimos. 

Estas medidas, además de contradecir lo establecido por el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, no son útiles para prevenir o reducir el delito, no consideran a la víctima y 
dejan huellas negativas en la trayectoria de vida y en el desarrollo de la autonomía de las 
personas adolescentes. 

Desde la CBB se entiende que tras la negativa a la reforma constitucional con el mo¬ 
vimiento de “No a la baja” en 2014, la temática ha entrado paulatinamente en un umbral 
de invisibilidad y naturalización, con incipientes pero muy frágiles intentos “humanizada 


163 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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164 


privación de libertad y de fortalecer las medidas no privativas de libertad, pero principal¬ 
mente sofisticando y profundizando los dispositivos de control y exclusión. 

En este sentido, se vuelve necesario cuestionar algunas ideas de sentido común sobre 
las adolescencias en Uruguay, y más específicamente, las asociadas al delito: sus realidades, 
necesidades, oportunidades e intereses. Así como las ideas que asocian el uso de la privación 
de libertad con la seguridad ciudadana, y visibilizar las posibles respuestas alternativas al 
encierro. 

#miremosdistinto ofrece algunos datos de referencia para profundizar la discusión 
acerca de los y las adolescentes privadas de libertad, los efectos de la misma, los discursos 
mediáticos y de opinión pública, y los cambios en la normativa en los últimos años. 

A su vez, se compone de una serie de ilustraciones, herramientas gráficas y audiovi¬ 
suales que pretenden cuestionar el imaginario sobre la realidad de los y las adolescentes, 
basándose en la metáfora de adolescentes-monstruos. 

Inicialmente se desarrolló un análisis de comentarios en redes sociales de noticias 
vinculadas a adolescentes y delito, procurando tomar algunos de los principales nudos de 
sentido que hacen al imaginario colectivo sobre la temática. Estos mitos, entendidos como 
modos discursivos que hacen pasar como necesario y natural algo que no lo es, enunciados 
“sin ninguna huella de la historia que los produjo” 1 , diagraman los discursos, prácticas y 
sensibilidades de las personas vinculadas o no a la temática y tienen consecuencias directas 
en el tipo de respuesta a nivel estatal, urbano y comunitario que se producen a diario. 

Entre los más significativos se destacan 2 : 

1. En vez de adolescentes infractores deberíamos llamarlos menores asesinos. 

2. Los menores delincuentes son cada vez más y les es más fácil robar y matar porque 
entran y salen. 

3. Los adolescentes nini no tienen hábitos de trabajo y estudio, les gusta la plata dulce. 

4. Los menores infractores son irrecuperables, hay que sacarlos de circulación por el 
mayor tiempo posible para estar tranquilos al menos. 

5. Estos adolescentes viven como animales en los barrios de la periferia, donde apren¬ 
den a robar y matar antes de saber leer y escribir. 

A partir de estos mitos se generó un proceso de trabajo con el ilustrador Eduardo 
Sganga, procurando generar material gráfico que favorezca la empatia y contextualización 


1 Barthes, R. (1957) 2006. Mitologías. México: Siglo XXI Editores. 

2 Cabe aclarar que no todos se encuentran directamente enunciados de tal manera en redes sociales sino 
que implican enunciados de resumen que condensan los principales nudos de sentidos de las representaciones 
míticas entorno a adolescentes en conflicto con la ley. 



de la realidad compleja de los y las adolescentes, y a su vez, permitiera cuestionar algunos de 
estos mitos que diagraman las formas en que miramos y actuamos en relación a las personas 
adolescentes. 

La metáfora de “adolescentes monstruos” atraviesa la campaña, la cual articula datos 
estadísticos (tomados de estadísticas del Poder Judicial e investigaciones de Luis Eduardo 
Moras), algunos efectos de la privación de libertad y la visibilización de la desigualdad y 
violencia estructural como contracara de los mitos. 

La etimología de la palabra “monstruo” da algunas pistas para profundizar: una de las 
referencias históricas de la palabra es el verbo latín mostrare que significa indicar, ordenar, 
aconsejar, denunciar o acusar. También existió en el latín el sustantivo monstrum que signi¬ 
ficaba “aviso de los dioses”, aviso que daba un fenómeno extraordinario como señal de que 
algo malo iba a pasar. De hecho este aviso o señal implicaba la muerte de dicho ser mons¬ 
truoso (niño o animal con dos cabezas por ejemplo) por parte de quienes estuvieran cerca 
para eliminar la peligrosidad del futuro. 


El monstruo, inhumano, es entonces el depósito del miedo anticipatorio, es ante todo una 
advertencia futura de lo que podría pasar. Un signo presente y cercano de lo terrible futu¬ 
ro que se avecina, por ello requiere de la pronta eliminación-expulsión como mecanismo 
preventivo-anticipatorio. 


Ilustrar a los y las adolescentes como monstruos materializa esta lógica implícita en los 
cinco mitos relevados: ocultar el contexto y situación de desigualdad estructural para ha¬ 
cer cargar individualmente a los adolescentes excluidos-expulsados-pobres con una serie de 
etiquetas o signos de peligro anticipatorio: ni-ni, animales de la periferia, asesinos, irrecu¬ 
perables, etc. 

Entonces, #miremosdistinto intenta generar procesos de diálogo y deconstrucción en 
tres niveles de la temática, superpuestos y entrelazados: en primer lugar hacer visible desde 
las ilustraciones y los efectos de las mismas en las personas que toman contacto, sobre la 
estigmatización de los y las adolescentes en general, enmarcado en sociedades adultocén- 
tricas 3 . 

Sociedades que construyen y reconstruyen en la tramas de relaciones de poder entre 
las generaciones (o clases de edad) un vínculo de desigualdad y opresión de los adultos ha¬ 
cia los niños, niñas y adolescentes, en términos de lo posible e imposible de hacer, sentir y 
pensar. Pero principalmente, situándose como “faro” guía de los procesos de “madurez” ne¬ 
cesaria y “normal” que definen los modos de existencia esperados 4 . A partir de esta posición 
de poder, las personas adultas producen toda una serie de dispositivos institucionales para 

3 Duarte, C. (2012) Sociedades adultocéntricas. En revista “Ultima Década N°36” CIDPA Valparaíso. 

4 Sacristán, G. (2003) El alumno como invención. Ediciones Morata. Madrid. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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asegurarse el encausamiento de los y las adolescentes, su vigilancia, control y encasillamien- 
to con fines preventivos de disidencias posibles, obturando las voces críticas que puedan 
hacer que tomen parte en la definición de la realidad común. 

La estigmatización de las personas adolescentes en general, vistas como seres revolto¬ 
sos, inadaptados, inestables, peligrosos y sufrientes; se acentúa cuando estos viven (o sobre¬ 
viven) en contextos de pobreza extrema y exclusión. 

Esto nos lleva al segundo nivel, que refiere a las respuestas que como sociedad damos 
frente a la realidad de las personas adolescentes. Tanto desde el plano Estatal y legal, como 
desde el mercado, y también las tramas comunitarias, la principal respuesta frente a los 
conflictos con la ley, o las acciones interpretadas como “fuera de lo esperado” (impliquen 
o no niveles de violencia hacia terceros) refiere a la expulsión en diferentes modalidades: 
expulsión de las instituciones educativas formales o no formales, imposibilidad de habitar 
ciertos espacios públicos, inaccesibilidad a servicios de salud y vivienda, cierre de las opor¬ 
tunidades laborales, cercamiento y guetificación de las interacciones sociales y vínculos 
cotidianos por el distanciamiento y fragmentación que impone el miedo-peligrosidad, des¬ 
valorización de los modos expresivos y artísticos, vaciamiento de las propuestas culturales, 
desarticulación de las redes de sostén afectivo, etc. 

La expulsión permite afianzar el adentro institucional o normativo (centro educativo, 
espacio público, mercado de trabajo, centro cultural, etc.), en tanto genera un afuera donde 
se deposita lo no permitido, y se castiga a base de soledad, desprotección y fuerte estre¬ 
chamiento del abanico de oportunidades. Los y las adolescentes que portan estas marcas 
166 aprenden a sobrevivir en los “afueras” de las tramas institucionales, comunitarias, afectivas, 
y resuelven sus necesidades con los pocos recursos que los criterios expulsivos les han deja¬ 
do a mano. Claro está, en el entremedio de las tramas, en el habitar de los expulsados, poco 
es el diálogo que se genera con las lógicas institucionales expulsivas, principalmente por el 
distanciamiento y miedo recíproco que la respuesta de exclusión genera entre las institucio¬ 
nes y las personas adolescentes. Lo que interpela fuertemente el accionar de la sociedad en 
su conjunto, y su imposibilidad de dialogar con la otredad que estos adolescentes portan. 

En el tercer nivel, la campaña hace énfasis en la respuesta más dura que se desprende 
de lo anterior: el encierro. El sistema penal juvenil uruguayo, opera con base en la justicia 
retributiva, que responde a la consumación de un delito produciendo una serie de disposi¬ 
tivos de castigo y sufrimiento institucionalizado como mecanismo de asunción de respon¬ 
sabilidades por parte de los y las adolescentes. La privación de libertad como herramienta 
principal de este modo de hacer justicia, hace muchos años que demuestra sus falencias a 
la hora de transformar la realidad de las personas adolescentes, las víctimas de los delitos, 
y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta sigue siendo la principal - y casi intuitiva - 
respuesta al delito cometido por adolescentes, tanto desde lo estatal como social y que se 
encuentra claramente asociada a los mitos desarrollados anteriormente. 



Desde la Casa Bertolt Brecht se ve urgente hablar de estas problemáticas, hacerlas vi¬ 
sibles en la vida cotidiana. Mirar distinto para poder construir nuevas ideas y propuestas 
en conjunto. 


Estigma, expulsión y encierro son solo algunos puntos de referencia a la hora de pensar 
en la “monstrificación” de los y las adolescentes. Es necesario también señalar las contra¬ 
dicción del discurso y práctica punitivista, desarmar los modos en que estas realidades son 
utilizados por los medios de comunicación masivos para acentuar la fragmentación social, 
el miedo y el cercamiento de lo común 5 ; visibilizar los efectos nocivos que el encierro tiene 
sobre los y las adolescentes, incentivar el desarrollo de las medidas no privativas de libertad, 
la responsabilización de la sociedad entera sobre esta problemática. 

La campaña insiste en poner la temática en la arena pública, no tanto para señalar cul¬ 
pables y producir críticas destructivas, sino para apuntar a la construcción de una mirada- 
ser mirado fuera de lo monstruoso y desde allí poder crear alternativas. 

Los materiales de la campaña son de libre acceso (a nivel físico y virtual también), para 
su uso, reproducción y modificación que apunten al desarrollo de espacios de debate (aca¬ 
démico, técnico, comunitario-vecinal, educativo, artístico y cultural), y principalmente de 
creación real de propuestas y no solo críticas al encierro. 

Se plantea, en cada espacio desarrollado hasta el momento, el desafío de proponer y 
ejecutar acciones alternativas que salgan de la estigmatización-expulsión-encierro, para dar, 
desde la institucionalidad estatal (y sus programas a manos de organizaciones sociales), 
el mercado, y principalmente desde las acciones cotidianas de las tramas comunitarias y 
vecinal, nuevas respuestas, modos otros de ver la problemática y empatizar con las personas 
adolescentes y puentes de oportunidad para transformar la realidad. 


5 Bollier, D. (2016) Pensar desde los comunes. Edición colaborativa: Sursiendo, Traficantes de Sueños, Tinta 
Limón, Cornucopia, Guerrilla Translation. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Políticas de asistencia en el Uruguay progresista: las 
peripecias de la integración social 


Sandra Leopold Costábile 1 | Carolina González Laurino 2 
Ximena Baráibar Ribero 3 1 Laura Paulo Bevilacqua 4 


Introducción 

Esta presentación se sustenta en una serie de investigaciones 5 fundamentalmente cen¬ 
tradas en el desarrollo de las políticas de asistencia, impulsadas por el Estado uruguayo, 
que introduce variantes al sistema de protección social, a partir del año 2005. Esto deviene 
principalmente, en un conjunto de programas focalizados cuyo propósito explícito es la 
inclusión social de aquella población que se caracteriza por encontrarse en condiciones de 
vulnerabilidad y extrema pobreza. Para ello, la asistencia se concibe en lógica de atención 


1 Doctora en Ciencias Sociales, con especialización en Trabajo Social (UdelaR), Magíster en Trabajo Social 
(Universidad Federal de Río de Janeiro y UdelaR), Especialista en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias So¬ 
ciales, UdelaR), Asistente Social (UdelaR), Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de 

_ la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores de la 

168 Agencia Nacional de Investigación e Innovación. sandra.leopold@cienciassociales.edu.uy 

2 Doctora en Sociología y Ciencias Políticas, opción Sociología (Universidad de Deusto, España). Licenciada 
en Sociología (UdelaR). Licenciada en Trabajo Social (UdelaR). Docente e investigadora del Departamento de 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR). Investigadora activa del Sistema Nacional de Investi¬ 
gadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. carolina.gonzalez@cienciassociales.edu.uy. 

3 Candidata a Doctora por el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Socia¬ 
les (UdelaR). Magíster en Trabajo Social (Universidad Federal de Río de Janeiro). Asistente Social (UdelaR), 
Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR). Co- 
coordinadora del Diploma de Especialización en Políticas Sociales. ximena.baraibar@cienciassociales.edu.uy 

4 Candidata a Doctora por el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Socia¬ 
les (UdelaR), Master en Políticas Públicas (Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT 
Uruguay), Especialista en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR), Licenciada en Trabajo So¬ 
cial (UdelaR), docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
(UdelaR) y Co-Coordinadora del Diploma de Especialización en Políticas Sociales. laura.paulo@cienciasso- 
ciales.edu.uy 

5 Los estudios sobre las políticas asistenciales se han venido desarrollando desde el año 2012 hasta la actua¬ 
lidad por un equipo de investigación del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República en convenio con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mi¬ 
nisterio de Desarrollo Social uruguayo integrado por Sandra LeopoldCostábile (co-coordinadora), Carolina 
González Laurino, (co-coordinadora) Ximena Baráibar Ribero y Laura Paulo Bevilacqua. Desde el punto de 
vista metodológico, las investigaciones realizadas se sustentan tanto en el análisis de fuentes documentales pro¬ 
porcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social, como en la realización de entrevistas a los gestores e imple- 
mentadores de las políticas asistenciales, así como a los usuarios de estos servicios. 



transitoria y facilitadora del acceso a los dispositivos de protección social universales y es¬ 
pecíficos, y al trabajo formal. 

Entre los analistas de la matriz de protección social uruguaya implementada a inicios 
del siglo XX, existe amplio consenso en describir un sistema de políticas sociales fuerte¬ 
mente institucionalizado, estructurado sobre una base de prestaciones de carácter universal 
en educación y estratificada en materia sanitaria y de seguridad social, que tiende a cubrir 
a la mayoría de los sectores asalariados urbanos, con una incorporación tardía de los tra¬ 
bajadores rurales (Filgueira, 1998).Esta estructura de protección social, que limita tanto 
la intervención de organizaciones privadas laicas y religiosas con fines de lucro, como la 
focalización en sectores vulnerables (Midagliay Antía, 2007), logró resistirlos impulsos re¬ 
formistas de la dictadura (1973-1984), aunque sufrió un importante deterioro en términos 
presupuéstales. A partir de los años 90, se inicia un proceso de reformas sociales cuya expre¬ 
sión más emblemática fue la transformación del modelo de seguridad social. El tradicional 
sistema basado exclusivamente en la solidaridad intergeneracional fue llevado a un sistema 
mixto con la incorporación de la capitalización individual (Midaglia y Antía 2007). 

A partir de 2005, iniciado el primer período de gobierno del Frente Amplio-Encuen¬ 
tro Progresista, la política asistencial amplió su cobertura a nivel nacional de manera signi¬ 
ficativa. Si bien se trata de un aspecto que merece ser destacado, al permitir el acceso a cierto 
nivel de protección del cual carecía un segmento de la población, el tiempo transcurrido 
permite problematizar acerca de sus restricciones y posibilidades. En este sentido, las inves¬ 
tigaciones realizadas evidencian empíricamente, dificultades en ese proceso de articulación 
entre asistencia, políticas universales y mercado formal de trabajo. Como ya fuera adverti¬ 
do anteriormente, de esta manera, parecería reafirmarse el riesgo de dualizaciónt n el trata¬ 
miento de las problemáticas socioeconómicas (Antía, Castillo, Fuentes y Midaglia, 2013) 
que se materializa en la separación entre un componente de asistencia social, financiado 
por rentas generales, y otro de bienestar, fundamentalmente contributivo y vinculado al 
empleo. Por este motivo, es posible pensar que, de no establecerse niveles de efectiva cone¬ 
xión y complementariedad entre ambas esferas, se incrementaría el peligro de profundizar 
la fragmentación de la propuesta de bienestar. En consecuencia, se vería comprometida 
la pretensión política de atender al conjunto de la población con los mismos principios e 
instituciones (Baráibar, González, Leopold, y Paulo, 2015). 

Se reconoce que los análisis acerca de las estrategias de inclusión social no deberían 
quedar encapsulados solo en la política asistencial dado que sus componentes, por sí mis¬ 
mos no pueden resolver la acuciante situación de su población objetivo. Por lo expuesto, 
resulta imprescindible pensar simultáneamente en las modificaciones necesarias en el mer¬ 
cado de trabajo y en las políticas públicas en general, para alcanzar los objetivos planteados 
por las intervenciones de asistencia. No obstante ello, este artículo se detiene particular¬ 
mente en algunas tensiones que recorren el campo asistencial nacional en la actualidad. 
Exentos de novedad, los tópicos que se desarrollan a continuación configuran, sin embrago, 


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dilemas sustantivos, persistentes e interrelacionados en el campo de la protección social, 
que requieren atención. 

Dilemas en torno a los mecanismos de focalización 

Un primer aspecto a considerar refiere al carácter focalizado que asume la propuesta 
asistencial. Cuando de protección social se trata, actualmente parecería existir coincidencia 
en que la mejor estrategia para atender a la población identificada en situación de extrema 
pobreza es la puesta en práctica de programas asistenciales focalizados. Sin embargo, la 
profusa bibliografía que ha identificado los efectos negativos de la focalización, amplia¬ 
mente desarrollada en las postrimerías del siglo pasado, motiva algunas líneas de reflexión 
insoslayables. En este sentido, ¿es posible concebir a la focalización como un instrumento 
neutro de gestión de lo social? Es decir, los procesos de estigmatización, individualización 
del riesgo, psicologización de la problemática social y moralización a los cuales refieren las 
visiones críticas, ¿son resultados intrínsecos a tal modalidad de intervención o los mismos 
devienen, en algún sentido, de las orientaciones y el marco de protección social que, en 
sentido amplio se disponen en un contexto socioeconómico determinado? 

Por una parte, las investigaciones realizadas posibilitan pensar que el proceso de im- 
plementación de los programas puestos en consideración, exponen algunos de los efectos 
negativos que el accionar focalizado provoca en la población destinataria. En este senti¬ 
do, bien podría sostenerse la interrogante acerca de la propia naturaleza de la focalización. 
Cabría preguntarse si los procesos de focalización planteados en nuestro país en los últi- 
170 mos años asumen las mismas características que los observados a partir de las orientacio¬ 
nes políticas dominantes en la década de los noventa con un contexto socioeconómico 
desfavorable. En esa década, las argumentaciones de los programas lograron presentar a la 
focalización como la vía de acción de mayor pertinencia para la situación abordada. Esto 
se producía al tiempo que se desestimaba la responsabilidad del Estado en la resolución de 
la problemática social y se consolidaba una perspectiva individualizadora de los problemas 
sociales, que promovía la «activación» de los sectores focalizadosde extrema pobreza con 
recursos muy escasos. 

Desde esta perspectiva, parecería que lo relevante es si la focalización se plantea como 
fin y, en este caso, se la presenta como la versión última de la política social, o si es un medio 
para sostener procesos de integración de sectores de población a las políticas universales. 
Las dificultades sistemáticamente presentes para transitar desde los dispositivos de asis¬ 
tencia hacia los universales y el mundo del trabajo, lleva necesariamente a preguntarse por 
este instrumento y sus posibilidades en términos de los objetivos planteados, más allá de la 
orientación última, que, siendo importante, parece insuficiente Esto interpela sobre cómo 
se enlaza esa intervención en el entramado de acciones dirigidas al resto de la sociedad. 
Tal aspecto se vuelve particularmente importante cuando se trata de sectores de población 



que no tienen recursos de poder y, por tanto, no pueden constituirse en actores de política 
pública. 

Con los problemas y limitaciones planteados para el Estado de bienestar que sostenía 
a la mayoría de los trabajadores europeos, la estrategia de la focalización ha sido diseñada 
en los países occidentales desarrollados que, como Francia, han buscado mecanismos de 
inserción social de la población desempleada y los inmigrantes más vulnerables. En estos 
países, se desenvolvió una corriente teórica crítica que, detectando los problemas que la 
focalización ha generado, contribuye con preguntas que es preciso plantear en nuestro con¬ 
texto particular. En este sentido, corresponde recordar la conceptualización de Castel sobre 
la protección social y acerca del objetivo último que la sostiene: la construcción de una 
sociedad de semejantes. 6 

Simultáneamente a estas interrogantes que, en definitiva, refieren a la entidad y alcan¬ 
ce de la asistencia, parecería ser que no resulta sencillo encontrar otros instrumentos que 
puedan sustituirla; ya que, dominaría una visión -no exenta de controversias- que sostiene 
que las situaciones de extrema precariedad requerirían forzosamente de seguimiento par¬ 
ticularizado. 

La transitoriedad de los soportes asistenciales como problema 

Otra de las características salientes de la asistencia es su transitoriedad. Son propuestas 
de carácter temporal cuyo objetivo declarado es establecer un puente que conduzca a los 
sectores de extrema pobreza hacia otras políticas sociales de carácter universal o la búsque¬ 
da de empleo en el mercado formal. Si bien la transitoriedad puede entenderse desde este 
marco programático, la búsqueda de los objetivos últimos que se identifican en este tipo 
de propuestas no parece poder alcanzarse. No al menos con programas asistenciales tan 
acotados en el tiempo, si se consideran los problemas que estas estrategias buscan resolver 
(desempleo de larga data o la propia integración social). 

S bien la concreción de los objetivos de inclusión social declarados, no se aseguraría 
con la adjudicación de mayores tiempos de asistencia, la transitoriedad de la intervención 
afectaría la perdurabilidad de algún movimiento favorable en la vida social de los partici¬ 
pantes, cuya posibilidad de sostén, en algunos casos, resultaría de extrema fragilidad. Para- 


6 [...] podemos aplaudir los esfuerzos realizados para reorganizar la protección social a fin de acercarla a las 

situaciones concretas y las necesidades de los usuarios, pero hay una línea roja que no se debe franquear. Es la 
que confundiría el derecho a estar protegido con un intercambio de tipo mercantil, que subordina el acceso 
a las prestaciones únicamente a los méritos de los beneficiarios o, incluso, al carácter más o menos patético 
de la situación en la cual se hallan. Hay que recordar con firmeza que la protección social no es solamente el 
otorgamiento de ayudas en favor de los más desamparados para evitarles una caída total. En el sentido fuerte 
de la palabra, es la condición de base para que todos puedan seguir perteneciendo a una sociedad de semejantes 
Castel. R. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido ? Buenos Aires, Manantial. 2004, p. 102. 


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dóricamente, parecería darse por sentado que las situaciones más adversas en lo que refiere 
a la dificultad social, deberán modificarse en plazos cortos de tiempo. 

En la administración de lo social en general y de la asistencia en particular, permanen¬ 
temente se observa la tensión entre los tiempos dispuestos para la atención y el logro de 
los objetivos enunciados. Las acciones de intervención social son concebidas en tiempos 
acotados, en los cuales se estima que el/los sujeto/s involucrados modifican la situación 
que originó el ingreso a la atención en la dirección formulada en el proyecto. Como esto 
no siempre sucede en tales términos, la variable tiempo comienza a introducir tensión a la 
interna de la propuesta-^cuándo finaliza la intervención?- Asimismo,abre interrogantes 
cerca de las formas de relacionamiento entre los usuarios y el proyecto: ¿dependencia?, ¿de¬ 
manda excesiva? 

¿Cuál es el control del tiempo que el individuo asistido puede desarrollar y la asisten¬ 
cia está dispuesta -y puede- habilitar? A su vez, ¿qué supone y genera en los sujetos parti¬ 
cipar de dispositivos de asistencia cuya temporalidad no es manejada por ellos ? 

Entre la idealización de la territorialización de la política de asistencia y los escasos 
recursos disponibles para efectivizar el modelo de interinstitucionalidad e intesectoria- 
lidad propuesto. 

La propuesta asistencial asume una inserción territorial desde una perspectiva que 
parecería identificar fuerzas endógenas en el espacio donde se desarrolla que darían res¬ 
puestas a todos los problemas de la población destinataria de la asistencia. Frente a esta 
sobrevaloración del territorio emergen algunas apreciaciones críticas, incluso entre quienes 
consideran valiosa su incorporación, ya sea en referencia a la extensión y accesibilidad del 
entorno, como a los inconvenientes de receptividad y coordinación interinstitucional que 
se circunscriben al territorio. 

Seguramente, deba procederse a identificar los límites y posibilidades de una estrategia 
que, en algún sentido, parecería haberse sobrevalorado en su rendimiento. En este orden 
de cosas, resultaría recomendable, además, transitar hacia la explicitación de los supuestos 
sobre los que se concibe la inserción territorial de las propuestas. 

Tal como lo señala Baráibar (2007) los límites del territorio para el desarrollo de la 
intervención social junto a la relevancia que este adquiere «por defecto» en el plantea¬ 
miento de las nuevas políticas sociales, convocan a problematizar el fervor que genera la 
dimensión territorial en los diseñadores, gestores y operadores. Adhesión entusiasta funda¬ 
mentalmente observada en algunas de las propuestas asistenciales que exaltan esta dimen¬ 
sión como un componente novedoso. 

A su vez el andamiaje territorial haría confluir la coordinación intersectorial e inte¬ 
rinstitucional. En detrimento de un modelo concentrado en reparticiones específicas y es¬ 
pecializadas del Estado, en la política de asistencia actual parecería existir cierto consenso 
con respecto al uso de los diseños intersectoriales, bajo el supuesto de que son la mane- 



ra más eficiente de implementar políticas públicas (Cunill-Grau, 2014).Sin embargo, los 
actores entrevistados en las investigaciones realizadas -operadores y mandos medios de 
servicios territorializados- afirman desconocer los acuerdos existentes y comunican insu¬ 
ficiencias en la calidad, cantidad y modalidad de gestión de las prestaciones y servicios que 
se disponen. Si cada institución mantiene sus lógicas organizacionales con sus intereses 
particulares y hasta ideologías individuales, no podrán esperarse logros consistentes me¬ 
diante el supuesto político de desarrollar abordajes integrales de problemas a través de la 
intersectorialidad. 

Parecería ser que las instituciones sectoriales no cuentan con suficientes plazas o cupos 
disponibles. Tampoco logran los niveles de calidad que debieran caracterizar a los servicios 
universales ni presentan la necesaria calificación profesional que se requiere para atender 
adecuadamente la demanda proveniente de los programas focalizados. 

En este sentido, la coordinación intersectorial e interinstitucional que procura faci¬ 
litar el pasaje de los usuarios de dispositivos focales a universales se realizaría en el vacío, 
dependiendo de la «buena voluntad» de los agentes sociales puntualmente responsables 
de establecerla. 

Además de las referidas limitaciones existe otra tensión que recorre las modalidades 
de intervención. Según los actores entrevistados, la población objetivo con la que trabajan 
las propuestas asistenciales es tan heterogénea en algunos aspectos, que exige abordajes de 
una gran versatilidad y, por lo tanto, requeriría de un fuerte componente de innovación. De 
no lograrlo se estaría trabajando en una primera línea con altos grados de flexibilidad sobre 
la ejecución, a la vez que el enlace inmediato se realiza con instituciones universales que 
mantienen cierta rigidez de criterios y desarrollan una gestión divorciada de la asistencia. Si 
no se realizan claras acciones de interrelación entre unas y otras intervenciones, y si los ser¬ 
vicios universales no asumen su responsabilidad de primer orden en lo que al acceso y per¬ 
manencia de los sujetos se refiere, el ideal de universalidad en los derechos sociales dejará de 
tener fuerza. Así, será sustituido por un propósito de mantener una asistencia por encima 
de lo mínimo tolerable para la población en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. 

Dado que la interinstitucionalidad e intersectoridad se constituyen como lincamien¬ 
tos generales de la política social desde 2005, y junto con la territorialidad, adquieren parti¬ 
cular énfasis en el marco de la política asistencial y la atención a su población receptora, vale 
preguntarse ¿cuáles son las apuestas que allí se realizan?; ¿cuál sería la particularidad allí a 
abordar: una menor articulación del problema o un mejor acceso a recursos y derechos ? 

Desafíos y tensiones entre la valorada apuesta por la «proximidad» y el devenir 
individualizador sobre los sectores vulnerables 

La población que se vincula a las propuestas asistenciales y quienes operan en ella valo¬ 
ran significativamente la estrategia de intervención denominada de proximidad o cercanía. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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No obstante, su conceptualización e implementación no está exenta de complejidades y 
tensiones que aparecen estrechamente vinculadas a los límites y las posibilidades que pre¬ 
sentan en torno al cumplimiento de sus objetivos. 

Destinatarios y operadores quedan encapsulados en un recurrente proceso de inter¬ 
vención de proximidad que deja en vínculo casi exclusivo a unos con otros. Esto parecería 
responder a una modalidad de intervención que se dispone, fundamentalmente, sobre la 
población involucrada y, muy escasamente, sobre los ámbitos de las prestaciones sociales 
ofrecidas por el Estado. Esa distancia se vuelve casi abismal con respecto al mercado de 
trabajo formal. 

En este sentido, la acción de proximidad que sale a la búsqueda de «quienes no van 
a venir por sus propios medios», otorga reconocimiento de existencia a un segmento po- 
blacional invisibilizado para el resto de la trama institucional de protección social. Acción 
para nada insignificante, si se consideran las condiciones de vida de la población en cues¬ 
tión, y de la que resulta su valoración favorable sobre el acompañamiento cercano. Sin em¬ 
bargo, la visibilidad alcanzada no parecería trascender este ámbito. Al ser «vistos» sólo 
«desde y hasta allí», no parecería posible trascender cierta lógica de individuación con la 
que terminaría operando la política y acerca de la cual, las investigaciones de referencia ya 
informaron en forma detallada (Baráibar, González, Leopold, y Paulo, 2015). 

La tendencia a la «individualización de las protecciones» corre paralela a la cons¬ 
trucción de una «sociedad de individuos», dirá Castel. Se desarrolla así, « una concepción 
minimalista de la protección social» (Castel, 2010: 193) que deja fuera del entramado 
174 institucional universal y específico a los individuos. Estos transitan por la política asisten¬ 
cia!, por un período acotado de tiempo, a través de propuestas de proximidad en los que el 
Estado se hace presente con prestaciones materiales limitadas y con un sostén afectivo que 
busca trabajar sobre la subjetividad de las personas a las que se dirigen. 

En el mismo sentido, afirma Dubet, actúa el modelo de «igualdad de oportunida¬ 
des» en el pasaje de políticas universales pensadas para todos los ciudadanos, a «políticas 
dirigidas, centradas sobre públicos, riesgos y oportunidades específicas», De esta manera 
el apoyo recibido se compensa mediante responsabilidades y compromisos que debe asu¬ 
mir el receptor de la ayuda. Por ello, dirá Dubet “el «nuevo igualitarismo» diseñado por 
Giddens se inscribe plenamente en este modelo; se ayuda a quienes quieren ayudarse a sí 
mismos, se prefiere ayudar a los individuos a que evolucionen, antes que asegurar las posi¬ 
ciones” (Dubet, 2011: 61-62). 

De esta manera, las nuevas políticas de individuación piden al individuo que se «ac¬ 
tive» responsablemente y «devuelva» mediante una política de contraprestaciones lo que 
la sociedad parece haberle concedido como «apoyo, escucha y reparación». En este con¬ 
texto, cada sujeto se ve exigido a reconocer sus carencias y lo que ha hecho mal para encon¬ 
trarse en la situación en la que ha caído (Merklen, 2013: 83). 



En suma 

Las propuestas asistenciales aparecen como una posibilidad abierta que no renuncia a 
la intervención de los más desamparados por el sistema tradicional de la seguridad social, 
aunque, al mismo tiempo, y por momentos, parecería observarse cierto desplazamiento en 
la persecución de los objetivos que les dieron origen. No obstante, pensar las instituciones 
tradicionalmente asociadas a las prestaciones sociales del sistema público, aparece como 
una tarea insoslayable que los proyectos basados en micro-intervenciones de proximidad 
-tal como han sido diseñados- no podrían hacer por sí mismos. 

La valoración favorable de los destinatarios de los programas asistenciales estaría ex¬ 
presando la situación de desprotección en la que se encuentran, pero también el reconoci¬ 
miento de aportes concretos que la política de asistencia realiza en sus vidas. La instrumen¬ 
tación de estrategias de proximidad, con disponibilidad de escucha y acompañamiento, 
pero con escasa materialidad para responder a las necesidades de la población, puede con¬ 
ducir a pequeñas variantes en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, son eviden¬ 
temente insuficientes cuando se persiguen propósitos de inclusión social y seguramente, 
como todo proceso de intervención social, la estrategia de proximidad, no estaría exenta 
de efectos adversos, que habría que poder identificar y problematizar. En este sentido, las 
modificaciones que puedan producirse no deberían propiciar una visión condescendiente 
acerca de los alcances de las propuestas programáticas analizadas en el marco de los referi¬ 
dos procesos de investigación, confundiendo que lo que la práctica expone como posible 
sea efectivamente lo deseable. 

Se requiere entonces elevar la mirada hacia el entorno de las políticas sociales que, sin 
renunciar a la asistencia y promoción social de estas poblaciones, logre avances en su capta¬ 
ción y permanencia con calidad, desde los dispositivos sociales tradicionales. 

Asimismo, es preciso evitar el riesgo de que el debate sobre los problemas de imple- 
mentación de la política asistencial desplace la discusión sobre los procesos de desigualdad 
que les dieron origen y la consecución de sus objetivos integradores. Es decir, el riesgo de 
pensar que, mediante pequeños ajustes operativos a las dificultades visualizados en cada 
estrategia programática, se alcanzarán los objetivos propuestos. 

No se trata pues, de renunciar a la asistencia de esta población, asociada al no traba¬ 
jo, alejada de la inserción social, que deviene objetivo de la asistencia, sino de concebir e 
implementar estrategias para su incorporación efectiva a las instituciones de protección 
social que el Estado ofrece. Para ello parecería importante poner en debate las conexiones 
que deberían establecerse entre el mercado de trabajo -y sus distintas realidades, más allá 
de las tendencias generales- las políticas asistenciales y el resto de la institucionalidad de 
protección pública. 

Las propuestas asistenciales no deberían terminar fundamentando su existencia en las 
características particulares y singulares de algunos sujetos, ni pueden ser entendidas como 


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respuestas coyunturales a situaciones de crisis, sino que configuran iniciativas que deben 
lidiar con las manifestaciones más severas de las desigualdades estructurales. La salida a la 
búsqueda de la población que deja de participar en los dispositivos en los que se encontraba 
-y a la que las propuestas de proximidad parecen haber sustituido-,no debería sustituir la 
necesidad de flexibilización de mecanismos de recepción y accesibilidad «más amables» 
pensados para este sector de la población sin recursos propios para la inserción social más 
básica, así como la ampliación de la oferta pública de bienes y servicios que no se encuen¬ 
tran disponibles en cantidad y calidad para dar respuestas institucionales a las necesidades 
que esta población estaría requiriendo. 

Mediante el discurso de «retorno a la familia», la cesación de «mecanismos de con¬ 
trol social» y la «desinstitucionalización» de algunos sectores de la población, (Filgueira, 
2014) se renueva el recurso a la individualización de las prestaciones sociales. Sin capaci¬ 
dad de organización ni posibilidad de gestionar mecanismos de presión social, quienes se 
encuentran en la extrema pobreza, siguen estando desvinculados de la protección social 
asociada al mundo del trabajo que el Estado continúa ofreciendo. De esta forma, quedarían 
subordinados a una protección propia de dispositivos que atienden la especificidad de las 
problemáticas visibilizadas por los abordajes asistenciales. 

En este sentido, la política asistencial «muestra el lado oscuro del bienestar» (Barái- 
bar, 2017) sobre todo, en tiempos de expansión de ese bienestar, en los que paradójicamen¬ 
te, se corre el riesgo de reforzar la noción de que la dificultad social en que se encuentran los 
sectores más vulnerables de la sociedad deviene exclusivamente de sí mismos.. 

Bibliografía 

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


La inconstitucionalidad de la Ley de Riego 


Lie. María Selva Ortiz 1 


La Ley 19.553 de Inversión en Riego aprobada el 27 de octubre de 2017, que modifica 
la Ley 16.858 del 3 de setiembre 1997, ha generado un fuerte debate en la sociedad uru¬ 
guaya en el último año. Ha devuelto la capacidad de cuestionarnos y debatir sobre el uso de 
bienes naturales estratégicos como el agua y la tierra. 

Volvió a convocar a actores sociales que entraron en el debate denunciando que esta 
Ley compromete la calidad de nuestras aguas, además de establecer un mercado privado de 
uso para constituir un negocio y extraer ganancias. 

En el plebiscito del 2004 en Defensa el Agua y la Vida, ya se habían enfrentado estas 
dos concepciones: la que sostenía que el agua dulce era un bien escaso y por tanto era muy 
lucrativo ponerle valor y convertirla en una mercancía y los que sosteníamos que el agua 
es un bien común esencial para la vida y el acceso a ella un derecho humano fundamen¬ 
tal. La sociedad uruguaya decidió; un millón cuatrocientos mil ciudadanos,el 64,7% de los 
votantes,decidieron que el agua es un bien común y no forma parte del mercado. 

Promulgada la Ley de Inversión en Riego surgieron propuestas de recursos de incons¬ 
titucionalidad y la idea de un Referéndum fue creciendo, FFOSE (Federación de Funcio- 
178 narios de OSE) en su Congreso Nacional de Delegados decide que se debe involucrar nue¬ 
vamente a la población y llamar a un Referéndum por la vía larga, en un año conseguir el 
25% de las firmas del padrón electoral. 

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) que nuclea muchas 
organizaciones lo apoya y comenzaron a llegar otros importantes respaldos, el PIT-CNT, 
la FEUU, la Asociación de Docentes Universitarios (ADUR), FUCVAM, la ANP (Admi¬ 
nistración Nacional de Puerto), entre otros. 

Paralelamente desde la Academia se elaboraron documentos alertando sobre los im¬ 
pactos de esta Ley. Docentes de Facultad de Ciencias, Docentes del Centro Regional Este 
de UdelaR, Académicos de diferentes Centros y Universidades también firmaban un Do¬ 
cumento dirigido al “Debate sobre las consecuencias ambientales de la aplicación de la Ley 
de Riego con destino Agrario”. Docentes de Facultad de Derecho de UdelaR 2 , también se 
sumaron con un análisis jurídico de su inconstitucionalidad. 

Para los ecologistas tener a la Academia saliendo a denunciar el estado de degradación 
de nuestros cursos de aguas superficiales y alertar sobre las consecuencias de intensificar un 


1 Integrante de REDES-Amigos de la Tierra de Uruguay. 

2 http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/41693 



modelo de agronegocio que veníamos denunciando desde hace casi dos décadas ha sido 
muy importante. 

También el Informe temático de la Institución Nacional de Derechos Humanos IN- 
DHH sobre la Ley de Riego recoge las denuncias y preocupaciones que muchas organiza¬ 
ciones sociales de productores familiares, de mujeres rurales y ambientalistas han realizado 
sobre el impacto de la agronegocio sojero y de agricultura de secano. 

1. Ley de Riego. Antecedentes 

La primera aclaración es que la Ley 19.553, lo que hace es modificar una Ley de Riego 
pre existente que ya habilitaba y regulaba la asociación entre productores para construir 
sistemas de riego del año 1997, que la Ley Nacional de Aguas N° 18.610 promulgaba en el 
2009 que reglamenta el artículo 47 de la Constitución reformado en 2004 ya establecía que 
se tenía que rever por contradecir esta nueva norma. 

Si los pequeños productores rurales han tenido dificultades para construir sus propios 
sistemas de riego, no estuvo la solución en la Ley de 1997, ni está presente en las modifi¬ 
caciones que incluye esta nueva Ley, por no estar dirigida a pequeños productores, sino a 
los grandes. A este sector no es el capital el que tiene que proporcionarle sistemas de Riego, 
sino políticas de Estado en coordinación con la academia, como se hizo por ejemplo en 
el marco del Proyecto de Producción Sustentable (PPR) del Ministerio de Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

El proyecto de reforma de la Ley de Inversión en Riego nació durante el período del 
gobierno de Mujica y bajo impulso del Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. Importante 
productor arrocero (que es el sector más intensivo en uso de riego en Uruguay), éste aclaró 
muchas veces que uno de sus principales objetivos era dejar esta Ley aprobada y que se iría 
cuando lo lograra, así lo hizo. 

Estas Ley se origina en recomendaciones del Banco Mundial (BM) que ha partici¬ 
pado en la elaboración de documentos que abordan la gestión de los recursos hídricos y 
especialmente su vínculo con el agro; “Uruguay: Desafíos y oportunidades 2015-2020” 
que consta de un apartado, “Aprovechamiento y Gestión de los recursos hídricos: Una base 
para el crecimiento económico y sostenible” y otro que forma parte del programa de Asis¬ 
tencia Técnica no reembolsable con la participación de un equipo de técnicos del BM junto 
el MGAP “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay”. Y 
complementa a estos el “Préstamo BM 8099 UY” cuyo supuesto objetivo es “apoyar a los 
productores rurales para desarrollar un uso sostenible de los recursos naturales generando 
una mayor adaptación a la variabilidad y cambio climático, promoviendo una moderni¬ 
zación de la gestión del MGAP en el área de información de la gestión de MGAP en el 
área de información y servicios relacionados al clima y recursos naturales”. En los diferentes 
debates que hemos participado en estos meses, los defensores de la Ley, autoridades del 


179 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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180 


MGAP o parlamentarios de distintos partidos llegan con el Informe del Banco Mundial 
bajo el brazo. 

2. La Ley de Riego. ¿En qué innova? 

Esta Ley genera por vía legal la posibilidad de que privados ajenos a la producción 
rural construyan un sistema de riego y vendan el agua, como cualquier otro servicio. Es¬ 
tablece los mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran 
escala. Creando sistemas de riego multiprediales (suministro de agua a dos o más produc¬ 
tores) introduciendo una variedad de actores privados en el manejo y comercialización de 
los recursos hídricos en sus diferentes aspectos; extracción, almacenamiento y distribución 
de aguas para riego y generación de energía eléctrica a través del Despacho Nacional de 
Cargas. Lo que implica captar y almacenar agua a través de embalses o represas para luego 
distribuir, con el agregado de dar posibilidad como parte del negocio, la generación de 
energía eléctrica. 

Por otra parte esta ley modifica a la Ley 18.786 Contratos de Participación Público 
Privada para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos 
(Ley PPP), en el ámbito de aplicación agrega la realización de las obras hidráulicas para 
riego las cuales no fueron incluidas previamente, se promueve la inversión extranjera a gran 
escala mediante la participación de inversores externos al sector con los correspondientes 
beneficios fiscales y contratos a largo plazo modificando el rol del Estado en los procesos. 

3. La Ley de Riego ¿Por qué es inconstitucional? 

Recordemos que se consagró en la Carta Magna en el 2004, cuando el soberano, el 
pueblo a través de los procedimientos de “Democracia Directa” (lo que tiene un peso legal 
más fuerte según los especialistas científicos del Derecho)aprueban la modificación del ar¬ 
tículo 47 de nuestra constitución: 

3.1 ¿Qué establece el artículo 47 de la Constitución ? 

Primero, que el Agua es un bien natural esencial para la “Vida”. Lo que significó cues¬ 
tionar el paradigma antropocéntrico, y pasar a aceptar el paradigma biocéntrico o ecocén- 
trico, porque el constituyente dijo que era esencial para la vida, para toda la vida, no sólo 
para la vida humana, sino también para toda la vida, la vegetal, la animal, en todas las di¬ 
mensiones que habita en nuestro territorio. 

El plebiscito, además, consagró el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, siendo 
el primer país en el mundo en hacerlo. Recién en el año 2010 la Asamblea General de la 
Naciones Unidas declara el Derecho al Agua Limpia y segura y al Saneamiento, como uno 
de los Derechos Humanos Fundamentales, esencial para el goce pleno de la vida. 



El inciso 1 del artículo 47 establece los pilares en los cuales tiene que estar “basada” la 
Política Nacional de Aguas: 

a) El ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambien¬ 
te y la “restauración de la naturaleza”. Este último concepto lo consideramos muy 
importante. Dado los procesos de degradación de algunos ecosistemas estratégicos 
que consideramos que para asegurar el derecho humano deben ser restaurados. 

b) La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídri- 
cos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general. 
Este último punto, en el debate de la Ley de Riego, toma una dimensión muy im¬ 
portante, y fue consagrado a nivel constitucional. Hemos escuchado al ex Ministro 
de Ganadería y otros actores políticos, que “dejamos que el agua se vaya al mar y se 
salinice, perdiéndola, en vez de represarla en el territorio”, siendo esos dichos un 
grave error técnico, al desconocer el funcionamiento del ciclo hidrológico. 

Otro de los principios innovadores de la Constitución es la participación de los 
usuarios y la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control 
de los recursos hídricos. Estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades bᬠ
sicas. En este punto se buscó dejar muy claro que la participación debía de ser vin¬ 
culante y en todas las etapas. Fruto de la experiencia anterior en donde se llamaban 
a participar a las organizaciones sociales pero las propuestas y aportes realizadas no 
eran incluidas, ni tenidas en cuenta. En relación a la Ley de Riego, en ninguna de 
las etapas de su presentación, discusión y aprobación legislativa se ha respetado este 
punto ni pasado por procesos de participación, mucho menos vinculantes. 

c) El último punto en que debe basarse la Política Nacional de Aguas es que deben 
anteponerse las razones de orden social a las de orden económico. Vuelve a recalcar 
la priorización del interés general, en el sentido que este bien común no puede con¬ 
siderarse, ni administrarse como una mercancía. 

En el punto 2 del articulado se establece: “Las aguas superficiales, así como las subterrᬠ
neas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso 
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como 
dominio público hidráulico ”. Se vuelve a insistir en el ciclo hidrológico como un recurso 
unitario subordinado al interés general. Además de establecer que todas las aguas son de 
dominio público estatal como dominio público hidráulico. Este es otro de los puntos en 
que la Ley de Riego viola flagrantemente la constitución al conceder a privados la venta de 
agua para riego, mientras que en la Constitución forma parte del dominio público estatal. 

El inciso 3 del articulado establece el carácter público de los servicios de agua pota¬ 
ble y saneamiento, volviendo a sostener, al igual que en el punto anterior, que deben ser 
prestados por personas jurídicas estatales. Este punto fue el que dio origen a la Reforma 


181 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Constitucional, pero en el debate al interior de la CNDAV entendimos que debíamos in¬ 
tensificar la preocupación por la gestión del agua para consumo humano, priorizando la 
gestión sustentable de las cuencas, solidaria con las generaciones futuras y la participación 
ciudadana en todos los procesos de gestión. 

Luego de la Reforma Constitucional, se aprueba en el Parlamento la Ley N° 18.610 
en octubre de 2009, que establece los principios rectores de la nueva Política Nacional 
de Aguas, como el principio precautorio 3 , para evitar impactos negativos o nocivos en los 
“recursos hídricos”, así como una nueva concepción en la gestión del agua en los territorios, 
cuyo uso se deberá guiar por “ criterios de equidad, asequibilidad, solidaridad y sustentabi- 
lidad . 

“El Estado después de esta reforma constitucional no es solamente un ' Estado Social 
de Derecho', es un ' Estado Social y Ambiental de Derecho' con énfasis hídrico o hidráu¬ 
lico. Se ha establecido un bien público como es el agua, que tiene un valor tipificante de las 
formas políticas del Estado uruguayo y de la comunidad uruguaya, porque yo no sé, qué se 
puede decir en una Constitución más importante, que algo sea esencial para la Vida, así que 
el Agua se elevó a un recurso absolutamente importante en nuestra normativa jurídica” 4 


182 


3.2 Resumiendo la Ley de Riego 

a) La Ley avanza hacia la creación de un Mercado de Agua, con la instrumentación de 
agentes privados de gestión del agua con potestades para la comercialización, los operado¬ 
res de sistemas de riego y la articulación con las sociedades agrarias de riego. Todos estos 
elementos resultan claramente inconstitucionales. 

b) La orientación de la gestión del agua para riego, con la construcción de represa- 
mientos gestionado por privados, que constituye una amenaza a la calidad del agua super¬ 
ficial y al funcionamiento de los sistemas hídricos, desde su dimensión biofísica. Ello clara¬ 
mente contradice el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, 
colocando en riesgo la primera prioridad en el uso que es el abastecimiento de agua potable 
a poblaciones humanas. Los resultados actuales en materia de calidad de agua superficial 
(en especial las cuencas agrícolas) deberían ser un llamado de atención sobre las estrategias 
de gestión del agua. 


3 El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992 establece: 
"Con elfin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución con¬ 
forme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. Este principio se encuentra consagrado en nuestra Ley General de Protección 
del Ambiente (17.283) de junio del 2000 en su artículo 6 o inciso B. 

4 Dr. Ricardo Gorosito Zuluaga, Mesa Rendonda “Ley de Riego. Aspectos legales, ambientales y producti¬ 
vos” Facultad de Veterinaria. UDELAR. 4 de mayo de 2018. 



c) Las pautas propuestas de conformación y funcionamiento de las sociedades agrarias 
de riego y la figura de los operadores de riego, constituyen una amenaza a los productores 
agrarios del país, en especial a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. 
Productores que necesitan nuevos sistemas de riego pero que quedan excluidos en esta pro¬ 
puesta claramente orientada hacia el agronegocio. 

4. ¿Qué ha pasado en nuestro Territorio en estos últimos 14 años después del 
cambio constitucional? Pensando en la lógica de sustentabilidad con justicia social y 
ambiental y considerando que esta Ley pretende la “intensificación sostenible” de la 
Agricultura de Secano. 

La esencia de la reforma constitucional continúa comprometida como consecuencia 
del avance de tres grandes grupos de agronegocios el forestal-celulósico, el arrocero y soje- 
ro con severos impactos negativos en los territorios, amenazando derechos fundamentales 
como el derecho al agua, la tierra y la salud de los ecosistemas y la población. Los mismos 
resultan evidentes en las comunidades locales que se ven expuestas a niveles crecientes de 
productos tóxicos y cuyos cursos de agua son contaminados con sustancias tóxicas para la 
salud humana y animal. 

Otra tendencia que genera enorme preocupación y tiene serias implicancias para la 
gestión del territorio y la toma de decisiones, y por lo tanto para garantizar el derecho 
humano al agua, es la desaparición de un porcentaje muy significativo de predios agrope¬ 
cuarios de menor escala y el aumento de la concentración de la tierra. 

Entre el año 2000 y el 2011, según datos de los últimos Censos Agropecuarios, desapa¬ 
recieron 12.270 productores, el 31 % de con predios menores a 100 hectáreas y el 40% de 
los menores a 20 hectáreas. La penetración del gran capital en el campo ha llevado también 
a un incremento del precio de la tierra, lo cual conduce a mayores niveles de concentración 
y a reducir las posibilidades de acceso para los y las productores y productoras de menor 
escala. 

4.1 Cultivos de Secano, Transgénicosy Evaluaciones de Riesgo 

El avance del modelo del agronegocio se ha visto facilitado por la aprobación de cul¬ 
tivos transgénico que en Uruguay está reglamentada por el Decreto Presidencial 353/008. 
Pero lamentablemente los informes de evaluación de riesgos que se utilizan para decidir 
su aprobación se basan en los estudios realizados por las empresas solicitantes, así como 
el historial de aprobación en otros países y los argumentos manejados por los organismos 
evaluadores pertinentes. 5 


183 


5 Galeano, Pablo. 20 años de los cultivos transgénicos en Uruguay. MontevideoREDES-AT. 2017 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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La instancia encargada de la Evaluación de Riesgos en Bioseguridad (ERB) en Uru¬ 
guay, prioriza el criterio de equivalencia sustancial utilizado por las empresas, en detrimen¬ 
to del principio precautorio contenido el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología. Firmado por Uruguay en junio de 2001 y ratificado en agosto de 2011. 6 

En el reciente proceso a fines del año 2017 de evaluación para liberación comercial 
de nuevos eventos de soja transgénica tolerante a los herbicidas glifosato y Dicamba 2/4D 
se generaron discrepancias al interior de la Gabinete Nacional de Bioseguridad integrados 
por los Ministerios de Ganadería, Economía, Industria y Energía, Relaciones Internaciona¬ 
les, Salud Pública y Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública se 
opusieron a la liberación planteando la necesidad de analizar los impactos del paquete tec¬ 
nológico asociado al cultivo, pero dichas recomendaciones fueron ignoradas en el informe 
que recomienda la aprobación de la liberación comercial afirmando que dicho cultivo no 
representa un riesgo para el ambiente 7 . 

4.2 Impactos ambientales 

Actualmente se siembran en Uruguay soja y maíz transgénicos con tolerancia a her¬ 
bicidas y productores de toxinas Bt. La soja transgénica tolerante a glifosato ha sido un 
elemento central del paquete tecnológico que facilitó la expansión del área agrícola, que 
llevó a una intensificación en el uso del suelo, un mayor uso de herbicidas, la implemen- 
tación de sistemas de agricultura continua, la reducción de la biodiversidad, además de la 
instalación de cultivos agrícolas en zonas con menor aptitud para la agricultura y mayor 
184 riesgo de erosión. 8 

El crecimiento del área sojera, que actualmente cubre el 90% del área de cultivos agrí¬ 
colas de verano, ha sido muy abrupto pasando de 12 mil hectáreas en la zafra 2000/01 a 
1.1 millones de hectáreas en la zafra 2016/2017) se sembraron 1.1 millones de hectáreas 
(MGAP-DIEA, 2017), generando impactos negativos en los sistemas ambientales del país 
y comprometiendo los sistemas hídricos. 

Ese crecimiento de la superficie con cultivo de soja condujo a un incremento significa¬ 
tivo del uso de herbicidas, principalmente el glifosato, pero no sólo ya que otros herbicidas 
como el 2,4 D también mostraron un fuerte incremento (las importaciones de éste pasaron 
de 145 a 2.096 toneladas entre los años 2000 y 2014). 

La intensificación en el uso de plaguicidas se ha tornado evidente en la medida en que 
entre el 2000 al 2016 el área de agricultura en Uruguay se multiplicó por 3,3 mientras que 
el volumen de importación de plaguicidas se multiplicó 4,6. 


6 Ibidem. 

7 Ibidem. 

8 Ibidem. 



4.3 Impactos sociales y en la tenencia de la tierra de la soja en Uruguay 

Hasta hace doce años la soja era un cultivo de poca relevancia en la agricultura uru¬ 
guaya siendo excepcionales las zafras en que se sembraron más de 50 mil hectáreas. En la 
década pasada comienza la expansión del cultivo que multiplicó cerca de cien veces el área y 
su producción desde la zafra 2000/01 a la zafra 2012/13. En ese período el área de soja pasó 
de 12 mil hectáreas a más de un millón y su producción de 28 mil toneladas a 2.8 millones 
de toneladas. Actualmente la soja es el principal cultivo agrícola del país, cubriendo más del 
85% del área de cultivos agrícolas de verano. Su producción se encuentra concentrada en 
manos de grandes productores. En la zafra 2012/13, los productores que sembraron más 
de 2.000 hectáreas (unas 115 empresas) representaron un 6% del total de los productores y 
concentraron el 60% de la producción de soja en Uruguay 9 . 


N 5 de Productores 


Área 



< 100 ha ■ 101 a 500 ha ■ 501 a 1000 ha ■ 1001 a 2000 ha ■ > 2000 ha 


185 


Número de Productores de soja y Área Sembrada (en hectáreas) según escala productiva 
en la zafra 2012/2013 

Se presentan los datos numéricos y expresados como porcentaje. A modo de ejemplo, 
los productores de soja que sembraron un área menor o igual a 100 ha fueron 731 (41% 
del total) cubriendo entre ellos un área de 26.378 ha lo que representó el 2,5% del total del 
área de soja sembrada en la zafra 2012/2013. Elaborado a partir de datos de DIEA-MGAP, 
Encuesta Agrícola Invierno 2013. 


9 DIEA-MGAP, 2013. Encuesta Agrícola Invierno 2013. 


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186 


a. Impactos actuales del Agronegocio de Secano, estudio de Pesticidas en peces del Río Negro y 
Uruguay 

“La sostenibilidad ambiental de los agroecosistemas de secano en América del Sur es mo¬ 
tivo de preocupación actual. En este trabajo, evaluamos la presencia de múltiples residuos de 
plaguicidas en el tejido muscular de especies de peces silvestres”, explica el resumen del estu¬ 
dio que acaba de ser publicado en la revista Science of the Total Environment , editada por 
Elsevier. Este estudio sobre la presencia en el tejido muscular de peces de los ríos Negro y 
Uruguay, publicada en la revista científica internacional, detectó residuos de 30 diferentes 
agrotóxicos en el 96% de los organismos analizados. Participaron académicos de Facultad 
de Ciencias, Química, el Centro Universitario Litoral Norte, Centro Universitario Regio¬ 
nal Este y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del MGAP. 10 

Los peces fueron recogidos en tres zonas asociadas a la agricultura de secano, Merce¬ 
des, Nuevo Berlín y San Javier y una cuarta zona donde predominan pasturas naturales San 
Gregorio de Polanco. De los 149 peces analizados, 143 contenían al menos un pesticida 
detectado y cuantificado. En promedio se detectaron cuatro pesticidas por pez y en un 
organismo (en un dorado), se llegaron a detectar 21 sustancias de un total de 30 detectadas. 

Los análisis demostraron que la cantidad y composición de los pesticidas encontrados 
en los peces están relacionados con el uso del suelo de la cuenca. En las zonas donde predo¬ 
mina el cultivo de soja y otros transgénicos a gran escala, la cantidad es significativamente 
diferente de la encontrada en San Gregorio de Polanco donde las pasturas y la forestación 
dominan los usos. 

De los 30 compuestos detectados, 28 están actualmente aprobados para la agricultura 
de secano. 

Es de destacar que en San Javier los peces contienen un número de pesticidas y compo¬ 
sición similar a las otras áreas donde predomina la agricultura intensiva (Mercedes y Nuevo 
Berlín). Un dato interesante que los patrones de detección de sustancias están relacionadas 
con la cantidad de principio activo importado y por tanto sugiere que en estos casos, un 
aumento en la escala implica una mayor afectación a la biota acuática. 

En un escenario donde desde el MGAP, se propone una “intensificación sostenible” de 
la producción, esto efectos en la biota acuática deben ser incorporados en los lineamientos 
a definir en las “buenas prácticas agrícolas” y repensar la intensificación en esa dirección. 

La Academia ha salido fuertemente a cuestionar esta Ley de Riego, por ejemplo en 
el documento dirigido al debate sobre las consecuencias ambientales de la aplicación de 


i° (q “Occurrence ofpesticide residues in fish jrom south American rainfed agroecosystems”, Science of the Total 
Environment. (https://www.researchgate.net/publication/323691902_Occurrence_of_pesticide_residues_ 
in_fish_from_south_American_rainfed_agroecosystems) 



la Ley N° 19.553 de promoción de Riego con fines Agrícolas realizado por Investigadores 
Centro Universitario Regional Este que expresaban: 

“La mayoría de los curso de agua de nuestro país presentan una elevada concentración 
de nutrientes derivado de la erosión del suelo, el uso de fertilizantes y otros químicos, los 
que en su conjunto estimulan el crecimiento de micro algas. El aumento del tiempo de 
residencia por represamiento gatillará el crecimiento excesivo de algas y cianobacterias con 
efectos nocivos en la calidad del agua, tales como deficiencia de oxígeno y producción de 
toxinas (cianóticas) neuro y hepato tóxicas. Estas toxinas limitan los usos del propio cuerpo 
de agua o embalse, por ejemplo como abrevadero de animales, dificultando la potabiliza- 
ción para consumo humano, recreación y el propio Riego”. 11 

b. La Ley de Riego, vulnera Derechos Humanos fundamentales según INDDHH 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 
ha realizado un informe sobre la Ley de Riego con Destino Agrario, N° 19.553, que resu¬ 
me parte de lo que venimos denunciando sobre esta ley, citamos a continuación algunos 
fragmentos. 

“Su aplicación podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, 
como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación 
social. 

La protección del ambiente es de interés general y forma parte de los derechos huma¬ 
nos fundamentales que el Estado debe salvaguardar. Las precauciones ambientales para el 
otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines de riego resultan insuficiente¬ 
mente definidas en la nueva ley, dada la magnitud de los proyectos que se pretenden im¬ 
pulsar. Es necesario asegurar un sistema de evaluación ambiental y de monitoreo en base al 
principio precautorio. 

En la medida en que el agua utilizada para riego se trata de agua dulce, al igual que el 
agua para consumo humano, si no se realizan restricciones en cuanto a reservas de agua po¬ 
table y protección de los recursos hídricos, se podría estar incumpliendo a mediano plazo 
el carácter prioritario del abastecimiento de agua potable a la población, establecido por la 
normativa internacional y plasmado en el artículo 47 de la Constitución de la República. 

La incorporación de una variedad de actores empresariales y financieros en la gestión 
de los recursos hídricos, así como la posibilidad de que se utilice el agua con otros fines dis¬ 
tintos al de riego, exige al Estado la adopción de criterios, políticas y acciones que aseguren 
la sostenibilidad del recurso para las generaciones presentes y futuras, así como la primacía 
de los fines sociales en el uso del agua por sobre los económicos. 


11 Documento sobre la Ley de Riego. Centro Universitario de la Región Este, UdelaR. http://www.cure.edu. 
uy/?q=leyderiego 


187 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Por último, se considera que si el modelo de producción agropecuaria que se viene im¬ 
pulsando ha resultado en grandes requerimientos de inversión y alto nivel de riesgo, como 
se ha fundamentado en la presente reforma, resulta necesario evaluar la viabilidad econó¬ 
mica de dicho modelo en su aplicación, así como la viabilidad ambiental y social del mismo 
(debido a las afectaciones actuales ya demostradas sobre la salud humana y el ambiente). Es 
necesario reorientar la legislación y las políticas hacia el desarrollo de modelos alternativos 
de producción, sustentables económica y ambientalmente, en lugar de intensificar la explo¬ 
tación de un bien natural de dominio público esencial para la vida.” 12 

c. En defensa de la Constitución 

Por las razones expuestas, durante el año 2018 se llevó a cabo una campaña de recolec¬ 
ción de firmas para habilitar un recurso de referéndum que permita derogar la Ley 19.553, 
presentando las firmas el 26 de octubre de 2018. Paralelamente se elaboran recursos de in- 
constitucionalidad para presentar ante la Suprema Corte, como se preparan recursos para 
interponer a nivel internacional, pero hasta el momento la prioridad por tema de tiempos 
es la recolección de firmas para el recurso de Referéndum. 


188 


12 INDDHH. Informe de la INDDHH sobre la Ley de Riego con destino agrario N° 19533. Montevideo, 
28 de noviembre de 2017. 




Foto: Santiago Mazzarovich 


El nuevo cercamiento del agua 
La campaña contra la Ley de Riego y una nueva 
etapa de la lucha por los bienes comunes 


Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida 


“Fracasaron quienes prohibieron el agua porque no pudieron, 
porque nadie puede, prohibir la sed” 

Eduardo Galeano 


El 26 de octubre de 2018 se entregaron ante la Corte Electoral unas 300.000 firmas, 
recolectadas a lo largo y ancho del país desde fines de diciembre de 2017 con la finalidad 
de habilitar un referéndum contra la Ley N° 19.553, que estableció modificaciones a la Ley 
de Riego del año 1997. Las firmas no fueron suficientes (se necesitaba alcanzar un 25% del 
padrón electoral) pero la campaña desplegó intensos momentos de militancia que ponen 
en evidencia el profundo nivel de preocupación que existe en la sociedad uruguaya sobre el 


189 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


190 


manejo de un bien común de vital importancia para la vida -como es el agua- y los nocivos 
impactos del modelo de desarrollo, conducido por los intereses del agronegocio. 

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida entendió que La Ley de 
Riego es inconstitucional porque profundiza el estado actual de contaminación que se re¬ 
gistra en las cuencas hidrográficas del país y permite la privatización de la gestión del agua. 
Estos elementos fueron señalados oportunamente por la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (2017) y por el Institutos de la Universidad de la República (como la Sección de 
Limnología de la Facultad de Ciencias, 2016). 

El derecho humano al agua en Uruguay: la Reforma Constitucional de 2004 y la 
Política Nacional de Aguas de 2009 

En Uruguay a partir de 1989 el mecanismo de consulta popular previsto en la Consti¬ 
tución Nacional fue utilizado reiteradamente por las organizaciones sociales con el objeti¬ 
vo de frenar o rechazar decisiones del parlamento o el Poder Ejecutivo. Estas consultas po¬ 
pulares que se realizaron luego de la Dictadura tuvieron diferentes resultados pero siempre 
fueron una reserva de movilización y resistencia de parte de la sociedad uruguaya. 

Con el inicio en el año 2000, de uno de los paradigmáticos gobiernos neoliberales del país, 
se produce la privatización del servicio de agua y saneamiento en el Departamento de Maído- 
nado, anunciando la voluntad de continuar por este camino en todo el país. Como parte del 
proceso que se venía gestando -el proceso de privatización del agua potable y del saneamiento 
en todo el país, hasta entonces monopolio del Estado a través de las Obras Sanitarias del Estado 
(OSE)- el gobierno firmó en 2002 una Carta Intención con el Fondo Monetario Internacional 
en la que comprometía la extensión de la privatización al interior del país. Ese fue el principal 
disparador del proceso organizativo a partir del cual se constituyó la Comisión Nacional en 
Defensa del Agua y la Vida. El principal objetivo planteado fue realizar una Reforma Constitu¬ 
cional que estableciera el carácter público del agua e impidiera su privatización. 

Se desarrolló una campaña de recolección de firmas en todo el país a partir de la mo¬ 
vilización de diferentes sectores sociales: sindicatos, organizaciones ambientalistas, orga¬ 
nizaciones barriales, sociales y políticas. Se reunieron más de 283.000 firmas apoyando la 
realización del plebiscito para que la ciudadanía se definiera con respecto a la reforma cons¬ 
titucional. El 31 de octubre, el 64,7% de los votantes se expidieron a favor de la reforma 
constitucional, por lo cual los uruguayos contamos con un nuevo texto de la Constitución: 
allí se establece que “el agua es un recurso esencial para la vida, el acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. Al mismo tiempo, 
el artículo 47 de la constitución estableció que “la Política Nacional de Aguas y Saneamien¬ 
to estará basada en: 1) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio 
ambiente y la restauración de la naturaleza, 2) La gestión sustentable, solidaria con las gene¬ 
raciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen 
asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instan- 



cias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas 
hidrográficas como unidades básicas, y 3) el establecimiento de prioridades para el uso del 
agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento 
de agua potable a poblaciones” (Constitución de la República, 2004). 

Ley ¿de Riego? ¿O de promoción de la inversión agrícola? 

Las modificaciones a la Ley de Riego de 1997 surgen de una consultoría que el Estado 
uruguayo había encargado al Banco Mundial 1 . El informe final de consultoría incluye en sus 
anexos la exposición de motivos de las modificaciones a la ley y un articulado que incluía las 
principales modificaciones sugeridas a la ley: desarrollar la figura de las Sociedades Agrarias 
de Riego (SAR), incluyendo dentro de sus objetos no sólo el uso, manejo y aprovechamiento 
de agua -existentes desde la ley de 1997- sino también el drenaje, crear la figura de los Ope¬ 
radores de Sistema de Riego y establecer el cobro de un precio por el agua (y por los servicios 
de explotación, conservación y administración de las infraestructuras de riego). Estas son bᬠ
sicamente las principales modificaciones que propuso el Ministro Tabaré Aguerre en 2016 
al parlamento y que fueron aprobadas en 2017. Como agregados a esas recomendaciones 
del Banco Mundial se incluyó la posibilidad de asociaciones Público-Privadas y la realización 
integrada de planes de uso y manejo de suelos y aguas (hasta ese entonces sólo existía la figura 
de los planes de uso y manejo de suelos en el marco de la Ley de Suelos). 

La exposición de motivos del proyecto de Ley deja en evidencia cuál es la concepción 
“productiva” que el progresismo asigna al agua: un recurso hídrico cuyo papel en el proceso 
de acumulación debe potenciarse. Acumulación de algunos sectores que está asociada di¬ 
rectamente a procesos de despojo sobre otros. En varios pasajes de la exposición de motivos 
en el preámbulo del proyecto de Ley se sostiene que uno de los problemas de Uruguay es 
que llueve mucho y el agua “se pierde” se “escurre” y no es aprovechada. Esta visión del ci¬ 
clo del agua tan poco sistémica es más propia del pensamiento productivista de la primera 
mitad del siglo XX que del siglo XXL Es particularmente interesante tomar en cuenta que 
el firmante de la propuesta es quien ha ejercido la titularidad del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay desde el año 2010 (durante la presidencia de José Mujica). 
Este ministro además es uno de los principales productores del agronegocio arrocero en el 
país, por cierto uno de los rubros agrícolas más demandantes de recursos hídricos. 

En sus primeras manifestaciones públicas luego de la aprobación del proyecto en el 
senado, el ministro Aguerre sostuvo que la “ley sobre riego será lo que fue la ley forestal para 
Uruguay en la década de los 1990. Es una posibilidad de aumentar y de diversificar la pro¬ 
ducción, aumentar la productividad, capturar más valor y recibir inversiones nacionales y 


1 Estrategia de Fomento del Desarrollo de la Agricultura Regada en Uruguay. Informe de consultoría. Banco 
Mundial-Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Gobierno de Uruguay. Montevideo. 2015. (Programa 
de Asistencia Técnica No Rembolsable del Banco Mundial al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 
2013-2014). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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192 


extranjeras”. El paralelismo es sumamente válido. La Ley Lorestal (N° 15.939) fue aprobada 
en 1987 por todos los partidos políticos y estableció subsidios y exoneraciones tributarias a 
las plantaciones forestales que en ese momento eran insignificantes en la producción nacio¬ 
nal. La legislación surgió como resultado de la recomendación de una consultoría realizada 
por la cooperación japonesa. 

Es claro que estas modificaciones a la Ley de Riego plantean una visión del agua en las 
antípodas de la planteada en la reforma constitucional de 2004. Mientras que la reforma 
constitucional consagró el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho huma¬ 
no, la propuesta de modificación de la Ley de Riego apunta a generar un mercado de aguas 
a partir de la gestión privada de su represamiento. Puede decirse que el punto de partida 
conceptual de la legislación derivada de la enmienda de 2004 es el de considerar al agua 
como un bien de uso común, propiedad pública y gestión estatal con participación social 
(Constitución de la República, 2005). Esta nueva Ley de Riego, en cambio, no sólo consi¬ 
dera al agua un recurso que debe aprovecharse en términos de mercancía, sino que establece 
mecanismos para que haya actores privados (inversores) que se involucren en el negocio de 
la construcción de infraestructura de riego mediante asociaciones público-privadas con el 
Estado, a la vez que se encargan de la gestión del recurso hídrico, de las infraestructuras y de 
la comercialización del riego en sí mismo. 

Las modificaciones a la Ley de Riego permiten identificar algunas continuidades entre 
la normativa producida durante los gobiernos neoliberales y las que surgen durante los go¬ 
biernos progresistas. En este caso, la Ley original que se pretende modificar es del año 1997, 
momento en el que se pretendía abrir todos los sectores de actividad a la participación de 
la inversión privada. Lejos de transformar ese marco jurídico heredado, el progresismo uru¬ 
guayo lo profundiza, habilitando la derivación de fondos de inversión (capital financiero) 
hacia las actividades agropecuarias en una nueva fase (sumado a la presencia de fondos de 
inversión en la dinámica del agronegocio y a la compra de tierras). 

Parodiar la participación, violar la ley y la constitución 

En el mes de junio de 2018, el Poder Ejecutivo convocó a un “Proceso de Participación 
Pública” para la reglamentación de la Ley de Riego N° 19.553. Desde la CNDAV entendimos 
que se trató de una parodia de consulta pública. ¿ Por qué una parodia ? Durante el proceso de 
presentación de la Ley de Riego ante el Parlamento nunca hubo intención de considerar los 
alertas planteados desde las organizaciones sociales y la academia. El proceso abierto en junio 
implicó que -luego de una presentación realizada a media mañana en una sala de teatro de 
Montevideo- se recogieron sugerencias y comentarios a través de los sitios web de los Minis¬ 
terios de Ganadería y de Medio Ambiente. El proceso no ha culminado y no se conoce cuál es 
la orientación que se tomará en la reglamentación definitiva de la norma. 

De acuerdo al Artículo 47 de la Constitución de la República y a la Ley Nacional de 
Aguas 18.610 se prevén instancias de participación ciudadana real y efectiva, tanto en la 



planificación, como en la gestión y el control de los recursos hídricos. Ninguna de estas ins¬ 
tancias se garantizó durante el período de presentación y promulgación de la ley. Tampoco 
fueron considerados los aportes de académicos, organizaciones sociales e instituciones que 
en diferentes oportunidades expresaron sus advertencias públicas sobre los efectos nocivos 
de esta Ley sobre el agua y el ambiente. 

La Ley de Aguas N° 18.610 en su artículo 18 define la participación como “el proceso 
democrático mediante el cual los usuarios y la sociedad civil devienen en actores funda¬ 
mentales en cuanto a la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, ambiente y 
territorio”. Lo que se puso en marcha en relación a la Ley de Riego fue una instancia de con¬ 
sulta de carácter no vinculante. Dicho proceso tampoco puede considerarse público pues 
no se convocó a las organizaciones implicadas ni se difundió públicamente el sentido de la 
iniciativa. Las instancias previstas por Ley para la participación pública sobre la política de 
aguas no fueron convocadas para discutir la reglamentación de la Ley de Riego. 

La Ley de Aguas N° 18.610 en su artículo 19 define establece que “los usuarios y la so¬ 
ciedad civil tienen derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, imple- 
mentación y evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan”. A estos efectos, 
en los artículos 23 y 24 se crearon un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio y 
los Consejos Regionales de Recursos Hídricos con la finalidad de “planificar y deliberar so¬ 
bre todos los temas relativos al agua en la región, en particular lo atinente a la formulación 
de planes regionales de recursos hídricos”. Ninguno de estos ámbitos ha sido convocado 
para expedirse en relación a la Ley de Riego ni su propuesta de reglamentación. 

¿Por qué -además- entendemos que el agua que se contamina se privatiza? Eviden¬ 
temente es uno de los puntos de mayor discusión de la campaña contra la Ley de Riego. 
Desde que se inició la recolección de firmas, quienes defienden la Ley sostuvieron que no 
hay riesgo de privatización porque la empresa pública de agua seguirá estando en manos 
estatales. Esa es una manera muy restringida de entender la privatización de un bien común. 
A lo largo de nuestro periplo de luchas por el agua en Uruguay en estrecho vínculo con 
organizaciones hermanas de América Latina y también de Europa, África y Asia hemos 
entendido que la contaminación, el desvío de cursos de agua, el embotellamiento y el repre- 
samiento del agua configuran diferentes formas de privatización. Privan a amplios sectores 
de la sociedad del acceso a un bien y establecen mecanismos de exclusión del acceso al agua, 
lo que configura a nuestro entender una privatización. Esto es lo que ocurrirá si se pone en 
marcha la Ley de Riego: inversiones o especuladores financieros destinarán recursos para la 
construcción de represas que serán operadas por gestores privados siguiendo una lógica de 
lucro. Quienes quieran acceder al agua deberán pagar por ella. Quienes se comprometan a 
pagar por el agua y no puedan hacerlo deberán entregar sus tierras. Lo que hemos conocido 
como acaparamiento de tierras con la consolidación del modelo del agronegocio tendrá 
también una faceta hídrica: el acaparamiento de aguas. 


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Desafíos 

Los desafíos que presenta la lucha social en defensa del Agua y la Vida comparten los 
esfuerzos de los movimientos sociales que en Uruguay disputan políticas así cómo con¬ 
cepciones de país y de vida con los gobiernos progresistas. La mayor parte de las veces las 
críticas al modelo y sus efectos no son ni siquiera escuchados. Se ignoran las alertas sociales 
que desde diferentes puntos del país -y desde gran parte de la academia- advierten acerca del 
deterioro ambiental y territorial de las cuencas que produce el agronegocio y en particular 
el deterioro que genera sobre la calidad de las aguas para toda la población. 

Un dato sintomático -que muestra la perversidad de la lógica dominante- es la deci¬ 
sión que en 2017 adoptó el Poder Ejecutivo de cobrar una Tasa Ambiental a través de la 
tarifa de OSE para poder sostener los crecientes costos de potabilización del agua. El daño 
que hacen unos pocos empresarios del agronegocio para enriquecerse es subsidiado por 
toda la sociedad uruguaya. 

La discusión sobre la Ley de Riego permitió poner en debate en amplios sectores de 
la sociedad uruguaya las consecuencias del modelo del agronegocio sobre los territorios y el 
estado del ambiente y -sobre todo- acerca de la lógica socieconómica que lo sostiene. El país 
ha sufrido en los últimos años un proceso de concentración y extranjerización de la tierra 
como nunca antes en su historia. Los monocultivos de plantaciones transgénicas y la llegada 
al país de las grandes plantas de celulosa -que se han convertido en los mayores latifundistas- 
ha expulsado a miles de productores pequeños y medianos del campo. Más de 1.300.000 hec¬ 
táreas de monocultivo sojero y más de 1.000.000 de hectáreas de plantaciones de eucaliptos 
194 han contaminado nuestra agua, enfermando y empobreciendo a nuestra gente, desplazando a 
nuestros trabajadores y asalariados rurales, han destruido nuestros ecosistemas y a la biodiver- 
sidad que en ellos habitan, y han hipotecado el futuro de las generaciones venideras. 

La lucha por el agua como un bien común no se termina con la entrega de las firmas por el 
referéndum. No queda embalsada allí. El torrente de firmas que en las últimas semanas desbordó 
la capacidad organizativa y las expectativas de quienes impulsábamos la campaña continuará su 
curso. Ahora es tiempo de llevar adelante la denuncia del carácter inconstitucional de la Ley 
ante los organismos nacionales y o internacionales que corresponda. Mientras tanto es necesario 
promover la organización social en torno a cada arroyo, cada río, cada laguna para velar por el 
cumplimiento de la Constitución de la República de acuerdo a lo que entre todos y todas allí 
inscribimos el 31 de octubre de 2004: el agua es un derecho humano esencial para la vida y su 
gestión, planificación y control debe permanecer en manos públicas y con participación social. 

Referencias 

Institución Nacional de Derechos Humanos (2017) Informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo sobre la Ley de Riego con Destino Agrario, N.° 19.553 

Sección Limnología, Facultad de Ciencias (2016) Sobre el Proyecto de Modificaciones a la Ley de Riego. Facul¬ 
tad de Ciencias. UdelaR. Montevideo. 



El polémico decreto presidencial “mordaza” que 
subordina la investigación científica del agua 


Sudestada 1 


La academia y varias organizaciones ambientalistas están enfrentados con el gobier¬ 
no por un decreto presidencial que centraliza e impone censura previa a la investigación 
científica del agua. El Poder Ejecutivo cambió la redacción de esta polémica norma, pero 
la Universidad de la República volvió a impugnar esta segunda versión por considerar que 
viola la ley al subordinar los estudios sobre el agua y sus resultados a una dependencia del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

El 24 de abril de 2018 un decreto del Poder Ejecutivo 115/018 reglamentó la Ley de 
Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), aprobada el 20 de diciembre de 2013, que susti¬ 
tuyó a la Ley de Pesca (N° 13.833) del año 1969 2 . Pocos días después de la primera pu¬ 
blicación, aparecida en Sudestada, varios medios masivos de comunicación comenzaron a 
referirse a esta norma como el “decreto mordaza”. 

Por el artículo 2°, la nueva ley “tienepor objeto establecer el régimen legal de la pesca y la 
acuicultura, con elfin de asegurar la conservación, la ordenación, el desarrollo sostenibley el 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen 
en el territorio nacional y en las aguas, tanto continentales como marítimas”. 

La nueva reglamentación es más extensa que la anterior, ya que incorpora la acuicul¬ 
tura, la pesca artesanal y otros temas pero incluyó un novedoso Capítulo VII dedicado a la 
pesca de investigación que pone en manos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(Diñara), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), las auto¬ 
rizaciones de los permisos de pesca “confines de investigación, científicos y docentes”, así como 
la divulgación de sus resultados. 

Varios organismos realizan pesca de investigación, como la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (Dinama), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), la Agencia Na¬ 
cional de Investigación e Innovación, la OSE y la Intendencia de Montevideo, entre otros. 

Pero las disposiciones de este decreto afectan especialmente las actividades docentes y 
científicas de la Universidad de la República (UdelaR) y por eso la primera reacción provi¬ 
no de un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias. 


1 Sudestada, Periodismo y Transparencia, www.sudestada.com.uy. La mayoría de las notas aparecidas en esta 
recopilación fueron redactadas por Víctor L. Bacchetta, periodista especializado en temas ambientales. 

2 Sudestada, 3 de julio de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _lb21564f-e95c-490d-9825- 

8f6a201 ef6f5/10893/Detalle-de-Noticia 


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Llama la atención, además, que cuando desde el gobierno se reconoce que los cursos 
de agua del país están contaminados y se afirma que el principal aporte a esa situación 
proviene del sector agropecuario, se ponga la investigación científica del agua en manos del 
MGAP, en especial que recaiga sobre la Diñara, una dependencia que ha negado reiterada¬ 
mente el acceso público a informaciones de su área. 

La interpretación del Decreto 115/018 en varios organismos, incluida la Dinama, fue 
de que se requiere autorización de la Diñara para analizar, por ejemplo, las algas micros¬ 
cópicas y las cianobacterias que se generan en forma explosiva en un ecosistema acuático 
como consecuencia del exceso de nutrientes provocado por el drenaje de agroquímicos. 

En tales condiciones, se afecta la independencia de la política de investigación de otros 
organismos del estado, pero especialmente de la Universidad de la República (UdelaR), 
vulnerando la autonomía que le consagró la Ley Orgánica conquistada tras duras luchas. 

Más de la mitad de la investigación científica que se realiza en Uruguay tiene lugar en 
la UdelaR, cuya Ley Orgánica establece en su artículo 5° que “se desenvolverá en todos los 
aspectos de su actividad, con la más amplia autonomía”. Es razonable pensar que si la regla¬ 
mentación de la Ley N° 19.175 pretendía modificar esta situación, la institución involucra¬ 
da debió ser convocada, pero esto no ocurrió. 

Un decreto “viciado” 

Las áreas universitarias afectadas recibieron ese decreto con perplejidad y mucha preo¬ 
cupación. Por esta razón, unos 30 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias pre¬ 
sentaron ante el Poder Ejecutivo, un recurso administrativo donde solicitan la revocación 
del “decreto mordaza” y la suspensión inmediata de su ejecución. 

“El referido reglamento se encuentra viciado, habiendo sido dictado en clara violación a 
las reglas de derecho y/o con desviación, abuso y/o exceso de poder, por lo que, siendo los compa¬ 
recientes docentes investigadores en el área de la hidrobiología, la biología marina y disciplinas 
afines, lesiona su interés directo, personal y legítimo, así como viola su derecho subjetivo”, señala 
el recurso interpuesto por los profesionales. 

Los impugnantes consideraron que los artículos 8 o y 44° al 50° del Decreto 115/018 
restringen, limitaban e incluso podían impedir las actividades de investigación en cuanto 
la Diñara se atribuye la potestad de aprobar o no un proyecto relacionado con recursos 
hidrobiológicos, pesca, acuicultura y ambiente y el otorgamiento de permisos para llevar a 
cabo total o parcialmente dichas tareas de investigación científica. 

Según el fundamento del recurso, esos mismos artículos restringen, limitan e incluso 
pueden impedir también la divulgación de los resultados en publicaciones científicas al 
atribuir a la Diñara la potestad de censurar la difusión pública de cualquier tipo de infor¬ 
mación especialmente de los datos obtenidos sin su expresa autorización. 



Para que se entienda claro: no puede quedar en manos de un solo organismo del Es¬ 
tado cuya dirección tiene carácter político la decisión de divulgar resultados de investiga¬ 
ciones realizada por científicos universitarios que establecen que aumentaron las cianobac- 
terias en el río Santa Lucía o que se detectaron 30 diferentes plaguicidas en el 96% de los 
peces analizados en zonas del río Uruguay y el río Negro. 

Pocos días después de conocida públicamente la noticia del ‘decreto mordaza’, el sec¬ 
tor político al que pertenece el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, 
manifestó su “alarma” por el contenido del mismo y pidió revisar la decisión presidencial. 

Así lo expresó el sector Ir del Frente Amplio en un comunicado que exige “dejar sin 
efecto” varios aspectos del decreto reglamentario de la ley de Recursos Hidrobiológicos, 
aprobado el 24 de junio 3 4 . 

El dirigente de Ir y diputado suplente por el Frente Amplio, Alejandro Zavala, explicó 
que ese sector lanzó una alerta pública de manera que hubiera algún nivel de reflexión den¬ 
tro del gobierno y consideró inconveniente que toda la investigación sobre la calidad del 
agua quede en manos de un solo organismo del Estado. 

Para Zavala, quien fue secretario general de la Intendencia de Montevideo durante la 
administración de Ricardo Ehrlich, tarde o temprano los académicos se iban a dar cuenta 
del alcance de este decreto, pero lo que más le preocupaba era la “impericia” al momento de 
tomar decisiones en lo relativo al acceso a la información pública' 1 . 

Una reglamentación “nula” 

A medida que se iban conociendo más detalles de esta reglamentación se sumaron 
más voces, desde la academia y desde otros ámbitos, en contra de la aplicación del decreto. 

El profesor Alfredo Caputo, titular del curso de posgrado en Derecho Minero, de la 
Facultad de Derecho de la UdelaR, aseguró que el decreto “es nulo y no existe la obligación 
de acatarlo” 5 . 

En tanto, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), 
Juan Faroppa, señaló que debido a la trascendencia pública que tomó el asunto se resolvió 
abordarlo sin denuncia previa y tomar una resolución, que se haría pública, “a la brevedad” 6 . 


3 Sudestada, 10 de julio de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _c60e7b55-bl68-43f0-89d4- 

43b5593e3499/10893/Detalle-de-Noticia 

4 Radio El Espectador, 10 de julio de 2018 http://www.espectador.com/sociedad/ sector-del-frente-amplio- 
pidio-que-se-revise-decreto-que-limita-investigaciones-sobre-el-agua 

5 Sudestada, 13 de junio de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _a58fa751-0e2a-433d-8e9a- 

fdf6c2 leí 29c /10893/Detalle-de-Noticia 

6 Radio El Espectador, 11 de julio de 2018 http://www.espectador.com/sociedad/institucion-de-derechos- 
humanos-estudia-decreto-mordaza-sobre-el-agua 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Ya había antecedentes sobre la preocupación de la INDDHH en torno a los temas 
ambientales y, en particular, existía un pronunciamiento crítico respecto a la polémica nue¬ 
va Ley de Riego. 

En un extenso informe de 11 páginas, la INDDHH consideró que la aplicación de la 
Ley de Riego “podría generar vulneraciones en derechos humanosfundamentales, como son el 
derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”. 

Por su parte, el líder del Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou, también se hizo 
eco de la preocupación académica y de la sociedad civil y envió un pedido de informes al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conocer los motivos de la aprobación del 
decreto por parte del Poder Ejecutivo. 

El legislador le preguntó al MGAP por qué considera necesario subordinar la realiza¬ 
ción y publicación de estudios científicos sobre el agua a la Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (Diñara) y si existen antecedentes en otros países de una medida similar. 

Lacalle Pou consultó cuál era la posición de la cartera sobre los cuestionamientos de la 
comunidad académica con respecto a la imposición de “obstáculos” a la investigación con 
fines docentes que podrían ocasionar los requisitos planteamos por el decreto. 

Entre ellos se incluyen la información previa de los objetivos generales y específicos 
que persigue el proyecto de investigación; cuáles son los resultados esperados, duración del 
estudio y cronograma de actividades; la indicación de las actividades ambientales a desarro¬ 
llar; el compromiso de presentar todos los datos y resultados obtenidos; y no dar a publi- 
198 cidad cualquier tipo de información especialmente de los datos obtenidos sin autorización 
expresa de la Diñara 7 . 

Finalmente, el 29 de agosto el Poder Ejecutivo divulgó una modificación de la con¬ 
trovertida reglamentación de la Ley N° 19.175 en un nuevo decreto que lleva la firma del 
presidente Tabaré Vázquez y de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Relaciones 
Exteriores, Defensa y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

Había gran expectativa por este anuncio, ya que el presidente Vázquez había prome¬ 
tido al rector de UdelaR Roberto Markarian, modificar el decreto anterior que lesionaba 
directamente la autonomía. 

En el nuevo decreto aparecieron cambios visibles, pero no satisficieron plenamente 
las objeciones planteadas por la Universidad de la República. En lo sustancial, se distingue 
ahora entre recursos pesqueros e hidrobiológicos y se retiran a la Diñara atribuciones de 


7 Sudestada, 12 de julio de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _3926b09f-c08a-4e7a-8c48- 

00a8b2740bf9/10893/Detalle-de-Noticia 



otros organismos públicos pero, aunque se reformulan algunos requisitos, persiste el con¬ 
dicionamiento sobre la investigación y sus resultados 8 . 

“La censura previa a la investigación científica, así como a toda y cualquier expresión oral 
o escrita, es inconstitucional. Si cometo un delito, mejuzgarán después”, explicó a Sudestada el 
profesor Daniel Panario, doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, director del 
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y responsable de la Unidad de Ciencias de la 
Epigénesis de la Facultad de Ciencias de la UdelaR. 

El centro de la polémica continuó estando en la redacción del artículo 44 que establece 
los requisitos de la Diñara para autorizar proyectos de investigación científica, entre los 
cuales se incluye el “compromiso de no dar a publicidad los datos obtenidos que puedan incidir 
o afectar el desarrollo de la explotación u ordenación pesquera, sin autorización expresa de la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”. 

Diez días después, la Universidad de la República recurrió, esta vez como institución, 
el nuevo decreto del gobierno. La vice rectora de Investigación de la Universidad de la 
República (UdelaR), Cecilia Fernández, explicó que en la nueva versión, más allá de ha¬ 
berse solucionado algunos temas que involucraban a competencias de la Dinama y otros 
organismos del estado, se mantuvieron las principales restricciones del decreto anterior en 
cuanto al otorgamiento de los permisos para las investigaciones científicas y la solicitud de 
autorización para la publicación de sus resultados. 

“Si bien el término o la expresión ‘recursos hidrobiológicos’ se cambió por 'recursos pes¬ 
queros’ prácticamente en todo el texto, la definición de recurso pesquero es la misma que la 
definición de recurso hidrobiológico en el decreto anterior. Se cambió el nombre pero lo que 
abarca la definición es lo mismo, por lo tanto hay una gran diversidad de especies que quedan 
comprendidas en los requisitos”, argumentó Fernández 9 . 

Definición del primer decreto (115/018): 

“Recursos Hidrobiológicos. Son todas aquellas especies hidrobiológicas u organismos en 
cualquierfase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida 
y sean susceptibles de ser aprovechadas por el hombre”. 


8 Sudestada, 30 de agosto de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _5fa50907-5012-4e81-8e3f- 

9d31 e 18 543d7/10893/Detalle-de-Noticia 

9 Sudestada 14 de setiembre de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _08bb650a-702b- 

4dd9-a832-6b8982bafdle/10893/Detalle-de-Noticia 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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Definición del decreto modificatorio (G/404): 

“Recursos pesqueros. Son todas aquellas especies acuáticas u organismos en cualquierfase 
de su desarrollo, que tengan en el agua su medio normal o más frecuente de vida y sean suscep¬ 
tibles de ser aprovechadas por el hombre”. 

“La Diñara constituye una dependencia del MGAP (Poder Ejecutivo) y el artículo 197 
de la Constitución que prevé el control de conveniencia o legalidad sobre los actos o la gestión de 
los Directorios o Directores de los Entes Autónomos no resulta aplicable a la Udelar”, expresa 
el recurso universitario remitiéndose a textos constitucionales y de la Ley Orgánica de la 
Universidad de la República (Ley N° 12.549). 

“Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, 
escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin ne¬ 
cesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, 
con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”, establece el artículo 29 de la Constitución 
citado por la UdelaR. 

“Las exigencias establecidas en el artículo en examen no pueden ser interpretadas sino 
como un control previo y a posteriori de la actividad de investigación. ¿Para qué precisa la Di¬ 
ñara los antecedentes de los investigadores que son permanentemente evaluados en su actividad 
docente en aplicación de normas constitucionales, legales y estatutarias pregunta la UdelaR 
en su recurso. 

“Tanto la ley 19.175 como su Decreto Reglamentario no pueden invadir el ámbito de 
200 especialización de la Universidad de la República, ámbito en el cual la autonomía es parti¬ 
cularmente intensa”, expresa la UdelaR. “Resulta especialmente ilegítimo el literal k) del art. 
44 en cuanto requiere que se obtenga una autorización expresa de la DIÑARA para dar a 
publicidad los datos obtenidos”, agrega. 

Y concluye: “De esta forma se atenta contra el desarrollo de investigaciones científicas de 
la Institución al impedirse la difusión de resultados de investigaciones en estos temas y restrin¬ 
giendo actividades docentes” 10 . 

De acuerdo con el procedimiento legal vigente, el Poder Ejecutivo tiene hasta febrero 
del año 2019 para dar respuesta al recurso presentado por la UdelaR y, en caso de que la 
respuesta sea negativa o se cumpla ese plazo sin una respuesta, la Universidad puede en¬ 
tonces elevar su impugnación al Tribunal de los Contencioso Administrativo, la máxima 
autoridad judicial para los litigios de carácter administrativo. 

Mientras tanto, la UdelaR se dispone a acordar con la Diñara un protocolo de trabajo 
que defina con claridad para ambas partes la manera de presentar las solicitudes de autori¬ 
zación para las investigaciones científicas y docentes. 


10 Sudestada, 19 de setiembre de 2018 https://www.sudestada.com.uy/articleId _c78ce596-0426-4a52- 

8ab9-82ae7c80ea71/10893/Detalle-de-Noticia 



Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Diñara), An¬ 
drés Domingo, señaló que las exigencias que establece el nuevo decreto no es distinta del 
decreto anterior de 2006. En su opinión, la condición que para poder investigar se le debe 
dar la información recabada a la Diñara y no divulgarla sin su autorización -que hasta ahora 
no se había aplicado- tiene detrás un argumento estratégico para el desarrollo del país 11 . 

“Hoy se estima que los recursos a obtener pueden ser enormes, el tema es quién va a llegar 
ahí (...) Nosotros no, dos o tres potencias son las que tienen la tecnología para explorar a 10 
mil metros de profundidad”, aseguró Domingo, quien sostiene que la investigación oceánica 
se está discutiendo a nivel mundial y ya comenzó la ronda de negociaciones en Naciones 
Unidas (ONU). 

“Nuestra situación territorial es crítica (...) Todo lo que se produzca o ejecute en ese te¬ 
rritorio tiene una afectación del 100% para el desarrollo del país y tiene incidencia en las 
relaciones internacionales. No se trata de querer tener el control de la información, sino que es 
políticay geopolíticamente necesario tener precaución en saber cómo manejarla, que no signi¬ 
fica ocultar ni mentir”, sostuvo el jerarca. 

Sin embargo, la argumentación de Domingo no se compadece con la actuación de la 
dependencia bajo su dirección. En setiembre, la ONG uruguaya Océanos Sanos denunció 
en el Parlamento la ausencia de controles de la Diñara en el Puerto de Montevideo, catalo¬ 
gado a nivel internacional como el segundo, a nivel mundial, en recibir pesca de transbordo 
sospechada de ser ilegal. 

Los incidentes con víctimas de tratamientos inhumanos a bordo, los casos de narco¬ 
tráfico, los incendios y las peleas grupales en barcos extranjeros atracados en el Puerto de 
Montevideo son moneda corriente. Según cifras suministradas por la Armada uruguaya, 
estos buques “descargan” un promedio de un tripulante muerto por mes en este puerto. 


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Diario El País, 14 de octubre de 2018 https://www.elpais.com.uy/que-pasa/llave-alta-mar.html 


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Foto: Lucía Melgarejo 


Derechos de papel 

El derecho a migrar en Uruguay a diez años de la ley 18.250 


Valeria España 1 


Desde hace 10 años migrar es un derecho reconocido en el ordenamiento vigente de 
nuestro país. Entre otros preceptos la ley 18.250, aprobada en 2008 reconoce el derecho 
a la igualdad de trato entre nacionales y personas migrantes en concordancia al precepto 
constitucional que reconoce sin excepción la protección de los derechos fundamentales a 
“todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay”. 


1 Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de Maestría en Derechos 
Humanos y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina y es doctoranda 
en la misma universidad. Es Socia Fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y 
docente e investigadora de FLACSO Uruguay. 









Sin embargo, el reconocimiento de derechos a través de instrumentos normativos es 
apenas un primer paso en el proceso de consolidación de un estado constitucional demo¬ 
crático. La sola aprobación de normativa no garantiza una cultura de respeto ni una institu- 
cionalidad adecuada para su protección y ejercicio efectivo. 

En este sentido, es necesario analizar la situación de las personas migrantes en Uruguay 
desde el contenido de la política migratoria y no exclusivamente desde la óptica normativa. 

¿Cuál es el contenido de la política migratoria y en qué medida se ha fortalecido su 
respectiva institucionalidad? ¿Qué tanto se ha adecuado el conjunto de la normativa vigen¬ 
te - no sólo la referida a aspectos migratorios- para garantizar efectivamente la igualdad de 
trato entre nacionales y no nacionales? ¿Cuál es la respuesta estatal que da materialidad al 
derecho a migrar? ¿existe algún tipo de migración que el estado uruguayo no admita? 

En un contexto global signado por una profunda crisis política y humanitaria que 
tiene como principal protagonista a la humanidad que huye, que se desplaza, que se busca a 
sí misma, en los siguientes apartados haremos un breve recuento de los avances, retrocesos 
y desafíos identificados en esta materia en Uruguay a lo largo de 2018. 

Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad: Uruguay a 
prueba 2 

Uruguay junto con Argentina, Brasil y Paraguay en tanto bloque Mercosur fueron los 
países solicitantes de la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, un instrumento que analiza e interpreta los alcances de los estándares de pro¬ 
tección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad y traza una ruta para el 
desarrollo de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. 

No obstante lo anterior, Uruguay no ha logrado adaptar el contenido de dicha opi¬ 
nión consultiva en los procedimientos que involucran a población migrante ni capacitar a 
los funcionarios públicos y operadores judiciales sobre esta temática. 

Prueba fehaciente de ello fue la grave vulneración de derechos padecida por dos niños 
de 16 y 13 años que fueron expulsados del país el 27 de abril de 2018 en el Aeropuerto de 
Carrasco a partir de la orden de funcionarios de Migraciones. Con esta decisión no sólo 
se vulneró el derecho a la reunificación familiar sino que también fue lesionado flagran¬ 
temente el acceso a la justicia y el debido proceso aplicable en procesos migratorios que 
involucran a niñas, niños y adolescentes. 


2 Sobre esta situación se emitió un comunicado firmado por el Comité de Derechos del Niño - Uruguay, 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, SERPAJ, IELSUR Mujeres en el Horno, El Abro¬ 
jo, DNI Uruguay, Secretaria de Género, Equidad y Diversidad sexual- PIT CNT, Nacer Mejor, Mujeres Sin 
Fronteras, Cotidiano Mujer, Ovejas Negras manifestando la preocupación y rechazo al proceder del Estado de 
acuerdo a lo relatado en el presente apartado. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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A pesar de que el Estado uruguayo se comprometió a “solucionar” la situación, y final¬ 
mente se generaron las condiciones para la efectiva reunificación familiar de los niños con 
su madre, esta situación vulneró severamente sus derechos y dio cuenta de la inexistencia de 
una política migratoria integral que permita hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
ley 18.250, entre ellos el derecho a la no discriminación, la reunificación familiar, el debido 
proceso y el acceso a la justicia. 

Entre otras vulneraciones, la visa que se le exige a ciudadanos de 80 orígenes naciona¬ 
les, entre ellos haitianos, dominicanos y cubanos, no sólo es una medida etnicista sino que 
también compromete los derechos reconocidos en el artículo 10 de la Ley N° 18.250: "El 
Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar 
con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo 
al artículo 40 de la Constitución de la República”. 

El proceder de la autoridad en este caso afecto severamente a estos niños contravinien¬ 
do lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

Entre otras disposiciones, la Opinión Consultiva N ° 21 del año 2014 de la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos sobre derechos y garantías de niños y niñas en el con¬ 
texto de la migracióny/o necesidad de protección internacional establece que si bien el debido 
proceso y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas 
y niños migrantes, el ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se 
encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de asegurar un acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el 
204 interés superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrati¬ 
vas o judiciales que se adopten. 

En este sentido, los niños involucrados no sólo no debieron haber sido expulsados sino 
que debieron haber sido notificados del procedimiento, tenían derecho a ser llevados ante 
la justicia, ser oídos, haber recibido asistencia consular, haber contado con asistencia legal, 
entre otros. La decisión de expulsión tampoco respeto el “principio de no devolución”, ni 
los criterios relativos a la razonabilidad de los plazos antes de la decisión adoptada. 

Sumado a lo anterior, a propósito de estos hechos, las manifestaciones de la Directora 
Nacional de Migraciones, Myriam Coitinho dieron cuenta de la ausencia de una perspec¬ 
tiva de derechos por parte de algunos funcionarios públicos. Entre otras cuestiones la fun¬ 
cionaría manifiesto que “las recomendaciones internacionales son consejos no obligaciones (...) 
que en realidad refieren a trata de personas, presunta violencia y solicitud de refugio (...) las 
contemplaciones no pueden depender de un funcionario de turno y mucho menos a las apura¬ 
das por que el avión debía regresar”. 

A partir de este caso quedo en evidencia el profundo desconocimiento de la naturaleza 
jurídica, por parte de la autoridad “competente” en materia migratoria, de la normativa 



internacional vigente a la cual está obligado el estado uruguayo y de las responsabilidades 
en las que puede incurrir por su desconocimiento e incumplimiento. 


Muros administrativos: el control de flujos migratorios no deseados mediante la 
imposición de visas 

Uruguay exige visa para entrar al país a 80 orígenes nacionales, de los cuales tres son 
caribeños: Cuba, Haití y República Dominicana. Las razones del pedido de visa son múlti¬ 
ples y en gran medida discrecionales; pero esta exigencia, lejos de disuadir la llegada desde 
estos orígenes, en el caso latinoamericano favorece el enriquecimiento de las redes de tráfi¬ 
co que operan en el corredor Guyana-Brasil-Uruguay. 

En los últimos años, como forma de sortear la restricción del ingreso al país, por care¬ 
cer de una visa habilitante para ingresar, personas provenientes de República Dominicana y 
Cuba, principalmente, recurrieron a la vía de la solicitud de refugio como forma de acceso 
regular al territorio nacional. Las solicitudes de refugio de forma “masiva” pusieron en evi¬ 
dencia las limitaciones de las políticas en materia de movilidad humana en Uruguay, la falta 
de recursos y la certeza de que ser refugiado en Uruguay es una categoría jurídica que, si no 
se da en el marco de un plan o programa, no implica ningún tipo de garantía específica o 
trato diferencial. 

En este sentido, un solicitante de refugio “común” en la práctica no es sujeto de pro¬ 
tección internacional y, de hecho, mientras la Comisión de Refugiados (Core) evalúa su 
solicitud, no tiene garantizada la obtención de una cédula provisoria. Adicionalmente, es 
necesario aclarar que el otorgamiento del estatuto de refugiado es excepcional. Por ejem¬ 
plo: del total de solicitudes presentadas en 2017, la Core concedió estatus de refugio tan 
sólo al 1 por ciento 3 . 

A lo largo del año distintas organizaciones y migrantes afectados por la acción y omi¬ 
sión estatal denunciaron que los pedidos de refugio presentados durante 2018 tenían fecha 
de entrevista para 2019 sin tener posibilidad durante ese tiempo de acceder a un documento 
de identidad ni de regularizar su situación migratoria. Como recién llegados, esta situación 
de indocumentación ha tenido como resultado procesos de discriminación en el acceso al 
empleo, en el acceso a una vivienda adecuada, en el acceso a la salud y a la seguridad social. 

A partir de la sistematización de diversos casos pudo constatarse procesos de precari- 
zación y pauperización de determinados contingentes migrantes. En el caso de los cubanos 
se ha identificado incluso un aumento en el número de personas viviendo en situación de 
calle debido al encadenamiento de la exclusión: no tener cédula de identidad - no conseguir 
trabajo por la situación de indocumentación - no contar con ingresos debido a la situación 
de desempleo - gastar los ahorros para sostener los precios abusivos de pensiones no regu- 


205 


3 Sobre este tema ya he expresado mi opinión en diversos medios. Veáse España, Valeria, “Estatus Indetermi¬ 

nado”, Brecha, viernes 13 de julio de 2018. 


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laclas por el estado - vivir en situación de calle al no contar con ningún tipo de solución 
habitacional al no poder sostener ningún tipo de alquiler y no haber logrado ingresar al 
sistema de refugios del Ministerio de Desarrollo Social. 

En octubre de 2018 un grupo de migrantes de origen cubano se congregó en la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestando la situación de indeterminación en la 
que se encuentran y las consecuencias de no poder contar con una cédula identidad. 

Como respuesta ante esta situación el Ministerio elaboró un plan de contingencia para 
emitir constancias de solicitud de refugio, dicha respuesta no significa de ningún modo la 
regularización de las personas migrantes de origen cubano, su estatus migratorio sigue sien¬ 
do indeterminado en la medida que no renuncien a su condición de solicitantes de refugio 
y soliciten una visa. 

Por otra parte, el 28 de octubre el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que amplía los 
tipos de visa consulares que habilitan el ingreso al país a aquellas personas que para entrar 
se les impone tramitar una visa en función a su origen nacional. A partir de estas nuevas 
categorías de visado surge la visa de trabajo, de estudio, de reunificación familiar y la visa 
humanitaria. 

Sin duda esta decisión más que mejorar las posibilidades de regularización migratoria 
complejiza las disposiciones administrativas, el aumento de categorías migratorias sin un 
mejoramiento de la capacidad institucionalidad genera mayor burocracia, dificulta aún más 
la capacidad de respuesta y genera potenciales dificultades a aquellas personas que soliciten 
un tipo de visa que sea incompatible con otras actividades que se desee desarrollar en el país. 

Esta medida pone en evidencia que la practica institucional en materia migratoria 
apuesta a la administración de los flujos no deseados y a la instrumentalización de las res¬ 
tricciones de determinados derechos como es el caso de la reunificación familiar. En el caso 
particular de la inmigración cubana, la indeterminación en la forma de gestionar estos nue¬ 
vos flujos y las restricciones impuestas están fomentando la formación de mercados infor¬ 
males de “cartas de invitación”, abuso por parte de funcionarios que exigen coimas para 
agilizar el trámite migratorio y un proceso de pauperización de las condiciones de vida e 
integración al país. 

La implementación del plan de respuesta rápida para facilitar el acceso a la documen¬ 
tación provisoria de aquellas personas cuya situación migratoria se encuentra en un limbo 
jurídico debido a la exigencia de visa, es un primer paso; el segundo paso es la implemen¬ 
tación del decreto 870 del Poder Ejecutivo aprobado en abril de 2018, que busca facilitar 
el acceso a la regularización migratoria de las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad; este decreto constituye una posible ruta para la regularización migratoria 
de quienes por diversos motivos no han logrado obtener su cédula provisoria ni tramitar 
su residencia. 



Más allá del derecho a migrar: la “deconstrucción” de lo extranjero 

Los instrumentos internacionales reconocen el derecho a salir de un Estado del cual se 
es nacional pero no así el derecho a entrar a otro Estado del cual la persona no es nacional. 
Si no hay un derecho a desplazarse libremente a través de las ficciones jurídicas que consti¬ 
tuyen las fronteras difícilmente pueda hablarse de un derecho a migrar. 

Las reflexiones contemporáneas en materia de derechos humanos que buscan unlver¬ 
salizar el reconocimiento y protección de los derechos del conjunto de los seres humanos 
deben problematizar el concepto de soberanía estatal cuando esta es invocada para el esta¬ 
blecimiento de mecanismos que establecen categorías de seres humanos y niegan derechos. 

Si posicionar al ser humano como sujeto de derechos-frente a su propio Estado-fue 
una lucha que acaparó la segunda parte del siglo XX, esgrimir derechos de las personas 
migrantes -frente al Estado del cual no son nacionales- es uno de los grandes desafíos del 
siglo XXI caracterizado por estrategias restrictivas, institucionalmente discriminatorias, y 
en algunos casos incluso criminalizadoras. 4 

Grandes contingentes humanos se desplazan por el mundo como forma de sobrevi¬ 
vencia. Intentan paliar las crisis ocasionadas por una injusticia estructural, lacerante, pla¬ 
netaria. 

La movilidad humana es un fenómeno global de implicaciones locales por lo que re¬ 
sulta necesario pensar las políticas migratorias más allá de las relaciones internacionales y 
la seguridad nacional. 

Uruguay discursivamente se ha distanciado de las lógicas que institucionalizan la xe¬ 
nofobia y la discriminación. Sin embargo, los dispositivos institucionales locales para hacer 
frente a las consecuencias humanas de la globalización aún son deficitarios, la improvisa¬ 
ción en el caso a caso prevalece, en términos generales se ha mostrado que el país no está 
preparado - por el momento- para hacer frente a los flujos migratorios que ha estado reci¬ 
biendo en los últimos años. 

La peculiaridad de la nueva corriente migratoria no es necesariamente su magnitud, 
sino su origen latinoamericano y caribeño. 

En Uruguay aún no se han priorizado los mecanismos institucionales necesarios para 
el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas. La institucionalidad migratoria 
está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores dando cuenta el carácter extrate¬ 
rritorial que se le da al fenómeno de las migraciones desconociendo que los principios que 


4 Lila García, Estándares migratorios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho a migrar 
en Argentina, en Revista de Derechos Humanos, Año II, Número II, Buenos Aires, marzo 2013. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Sistema Argentino de Información Jurídica -Infojus- (Publicado 
en la Base de Datos INFOJUS, Sistema Argentino de Información Jurídica, www.infojusj.gov.ar). 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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orientan las políticas migratorias están vinculadas a los dispositivos a través de los cuales se 
reconocen los derechos de las personas migrantes en el territorio de destino. 

La accesibilidad para adquirir la documentación es un paso que garantiza en una pri¬ 
mera etapa una migración segura y ordenada. Sin embargo es necesario identificar algunos 
blindajes normativos que no permiten una integración plena. 

A continuación se esbozan algunos de los puntos que deberían ser parte de la agenda 
de protección de las personas en contextos de movilidad humana desde la perspectiva na¬ 
cional: 

Ciudadanía y Nacionalidad. Uruguay es el único país de América que no habilita la 
naturalización. Esta situación impacta en la integración y pleno reconocimiento de dere¬ 
chos. De acuerdo a lo señalado por Ermanno Vítale, sin importar el lugar que un individuo 
escoja para transitar o residir deben generarse las condiciones necesarias para que “nadie sea 
extranjero desde el punto de vista jurídico y político”. 

Limitaciones y exclusiones del derecho al trabajo. Existen disposiciones normativas 
que no habilitan la integración de personas migrantes a puestos públicos, incluida la docen¬ 
cia en educación primaria y secundaria. 

Discriminación en el acceso a la salud y la seguridad social. De acuerdo a la resolución 
de la Gerencia General del BPS (RGG-227-999, Artículo 2) es posible que los empleado¬ 
res inscriban con su pasaporte a las personas migrantes que no cuentan con documento de 
identidad, sin embargo esto tiene únicamente fines recaudatorios y no de reconocimiento y 
208 goce de derechos, un ejemplo de ello es que tanto trabajadores como empleadores realizan 
los aportes a FONASA sin que él o la trabajadora puedan usufructuar tales derechos en la 
medida que no cuenten con cédula de identidad. 

Discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres migran¬ 
tes que deseen interrumpir un embarazo no deseado y no cumplan un año de residencia es¬ 
tán condenadas a realizar el procedimiento en la clandestinidad o a sostener maternidades 
no deseadas, debido a la restricción establecida en el artículo 13 de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 

Discriminación en el derecho al cuidado. El acceso al derecho al cuidado está limitado 
para las personas migrantes recientes. De acuerdo al Decreto N° 428/016 de la Ley del 
Sistema Nacional de Cuidados (N° 19.353) la población usuaria del sistema debe reunir las 
siguientes condiciones: “en situación de dependencia leve o moderada, de 14 años o más, 
que sea ciudadana natural, legal o con residencia de 10 años o más en el país y que resida en 
su domicilio particular dentro del territorio nacional”. 

Intersección con problemáticas estructurales que afectan transversalmente a la po¬ 
blación. La migración permite visibilizar algunos problemas estructurales que trascienden 
el fenómeno migratorio en sí: inaccesibilidad del derecho a la vivienda, abuso y falta de 



regularización del mercado inmobiliario y de pensiones, insuficiencia de los servicios de 
atención de la primera infancia. 

Vulneración del derecho al trabajo. La complejidad del reconocimiento de saberes y 
reválida de estudios constituye una vulneración al derecho al trabajo y un daño concreto en 
el proyecto de vida de las personas migrantes. ¿Cómo lograr que las burocracias y negligen¬ 
cias estatales no determinen los proyectos migratorios y profesionales ? La pregunta no es 
¿por qué Uruguay? sino ¿por qué los migrantes tarde o temprano se van?. 

La actual coyuntura política en la región es adversa; actualmente existe un freno a 
la agenda que buscaba expandir el concepto de “ciudadanía” considerando como base y 
motivo de la integración regional el fortalecimiento de una identidad común al tiempo 
que existe una fuerte consolidación de un discurso nacionalista y xenófobo. En los países 
vecinos, se ha ido desmantelado la institucionalidad y normativa que buscaba proteger a los 
grupos históricamente desaventajados al tiempo que se da la espalda a los compromisos in¬ 
ternacionales y regionales asumidos. Esta encrucijada es a su vez una oportunidad para que 
Uruguay defina claramente su posicionamiento sobre los desafíos que plantea el abordaje 
de la movilidad humana en el presente siglo y las acciones que está dispuesto a impulsar 
para hacerle frente. 


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Trata de personas: realidad negada 


210 


Cristina Prego Tramuja 1 


Mientras en el mundo exista una personas esclavizada, 
todas y todos seremos esclavos. 


La trata de personas no le ocurre a otras o a otros, transcurre silenciosamente en un no¬ 
sotras y nosotros. Nadie quiere ser parte de este crimen, pero ya es necesario admitir que el 
problema se produce en nuestra comunidad por lo tanto somos parte de este problema. Ser 
parte no implica una acción directa en la situación, ser parte puede ser negar, minimizar, 
naturalizar, mirar para un costado, dejar que transcurra sin indignarse. 

Hablar sobre el tema, visibilizarlo, considerar que es algo que nos atañe, que es algo en 
lo que tenemos que intervenir es un avance hacia la construcción de la respuesta, que sin 
duda es colectiva pero responsabiliza principalmente al Estado como garante en la protec¬ 
ción de derechos. 

Trata y migración no son lo mismo, pero pueden tocarse y en ese momento el sufri¬ 
miento de la persona que migra es aterrador, el miedo se apodera de sus vidas y se expresa 
de las formas más diversas. 

La trata de personas constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos, el 
abordaje público desde esta perspectiva implica construir política pública que lo aborde en 
una clara relación con la agenda de derechos de las personas migrantes. 

Ningún país es inmune a la trata de personas, este es un problema global que se expresa 
con distintas características dependiendo del país, del contexto social, histórico y político. 

La práctica de esclavizar a las personas, de someterlas a diversas forma de violencia 
con el fin de conseguir un rédito se dio en todos los momentos históricos. Las personas 
fueron utilizadas para mantener ejércitos, para sostener guerras, para construir pirámides, 
para construir carreteras, vías férreas, estadios de fútbol, para la servidumbre doméstica y 
la servidumbre sexual, para la explotación en zonas agrícolas, en industrias diversas, para el 
matrimonio forzado especialmente a niñas y mujeres; un sin fin de expresiones que fueron 
teniendo diversos nombres pero todas utilizaban a unas personas como “objetos” para el 
beneficio de otras que, en ese momento y de acuerdo a determinadas circunstancia ostenta¬ 
ban mayor poder. En todo momento histórico esta práctica, independientemente de cómo 


Lie. en Sociología. Asistente Social Universitaria. Directora ONG El Paso. 



fuera llamada, busco extremar las ganancias y en la actualidad constituye uno de los tres 
negocios ilícitos más rentables junto al trafico de drogas y de armas. 

Recién en el siglo XX la Trata de personas ha sido reconocida con esta nominación y 
recién en las últimas décadas identificada como un problema que existe en nuestra región 
de América del Sur. 

Nuestro país ha tenido escasos avances en la investigación sobre este delito pero ha 
logrado enunciar en algunas investigaciones la trata de mujeres, niñas niños y adolescentes 
con fines sexuales, aunque en términos de prevalencia no hemos logrado construir datos. 

El informe mundial 2016 de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De¬ 
lito establece que casi un tercio del total de las víctimas de trata a nivel mundial son niñas 
y niños, además de que el 70% del total son mujeres y niñas. Así mismo la trata con fines 
sexuales y para trabajo forzado continúan siendo las modalidades de mayor prevalencia en 
el mundo. 

La trata de personas es un concepto acordado en el marco de Naciones Unidas en el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres 
y niños (Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Nuestra Ley Nro. 19.643, Pre¬ 
vención y combate a la Trata de Personas recientemente aprobada, retoma los elementos 
centrales y define la trata como “A;? captación reclutamiento, el transporte, el traslado, la 
acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de 
fronteras aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación” 2 . 

Para entender la trata no podemos despegarla de procesos estructurales asociados a la 
producción de la desigualdad; la desigualdad de género, económica, generacional, territo¬ 
rial, étnico racial y otros ejes que producen colectivos con diferente acceso a las estructuras 
de poder social y político. Esta desigualdad produce colectivos con escasas posibilidades 
de sostener económicamente sus vidas, de participar en condiciones de igualdad, de ser 
considerados iguales en derechos, colectivos sometidos a la violencia de formas sistemática 
e histórica, como las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y en este contexto se transfor¬ 
man en objetivos de redes de tratantes. 

No podemos entenderla sin considerar factores económicos, sociales, culturales y po¬ 
líticos que favorecen la impunidad, producen la “demanda”, garantizan la ganancia, habi¬ 
litan la escasa respuesta gubernamental, instalan la corrupción como práctica habilitada y 
promueven la tolerancia social. 

La trata es un proceso, no la podemos ver como un acto único, aislado, desconectado, 
sino como un delito complejo, tanto que, para su definición como tal se deberá indagar en 
distintos momentos y muchas veces en distintos países. 


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2 Ley N° 19.643. Artículo 4. Prevención y combate a la trata de personas. Promulgada el 20 de julio de 2018. 


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Este proceso tendrá fases que iniciarán en acciones de captación, traslado, transpor¬ 
te, acogida y recepción de las personas tratadas, se utilizarán diversos medios engañosos o 
imperativos para generar y sostener el sometimiento buscando siempre el fin de la explo¬ 
tación. Esta explotación se dará en distintos ámbitos como por ejemplo la prostitución, el 
trabajo forzado, la servidumbre, la mendicidad, la extracción de órganos o tejidos, el matri¬ 
monio forzado entre otras, pudiéndose darse de forma única o concomitante una con otras. 

Este proceso de traslado puede implicar el pasajes de una frontera nacional, lo que 
configuraría trata internacional o puede darse un traslado al interior de un país, sin necesi¬ 
dad de pasar fronteras nacionales, esta es llamada trata interna. Ambas modalidades están 
referidas y establecidas como delito en nuestra legislación. 

El traslado busca el aislamiento, cambiar el contexto implica limitar las redes sociales, 
reducir las referencias institucionales, desconocer el idioma, las costumbres, las leyes del 
país de destino. Muchas personas tratadas son raptadas y por la fuerza llevada a otros con¬ 
textos pero una gran mayoría aceptan ofrecimientos laborales bajo la promesa de mejorar 
su vida y la de su familia, buscando mejores oportunidades o intentando sobrevivir y de 
esto se aprovecha el tratante. Esta acción de “aceptar” coloca a la víctima en un lugar de 
inmovilidad. La comunidad la culpabiliza por esa acción, el tratante la manipula, le miente, 
le amenaza para garantizar obediencia y ella misma se autoresponsabiliza por esa “decisión 
que tomo”. Todas las personas tenemos el derecho a buscar nuestro bienestar y el de nues¬ 
tras familias, ninguna persona tiene derecho a aprovecharse de esta necesidad y transformar 
una persona en una mercancía. En un proceso de trata el consentimiento nunca será valido, 
no es posible en términos de derechos humanos aceptar la propia explotación. 

Es necesario diferenciar entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, este últi¬ 
mo ha sido definido por el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, 
que complementa la misma convención planteada anteriormente. Ahí se define como “.. la 
facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no 
sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material”. Esta definición nos permite delimitar el con¬ 
cepto y establecer las diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El fin 
principal de tráfico ilícito de migrantes no es la explotación sino la ganancia obtenida por 
el traslado; en este sentido la trata de personas constituye una violación de derechos huma¬ 
nos, contra la persona y el tráfico ilícito de migrantes un delito de orden administrativo, 
contra el Estado. 

Si la movilidad humana fuera garantizada como un derecho no sería necesario limi¬ 
tarla, las personas migrantes no tendrían que someterse a los traficantes. La migración es 
un fenómeno diverso, complejo y responde a múltiples razones, y es posible que muchas 
veces se realice de forma irregular, o sea sin cumplir los requerimientos administrativos del 
Estado. Las personas que desean migrar y no logran los requerimiento necesario buscan 
alternativas diversas una de ellas puede ser buscar la intermediación de redes de traficantes. 



El contacto inicial con estas redes que facilitan el traslado y el ingreso, supone un “con¬ 
trato” que termina cuando la persona ingresa al país de destino. A menudo este proceso de 
tránsito está plagado de abusos y las condiciones pactadas inicialmente cambian en el trans¬ 
curso del viaje de forma unilateral y es muy habitual que este traslado no incluya protección 
ante los múltiples riesgos que puedan ocurrir. 

En este traslado, que puede durar pocos días o largos meses, y pasar distintas fronteras 
nacionales, se pueden dar múltiples situaciones de violencia, atropellos, sobornos, amena¬ 
zas que van configurando un traslado inseguro, donde incluso pueden ocurrir situaciones 
de explotación en el mismo proceso. Muchas de estas redes se convierten en grandes lis¬ 
tados de personas potencialmente utilizadas en el país de destino con el fin de explotarlas 
en diversos ámbitos, pero también pueden establecer directamente conexiones con otras 
redes dedicadas a la trata de personas y otras formas de crimen organizado. Las rutas, carre¬ 
teras, vías de ferrocarril, rutas fluviales son usadas indistintamente por las personas que se 
trasladan, por los negocios legales como por las redes criminales y ahí confluyen personas, 
prácticas, negocios, lícito e ilícitos, y la vida transcurre en una naturalización y convivencia 
que asusta. 

Hoy más de 160 países han criminalizado la trata de personas según los lineamientos 
del Protocolo de Palermo, esto representa más del 85% de los países, lo que implica una me¬ 
joría sustancia en los últimos años, ya que al 2003 solo lo habían hecho el 18%. Sin embargo 
esto no se ha reflejado en las sentencias condenatorias ni en las acciones de protección a las 
víctimas que esta normativa promueve. 

Las víctimas de trata son personas violentadas en sus derechos, pierden su libertad, se 
ve afectada su dignidad y su identidad entre muchas otra violaciones. Son sometidas a con¬ 
diciones de vida extremas, por la falta de alimentación, por la condiciones habitacionales, 
por el sometimiento sexual, por las condiciones sanitarias y se ven impedidas de transfor¬ 
mar esa situación, por amenazas, por engaños, por deudas contraídas, por chantaje afectivo, 
por cualquier forma de violencia invisible o visible que las someta. 

Ante esta problemática tan grave y que definimos como una forma contemporánea de 
esclavitud los Estados han implementado medidas como limitar la libertad de circulación 
imponiendo la obtención de visa, lo que no solo no logra limitar el derecho y el deseo de 
movilidad sino que esta causando un enorme daño al migrante. Este control solo aumenta 
la rentabilidad del tratante o traficante ya que el costo y la obtención de la visa se transforma 
en una deuda que deberá ser pagada con creces. 

Los controles fronterizos son otra ilusión, el mundo es tan ancho como la personas lo 
imaginan y cada vez más las fronteras se transforman en espacios fronterizos y los gobiernos 
deberán reconocerlo como un espacio trasnacional-social, donde las personas transitan, 
comparten trabajos, familia, cultura en ambos territorios nacionales y esto reconfigura una 
zona con otra forma de ser y estar donde el Estado Nacional no esta dando la respuesta 
adecuada. Las “fronteras” son cada vez menos líneas divisorias con controles migratorios y 


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las respuestas no se deben concentrar allí, el traficante no los habita y la persona tratada es 
muy difícil de identificar. 

Es imperioso instalar una respuesta integral que reconozca todos los actores y todas las 
acciones, debemos proteger a las víctimas pero también abordar las condiciones de produc¬ 
ción y reproducción del problema y combatir el delito. 

La intervención requiere de un conjunto de accione orientas a proteger a las víctimas y 
a sus familiares tanto en términos de residencia temporal, alojamiento protegido, informa¬ 
ción y asesoramiento, trabajo, asistencia médica y psicológica, educación, inclusión cultu¬ 
ral, reparación e indemnización y seguridad. 

El Estado Uruguayo reconoce en el artículo 1 de la Ley de Migración, a esta como un 
derecho: “El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y 
sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la 
reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de dere¬ 
chos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, 
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición ” 3 . 
Garantizar la migración segura es responsabilidad intransferible del estado y si no pone la 
lupa en las situaciones de migración en contextos de desigualdad, la trata de personas segui¬ 
rá siendo un problemas con el que las personas tendrán que lidiar en soledad y sin recursos. 

Combatir la trata es transformar profundamente los elementos que la producen, es 
combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones, es combatir la pobreza, es promover 
la igualdad de las personas, es promover a las niñas, niños y adolescentes como ciudadanas 
y ciudadanos activos, es garantizar la vivienda, la salud, el trabajo y la educación, es abrir la 
comunidad y albergar otra cultura enriqueciendo la propia. 

Prevenir la trata es combatir la impunidad, es desarrollar acciones intencionadas con¬ 
tra la cultura de la impunidad, contra la cultura que deja pasar, contra la cultura que no 
revisa, que promueve el silenciamiento como estrategia de amortiguación. Esta cultura, tan 
abonada en estos últimos años y que permea toda práctica social, se reproduce cada día que 
una mujer es responsabilizada por su propia explotación, cada vez que una niña, un niño o 
un adolescente no es considerado en un proceso judicial que resolverá sobre su vida, cada 
vez que un adolescente sea asesinado y no sepamos quien lo hizo, cada vez que una trabaja¬ 
dora doméstica trabaje 15 horas por día, 7 días a la semana, coma arroz y fideos y no pueda 
salir del lugar de donde trabaja, cada vez que una trabajadora sexual denuncie violación y 
se le conteste “vos lo buscaste”, cada vez que una trabajador rural, de la construcción o de 
la pesca, sea violentado, retenido, denigrado y todo se resuelva con algo de dinero en juicio 
laboral. 


3 Ley N° 18.250. Artículo 1. Migración. 



Mientras las desapariciones forzadas, las de ayer y las de hoy sigan impunes, la cultura 
de la impunidad permanecerá. 

Las acciones de los estados a la interna de su país y en relación a la cooperación judicial, 
policial y económica con otros estados son imprescindibles y a cada persona se le deberán 
garantizar sus derechos sin considerar donde haya nacido sino donde decide vivir. 

La ciudadanía universal, es aún una utopía, pero solo podemos ir hacia ahí, en un 
contexto mundial donde la discriminación, el machismo, la homofobia, la transfobia, la xe¬ 
nofobia, el racismo, el adultocentrismo y otras tantas expresiones de abuso de poder están 
instaladas solo resta seguir luchando para transformarlas. 

Necesitamos instituciones solidas accionando intencionadamente e invirtiendo hasta 
lograr la transformación necesaria y una comunidad proactiva proponiendo y exigiendo, 
reconociendo el valor del intercambio con otras culturas y el enriquecimiento mutuo que 
este produce. 

La organización de la que soy parte se encontró con este problema, no lo buscamos, 
apareció e irrumpió con extremada fuerza. Se mostró a través de personas que sufren vio¬ 
lencia, especialmente violencia sexual, mujeres uruguayas que retornaban a su país desde 
Europa donde habían sido esclavizadas y necesitan recomponer su vida, hoy ya son muchas 
más y no solo uruguayas, seguimos intentando una respuesta en convenio con el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

La niñez y la adolescencia sigue desde atrás, como casi siempre; con altísimo registro 
de trata interna de adolescentes mujeres con fines sexuales, con una enorme naturalización 
y permisividad social, con escasos recursos estatales destinados y sin un sistema de protec¬ 
ción real, intersectorial que les garantice sus derechos y les escuche como ciudadanos de 
primera clase, y así van, nuestro presente y potencia, nuestra realidad y sueño. 

Las organizaciones de la sociedad civil, debemos construir nuevas narrativas. Sin dejar 
de acompañar los procesos que transitan las personas para salir de esta situación, necesita¬ 
mos construir nuevas preguntas sobre ¿cómo se produce y reproduce esta práctica social?, 
¿qué otros actores están involucrados?, ¿cómo y porqué son parte de ese proceso?, ¿qué 
siente o piensa una persona que considera adecuado explotar a otra?, ¿cuánto dinero circula 
en este negocio?, ¿cuál es el rol político de nuestra organizaciones al cuestionar un proble¬ 
ma que interpela las bases estructurantes del sistema de dominación en el que vivimos ? 

En fin, tenemos que seguir preguntándonos pero principalmente tenemos que partici¬ 
par, actuar, incidir, tensionar; tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. 


215 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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Foto: Juan Hoppe 


216 


Las revueltas feministas 


Mag. Andrea Tuana 


“El feminismo es para todo el mundo, porque tiene un potencial transformador, 
no solo para la vida de las mujeres, sino para todas las personas”. 

(Bel Hooks ) 


El movimiento feminista es un movimiento emancipador y radical porque busca 
transformar las relaciones de poder. Cuando el poder es opresivo, no es posible pensar en 
cambios evolutivos, las transformaciones devienen de intensas luchas, denuncias, resisten¬ 
cias y estrategias que se van estableciendo en función de los avances y retrocesos en la con¬ 
quista de los derechos. Derechos humanos, que durante muchos años - a diferencia de los 
varones - las mujeres no gozamos. 

Este avance ha sido posible por la presencia constante y continua a lo largo de la histo¬ 
ria, de movimientos feministas, que han luchado incesantemente para conquistarlos. 


En la época de la ilustración las mujeres radicalizaban sus denuncias exigiendo igual¬ 
dad de derechos, disputando territorios de poder que les eran ajenos. Esta etapa se nominó 
feminismo ilustrado o primera ola del feminismo. En Francia en 1791, Olympe de Gouges 
elaboraba la “ Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana ”, donde entra varias 
ideas, plasmaba, que la mujer nace igual al hombre en derechos y que si ésta puede subir 
al cadalso, debe tener igual derecho de subir a la tribuna. Esta lucha le valió la guillotina, 
acusada de traición a la revolución y de mujer no natural. 

En Gran Bretaña, Mary Wollstonecraft, sostenía que, si los derechos naturales son 
concedidos por Dios, que un segmento de la sociedad se los niegue a otro constituye un 
pecado. En su obra, “ Vindicación de los derechos de la mujer” (1792), plantea que la cons¬ 
trucción de una sociedad moderna debe basarse en una educación de varones y mujeres ca¬ 
paces de lograr autonomía y libertad. Ella sostenía la imposibilidad de construir un nuevo 
régimen político sobre la base de la subordinación, la arbitrariedad y el sometimiento de 
las mujeres. 

En el siglo XVIII tuvieron una presencia e influencia fundamental, feministas socialis¬ 
tas y comunistas como es el caso de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. Ambas tuvieron una 
gran influencia en el desarrollo de cuerpos teóricos que dialogaban con varones pensadores 
de la época, intentando incorporar las demandas y reivindicaciones feministas en las luchas 
socialistas. Para Rosa Luxemburgo el feminismo y la izquierda debían articularse, en una de 
sus frases más celebres ella plantea: 

“Quien esfeminista y no es de izquierdas, carece de estrategia, quien es de izquierdas y no es femi¬ 
nista, carece de profundidad 1 ” 

En el siglo XIX, el centro de las luchas feministas, fue el sufragio de las mujeres. 

Los movimientos reformistas tuvieron una gran expansión a nivel internacional, prin¬ 
cipalmente en Europa y EEUU. En Europa fue llevado adelante por las feministas socialis¬ 
tas y en EEUU por las feministas liberales. Las principales reivindicaciones de estos movi¬ 
mientos eran: las legales (voto, propiedad, leyes laborales) y la educación (acceso a la edu¬ 
cación), a fines del siglo XIX algunas pocas mujeres habían logrado acceder a la educación 
superior pero solo se les permitía ejercer sus profesiones en el campo de la investigación. 
Este fue un feminismo de movilizaciones y protestas siendo identificado como una segunda 
ola del movimiento feminista. 

Entre la primera guerra mundial y la finalización de la segunda, la mayoría de los paí¬ 
ses otorgan el derecho al voto a las mujeres. En este período se destaca el aporte central a 
la teoría y práctica feminista de Simone de Beauvoire con su obra “El segundo sexo”, donde 
la autora deja al descubierto las estrategias patriarcales de disciplinamiento de las mujeres: 


217 


Rosa Luxemburgo, 1912. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


“El hecho es que los hombres encuentran en su compañera más complicidad que la que habi¬ 
tualmente encuentra el opresor en el oprimido; y, con mala fe, consideran que ello les da auto¬ 
ridad para declarar que la mujer ha querido el destino que le han impuesto. Ya hemos visto que, 
en verdad, toda su educación conspira para cerrarle los caminos de la revuelta y la aventura; la 
sociedad entera -empezando por sus respetados padres- le miente al exaltar el excelso valor del 
amor, de la devoción y la abnegación, y al ocultarle que ni el amante, ni el marido, ni los hijos 
estarán dispuestos a soportar su embarazosa carga”. 2 

En otro de los pasajes de su obra, la autora expresa su idea central sobre la crítica al 
orden natural de las cosas, en ella expresa: 

“Es preciso volver a repetir una vez más que, en la colectividad humana, nada es natural, y 
que, entre otras cosas, la mujer es un producto elaborado por la civilización: la intervención 
de otro en su destino es original; si esa acción estuviese dirigida de otro modo, desembocaría 
en un resultado completamente diferente. La mujer no es definida ni por sus hormonas ni por 
misteriosos instintos, sino por el modo en que, a través de conciencias extrañas, recupera su 
cuerpo y sus relaciones con el mundo; el abismo que separa al adolescente de la adolescente 
ha sido abierto de manera concertada desde los primeros tiempos de su infancia; más tarde no 
se podrá impedir que la mujer no sea lo que ha sido hecha, y siempre arrastrará ese pasado en 
pos de sí; si se mide bien el peso de todo ello, se comprende claramente que su destino no está 
fijado en la eternidad”. 3 

En los años 60 se consolida un feminismo radical, de grandes movilizaciones, de en¬ 
cuentros entre mujeres, de luchas en las calles, donde se profundiza y radicaliza la lucha 
218 feminista, abriendo visibilidad sobre temas que se consideraban privados, donde los dere¬ 
chos humanos no llegaban. Es la época donde se inicia la tercera ola del feminismo, donde 
se establece la consigna “lo personal es político” y se da visibilidad a las distintas formas de 
violencias que las mujeres sufrían especialmente en el ámbito doméstico, en las relaciones 
afectivas, en las relaciones familiares. Se denuncian los abusos sexuales dentro de la familia, 
se exige el derecho al aborto, el control sobe la capacidad reproductiva, se cuestiona la divi¬ 
sión sexual del trabajo y las desigualdades en el campo laboral y político. 

Esta etapa del movimiento feminista también se caracteriza por cuestionamientos in- 
trafeminismos. Cuando el feminismo no lograba dar cuenta de las realidades de las mujeres 
pobres, de las mujeres negras, de las mujeres lesbianas, de las mujeres trans, de las mujeres 
indígenas, se generaron debates, producciones, e intercambios que permitieron hacer visi¬ 
ble estas diferencias y se comienza a hablar de descentramientos feministas, de múltiples 
feminismos, diversos y plurales. La autora Bel Hooks, refiere a los procesos generados en la 
incorporación y articulación de distintas formas de opresión en la lucha feminista, expre¬ 
sando: 


2 Simone de Beauvoire: El segundo sexo. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. 

3 Idem. 



“Los debates sobre las diferencias de clase surgieron muy pronto en el feminismo contemporᬠ
neo, antes que los debates sobre la raza. Diana Press publicó unas notas revolucionarias sobre 
las divisiones de clase entre las mujeres a mediados de los setenta en la recopilación de artículos 
Class and Feminism. Estos debates no trivializaban la insistencia feminista en que «la sorori- 
dad es poderosa», sino que simplemente hacían hincapié en que solo podríamos llegar a ser 
hermanas en la lucha si nos enfrentábamos a las formas en las que las mujeres -mediante la 
clase, la raza o la orientación sexual- dominaban y explotaban a otras mujeres y creábamos una 
plataforma política que abordara estas diferencias.” 4 

Por su parte Audery Lorde, feminista y activista, enunciaba que el feminismo no con¬ 
sideraba diferencias en la categoría de mujer y tendía a generalizar la experiencia femenina. 
Critica un feminismo blanco que colocaba el género como centro de sus luchas, lo que 
reproducía el racismo dentro del feminismo. 

Adrienn Rich, feminista lesbiana, en sus análisis sobre la heterosexualidad obligatoria, 
hacía referencia al lesbianismo como una forma de resistencia al patriarcado. 

“La existencia lesbiana incluye tanto la ruptura de un tabú como el rechazo de un modo de vida 
impuesto. Es, también, un ataque directo o indirecto contra el derecho masculino de acceso a 
las mujeres”. 5 

Virginia Vargas, visualiza los feminismos de la segunda ola como el fenómeno subver¬ 
sivo más significativo del siglo XX y destaca el rol clave que los feminismos latinoamerica¬ 
nos han tenido en la región. Destaca asimismo la importancia de los encuentros Feministas 
Latinoamericanos y caribeños que se realizaron desde 1981 cada dos o tres años. Sobre 
estos encuentros la autora plantea: 

“...fueron espacios de confluencia que tuvieron una importancia crucial en la producción de 
nuevos saberes y la alimentación del nuevo paradigma, al conectar experiencias y estrategias, 
volverlas colectivas y expresar los avances, tensiones, conflictos, ideas, conocimientos, que 
traían las diferentes búsquedas feministas a lo largo de la región. Así, el feminismo como orga¬ 
nización y como propuesta teórico-política se expandió en lo nacional, desarrollándose al mis¬ 
mo tiempo una articulación regional que potenció estrategias y discursos y acentuó el histórico 
carácter intemacionalista de los feminismos de la primera oleada”. 6 

En los años 90 una nueva generación surgida de los movimientos identitarios comen¬ 
zó a redefinir la lucha y los límites del sujeto político “feminista” y “homosexual”. En el 
plano teórico, esta ruptura tomó inicialmente la forma de un retorno crítico sobre el femi- 


4 Hooks, Bell (2017) El feminismo es para todo el mundo. Traficantes de sueños. Colección Mapas. 

5 Rich, Adrienne (1996). La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana DUODA Revista d’Estudis 
Feministes núm. 1 1-1996. 

6 Vargas, Virginia (2010). Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio. Una lectura 
político-personal. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


nismo, realizado por las lesbianas y las post-feministas americanas, apoyándose en las ideas 
de propuestas de autores como Foucault, Derrida y Deleuze. 

Las críticas a un feminismo único que obviaba las diversidades femeninas y las dife¬ 
rentes culturas y reivindicaciones dan paso a la noción de feminismos en plural y adquiere 
varias dimensiones étnicas, sexuales, de creencias, políticas, superadora del esencialismo de 
la etapa anterior. 

Estos feminismos de la posmodernidad iniciaron la crítica radical del sujeto unitario 
del feminismo, colonial, blanco, emanado de la clase media-alta y desexualizado. 

Esta atomización del feminismo fue criticada por otras autoras al generar obstáculos 
para lograr una estrategia común en la lucha por la emancipación de la mujer. 

En este sentido Ochy Curiel realiza las siguientes reflexiones: “ los estudios culturales y 
los estudios poscoloniales, con sus diferencias y matices, han abierto la posibilidad de que voces 
silenciadas empiecen a convertirse en referentes y en propuestas de pensamientos cuestionando 
el sesgo elitista de la producción académica y literaria, no dejo de preguntarme ¿qué tanto los 
llamados estudios subalternos, poscoloniales o culturales realmente descentralizan “el” sujeto 
como pretenden f” 

Entre las corrientes que forman el nuevo entramado de los feminismos destaca el femi¬ 
nismo lesbiano y la teoría queer, el poscolonialismo, el ecofeminismo y el ciberfeminismo. 
En ellas hay elementos en común, como el cuestionamiento de las estructuras de poder y 
particularidades relacionadas con el sexo, la antiglobalización, el medioambiente o la de- 
220 fensa de los grupos minoritarios. 

El poscolonialismo, pensamiento que da base a la ruptura epistemológica universal y 
esencial, parte del concepto de colonialidad definido por Aníbal Quijano como “unpatrón 
mundial de dominación dentro del modelo capitalista, fundado en una clasificación racial y 
étnica de la población del planeta que opera en distintos ámbitos 7 8 ”. Según el autor, “la colonia¬ 
lidad es una estructura de dominación y explotación que se inicia con el colonialismo, pero 
que se extiende hasta hoy día como su secuela”. 

Otros autores como Stolcke, afirman que la diferencia cultural ha dado lugar a la pro¬ 
ducción de un neoracismo: “un racismo sin razas que mantiene a la otra y al otro fuera de 
todo paradigma válido. Si lo subalterno se traduce en un discurso de multiculturalidad, en¬ 
tonces sigue manteniendo relaciones de poder colonialistas. El otro, la otra, se naturaliza, se 
homogeniza en función de un modelo modernizador para dar continuidad al control no solo 
de territorios, sino también de saberes, cuerpos, producciones, imaginarios y todo ello se basa en 


7 Curiel, Ochy (2007): “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista”, Revista 
Nómadas, No. 26. abril 2007 Universidad Central - Colombia. 

8 Quijano, Aníbal, (2007), “Colonialidad del poder y clasificación social”, en: Santiago Castro-Gómez y 
Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo 
global , Bogotá, Universidad Central - IESCO / Universidad Javeriana - Instituto Pensar / Siglo del Hombre. 



una visión patriarcal en donde los saberes de las mujeres son relegados a meros testimonios, no 
aptos para la producción académica. Descolonizar supone identificar las relaciones de subordi¬ 
nación que se ejercen sobre aquellos considerados los otros, diferentes. Las corrientes delfeminis¬ 
mo negro, chicano, afro indígena logran establecer una mirada compleja del entramado de las 
relaciones de poder en las sociedades poscoloniales, articulando diversos ejes de subordinación 
como lo son la raza, la clase, el sexo. Estas miradas disienten y desenmascaran la colonialidad 
del poder y del saber.” 9 

En este período, los feminismos también fueron desarrollando distintas estrategias, 
como la transversalizacion de la perspectiva de género en las políticas públicas, la institu- 
cionalización de los temas de género, la creación de mecanismos de adelanto de la mujer, 
la profesionalización de los temas de género, la proliferación de organizaciones no guber¬ 
namentales, los espacios de diálogo e interacción Estado - sociedad civil, entre otros. Estas 
diversas formas de habitar la lucha feminista han generado avances muy importantes, así 
como tensiones y desafíos para el movimiento. 

Ingresando en el siglo XXI, algunas autoras hablan de una cuarta ola del movimiento 
feminista, que vuelve a ser un movimiento popular, de crítica radical de los distintos siste¬ 
mas de opresión (género, clase, raza, orientación sexual, identidad de género, entre otros). 
Un movimiento global, de masas que sale a las calles, al grito de NI UNA MENOS, que 
sale a las calles a rebelarse contra las sentencias judiciales misóginas, como la sentencia espa¬ 
ñola en el caso de La Manada, que se organiza bajo la consigna de un Paro Internacional de 
Mujeres y logra una adhesión muy alta en distintos países del mundo, un feminismo global, 
que se hace eco de las denuncias de acoso sexual en la industria cinematográfica en EEUU. 
Estos feminsimos redoblan la apuesta y reclaman por el derecho al aborto, la paridad en el 
acceso a la toma de decisiones y lugares de poder, la preservación del planeta, el acceso a la 
tierra, la protección de los recursos naturales y la crítica al modelo neoliberal que impacta 
de forma más aguda en la vida de las mujeres. 

En esta etapa del feminismo, cobra una fuerte centralidad la denuncia y visbilizacion 
de las diversas formas de violencia que sufren las mujeres, en especial la violencia sexual, 
el abuso sexual intrafamiliar, el acoso sexual laboral y callejero, la trata y la explotación 
sexual. Asimismo, se busca hacer visible que la violencia es expresión de las relaciones de 
dominación y opresión históricas a las que estamos sometidas las mujeres, siendo también 
un instrumento para mantener las relaciones de desigualdad. 

La instalación en el debate y en la agenda política del problema de la violencia hacia 
las mujeres logra generar avances legislativos muy importantes en la región, avances en el 
diseño e implementación de políticas públicas para la eliminación de la violencia hacia las 
mujeres, en la generación de sistemas de respuestas para la mujeres, en la eliminación de 


9 Stolcke, Verena, 1992, ¿Es el sexo para al género como la raza para la etnicidad?, en: Mientras Tanto. Cua¬ 
dernos Inacabados , Madrid, Horas y Horas. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


ciertas barreras para el acceso a la justicia y avances en las expresiones populares, en las ca¬ 
lles, en marchas y concentraciones exigiendo justicia y protección para las mujeres. 

En la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, or¬ 
ganizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Foro 
de Organizaciones Feministas “Magaly Pineda”, elabora una declaración política en la que 
realiza un análisis acerca de la situación de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, donde 
advierte sobre los contextos de retrocesos democráticos en la región. A continuación, un 
extracto de esa declaración donde queda de manifiesto la postura crítica y radical del movi¬ 
miento feminista latinoamericano. 

Nosotras, mujeres feministas de América Latina y El Caribe, de diversos pueblos indíge¬ 
nas, afrodescendientes, del campo y la ciudad, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, mujeres 
con discapacidad, trabajadoras sexuales y de diversos ámbitos y edades, reunidas en Montevi¬ 
deo en el Foro de Organizaciones Feministas, 

Decimos: 

En América Latina tenemos 40 años celebrando Conferencias de la mujer y hemos logra¬ 
do avances significativos en la construcción de nuestra ciudadanía, pero reconocemos que en este 
momento los retos que enfrentamos se agudizan ante un contexto de desigualdad y crueldad. 

Nuestra región enfrenta retrocesos democráticos por golpes destituyentes de la voluntad 
ciudadana y por la asunción de gobiernos que profundizan y expanden modelos económicos 
extractivistas, causando pobreza, destruyendo posibilidades de soberanía alimentaria y gene- 
222 rando mayor exclusión de las mujeres. 

La arremetida fundamentalista intentando expandir la supuesta existencia de la “ideo¬ 
logía de género” busca frenar las luchasfeministas por la igualdad. La perspectiva de género es 
una categoría científica analítica y política, tal como se ha reafirmado en las conferencias de la 
mujer precedentes, y es la herramienta conceptual indispensable para garantizar la igualdad y 
acabar con el patriarcado en nuestras sociedades. 

En América Latina y el Caribe, la mayoría vivimos en las ciudades. En Quito se acaba de 
aprobar la nueva agenda urbana global y nosotras participamos con una evidencia clara: las 
mujeres debemos ser- pero aún no somos- parte central de las decisiones en las ciudades. 

Para el feminismo latinoamericano, la paridad enriquece a la democracia representativa 
y esfundamental para avanzar hacia la igualdad. Esta sitúa al sistema democrático en el cen¬ 
tro de las transformaciones, en el cual la igualdad sustantiva y la no discriminación a ningún 
ser humano, constituyen las bases para que nadie quede atrás. 

En nuestra región la discapacidad continua invisibilizada. Las mujeres con discapacidad 
no accedemos a servicios de salud, educación, rehabilitación y empleo en igualdad de condicio¬ 
nes, ni cuentan con servicios básicos de rehabilitación funcional. 



Aquí las mujeres defensoras de derechos humanos somos objeto de ataques y amenazas por 
la labor que realizamos, intentando frenar nuestro trabajo y amedrentarnos. 

Persisten alarmantes brechas de desigualdad entre las mujeres indígenas y afro descen¬ 
dientes con el resto de las mujeres de la región por ello es indispensablepriorizar fondos, planes 
y programas interseccionales dirigidos al empoderamiento económico y político de las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas y afrodescendientes promoviendo el fortalecimiento de economías 
sostenibles propias y autogestivas garantizando un modelo de desarrollo basado en el cumpli¬ 
miento de la agenda 2030. 

En nuestra región vivimos en una cultura vergonzosamente permisiva con las distintas 
formas de violencias contra las mujeres. Violencia naturalizada y arraigada, pero, sobre todo, 
solapada e invisible. Somos testigas preocupadas del aumento de los feminicidios/femicidiosy 
de los crímenes de odio; somos las principales víctimas de la violencia institucional, del acoso 
callejero, de la estigmatización y agresiones por parte de los medios de comunicación y de dis¬ 
criminación y segregación en nuestros trabajos . 10 

El avance de los grupos anti derechos 

Múltiples han sido los avances que se han generado a lo largo de la historia, gracias a la 
lucha persistente y tenaz de los movimientos feministas. Derechos conquistados, que hoy 
nos parecen básicos, pero que a lo largo de la historia no lo fueron para nuestras antecesoras 
y cada derecho conquistado fue producto de años de intenso batallar de los movimientos 
feministas. Derechos tan básicos como el derecho a votar, a estudiar, a percibir igual remu¬ 
neración que un varón por la misma tarea, derecho a decidir si queremos tener hijos o no, 
derecho a abortar, a vivir nuestra sexualidad según nuestros criterios, intereses y deseos, el 
derecho a vivir una vida libre de violencia en nuestras casas, en la calle, en el trabajo y en 
cualquier ámbito. El derecho a tener bienes, a administrar nuestros bienes, a ejercer una 
profesión, el derecho a decidir sobre asuntos que nos conciernen, entre tantos derechos que 
hemos ido ganando. 

El movimiento feminista, no es un movimiento estanco, es un movimiento dinámico, 
inclusivo, analítico y reflexivo, cuestionador y subversivo. Es múltiples movimientos que 
buscan ampliar los horizontes de libertades, que buscan ampliar las miradas transforma¬ 
doras, articulando la lucha contra distintas opresiones que nos atraviesan y someten (clase, 
raza, orientación sexual, identidad de género), denunciando y luchando contra modelos 
económicos que ponen en riesgo la vida en el planeta, que profundizan las desigualdades, 
impactando con mayor virulencia en las condiciones de vida de las mujeres, que se apropian 
de territorios y recursos naturales que representan bienes de la humanidad. Es un movi¬ 
miento radical, emancipatorio, global y pacifico, que ha ganado las calles y que ha logrado 


10 Extracto de Declaración Política del Foro de Organizaciones Feministas “Magaly Pineda” XIII Conferen¬ 
cia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, (CEPAL), 2016. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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convocar y movilizar miles de personas en todo el mundo, constituyéndose en uno de los 
principales movimientos sociales en la actualidad. 

Frente a estos avances, nos encontramos en un proceso de contra movimiento que 
busca frenar y retroceder en las conquistas logradas. Este movimiento, compuesto por gru¬ 
pos religiosos fundamentalistas y grupos conservadores, muchos de ellos de corte fascista, 
busca reinstalar el orden natural de las cosas, reeditando debates que oponían la naturaleza 
a la cultura y volviendo a ideas esencialistas y estereotipadas acerca de los lugares que deben 
ocupar varones y mujeres, negando las estructuras de opresión heteropatriarcales y patolo- 
gizando identidades, como las identidades trans. 

Frente a los avances en la lucha contra la violencia de género, en especial la violencia 
en las relaciones de pareja y los abusos sexuales intrafamiliares, se desarrollan discursos de 
posverdad que cuestionan los datos estadísticos sobre violencia de género, acusan a los sis¬ 
temas de justicia de estar sesgados y beneficiar a las mujeres y desarrollan ciertas estrategias 
tendientes a descalificar las denuncias de abuso sexual y violencia de género. 

Algunas de las estrategias utilizada por estos movimientos conservadores y de restau¬ 
ración del orden patriarcal son: 

• Constituir asociaciones de varones que militan activamente para desacreditar las 
reivindicaciones feministas. Estos grupos, ejercen presión ante el sistema político 
para lograr leyes que les beneficien y que recompongan las lógicas patriarcales de 
opresión. Para lograr sus objetivos, estos grupos desarrollan estrategias victimistas 
donde se ubican como perjudicados por un sistema social, institucional y cultural 
que se basa en la supremacía de género femenino. 

• Otras estrategias utilizadas son, el desarrollo de narrativas con visos de cientificidad 
que cuestionan la producción teórica feminista y la producción teórica acerca de las 
violencias (ideología de género, seudo síndrome de alienación parental, los derechos 
se muestran como privilegios, entre otros.) 

Frente a los avances legislativos en torno al reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos y los derechos LGTBI, la estrategia utilizada por estos grupos conservadores, 
es imponer la idea de la existencia de una ideología de género que destruye la familia, es an¬ 
tinatural y establece privilegios y beneficios a quienes la promulgan. Se produce un discurso 
manipulador, que pretende estigmatizar y someter al escarnio público a los movimientos 
feministas, catalogando a sus integrantes como feminazis. 

Estas narrativas, se articulan con los discursos de odio, misóginos, transfóbicos ho- 
mofóbicos, xenófobos y clasistas, que pululan en nuestra sociedad y se van constituyendo 
grupos antiderechos que buscan retroceder en todos los avances logrados. 



La apuesta en este nuevo tiempo apunta a radicalizar la democracia, establecer alianzas 

con otros movimientos sociales, promover que las luchas vuelvan a las calles a manifestarse 

y resistir desde un fuerte trabajo colectivo y comunitario. 

Bibliografía 

Adrienn Rich (1996), La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana DUODA Revista d’Estudis Fe- 
ministes num 1 1-1996 

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225 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



Foto: Juan Hoppe 


226 


Abrazarnos para decir basta, estar juntas para ser libres 


Coordinadora de Feminismos 


“En cada gesto nos reinventamos como mujeres en lucha y sentimos la experiencia de libertad. Bailamos de 
alegría porque juntas estamos haciendo algo con nuestro dolor. Porque relanzamos la posibilidad de estar en 
las calles. Seguiremos construyendo un movimiento capaz de alterar el entramado de patriarc¡ido, capitalismo 

y racismo. ¡Paramosporque queremos cambiarla vida! 
Elfeminismo es marea en cada rincón del planeta. Eloy somos un río callejero, caudaloso, potente y renov¡ido. 
Nos abrazamos para cobrarfuerza y ser cada vez más, para seguirnos organizando. Por eso en estafecha, redo¬ 
blamos nuestra apuesta de construir un mundo sin oprimidas ni opresores. Redoblamos un grito de libertad, 

que contiene la certeza de que es posible .” 1 


En los últimos años hemos sido parte del río caudaloso y potente que está siendo el 
feminismo en el mundo, y en particular en Uruguay. Desde nuestra experiencia escribimos, 
desde ahí queremos compartir y dejar registro. La Coordinadora de Feminismos es parte de 


Proclama Coordinadora de Feminismos, 8 de marzo de 2018. 








la configuración de este tiempo de lucha y ha sido para nosotras un espacio de organización 
y articulación. En estas palabras que siguen nos interesa compartir parte de ese proceso, 
sabiendo que nuestro modo de estar en las calles se nutre de la memoria de lucha y es a la 
vez renovación y tiempo nuevo de rebeldía. 

La Coordinadora de Feminismos empieza como espacio de coordinación para realizar 
juntas una movilización del 8 de marzo de 2015, surgida de las ideas que resonaron en el 
Primer Encuentro de Feminismos del Uruguay, realizado en noviembre de 2014. Desde las 
primeras reuniones se fue buscando que el mismo fuera el espacio de articulación política 
del movimiento y en estos años ha sido el espacio desde el que se convocaron una y otra 
vez las alertas feministas, los 8 de marzo desde 2015, los paros de mujeres del 8M a partir 
del año 2017, la movilización de #NiUnaMenos desde 2015, a la vez que otros espacios de 
encuentro y movilización. 

Traemos a este texto, tal como lo hacemos en nuestras proclamas, a aquellas mujeres 
que en el mundo han luchado y luchan, porque ellas están en nuestra memoria colectiva 
y son parte de nuestro presente. Pero al mismo tiempo queremos hacernos cargo de este 
tiempo fértil y de esta creación colectiva que en los últimos años venimos sosteniendo. Es 
decir, sabemos que en Uruguay el feminismo tiene una larga historia de luchas, pero nos 
interesa asimismo reconocer que en los últimos años hemos renacido y hemos creado nue¬ 
vos espacios. 

Aunque no fue la primera vez que se realizaban encuentros feministas, a partir del 
2014 cuando más de 400 mujeres nos reunimos en el Primer Encuentro de Feminismos 
del Uruguay surge la idea fuerza de “poner al movimiento en movimiento”, una forma de 
reconocer la existencia de las luchas feministas de tiempos anteriores y a la vez revisar de 
manera crítica la institucionalización del feminismo y su falta de presencia en las calles. 
Con tal consigna plasmada en la declaración de cierre, junto a la frase “somos todas paridas 
de mujer”, se hace un reconocimiento a las mujeres que lucharon antes y se comparte la 
voluntad de volvernos a tejer desde un feminismo activo, capaz de amplificarse y renovarse. 

Al final de ese mismo encuentro se hace eco la necesidad de tener acciones colectivas 
que frenen la violencia contra las mujeres. Inicialmente fuimos convocándonos desde la 
idea de “feministas en alertas y en las calles”. Allí compartimos el dolor y la indignación por 
los crecientes feminicidios y comienza a imaginarse lo que luego cobra forma como “Alertas 
feministas”. Apenas unos días después de haber estado juntas imaginando, conversando, 
compartiendo, llega la noticia de un feminicidio y se puso en marcha la primera alerta fe¬ 
minista. Inicialmente solo había un mínimo acuerdo para echar andar algo juntas que se 
resumía en realizar una acción pública en el centro de Montevideo. Claramente la primera 
alerta tuvo mucho de improvisación, desde la misma convocatoria, los carteles. Pero desde 
ese primer acto colectivo que mostró la indignación, nuestro basta colectivo y nuestra capa¬ 
cidad organizativa, las alertas fueron cobrando cada vez más forma y más fuerza. Cambió 
el punto de salida, el recorrido, el tipo de intervención artística, los carteles, los cantos, el 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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modo de leer la proclama en Montevideo y al mismo tiempo se han multiplicado las alertas 
feministas en otras ciudades. 

Inicialmente el espacio de articulación surgido del Encuentro se organizó en base a 
dos comisiones de trabajo, una sobre la preparación del 8 de marzo y otra de feministas en 
alertas y en las calles. En las primeras reuniones se empieza a discutir el nombre del espacio 
y el modo de funcionamiento. Si bien estaba presente la idea de feministas en alerta y en las 
calles como lo que nos estaba nucleando en ese momento, se acuerda llamarla coordinadora 
en tanto se buscaba que se integren todos los grupos feministas que desearan hacerlo, así 
como compañeras que lo hacen de modo personal. No se buscaba desconocer la existencia 
de otros espacios feministas, sino de buscar un modo de estar coordinadas, “uniendo fuer¬ 
zas y donde cada una conserve su perfil” (Acta reunión 5 de febrero de 2015). 

En estos años, se ha continuado con las alertas feministas convocadas por la Coordi¬ 
nadora de Feminismos ante cada feminicidio con el objetivo principal de denunciar la vio¬ 
lencia machista contra las mujeres. Eso ha implicado salir a las calles a veces semanalmente, 
a veces más de una vez a la semana, a veces por más de un caso. Eso supone que muchas 
compañeras dedican tiempo y esfuerzo en convocar, sistematizar la información, preparar 
materiales, a la par que muchos y muchas hacen el esfuerzo de asistir a la movilización. 

Actualmente nos convocamos en la Plaza Libertad, a las 19hs, en un plazo máximo 
de 48hs luego de conocido el feminicidio. Luego de marchar por 18 de julio, se realiza una 
lectura de los feminicidios de ese año hasta el momento, junto con el que aconteció recien¬ 
temente y por el cual se marcha. Se lee una proclama colectiva que se distribuye durante la 
228 marcha en volantes. Al final se genera un abrazo colectivo junto a distintos cantos. El mis¬ 
mo se conoce como abrazo caracol porque vamos formando una ronda, en la que tomadas 
de la mano vamos girando hacia el centro iniciando un espiral que se va cerrando y forma 
una suerte de caracol. 

Nosotras empezamos a salir frente al asesinato de cada mujer, y así comenzamos a pen¬ 
sar las formas de la violencia machista, surge la necesidad de elaborar entre nosotras cuando 
estamos frente a un feminicidio. Por un lado haciendo luz sobre cómo estos asesinatos son 
legitimados y señalando que son producto de este sistema patriarcal. Esta legitimidad viene 
dada por la estructura jerárquica propia del sistema patriarcal, capitalista y colonial, que 
es cómplice por acción u omisión de los feminicidios. Por otro lado explicitamos la com¬ 
plicidad del Estado, por esto los nominamos feminicidios. Esto implica visibilizar que las 
violencias machistas y feminicidios no solo se dan en el ámbito privado, en relaciones de 
parejas, de familiares o íntimas, sino que también están en las calles, en el ámbito público, 
en las guerras y en las propias instituciones. 

En lo que vamos del 2018 van 31 feminicidios, incluimos muchas de estas situaciones 
entre ellas los asesinatos hacia niñas. El tomar en cuenta los casos de violencia hacia las 
niñas, nos ha hecho ampliar la mirada sobre los múltiples abusos que sufrimos las mujeres. 
Hemos buscado ampliar la mirada de las violencias contra todos los cuerpos feminizados, 



por eso también incluimos los feminicidios a las mujeres trans. Con esta apertura buscamos 
esté presente para nombrar las violencias y decir basta, pero también para lo que queremos 
construir juntas. Esta ha sido una búsqueda desde los inicios, que en nuestro comunicado 
del 8M se resumía en “sabernos diversas, en edad, en piel, en procedencia y en deseo” 1 Sabemos 
que esto es siempre un desafío, pero a la vez sabemos que es necesario estar juntas, que nues¬ 
tra fuerza en la calle nos potencia a todas. 

En las alertas nos llamamos también a denunciar en la calle, a hacer público, a dejar 
de callar todas las violencias previas al asesinato. A prestar atención e ir frenando todas 
las prácticas violentas. Decimos en nuestros comunicados: “Alerta antes, antes del primer 
grito, del primer acoso, antes de que el cerco de violencia y muerte se cierre”. Las alertas no sólo 
denuncian el acto final de la muerte sino que recuperan sus voces, sus resistencias, nosotras 
las hacemos nuestras, integrándolas en un grito de lucha que resignifica el dolor. Las alertas 
en la calle nos resuenan a todas las que participamos más allá de ese momento, reconoce¬ 
mos las violencias cotidianas y nos fortalecemos colectivamente. Esta fuerza nos ayuda a 
visualizar un horizonte de posibilidad, un modo de frenar las violencias que se nutre de las 
resistencias cotidianas y que se apoya en las redes autocuidado. 

Movilizarnos nos permite salir del lugar de víctimas, para pasar a ser mujeres en lucha. 
Las alertas feministas nos han permitido no sólo mostrar el feminicidio como el punto más 
duro de una continuidad de violencias, sino que en esa acción colectiva y en sus reverbe¬ 
raciones nos corremos del lugar al que se nos asigna social e históricamente y que se suele 
reforzar cuando se analiza y se intervienen sobre las violencias. Es decir, mostramos a lo que 
estamos expuestas, pero rechazamos todos esos mandatos; sentimos el dolor pero no revic- 
timizarnos ni paralizarnos, la indignación se hace colectiva y nos empecinamos en buscar 
salidas y fuerza entre todas. 

En estos años de estar saliendo a las calles denunciando las injusticias, la impunidad, 
los abusos y cada feminicidio, fuimos sabiendo que no estamos solas, que si ¡Tocan a una, 
tocan a todas! Las alertas nacieron como basta colectivo, como llamado de atención a la 
sociedad toda sobre el modo en que estamos organizades jerárquicamente, sobre lo que 
socialmente se habilita y se tolera. Tal como decíamos en la proclama colectiva de 2018, 
con las marchas y en cada espacio que habitamos y en el que estamos construyendo otras 
relaciones sociales estamos conectando con un modo de ser mujer diferente, desde nuestras 
miradas cómplices “en cada gesto nos reinventamos como mujeres en lucha”. 

Con el inicio de las Alerta feministas, empezamos a hacer un conteo propio de los 
feminicidios, según nuestro criterio. Desde que la coordinadora se ha puesto a registrar y 
visibilizar la violencia machista, hemos conocido y salido en alerta por 127 feminicidios. 
Puede que existan más que no conocemos, puede que existan detalles que tampoco co- 


229 


2 Proclama 8M/ 2018. 


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nocemos, lo que sabemos es que esto es al menos el mínimo de asesinatos de mujeres por 
violencia machista. 

En el 2015 se registraron 39 feminicidios, en relación a quienes son esos feminicidas, 
podemos decir que 26 de ellos eran parejas o ex parejas de las víctimas (66,6%). Que 4 de 
ellos eran policías (10%) y 6 tenían denuncias previas por violencia (15%). Un dato rele¬ 
vante es que 9 se suicidaron luego de haber cometido el feminicidio (23%). Sobre el 2016, 
estos son los registros en relación a los feminicidas: 16 de ellos eran parejas o ex parejas de 
las víctimas (72,7%), uno era familiar de ella, uno era cliente (prostitución), en 4 casos no 
se sabe aún cuál era su vínculo, uno era policía, nueve se suicidaron y uno lo intentó sin 
lograrlo (41%). En el 2017 se registraron 35 feminicidios de los cuales: 23 feminicidas 
eran parejas o ex parejas de las víctimas (66%), dos de ellos eran policías (6%) y siete tenían 
denuncias previas (20%). En ese año fueron ocho los feminicidas que luego se suicidaron 
(23%). En lo que va del 2018 se registraron 31 feminicidios de los cuales: 19 feminicidas 
eran pareja o ex pareja de las víctimas (56%), tres eran familiares (12%) y dos eran conoci¬ 
dos (8%). En seis casos no se ha confirmado aún la identidad del feminicida. Uno de ellos 
era un militar retirado y otro era policía. Al menos 11 tenían denuncias previas, de esas 
mujeres o de otras (36%), ocho se suicidaron y uno lo intentó sin lograrlo (32%). 

Recuperamos la noción de feminicidio como categoría política, para dar nombre a 
los asesinatos de mujeres, que durante mucho tiempo, y en algunos casos hoy en día, se los 
nombraba como “crímenes pasionales” o quedaban bajo la categorización de otros delitos. 
A nivel de la prensa ha habido un corrimiento y se ha empezado a nombrar estos asesinatos 
como feminicidios. No obstante, permanece re- victimizar, volver a poner la mirada en 
la mujer -lo que hacía, como se vestía, los problemas que tenía- que quitan el foco de lo 
realmente importante, el hecho de que fue asesinada. Incluso la cobertura de algunos casos 
resulta excesiva cuando se quiere replicar algunos de estos datos, de otros no se tiene mayor 
información. 

La nominación del feminicidio no obstante, incluye la discusión que incorpora la ti¬ 
pificación legal del femicidio, llevándonos también a pensar respecto a las respuestas pu- 
nitivistas y al alcance de la legalidad. Nombrar el problema por su nombre es distinto que 
reducirlo a soluciones punitivas. Pudimos ver como el sistema político, en un intento de 
capitalizar nuestra fuerza colectiva, pone en discusión y aprueba el agravante de penas por 
“femicidio”. Nosotras consideramos que no es un asunto de aumento de penas, porque nin¬ 
guna respuesta punitiva, ni la privación de libertad, ni las distintas formas de represión po¬ 
licial en sí mismas podrán erosionar el patriarcado en el que vivimos y la violencia machista 
que lo caracteriza. Este orden patriarcal está enraizado profundamente en nuestra consti¬ 
tución como sociedad, el Estado y su aparato represivo son formas fundantes del mismo. 

Esto nos ha llevado a cuestionar a la justicia en clave feminista, a re pensar qué res¬ 
puestas da, y con qué bases. En lo que va desde ese momento nos hemos encontrado con 
distintas situaciones que ponen en evidencia procesos judiciales que por acción u omisión 



legitiman la estructura patriarcal. Hay tres puntos sobre los que vamos a elaborar, en rela¬ 
ción a la justicia y este ejercicio. 

Por un lado nos encontramos con una cantidad considerable de casos en los que no se 
investiga y nunca se aclara quién fue el feminicida. Esto es muy reconocible en los asesina¬ 
tos de mujeres en situación de calle, así como también en dos casos que se dieron este año; 
por un lado el de Nazarena Porto 3 4 , que apareció muerta en una cañada, y se definió que se 
había suicidado, en este caso incluso su padre expresó que era un asesinato pero nunca se 
investigó. Otro ejemplo de esto es el feminicidio de Daniela Natalia Pérez" 1 , que luego de 
salir a caminar con su pareja, “aparece muerta”, y aún no ha sido aclarado. 

Otro punto que queremos plantear respecto a la justicia está vinculado con la tenencia 
de les hijes. En el último tiempo se han dictado dos sentencias en las cuales, con fundamen¬ 
tos profundamente patriarcales, definieron la custodia de niñes vinculada al padre violento 
o a la familia paterna. En el caso de Valeria Sosa 5 podemos reconocer esto, así como en la 
resolución del caso María 6 . 

Por último, en algunos casos, la justicia no tipifica el feminicidio, no reconociéndolo 
como tal. En relación a este punto, un caso en el que nos queremos detener es el de Luna 
Chiodi Suárez 7 , asesinada por su ex-pareja Boris Pérez, uno de los 31 feminicidios de este 
año, porque particularmente esa alerta feminista se coordinó junto a la red de apoyo de las 
vecinas que habían establecido por el tipo de sentencia que tuvo su caso. El dolor de su ase¬ 
sinato nos llegó a pocos días de la marcha del 8M, precisamente el 19 de marzo. Luna tenía 
51 años y se había querido separar recientemente. Había hecho en febrero una denuncia 
por violencia a partir de la cual Boris Pérez, recibió orden de no acercamiento. 

El 26 de setiembre se estableció su condena, pero como homicidio especialmente agra¬ 
vado, sin ser considerado como femicidio, porque según la justicia no quedó probado que 
el hombre actuara motivado por odio, desprecio o menosprecio a su ex pareja, que no la 
asesinó por su condición de mujer, sino que en la sentencia se señala que lo hizo por sentirse 
“estafado por ella” ya que compartían un negocio. Desde la Coordinadora repudiamos fir¬ 
memente la sentencia, porque es contradictoria con lo resuelto en febrero, porque ignora, 
invisibiliza y silencia el relato de Luna, tomando como válida y verdadera la historia del 
varón denunciado. Es decir, no alcanzan las leyes si la justicia es patriarcal. 


3 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Padre-de-Nazarena-Porto-la-adolescente-hallada-en-Salto- 
-A-mi-hija-la-mataron—uc671396 

4 http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/01/09/20211 /joven-asesinada-en-playa-de-treinta-y-tres-fue-ba- 
leada-en-la-cabeza/ 

5 https://www.elpais.com.uy/informacion/jueza-fallo-hijos-valeria-quedan-abuelos-paternos.html 

6 http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/06/07/24044/caso-maria-debera-volver-a-espana-con-su-hija- 
de-seis-anos/ 

7 https://feminismos.ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/luna-chiodi-fue-asesinada-en-marzo-por-su-ex- 
pareja-pero-la-jueza-penal-determino-que-no-fue-femicidio/ 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Quedan abiertas muchas preguntas respecto a los casos y especialmente sobre cómo 
seguimos frenando la violencia y construyendo otros modos de relacionarnos. En tiempos 
de avanzada fascista, anti feminista, nos recordamos por qué luchamos y qué núcleos de 
poder estamos moviendo para vivir más libres. 

Frente a todo esto queremos estar para nosotras, las mujeres, para que podamos decir, 
para que podamos encontrarnos, para ir juntas haciendo proceso y generando fuerzas para 
deconstruir el sistema que nosotras tenemos adentro, para aprender a defendernos, a poner 
límites, a identificar las operaciones, a disfrutar de estar vivas y así a construir un existir 
diferente. 

Hemos construido con otras el ritual de estar porfiadamente en la calle, de poner lo 
que sentimos en palabras, cantos, acciones artísticas. El encuentro entre nosotras desde el 
dolor pero al mismo tiempo desde la potencia y la alegría de estar juntas, desde el saber 
que no estamos solas. Un encuentro cada día más necesario, convirtiendo nuestro dolor en 
rabia, en lucha y en grito. 


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Foto: Abraxas 


Otros Territorios Posibles 

Por una salud mental que garantice los derechos 
universales, civiles y políticos de las personas 

Cecilia Baroni y Mónica Giordano 1 


“pam nosotros el poder es hacer cosas juntos, ponernos en movimiento, caminarjuntos. 
Y creo que caminarjuntos es una forma de curarnos. Porque la forma de estar enfer¬ 
mos es estar solos, aislados e inmoviliziidos. Y eso es lo que busca el sistema. Inmovi¬ 
lizarnos en un lugar, atarnos, aislarnos, impedir que nos comuniquemos con otros y 

juntos nos podamos mover, podamos caminar..!’ 

Raúl Zibechi, 2015. 2 


1 Coordinadoras de Radio Vilardevoz. 

2 Zibechi, R. (2015, 25 de abril) Entrevista a Raúl Zibechi en Radio Vilardevoz. Recuperado de: http:// 
www.ivoox.com/sabado-25-abril-periodista-raul-zibechi-entrevista-audiosmp3_rf_4423575_l.html 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


Durante el 2018 no tuvimos que lamentar ninguna desgracia relacionada a muertes 
o tragedias dentro de las instituciones monovalentes públicas en el Uruguay como si lo 
hicimos en el 2016, cuando Soledad Olivera se ahorcó en una de las celdas-calabozo del 
Vilardebó o como en el 2015 una jauría de perros atacó y provocó la muerte a Oscar Grecco 
en la Colonia Etchepare (actualmente denominada Ceremos). Sin embargo, a nivel de las 
clínicas privadas en julio de este año murió Marcos Soto en un incendio que no se sabe aún 
si fue intencional o accidental. 

Estos hechos, nos recuerdan que mientras existan instituciones donde las personas 
quedan más desvalidas de lo que ingresan hay que seguir insistiendo para su desaparición. 
Por un lado porque los avances científicos y tecnológicos dan cuenta que los asilos y mani¬ 
comios (aunque se los llame hospitales psiquiátricos de baja calidad) no sólo son anacró¬ 
nicos, en tanto la concepción de sujeto y de salud que sustentan, sino que además son la 
forma de seguir castigando a las personas que se encuentran en el entrecruce de la locura y 
la pobreza. 

Por eso, más allá de las discrepancias que podamos tener con muchos aspectos de la 
Ley de Salud Mental 19.529, es muy importante que la misma haya incorporado una fecha 
de cierre que oficie de organizador de los esfuerzos así como en la administración de las 
energías y de las esperanzas, como diría Pichón Riviére, para lograr cumplir con el objetivo 
de cerrarlas. 

Todo esto, no implica, a pesar de un año de la aprobación de la Ley, que haya habido 
algún adelanto o, por lo menos, que se hayan comenzado a tomar algunas medidas en torno 
234 a las condiciones de atención y vida digna de los usuarios del sistema de salud en general. 

Por otra parte, que no se haya previsto solicitar presupuesto para implementar la Ley y 
que haya sido necesario salir a “pelear” por rubros es un indicador de que la Salud Mental, 
o lo que algunos se imaginan que ella implica, no es interés real ni para gobernantes ni para 
la población en general. 

Cabe resaltar que si hoy en el Uruguay contamos con este nuevo marco legal en lo que 
refiere a Salud Mental esto ha sido posible gracias a las luchas que se vienen dando hace mu¬ 
chos años, siendo los movimientos sociales con diferentes expresiones y acciones quienes 
han insistido en generar un debate público y político sobre la Salud Mental en Uruguay, 
proponiendo un cambio de paradigma de modelo de atención. 

Las organizaciones sociales y los colectivos hemos tenido que pelear contra las resis¬ 
tencias de diversos sectores, disciplinares, políticos y económicos que no pretendían más 
que restarle importancia a la temática reduciéndolo al problema de que “si se cierran este 
tipo de instituciones ¿qué va a pasar y a dónde va a ir esa gente?”. Durante más de 80 años 
este país mantuvo la ley del psicópata cuyos resultados muestran que la problemática de 
la salud mental ha sido históricamente silenciada, encerrada y abandonada, sentida como 



totalmente ajena a partir de un modelo que individualiza y que no permite hacernos cargo 
como sociedad de la locura que producimos y cómo la padecemos. 

Podemos decir que en estos últimos años en la agenda del movimiento social fue todo 
desafío lograr que se visibilizara la importancia de transversalizar problemáticas rompiendo 
con la fragmentación de una agenda de derechos que reproducía la lógica del aislamiento 
lo que generaba un efecto de desarticulación y de desconocimiento de la necesaria inte- 
gralidad. ¿O acaso la violencia, el consumo, el trabajo, la educación no impacta en la salud 
mental colectiva? 

Si bien esto es incipiente y nos desafía en seguir construyendo horizontes en común 
con diversas organizaciones (trans, afro, agua, personas privadas de libertad, etc) hay que 
reconocer la posibilidad de haber logrado el acumulado de organizaciones que se unieron, 
se implicaron y comprometieron en el proceso de discusión y de implementación en una 
Ley de Salud Mental para todos los habitantes del país. Esto permite continuar coordinan¬ 
do acciones y seguir trabajando en una nueva etapa donde el gran desafío será seguir de 
cerca (proponiendo, controlando, denunciando) el cambio de modelo, así como incidir en 
la creación y seguimiento de dispositivos alternativos y sustitutivos al modelo vigente. Por 
tanto y en principio debemos lograr mostrar, visibilizar, fortalecer y multiplicar aquellas 
prácticas alternativas contrapuestas al modelo sanitarista y hospitalocéntrico, que por su 
carácter innovador han generado nuevas formas de abordar e integrar la problemática de la 
salud mental desde la perspectiva de derechos, de la salud comunitaria y colectiva. 

En este sentido nos parece importante como integrantes de Vilardevoz, exponer en 
este artículo las siguientes consideraciones: 

• Concepción de salud mental y reflexiones hacia un cambio de modelo. 

• La práctica “ vilardevociana ” como horizonte de buenas prácticas en salud mental. 

• Avances a un año de aprobada la Ley de Salud Mental y los movimientos realizados 
para ello. 

• Algunos desafíos de aquí al 2025. 

1. Concepción de salud mental y algunas consideraciones hacia un cambio de modelo 

La salud mental, entendida como un campo complejo y no como un estado individual, 
debe ser pensado como un problema que tiene diversos atravesamientos así como conno¬ 
taciones políticas y sociológicas. Emiliano Galende (1990) plantea que en ese marco ya no 
se puede hablar de salud mental en términos médicos de enfermedad, sino que se debería 
poder hablar en términos sociológicos o en categorías políticas: comunidad, democrati¬ 
zación, participación, gestión social, etc. Asimismo es necesario trascender en este campo 
las nociones tanto de enfermedad como de trastorno mental dado que en el marco de la 
construcción de un modelo basado en la interdisciplinariedad éstas refieren a producciones 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


socioculturales y disciplinares médico hegemónicas, que si bien reconocen y categorizan 
un conjunto de síntomas, no bastan para generar procesos de salud en todos sus niveles y 
dimensiones. 

En un paradigma de la complejidad, seguir sosteniendo la primacía de una sola discipli¬ 
na y no dar espacio a lo multifactorial y a abordajes interdisciplinarios es seguir sosteniendo 
prácticas de saber y de poder basadas en la fragmentación y en el sometimiento a una sola 
forma de comprender y abordar los fenómenos. Esto tiene además como consecuencia la 
construcción de parámetros de normalidad que basados en estadísticas y proyecciones so¬ 
bre problemas sanitarios, construyen una realidad donde cada vez más se psiquiatriza la 
vida cotidiana. 

Estas producciones son parte de lo que tienen que enfrentar personas y experiencias 
que proponen y contraponen otro paradigma, otros modelos y otras prácticas alternativas 
en salud que apuestan a recuperar los territorios de la vida cotidiana y a desterritorializar 
el campo de la salud. La recuperación de saberes y potencias por parte de la comunidad 
reclaman un reconocimiento por parte del saber médico y el Estado del proceso de expro¬ 
piación que implica además, liberarse del control que el capital ejerce sobre la salud a través 
de la industria farmacéutica que juega un papel destacado en el proceso de medicalización 
de la sociedad. 

Es de destacar que la Salud Mental Comunitaria introduce por primera vez la noción 
de regionalización de los servicios de salud con el desarrollo de centros en la comunidad 
para que las personas puedan ser atendidas en un lugar próximo a donde viven. Por otro 
236 lado, esta corriente desarrolla la noción de equipo de trabajo, conformándose los mismos 
en un espacio donde deben intervenir diferentes disciplinas y al mismo tiempo se propo¬ 
ne que el equipo debe ser referente para la personas durante todo el proceso de atención 
(Amarante, 2009). 

La Salud Mental comunitaria así se transforma en un nuevo modelo “que integra una 
clínica donde se rompen las dicotomías individual-social, biológico-psicológico, con un para¬ 
digma científico centrado en el cuidado y la ciudadanía (...) donde se articula un eje clínico 
con un eje político”. Si bien en Uruguay estas conceptualizaciones están presentes en el Plan 
Nacional de Salud Mental desde el año 1986, ha costado mucho llevarlas a la práctica y su 
desarrollo no ha sido suficiente para superar el modelo médico sanitarista. 

La Salud Mental Comunitaria entendida de esta manera consiste en: 

(...) el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida y de la salud mental de la comunidad, 
mediante actividades integradas y planificadas de protección y promoción de la salud mental, 
de prevención de malestares y problemas psicosociales y de recuperación y reparación de los 
vínculos personales, familiares y comunales dañados y quebrados por la pobreza, la inequidad 
y la dominación (...) Todo ello con la comprensión, el acuerdo y la participación activa de la 
comunidad. 



El buen vivir (Allín Kausay en Quechua) implica generar un equilibrio entre pensa¬ 
mientos, sentimientos, trabajo, naturaleza donde no existe una categoría de lo “mental” 
como la concebimos en el mundo occidental, permitiendo esto integrar una visión que 
queda por fuera de las lógicas binarias, de la fragmentación alma y cuerpo, sano y enfermo. 
Permite pensar la salud desde una noción de elementos que dialogan y se integran. 

Por su parte, la Ley 19.529, define la Salud Mental como un campo multidimensional 
en el que se diseñan abordajes apuntando a incidir en todas las dimensiones que lo com¬ 
ponen entrando en contradicción con el concepto de salud integral que se sustenta desde 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS). 

Considerar que la Salud Mental no es un estado que se tiene o se pierde, sino que fluc¬ 
túa en un continuo cambio que la hace “dinámico, variable, individual y colectivo, producto, 
también dinámico y variable de todos los determinantes sociales y genéticos-biológicos-ecológi- 
cos que se originan en la sociedad, se distribuyen socialmente y se expresan en nuestra biología”. 

En la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud (Ottawa, 1986), se con¬ 
solidaron importantes avances conceptuales de orden político, recogidos en la Carta de 
Ottawa para la Promoción de la Salud, que se resumen en cinco ámbitos de aplicación: 
“elaboración de políticas saludables que tengan en consideración la salud en todos los sectores 
y que se valga de diferentes métodos (educación, legislación, política de precios, etc.), creación 
de entornos saludables, teniendo en cuenta la organización social del trabajo, la producción de 
energía y la urbanización de modo que ofrezcan condiciones saludables desde el punto de vista 
físico y psicosocial, el refuerzo de la acción comunitaria, la participación de la comunidad como 
indispensable para mejorar el nivel de salud de los individuos y afrontar sus problemas, el de¬ 
sarrollo de aptitudes individuales mediante información y educación en materia de salud y la 
reorientación de los servicios sanitarios para que la promoción de la salud se vaya desarrollando 
progresivamente sin desatender sus obligaciones de prevención y asistencia”. 3 

Pensar entonces desde estas perspectivas en Salud Mental implica una valorización del 
sujeto, en tanto sujeto de derecho, reconociendo a la persona desde la integralidad y desde 
una perspectiva de derechos humanos que respete la diversidad, el derecho a la locura (en 
tanto la misma no tiene por qué ser objetos de disciplinas ni de intervenciones que arrasen 
con la calidad de sujeto deseante) y por sobre todo el derecho a ser protagonista y produc¬ 
tor de su proyecto de vida. Esto no quita responsabilidades al Estado para que las personas 
alcancen condiciones para el buen vivir. 

2. La práctica “vilardevociana” como horizonte de buenas prácticas en salud mental 

A lo largo de estos años Radio Vilardevoz ha incidido en la resignificación de la lo¬ 
cura a nivel social y en el abordaje de los padecimientos psíquicos, poniendo en la agenda 

3 Amarante, P. (2009). Superar el manicomio. Buenos Aires, Argentina: Topia. 


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pública la problemática de la salud mental. El horizonte de su práctica se construye desde 
el derecho a la identidad y a libre expresión, desarrollando una clínica del encuentro y del 
acontecimiento, en donde se potencian, al decir de Spinoza, las pasiones alegres colectivas 
como el motor de la producción de procesos saludables. Por otro lado, Vilardevoz genera 
diversas articulaciones aportando a la conformación de redes y movimientos (radios comu¬ 
nitarias, radios “locas”, emprendimientos de economía solidaria, de salud mental y dere¬ 
chos humanos, lucha antimanicomial, participación de artistas, etc.). También es escenario 
para la formación universitaria de estudiantes de grado y posgrado. 

Por otra parte, el estreno del documental Locura al aire (Cano y Cuba, 2018), generó 
un impacto interesante en visibilizar y sensibilizar a la población en el problema del mani¬ 
comio y los imaginarios en torno a la locura, la enfermedad y la salud mental. Tener una 
herramienta como un documental permitió, a partir de la realización de cines-foros, que se 
pueda debatir algo como las terapéuticas, las condiciones de internación y la concepción de 
sujeto (nos han dicho muchas veces: pero son personas, humanos como nosotros, ¿por qué los 
tratan así?). Entre los ciudadanos de pie es algo que nos permite recuperar colectivamente 
el sentido político de nuestras prácticas. Poder preguntarnos para qué y por qué hacemos 
lo que hacemos es parte de comenzar a romper con nuestros propios encierros y naturaliza¬ 
ciones que nos llevan, la mayoría de las veces, a defender lo indefendible. 

Ahora bien, hablar de la locura en Uruguay de la mano de sus propios protagonistas 
significó romper con silencios y silenciamientos, muros y también límites (reales o imagi¬ 
narios) entre territorios, campos y ámbitos que hasta el momento les estaban vedados a los 
“locos” por ser considerados anormales, alienados o estar ubicados en tanto objetos de estu¬ 
dio u objetos de intervención. Esto a su vez, implicó dar un batalla cultural donde aquellos 
señalados y estigmatizados en el lugar del loco/a puedan tener un lugar social diferente al 
históricamente asignado. Al entrecruzarse el campo de la salud mental con otros, como el 
de la comunicación y los derechos humanos, así como al involucrarse otras concepciones 
como ser las realizadas desde la psicología social y comunitaria, el abordaje de la locura 
implicó poner en tensión tanto las concepciones, prácticas y las políticas de salud mental 
llevadas adelante hasta el momento. Por lo tanto Vilardevoz ha generado una práctica que 
desde sus comienzos se realiza desde los márgenes y desde una concepción donde poder 
desterritorializar implica ponerse en movimiento. 

La comunicación como derecho humano es muy importante para poder salir del lugar 
del “loco” como alguien que no tiene nada que aportar, y poder decir y principalmente ser 
escuchado. También para salir de las rejas que rodean al Hospital y de las rejas simbólicas 
que cada uno tenemos. 

Vilardevoz trabaja desde un modelo dialógico y de habilitación que ha sido construi¬ 
do desde el entrecruce de la psicología, la comunicación y la educación popular. Esto im¬ 
plica centrar los procesos en las potencialidades de las personas y no es sus dificultades así 
como propiciar espacios de intercambio, contención, escucha y transformación. 



Desde un abordaje de la psicología social y comunitaria, se generan espacios centrados 
en la tarea, en su diseño y concreción así como en la toma de decisiones. Todos los espacios 
son grupales, mixtos y no hay un “perfil” para participar. Cabe destacar que los participan¬ 
tes de Vilardevoz son activos participantes en actividades de una trama social conformada 
durante estos años además de concurrir a actividades especiales como seminarios y congre¬ 
sos, tanto a nivel nacional como internacional. 

Intervenir el manicomio... 0 cómo transformar algo desde sus propias entrañas 

El manicomio es un espacio totalizador de lo más sombríos. Dentro de sus lógicas de 
funcionamiento, las que no quedan solamente dentro de sus muros, se produce una captura 
de los cuerpos y de los afectos, donde las personas suelen deambular (como establece la 
jerga médica) en un estar errático y perdido en el tiempo. Produce para quienes han vivido 
y viven la “experiencia” de estar en allí, un universo que resignifica su forma de estar en el 
mundo. Es que intencionalmente el manicomio genera procesos subjetivantes que calan en 
lo más hondo de las personas. Culpabiliza, excluye a los sujetos de la sociedad generando 
un estado del ser humano donde todos deben ser tranquilos, rígidos y obedientes. Es una 
suerte de moral sacrosanta de los tratamientos en beneficio del “paciente”, su familia y la 
sociedad. La “normatización” de las emociones, de los pensamientos, de los vínculos, de los 
cuerpos, es algo que dentro del manicomio cobra mucha más visibilidad que fuera de sus 
rejas. 

La lógica manicomial habita en cada espacio, conversación y práctica, donde desde la 
hora de levantarse hasta la de acostarse, el manicomio entra en la singularidad de cada per¬ 
sona internada para quedarse quién sabe por cuánto tiempo. Para los internos la rutina en el 
manicomio está cargada de soledad en un espacio donde el tiempo, su tiempo, se encuentra 
detenido y la “enfermedad mental” es la centralidad por encima de la persona. Los días sue¬ 
len ser largos deambulares sin nada que hacer más que esperar los alimentos, algunas visitas 
(para los que las tienen), la medicación, los electroshocks, escuchar televisión en aparatos 
vetustos, anulando toda potencia de creatividad que posibilite a la persona reorganizarse 
sin perder aquello que nos hace humanos y libres. 

Ahora bien, estas lógicas imperantes dentro del manicomio no han permanecido sola¬ 
mente en este espacio, sino que han ido territorializando una suerte de propuesta de abor¬ 
daje de todas las dimensiones de las interacciones humanas. Desde constructos simbólicos 
como la peligrosidad del loco, la incapacidad creadora en la locura, la discapacidad de las 
personas en cuanto a sujetos productivos para la sociedad, así como desde construcciones 
pragmáticas sobre cómo “atender” a las personas con “enfermedad mental” desde la salud, 
la educación, el trabajo, lo jurídico entre otros. La lógica manicomial anudada en procesos 
subjetivantes que capturan los deseos para disciplinar y controlar a las personas tiene en la 
locura su arquetipo ejemplificador de lo que no es productivo para nuestra sociedad. Es que 
el loco, el enajenado, no es para esta lógica un sujeto sufriente en un contexto que produce 


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todo el tiempo formas de estar, sino que es un no adaptado a las normas imperantes de la 
sociedad. En este sentido la lógica del manicomio no solo se encuentra en la institución 
psiquiátrica, sino que ha territorializado todos los ámbitos. 

No obstante, como en todo proceso territorializante encontramos por momentos al¬ 
gunos orificios en su matriz totalizadora. Espacios que nos contienen y nos vitalizan, líneas 
de fugas. En este sentido, Radio Vilardevoz puede ser o agenciar en una de esas líneas que 
se fuga fuertemente de las lógicas imperantes desde las mismas entrañas del manicomio. 
El proceso de deconstruir, desterritorializar y reterritorializar espacios y significados tanto 
en la institución como a nivel sociocomunitario, implica un hacer donde los conflictos y 
tensiones están presentes y son abordados permanentemente para poder transformar algo. 

Generar procesos que respeten la singularidad de las personas y las potencias creadoras 
de cada uno donde el padecimiento tenga lugar y que este no implique la reducción de lo 
que nos pasa a la categoría de “enfermedad mental”, es una forma de estar en el mundo en 
base a procesos que comprenden las formas de padecer el mundo, a sí mismo y a los demás. 
Por lo tanto, la locura no es ajena a los “cuerdos”, no es de exclusividad de la psiquiatría o de 
la psicología, sino que es parte de la sociedad. Al no poder darle un lugar se la aísla, encierra 
y castiga. Pero como todos sabemos, para dejar de sufrir se necesita un otro, un apoyo afec¬ 
tivo para reencontrarse o reorganizarse, para seguir viviendo. 

Por otro lado y aportando a pensar los paradigmas en salud mental, es necesario re¬ 
pensar las prácticas que tienen que ver con cómo abordar los sufrimientos psíquicos. Ahora 
bien, no se trata de negar que existen sufrimientos que se relacionan con lo mental, lo psí- 
240 quico o como queramos llamarlo, sino pensar en que existen otras modalidades de inter¬ 
vención clínica más allá de las paredes del consultorio. 

En este sentido, la clínica del encuentro implica un hacer desde aquello que va acon¬ 
teciendo y abriendo la posibilidad de adentrarse a una realidad, posibilitando trabajar la 
subjetividad atravesada por acontecimientos y dimensiones que la afectan, dando lugar a las 
fuerzas que actúan continuamente tanto desde dentro del “encuadre” como desde fuera del 
mismo. Fuerzas que son múltiples y provienen de diversas dimensiones: de lo institucional, 
lo social, lo comunitario, lo familiar, lo grupal, lo político, lo vincular, lo intrapsíquico, etc. 
Prácticas que se despliegan desde un encuadre móvil que se rediseña en los encuentros, en 
los seguimientos y acompañamientos de los participantes y se produce en un salón, en los 
pasillos del hospital, en las calles, en una plaza, entre otros tantos escenarios. 

Nos encontramos entonces con un modelo desde donde se confrontan fuerzas dentro 
de un campo donde las acciones a realizar se van definiendo junto con las personas y donde 
las modalidades de intervención son acordadas, pudiendo ser desde la participación en una 
emisión radial, ir a un taller de música o teatro o compartir un mate o un evento. Se van 
generando así procesos de salud centrados en la generación de la capacidad de proyectarse 
y comprometerse con otros, configurando un por-venir. 



Desde esta propuesta se aborda a la locura y al “loco” desde un enfoque crítico de los 
atravesamientos que nos producen, para poder problematizarlos con el objetivo de resigni¬ 
ficarlos y transformarlos. Una clínica desde una perspectiva de derechos significa también 
promover la autonomía y el ejercicio de ciudadanía y la construcción de procesos de parti¬ 
cipación democráticos. 

3. Avances a un año de aprobada la Ley de Salud Mental 

Desde que comenzó el año fueron tímidos los movimientos en torno a comenzar a 
implementar el nuevo marco jurídico. Si bien sabemos que las leyes son una especie de guía 
a seguir y que es en la práctica que se dirimen algunos asuntos, empezó a preocuparnos que 
los únicos “avances” se referían al trabajo en conjunto de ASSE y la Institución Nacional de 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La conformación de un grupo 
de trabajo compuesto por profesionales de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones 
Vulnerables de ASSE, delegados del MSP y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
la República que elaboró una “Propuesta para la implementación de la nueva ley de Salud 
Mental en ASSE” fundamentalmente para el diseño de los dispositivos en el sector público 
y privado en todo el territorio nacional así como los primeros pasos para la conformación 
de la red de dispositivos de atención. 

Cabe destacar que para ese proceso no se convocó a ningún otro actor por lo que la 
visión que impera en dicha propuesta es desde una perspectiva sanitarista, no logrando 
incorporar la perspectiva social e intersectorial tan necesaria para proyectar el cambio de 
modelo que requiere la implementación de esta Ley. 

Nuevamente son dejados de lado aportes desde otras disciplinas y ni que hablar de las 
personas usuarias de salud mental quienes históricamente han sido y siguen siendo habla¬ 
dos y pensados por otros. Ante este panorama, el grupo de familiares Federación Caminan¬ 
tes solicitó poder participar en una de las subcomisiones de la Comisión de Presupuestos 
integrada con Hacienda de Diputados, en la que pidió recursos para la Ley de Salud Mental 
(la diaria, 26/7/18). El debate de dónde sacar presupuesto para abrir dispositivos sustituti- 
vos al manicomio reflotó la discusión de si hay que cerrar las instituciones monovalentes o 
si primero hay que abrir para poder cerrarlas. 

Frente a esta situación y con el antecedente importante que fue la creación en el 2016 
de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en perspectiva de Derechos Huma¬ 
nos, varias organizaciones que conformaron la misma vuelven a reagruparse. A partir de 
una convocatoria de la Sociedad de Psiquiatría se conforma el Colectivo de Salud Mental 
Integral con el objetivo de sumar fuerzas para poder exigir movimientos y acciones inme¬ 
diatas por parte del gobierno para que la ley comience a implementarse y garantizar la par¬ 
ticipación de las organizaciones en el proceso de reglamentación y también en las primeras 
acciones para la implementación de la ley y en la elaboración de un Plan Nacional de Salud 
Mental Integral. 


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Este nuevo agrupamiento da cuenta de importantes cambios en algunos de los po- 
sicionamientos (como por ejemplo desde la Sociedad de Psiquiatría), y una apuesta a la 
construcción colectiva y dialógica a pesar de las diferencias históricas y epistemológicas 
que persisten. Es un desafió que consideramos necesario dado que un verdadero cambio de 
modelo exige el compromiso, la participación y el trabajo de todos los actores involucrados. 

Es así que el Colectivo Salud Mental Integral como primera acción, elaboró un co¬ 
municado manifestando su preocupación por la ausencia de acciones para la implementa- 
ción de la ley, “tanto por parte del MSP, responsable último de la salud de la población, de 
ASSE y de los prestadores integrales privados” (13/8/18).Se solicitó al MSP se avance en 
la reglamentación de la ley, convoque a la Comisión Nacional de Contralor y a todas las 
organizaciones vinculadas a la salud mental para participar y aportar a la elaboración del 
“Plan Nacional de Atención Integral en Salud Mental”. Se exigió además “la participación 
de todos los ministerios y organismos citados en el artículo 11 para dar cumplimiento a la 
interinstitucionalidad que mandata la Ley y que es tan necesaria para lograr una verdadera 
salud mental en el Uruguay en clave de derechos y desde el nuevo paradigma. Por último, 
se solicitó a los parlamentarios que consideren en la Rendición de Cuentas la inclusión de 
partidas que permitan implementar la creación de dispositivos alternativos y sustitutivos 
que “permitan efectivizar el cierre completo y definitivo del Hospital Vilardebó y las Colo¬ 
nias Etchepare y Santín Carlos Rossi al año 2025. 

El 23 de agosto, el Ministro Basso convocó a las organizaciones con el fin de trans¬ 
mitir lo realizado a un año de aprobada la Ley de Salud Mental y las acciones a realizar. Es 
importante señalar que el MSP durante ese período no autorizó solicitudes de apertura 
de instituciones de carácter monovalente así como se ha mantenido el no ingreso de per¬ 
sonas a CEREMOS (ex-colonias psiquiátricas). A su vez, y como parte fundamental del 
proceso de cambio, anunciaron la realización de cursos de capacitación de trabajadores y 
la implementación de algunas políticas de formación y sensibilización en temas, que han 
sido denunciados permanentemente por diversos colectivos -entre ellos Vilardevoz-, como 
la sobremedicación y las condiciones de las personas que aún sufren de internaciones pro¬ 
longadas. 

El 14 de setiembre se instala la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en 
Salud Mental, órgano creado por la Ley de Salud Mental, con el cometido de controlar el 
cumplimiento de la ley y el resguardo del ejercicio de los derechos de las personas con pro¬ 
blemáticas mentales, así como supervisar las condiciones de hospitalización. Le compete, 
también, controlar las hospitalizaciones prolongadas (superiores a 45 días) e involuntarias, 
recibir y dar trámite a las denuncias, pedir la intervención de organismos estatales cuando 
corresponda y hacer recomendaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP), organismo 
del que depende” (la diaria, 17 de setiembre, 2018). Cabe señalar que dicha Comisión y su 
ubicación es uno de las diferencias cruciales en lo que fue el proceso de discusión de la Ley 
dado que para las organizaciones sociales este debe ser una órgano independiente del MSP 



en el entendido que el Ministerio no puede ser “juez y parte”. Una de las garantías para que 
éste cumpla con los objetivos designados por Ley será la participación de las organizaciones 
sociales y de usuarios y familiares así como la articulación permanente con la Institución 
Nacional de Derechos Humanos. 

En octubre el Programa Nacional de Salud Mental del MSP realizó una convocatoria 
con el fin de comenzar a instalar instancias de diálogo y participación de las organizaciones 
sociales, profesionales y gremiales para la elaboración de propuestas sobre primeras medi¬ 
das y acciones a tomar para la implementación de la ley, el proceso de reglamentación de la 
misma, así como la creación de grupos de trabajos por ejes temáticos para la elaboración del 
Plan Nacional de Salud Mental. 

A nivel del movimiento social latinoamericano, en octubre Montevideo fue sede del 
2do Encuentro de Derechos Humanos y Salud mental, organizado por la Red de Derechos 
Humanos y Salud mental creada en Florianópolis en julio de 2017. Allí participaron más 
de dos mil personas de todo el continente y se reafirmó la importancia de estar alertas ante 
los retrocesos en países como Argentina o Brasil, en donde la lógica de la mercantilización 
y el recorte de políticas sociales que garantizan derechos ha generado la vuelta a los ma¬ 
nicomios. En estos procesos queda demostrado que la existencia de los mismos, en tanto 
depósito de pobres, se sigue basando en la idea de exclusión y marginación del diferente y 
en tiempos de tecnocapitalismo, de aquel que no se considera productivo. En este contexto 
geopolítico es importante identificar las lógicas que priman en algunas políticas donde en 
nombre del desarrollo económico y social se reproduce el autoritarismo, la arbitrariedad, el 
control social y el arrasamiento de las subjetividades diferentes a las que hegemónicamente 
cumplan con las condiciones para estar incluido en una sociedad capitalista. Y en estas so¬ 
ciedades los locos y las locas, así como los pobres siguen siendo, al decir de Franco Basaglia, 
doblemente excluidos. 

4. Algunos desafíos de aquí al 2025 

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve un modelo 
de atención basado en los principios rectores de integralidad, interdisciplinariedad y mul- 
tisectorialidad. 

Para ello se deben generar servicios que presten apoyo a las personas en las diferentes 
etapas del ciclo de vida y, según proceda, faciliten su acceso a derechos humanos básicos 
como el empleo (incluidos programas de retorno al trabajo), la vivienda o las oportuni¬ 
dades educativas, y su participación en las actividades de la comunidad, los programas y 
otras actividades significativas (OMS, 2013). Para su concreción es necesario que existan 
cambios socioculturales, compromisos desde los gobiernos así como promover cambios en 
el imaginario social que integren la locura a partir de la implementación y fortalecimiento 
de dispositivos alternativos y/o sustitutivos al manicomio. A su vez, valorar los dispositivos 


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existentes, así como indagar las dinámicas y lógicas colectivas especialmente en aquellos 
que han logrado integrar a personas con padecimiento psíquico. 

Será un desafío la implementación de políticas que no terminen siendo prácticas asis- 
tencialistas, solidarias con los mecanismos de desafiliación y donde la alternativa de las 
personas se transforme en buscar solo el acceso a beneficios sociales sin encontrar como 
contrapartida prácticas de integración basadas en la autonomía y la participación. Lograr 
que esto se modifique será parte de un cambio cultural que habilite la construcción de otros 
sentidos y otras condiciones de vida posibles tanto para usuarios como para trabajadores de 
la salud. La dignidad social de las personas tiene que ver con lo que Castel llama la utilidad 
social en tanto poder asumirse como productor de la sociedad y el sistema del cual somos 
parte. 

Uno de los efectos de las políticas neoliberales, similar a lo que genera el manicomio, 
es el aislamiento. Este produce mecanismos de desafiliación social que no solo implican la 
ausencia completa de vínculos, sino que “(...) la ausencia de inscripción del sujeto en estruc¬ 
turas dadoras de sentido. Se postulan nuevas sociabilidadesflotantes que ya no se inscriben en 
apuestas colectivas (...)” 4 

Si pensamos en un proceso de construcción de nuevas formas de comprensión de 
la problemática en torno a la locura debemos pensar también en nuevas formas de arti¬ 
culación de las políticas sociales y las políticas de salud, dado que nos enfrentamos a la 
necesidad de profundizar reformas con base en las comunidades y eso significa pensar en 
dispositivos alternativos a los existentes que favorezcan la construcción de territorios que 
244 devuelvan la locura al campo de la vida cotidiana y los saberes sociales. 

El Estado debe promover la construcción de políticas específicas en salud mental por 
parte de todos sus Ministerios y demás organismos, de modo de garantizar un verdadero 
abordaje integral y el desarrollo de acciones conjuntas y solidarias que profundicen las ya 
existentes. Es fundamental que se implementen acciones desde todas las sectoriales que 
permitan la creación de dispositivos alternativos y sustitutivos al modelo sanitario actual 
para una verdadera integración social de las personas con padecimiento psíquico. Y que 
planteen una adecuada inserción laboral, de acceso a la vivienda, a la educación, al arte, a la 
cultura, al ocio, al tiempo libre y al deporte. 

La intersectorialidad debe ser pensada desde un enfoque de derechos y particularmen¬ 
te de restitución de los mismos con abordajes ínter y transdisciplinarios, en conjunto y 
articulación con las organizaciones sociales y las comunidades. Es imperiosa la creación de 
una institucionalidad que garantice la intersectorialidad por encima de la fragmentación de 
políticas y los divorcios institucionales en donde los únicos perjudicados siguen siendo los 
ciudadanos y ciudadanos. 


4 Galende, E. (1990). Psicoanálisis y Salud Mental. Buenos Aires. Paidos. 



Otro desafío es la formación de recursos y para ello la Universidad debe poder pro¬ 
fundizar algunos lineamientos que ha puesto en marcha en los últimos años como ser la 
formación integral (de funciones, de disciplinas y de actores) y la inclusión en los planes de 
estudio de una perspectiva de derechos y de perfiles profesionales que incluyan la humani¬ 
zación de las prácticas y los vínculos entre técnicos y usuarios. 

Esto implica cambios y desarrollar nuevas estructuras que contemplen la acción co¬ 
munitaria, el territorio donde las personas viven y la participación activa de las personas en 
los diseños, aplicación y control de las estrategias en salud mental, apostando a un cambio 
cualitativo de desarrollo humano y social. Este cambio, que se relaciona estrechamente con 
la APS y el SNIS, contempla el primer nivel de atención en cuanto a la salud, pero necesita 
trascender hacia un modelo comunitario que vaya más allá de lo sanitario. Existen expe¬ 
riencias en la región así como en nuestro propio país, donde confluyen tanto las dimensio¬ 
nes sanitarias como sociales en salud mental propiciando que las personas no sean aisladas 
de su comunidad. 

Por último, de aquí al 2025, donde el cierre de los manicomios será posible si logra¬ 
mos dar todas estas batallas entre todos y todas, no debemos olvidar que muchas personas 
han sido y siguen siendo víctimas de un modelo perimido que en nombre de la cura, de 
la normalización y la rehabilitación han sido profundamente dañados en su integridad. 
Consideramos fundamental asumir esto y pensar en políticas de reparación tanto a nivel 
económico como social. Para ello podemos tomar como ejemplo la reparación económica 
planteada para los y las personas detenidas, torturadas y encarceladas durante la última 
dictadura militar así como lo recientemente logrado en la Ley integral para personas trans. 

Porque queremos una Salud Mental en el Uruguay justa, inclusiva y humanizadora, es 
que seguiremos caminando juntas y juntos, hermanándonos con otras luchas que también 
son nuestras luchas y que problematizan el campo de la locura. 

Referencias bibliográficas 

OMS (2013). Plan de acción sobre siilud mental2013-2020. Ginebra, OMS. Recuperado de: http://apps.who. 

int/iris/bitstream/10665/97488/l/9789243506029_spa.pdf ?ua=l 


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Foto: Abraxas 


Modelos hegemónicos, política y subjetividad 


Miguel Scapusio 1 


“Escuche, dijo Pessoa, cuénteme como le van las cosas en la clínica psiquiátrica de Cascáis... 
Como usted ya sabe, respondió Antonio Mora 2 , el diagnóstico que recibífue de paranoia con psiconeurosis 
intercurrente, pero por suerte me queda el doctor Gama, a quién le gusta escucharme, es una persona muy 

amable y sostiene que la locura es una condición 
inventada por los hombres para marginar a las personas que molestan a la sociedad’’ 3 . 


1 Psicólogo. Integrante de Serpaj. 

2 Antonio Mora, filósofo y loco, es uno de los tantos heterónimos del escritor y poeta portugués Fernando 
Pessoa. 

3 Antonio Tabucchi: “Sueño de sueños” seguido de “Los tres últimos días de Fernando Pessoa”. Editorial 
Anagrama, España, 1996. 



En agosto de 2017 y luego de un discutido proceso parlamentario, fue aprobada la ley 
número 19.529, llamada Ley de Salud Mental. Es de señalar que durante su tramitación 
en ambas cámaras, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Oficina Regional del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos y distintos Comités de Naciones Unidas, 
presentaron fundados reparos a la aprobación de esa ley, señalando el incumplimiento por 
parte del estado uruguayo de preceptos y resoluciones adoptadas por estos organismos in¬ 
ternacionales que contaron con el voto favorable de nuestro país. 

También un importante número de organizaciones, agrupadas en la Comisión Na¬ 
cional por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos, señalaron la incon¬ 
gruencia de la ley que, a pesar de llamarse de Salud Mental, iba en realidad a centrarse en 
la enfermedad, el “trastorno mental ”, término que se reitera numerosas veces a través su 
articulado y que muestra la notoria influencia en ella de las concepciones y metodologías 
que predominan hoy en el campo de la medicina psiquiátrica. 

Luego de su aprobación la ley se encuentra hoy en un lento proceso de reglamentación 
(hasta el momento hay pocos artículos reglamentados) con directrices que emanan del Mi¬ 
nisterio de Salud Pública. A pesar de los esfuerzos por cierto “aggiornamiento” conceptual 
planteado por algunas de las organizaciones convocadas por ese ministerio, no parece que 
la reglamentación aporte significativamente para variar los agotados modelos sanitaristas 
que campean en el horizonte de la llamada “Salud Mental”. 

Cierto es que la ley establece cambios que podrían atenuar el complejo panorama que, 
en relación a su atención, enfrenta la mayoría de los usuarios. El prometido cierre de los 
manicomios para el año 2025, la atención en hospitales generales (tanto para el sector pú¬ 
blico como el privado), la implementación de “casas de medio camino”, podrían inaugurar 
otras formas de trabajo con la locura, radicalmente diferentes de los manidos abordajes psi¬ 
quiátricos con su recurrencia a la descripción y clasificación sintomatológica y la consabida 
utilización de psicofármacos, casi siempre como primera opción. 

Sin embargo, no podemos ser muy optimistas con respecto a esos cambios prometidos 
a partir de la ley. La notoria escases de recursos y las generalizaciones a las que se recurre sin 
fundamentaciones claras sobre cuál es el modelo que se pretende instrumentar, aumentan 
la incertidumbre sobre el alcance del cambio de paradigma que la ley anunciaba. 

Creemos que si no cambian las concepciones y las macro orientaciones con las que se 
intenta operar en ese campo, se corre el riesgo de producir un cambio meramente semántico, 
un “como si” que deje casi intacta la realidad de las personas, muchas veces cosificadas a través 
de diagnósticos de distinto tipo, sin contemplar la complejidad de sus situaciones de vida que 
tienen que ver, entre otras cosas, con el entorno relacional, el hábitat, el trabajo y la educación. 

Sabido es que lo que se da en llamar “Salud Mental” es un terreno que ha estado siem¬ 
pre atravesado por las miradas más diversas y por disputas disciplinarias por las inherentes 
cuotas de saber, poder, prestigio y lucro que ellas conllevan. 


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Tampoco podemos ignorar que hay disciplinas, como la medicina, que detentan una 
importante cuota de poder frente a otras. Detrás de la palabra médica hay siempre, implíci¬ 
to o explícito, un poder que avala. En este caso, además del discurso médico con su propio 
peso difuminado a nivel social desde la etapa del disciplinamiento, está el poder estatal. 
Como lo dice Kuhn: “Las proposiciones que se presentan a sí mismas como conocimiento cien¬ 
tífico, pueden dominar un campo, no porque de hecho provean conocimiento, sino porque son 
aceptadas por los practicantes de dicho campo, y trasmitidas como la verdad a las generaciones 
subsiguientes...Una visión es dominante en un campo no solo por su poder científico sino, y a 
veces en forma más determinante, por su poder político” 4 

Es importante detenernos en este punto ya que él permea la mayor parte de las orien¬ 
taciones que, desde el poder político se refieren a la “Salud Mental”. 

Refiriéndose a lo que él denomina “el modelo médico hegemónico”, Gregorio Barem- 
blitt señala que es aquel que “adquiere dominancia epistemológica e institucional en una 
formación económica-social determinada”. Y agrega, para caracterizar algunos de sus pro¬ 
cedimientos, que “su concepción de la salud es la ausencia de enfermedad. Su ideal de cura es 
la regularización funcional y la supresión de signos y síntomas. Sus recursos predilectos son los 
quirúrgicos o farmacológicos. La interrelación con el paciente coloca a este en un papel cosfica- 
do, mudo y pasivo. Las determinantes socio-económico-políticas de la enfermedad no forman 
parte del área que le compete”. Nos muestra también “la incesante expansión del imperialismo 
médico, que va invadiendo una a una la totalidad de las actividades, prácticas e idiosincrasias 
de la actividad humana, medicalizando el nacimiento, las edades, el sexo, el trabajo, en suma, 
la vida y la muerte” 5 . 

A partir de esta cita, una pregunta que nos podríamos hacer es si este modelo médico 
difiere en algo de los fundamentos con los que se redactó la ley de salud mental y de los 
materiales a los que nos tiene acostumbrados el Ministerio de Salud Pública a través de la 
divulgación de sus propuestas sobre la salud mental. 

Otras miradas, discursos y acciones diferentes a las que predominan desde la institu- 
cionalidad estatal-disciplinaria sobre la locura , si bien no tienen el mismo reconocimiento 
de las autoridades por sus menores cuotas de poder, tienen por eso mismo, la posibilidad 
de transgredir los marcos convencionales y elaborar estrategias y formas de intervención 
originales y creativas que no disocien los padecimientos personales de los sociales que son, 
en última instancia, el origen de los primeros. Esto, que es realmente lo que habría que 
tomar en cuenta, es lo que parece escapar a la comprensión de las autoridades de la salud. 

Cómo trabajar con las problemáticas económicas, culturales y sociales, con lo fa¬ 
miliar, con las concepciones de género, en última instancia, con lo político es el ver- 


4 T. Kuhn: “Estructura de las revoluciones científicas”. Fondo de Cultura Económica. México, 2004. 

5 G. Baremblitt: “El Modelo Médico Hegemónico. Su influencia y sus alternativas” En: “Saber, poder, que¬ 
hacer y deseo”. Nueva Visión, Buenos Aires, 19S8. 



(ladero desafío que tienen por delante las acciones orientadas a la salud mental. Esto 
requeriría un compromiso mucho mayor de una cantidad de organismos del estado 
en materia recursos materiales y humanos -la tan mentada intersectorialidad -que hoy 
es casi imposible de instrumentar por las carencias presupuéstales y la rigidez de los 
esquemas de funcionamiento de las reparticiones estatales. Y requeriría sobretodo, de 
un pensamiento que privilegie lo comunitario como lugar de encuentro sin exclusiones 
de las diferentes formas de vida. 

Ir a la búsqueda de “trastornos mentales” en lugar de Derechos Humanos es no solo 
caer en “especialismos” y omitir el paradigma que se invoca, sino transitar en una dirección 
equivocada que podría convertirse, más allá de las intenciones inicialmente declaradas, en 
uno más de los dispositivos de control social. 

Siguiendo con la descripción del actual estado de situación, hoy tenemos también que 
incluir los enormes intereses económicos de la industria farmacéutica que influye, con dis¬ 
tintas estrategias de marketing, a las disciplinas más proclives a la supresión de “sintomato- 
logías”, para que, de acuerdo a su nivel de “cientificidad”, operen sobre una entidad llamada 
“trastorno mental” en base, casi exclusivamente, a la indicación de medicamentos. 

En relación a esto, Carlos Madariaga sostiene que “la enfermedad mental ha sido redu¬ 
cida por el neopositivismo reinante en los espacios de poder de la psiquiatría (la academia, las 
instituciones internacionales, los sistemas de salud públicos y privados, las sociedades científi¬ 
cas y sus publicaciones, el complejo industrial-farmacológico e instrumental-tecnológico, etc.) 
a procesos patológicos situados en la genómica y la alteración molecular. Este reduccionismo 
biologicista se proyecta en las estrategias de sanación, donde opera una primacía aplastante de 
la psicofarmacología”. “La medicalización de la vida, la sobreproducción de enfermedades, la 
psiquiatrización de las emociones y sentimientos de los seres humanos, la iatrogenia de los psi- 
cofiírmacos y las cifras ocultas de muerte por efecto directo e indirecto de los medicamentos que 
emergen del modelo biológico en psiquiatría, están en la base de la crisis paradigmática que 
muchos autores han denunciado. A diferencia del modelo hegemónico en psiquiatría, la salud 
mental colectiva establece que la enfermedad mental no es lo que es solo debido a los eventos 
neurobiológicos que le subyacen sino también (y principalmente) debido a lo que se hace con 
ella, a las visiones que el Estado, la sociedad y los sistemas médicos tienen y a las prácticas que 
de aquí nacen 6 . 

Al respecto, Jean Baudrillard apuntaba que en las lógicas actuales del capitalismo, “Se 
perderá el propio concepto de ser humano. Pasaremos al ámbito de lo infrahumano, de la mera 
genética. El ser humano será entendido como especie y no como género. La ciencia va, en ese 
sentido, hacia una acción exclusivamente molecular. Actuará sobre el código genético, las partí¬ 
culas... Es decir, entenderá al hombre según sufórmula, y no según suforma”. 7 

6 C. Madariaga: “Clínica psiquiátrica y ciudadanía: de la crisis del paradigma biomédico a la Salud Mental 
Colectiva”. Ponencia en Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública. Chile, 2018. 

7 J. Baudrilliard: en “Cultura y Simulacro” Ed. Kairós, 1978 y “Estrategias Fatales” Ed. Kairós, 1983. Barcelona. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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A pesar de todo esto, la recurrencia a las concepciones psiquiátricas está en un pri- 
merísimo primer plano en casi todos los documentos que emanan del MSP, a pesar de las 
referencias a la interdisciplina y a los “equipos de salud”. Las palabras “psiquiatría” y “salud 
mental” aparecen unidas casi hasta lo indisoluble, evidenciando lo que venimos señalando: 
un estilo repetitivo de gestión, la primacía de una profesión sobre las demás, el reclamo casi 
exclusivo de competencia de la medicina psiquiátrica en este modelo de atención y lo que es 
más grave, la no apertura a la escucha o la invalidación de las propuestas que plantean otras 
formas de tratar el tema, como ocurrió y continúa aconteciendo desde que se gestó la ley. 

Por otra parte, los sistemas de salud y sus políticas públicas difícilmente puedan res¬ 
ponder a las dificultades y diferencias que por razones económicas y culturales se plantean 
desde distintos sectores de la población. Los riesgos de una “uniformización” de conceptos 
y formas de trabajo con sectores que presentas notorias diferencias, están a la vista en el en¬ 
care global que se hace del tema. Así las cosas, el discutible estatus científico del “trastorno 
mental”y la difusión del mismo desde los ámbitos de la salud pública, puede propiciar un 
elevado monto de demanda que, sin otras alternativas a la vista, no tendrá otra forma de ser 
respondida más que con la administración generalizada de psicofármacos. 

En relación a eso y como “para muestra basta un botón”, me parece oportuno por sus 
similitudes con los planteos en relación a la salud mental que vengo analizando, desentra¬ 
ñar lo que encierra una frase del Presidente Tabaré Vázquez en su discurso ante el Comité 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2017 y mostrar los modelos que 
subyacen en ella. 

La frase en cuestión dice lo siguiente: “En un mundo que por momentos se parece de¬ 
masiado a un hospital psiquiátrico administrado por sus propios pacientes no está de más rei¬ 
vindicar la sensatez” 8 . La misma frase fue reiterada por el Presidente ante cuatro Premios 
Nobel de la Paz en su discurso de bienvenida de “Voy por la Paz”, actividad realizada en 
Montevideo en abril de 2018y nuevamente utilizada el 26 de setiembre de este año ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

Para alguien desprevenido o ganado por las concepciones tradicionales que prevalecen 
en cuanto a “la locura”, la frase del Presidente (a pesar de cierta “compulsión a la repeti¬ 
ción”) podría parecer una analogía adecuada para describir el estado actual del mundo. 

Pero si nos detenemos para ver los modelos de pensamiento que están implícitos en 
ella, vemos que la base argumental, es no solo equivocada, sino que está cargada de un pen¬ 
samiento conservador, cientificista y prejuicioso hacia los “pacientes”a los que alude en el 
ejemplo que propone. 

En primer lugar, porque los que administran el mundo actual no son los pacientes sino 
determinados agentes. Esto es, personas, estados, organismos (como por ejemplo el FMI 


El Obsevador, 6 de junio de 2017. 



o el Banco Mundial) y corporaciones transnacionales que concentran, cada cual según su 
especificidad, un inmenso poder militar, económico, tecnológico y comúnicacional a lo 
largo y ancho del planeta. 

Si vemos los poderes omnímodos y los medios de los que gozan determinados perso¬ 
najes -Trump, Putin, Erdogan- y otros gobernantes por el estilo, la analogía resulta total¬ 
mente errónea ya que es absolutamente evidente que los llamados “pacientes psiquiátricos” 
no gozan ni gozaron nunca de las mismas prerrogativas. 

En segundo lugar, porque los pacientes de los hospitales psiquiátricos provienen por 
lo general de los estratos más bajos de la sociedad y están sometidos, al igual que la enorme 
mayoría de la población mundial, a las mismas reglas de juego impuestas desde los lugares 
de poder: falta de oportunidades, pobreza, encierro, miserias, humillaciones y violencias de 
distintos tipos, incluyendo las causadas por los propios Estados. 

Una tercera razón es que en las tendencias del mundo actual, quienes gobiernan y 
gestionan, como ocurre también en los hospitales psiquiátricos, son los que tienen o creen 
tener, la habilidad, el conocimiento y el mando para ello. Son integrantes de la nueva clase 
dirigencial mundial, que provienen casi siempre de determinados lugares sociales: políticos 
profesionales, militares, empresarios, economistas y tecnócratas de distinto tipo, contra¬ 
riando aquella vieja y sencilla definición de que la democracia es o debería ser “elgobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

Por último cabe preguntarse: ¿a qué viene esa implícita distinción entre los cuerdos y 
los locos ? 

Si es para achacarles a estos últimos los males del mundo y “reivindicar la sensatez ”, 
solo basta con mirar el estado calamitoso de las colonias y hospitales psiquiátricos cuya 
gestión ha sido confiada casi siempre a los “cuerdos” (autoridades, médicos y psiquiatras), 
avalados por el poder político y designados por el Estado. 

Por lo señalado hasta ahora y volviendo a la frase en cuestión es que nos autorizamos 
entonces a invertirla y preguntarle al Sr. Presidente: ¿el estado que muestran hoy nuestros 
lugares de “tratamiento e internación” será muy diferente a la situación del mundo actual? 

La frase en cuestión no hace más que reafirmar el modelo médico hegemónico -y 
particularmente el de la psiquiatría- como uno más de los sofisticados dispositivos de con¬ 
trol social. Hoy, a más de un año de aprobada la ley de Salud Mental, la situación de estos 
lugares permanece casi incambiada. El Hospital Vilardebó se encuentra superpoblado y 
las modalidades de tratamiento -sobremedicación y aplicación de electroshocks- tampoco 
han tenido variantes significativas. 

La analogía sería realmente valida si, “apelando a la sensatez” como señala el Presiden¬ 
te, alguna vez los internos hubieran tenido la oportunidad de participar de algún modo en 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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la gestión de los hospitales psiquiátricos y reclamar por sus derechos tan reiteradamente 
vulnerados. 

Si pudiéramos -como debemos- imaginarnos otras formas de trabajar con la locura 
tendríamos que desprendernos de los repetidos modelos tecnocráticos presentados -otra 
vez- como la novedosa y única opción válida e incluir lo económico, lo cultural y lo polí¬ 
tico como tres registros básicos para reencontrarnos con una socialidad que se ve cada vez 
más afectada por los distintos dispositivos de subjetivación que propone el nuevo orden del 
capitalismo globalizado. Porque la Salud Mental no es una entidad abstracta y aislada de 
estos fenómenos. 

De todas formas, vale volver a mirar el estado del mundo para ver que en medio de la 
enorme y violenta explotación económica que se está llevando a cabo, estos dispositivos 
invaden cada vez más la esfera privada de las personas y sus redes de socialización buscando 
la explotación de lo social y el control de las subjetividades que escapan a ella. De más está 
decir que en esa deconstrucción de lo social y lo político, participa también el enorme ar¬ 
senal tecnológico, comunicacional y mediático que impone los modelos de “cientificidad” 
que van a aplicarse. 

Como señala Chul Han, hoy “lo social se degrada y se hace operacional hasta convertirse 
en un elemento funcional del proceso de producción.” “El globo entero se desarrolla en pos de 
formar un gran panóptico” en el que a diferencia del panóptico de Bentham “ningún muro 
separa el adentro del afuera... y esto es actualmente “ sobre todo un imperativo económico” 9 . 
Las políticas con las que se trata actualmente la problemática de la población excluida del 
252 mundo (pobres, marginados, migrantes, personas en situación de calle, “locos”, etc.) forman 
parte de ese nuevo panóptico en donde las concepciones disciplinarias y sus criterios cien- 
tificistas, participan -lo sepan o no- de la construcción de los nuevos sistemas de control. 
Son parte, como tantas otras, de las técnicas de gobernabilidad de estos nuevos tiempos. 

Por eso, en el mundo actual, diseñado exclusivamente para consumidores, las “ofertas 
de salud mental” deberían ser repensadas de otras maneras. Así lo indican los enormes con¬ 
tingentes de seres humanos que carecen de todo tipo de apoyaturas para su supervivencia. 

Tendrían que abrirse de múltiples maneras a la comunidad. A tender a la inclusión y 
no a la estigmatización de lo diferente de personas y colectivos, dejando de lado las concep¬ 
ciones esquemáticas y controladoras que, a pesar de los velos que las recubren, responden 
en última instancia, a intereses corporativos. 

Y deberían realizarse con audacia y con énfasis para posibilitar el advenimiento de un 
“eclecticismo inventivo singularista, contingente y militante en defensa y ayuda de la idiosin¬ 
crasia loca ”. 10 


9 B.-Chul Han: “La sociedad de la transparencia”. Herder Editorial. Barcelona, 2013. 

10 G. Baremblitt: “Acerca de las Virtudes Teologales, las Ciencias y la Locura.” En Lo Grupal 8. Ediciones 
Búsqueda. Buenos Aires, 1990. 




Foto: Lucía Melgarejo 


Ni almas en venta, ni almas a subsidiar 

(Aportes al tema Situación de calle) 

Walter Atilio Ferreira 1 


1. Rótulos 

Históricamente, los marginados sociales de turno han sido rotulados enfáticamente. 
Los pichis o bichicomes (del inglés: “TheBeach Comben”, eran los sin casa que dormían en 
la playa y durante el día vagaban buscando objetos perdidos en la arena); o los “atorrantes 
desocupados que dormían en los caños marca “A-Torrant”, en la Argentina de los años 
30. Más allá de los siempre discutibles orígenes etimológicos, en nuestros días seguimos 
asistiendo a una serie de formas de nombrar a las personas privadas de su derecho a vivir en 
un hogar. Pichis, atorrantes, personas en situación de calle, personas sin hogar, personas en 
situación de refugio, sin techo, vagabundos. Múltiples denominaciones originadas desde 
ciertos acuerdos sociales, desde la academia, desde las políticas públicas; nomenclaturas 

1 Operador sociocultural, coordinador de Urbano, programa del Ministerio de Educación y Cultura orien¬ 
tado a personas en situación de calle. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 




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construidas desde miradas externas que han logrado consolidar a este sujeto en un lugar de 
sujeto excluido, interpretado y socialmente marginado. Toda una sociedad tiene el derecho 
a observar, a escribir sobre ello, a diseñar dispositivos de paliamiento; se alimenta así una 
cultura del rótulo: marca que el sujeto ha de llevar y por la que será reconocido; el rótulo 
que lo signa es el mismo que lo invisibiliza y lo priva de voz propia. 

En este artículo, trataré de evidenciar algunas centralidades del problema como cosa 
actual observado desde una perspectiva de defensa de Derechos Humanos y cierta noción 
de que en la larga cadena de violaciones a esos derechos, participamos varios actores insti¬ 
tucionales. Este breve trabajo se apoya firmemente en lo experiencial y en trabajos de inves¬ 
tigadoras e investigadores que aportan a descentrar al sujeto excluido del lugar de la culpa. 
Subyacerá en él la noción de maltrato institucional (Roig-Marín, 1989) 2 , con el fin de deli¬ 
mitar responsabilidades y aportar a un camino de propuestas que incluya a distintos actores 
tanto estatales como comunitarios en una lógica de complementariedad de esfuerzos. 

A lo largo del texto aparecerán palabras de personas en situación de calle que respon¬ 
derán a preguntas específicas y dialogarán con los conceptos desarrollados aquí. 

Hablo de situación de calle aun no sintiéndome cómodo con el término; decido usarlo 
como significante ya aceptado; un corte conceptual y código común que permite enten¬ 
dernos. 

2. Siluetas 

Hablar de situación de calle incluye la noción de historicidad de un sujeto condicio¬ 
nado por una serie de vulneraciones de derechos a través del tiempo, en un medio social y 
jurídico preciso. La exclusión podría ser un resultado de la suma de desigualdades en el pla¬ 
no económico, social y cultural; procesos que van conformando acuerdos tácitos desde una 
sociedad que deja afuera aquello que ya no le es funcional. Ese rechazo social se materializa 
en la anulación de las capacidades del sujeto para ser parte integrada de una comunidad. 
Así como en la Edad Media, los considerados anormales eran expulsados del medio social 
asociándolos a lo monstruoso, el excluido actual sufre una suerte parecida con el agregado 
que debe convivir con sus expulsores en un medio social donde no puede ejercer su carácter 
de igual. 

Las ciudades, particularmente Montevideo, son el escenario en el cual esas condicio¬ 
nes de desigualdad toman corporalidad y narran también una cultura de ciudad donde con¬ 
vivimos en el espacio público, con personas que al no poder ejercer sus derechos, se tornan 
siluetas que transversalizan distintas problemáticas sociales, dramas humanos y conflictos. 

A pesar de ser vista como una unidad, dicha situación se compone de una heterogenei¬ 
dad de causas y características impertinentes de homogeneizar en una sola definición. Este 


2 Martínez Roigy Sánchez Marín, Barcelona, 1989,s/p http://www.eduso.net/res/?b=9&c=78&n=215 



sujeto social, no siempre habita la calle como cosa física; sino que también recorre refugios 
nocturnos, pensiones para pobres, un circuito diurno de plazas, shoppings, facultades, hos¬ 
pitales, comedores. La carencia de hogar, lo torna un sujeto pasible de procesos institucio¬ 
nalizantes, interpretaciones, sanciones. Sus condiciones de existencia pueden tornarse aún 
más dramáticas dependiendo de su condición de género, edad, salud mental, experiencia 
carcelaria, adicciones, etc. Si algún ingrediente puede servir para hermanar todos estos ele¬ 
mentos, es el corte temporal o permanente con los espacios de integración social (educa¬ 
ción, salud, cultura, trabajo); lo que lleva a la maduración de los procesos de exclusión, en 
acuerdo con Jorgelina di lorio: 

Quienes están en situación de calle son considerados objetos de intervención bajo el modelo 
de una ciudadanía asistida o tutelar. Asimismo, los procesos de vulnerabilidad configuran un 
conjunto de “ciudadanos sin derechos”, donde se pone de manifiesto la relación desigual entre 
bienestar y justicia, entendiendo porjusticia la justa y equitativa distribución y acceso a recur¬ 
sos, servicios y derechos 3 . 

La situación de calle deteriora rápidamente los cuerpos y la salud psíquica, el indi¬ 
viduo, luego de un período no demasiado extenso, es deslegitimado como ciudadano, 
des- individualizado y des-culturizado, ya que las políticas de abordaje suelen derivar en 
uniformes y disciplinantes. Se conforma un “afuera” simbólico, que deja al ciudadano en 
condición de excluido como sujeto de derecho. El propio sistema que intenta reparar el 
error, institucionaliza los cuerpos y corta con los posibles vínculos que posibilitarían el re¬ 
greso al “adentro”, ya que hay una descalificación social como plantea Castel: “Cuando sobre 
las personas recae la adjudicación de cierta inutilidad social quedan también descalificados en 
el plano cívico y político, la ausencia de proyecto hace difícil hablar en nombre propio aunque 
sea para decir no 4 ” 

La condición de excluido, torna al individuo en un ser amenazante, un otro tan otro 
que parece requerir regulaciones más severas. Ya en la primera administración del Frente 
Amplio, desde el Estado se diseñan políticas cuyos enunciados parecen encaminarse hacia 
la restitución de derechos y a la participación ciudadana siguiendo una tradición de con¬ 
signas de izquierda, sin embargo a finales de su tercera administración se hace evidente que 
el modelo que ha sobrevivido de forma soterrada y en múltiples terrenos, es el del viejo 
paradigma del ocultamiento de la pobreza. 

El espacio público; las plazas, parques, instituciones públicas, veredas y entradas a los 
shoppings, espacios físicos donde las siluetas hacen evidente su corporalidad, es regulado 
de forma que no sea habitado por esta anomalía. Se va conformando una exclusión física y 
simbólica. Según Marc Auge, “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacio- 


3 Di lorio, J (2015)“Intervenciones psicosociales con personas en situación de calle: El cuidado como ca¬ 
tegoría de análisis. (*), Susana Seidmann, Constanza Gueglio, Gustavo Rigueiral. Extraído de: http://www. 
psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/838/570 

4 Castel, Robert (1995) La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado. PAIDOS - Bs. As. 


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nal e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacio- 
nal ni como histórico, definirá un no lugar” 5 . 

3. Palabra 6 

— ¿Te sentís escuchada? 

— “Sí, a veces sí. En el refugio hay una educadora que me ha dado una mano terrible. 
Ella me escucha y yo creo que me quiere aunque no es nada mío”. (Vanesa 25 años). 

— “No. Yo ya casi ni hablo, porque si hablás mucho, te ponés a pedir mucho, se compli¬ 
ca terminan sacándote la permanencia. Yo a Puerta de Entrada no quiero ir más, una 
vez me pegó una loca y el policía no me abrió la puerta (Patricia 32 años). 

— ¿Te sentís escuchado? “En realidad el sistema de refugios y de salud, no escucha a na¬ 
die, si bien elementalmente se pueden obtener espacios de expresión, pero escucha 
en el sentido de tener una respuesta adecuada, personalizada, creo que no”. (Jorge, 
61 años) 

— “No. Rara vez me escuchan. Los técnicos siempre están ocupados con muchas cosas 
que tienen y en el refugio es difícil tener amigos. Ni vos me estás escuchando ahora 
porque estás pensando más en que quede bien tu artículo a que lo que yo diga sea 
importante. (Gerardo, 47 años) 

4. Pichi- tour 

El modelo de atención a las personas sin hogar de MIDES 7 , centralizado en la Direc¬ 
ción Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, de la cual depende la 
División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, les provee a 
la mayoría de las personas, techo, comida y técnicos para trabajar sobre las problemáticas 
específicas. En sus enunciados institucionales aparece la idea de trabajar desde una lógica 
de restitución de derechos y con un horizonte de reinserción social, pero difícilmente esos 
enunciados pueden verse y traducirse en avances concretos; mientras tanto, se consolida 
un aparato de atención y contención que participa de la cadena punitiva, tanto simbólica, 
como concreta. 

En 2018, todos los días a las 09:00 am, salen a la calle más de 1000 personas 8 que 
duermen en centros nocturnos, la mayoría de ellos en el Centro de Montevideo. Se van 
conformando estrategias de “achique” en varios puntos de la ciudad que les proveen baños, 


5 Auge, Marc, 1996, p. 17 Los no lugares, una antropología de la Sobremodernidad. Gedisa Editorial Bs. As. 

6 Respuestas dadas por personas en situación de calle que “achican” diariamente en Facultad de Ciencias 
Sociales. 

7 Ministerio de Desarrollo Social. 

8 Estimativo no oficial que toma en cuenta la cantidad de centros nocturnos multiplicándolos por los prome¬ 
dios oficiales de usuarios diarios. 



agua, calidez y en muchos casos, acceso a wifi. En 2012, se había establecido un recorrido 
diario muy específico por parte de los más jóvenes y que incluía Plaza Seregni, comedor de 
Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y 
Urbano 9 , al cual autodenominaban “pichi tour”. Este año 2018, la situación de calle tomó 
relevancia en los grandes medios de comunicación cuando la Facultad de Ciencias Sociales 
(CCSS) comenzó a ser parte del recorrido diario de unas 100 personas 10 . 

Personas que según un editorial del diario El País: no son para nada estudiantes, ni 
docentes, nifuncionarios, pero que sí utilizan las instalaciones universitarias. Esas personas se 
conectan a internet, por ejemplo, en los salones en los que hay computadoras previstas para uso 
estudiantil; se encierran discretamente en algunos salones para pernoctar cuando ya no queda 
ningún funcionario en la Facultad; y en algunos casos de individuos que parecen alcoholizados 
o con problemas mentales, orinan y defecan dentro de la Facultad, pero no en los baños previs¬ 
tos para tales naturales necesidades humanas, sino en los salones de clase” 11 . 

La simple idea de irrupción en la cosa pública “tomada” por personas en situación 
de calle, habla del extremo de marginación en el que está este sector de la ciudadanía y los 
lenguajes utilizados en alguno de los medios para referirse al (repentinamente importante 
y preocupante) tema, dan cuenta del modo culposo en que son miradas. 

El sistema que se propone proteger, asistir y restituir, se va mordiendo la cola a sí mis¬ 
mo ya que el proceso que va viviendo la persona al interior de la institución (que consiste 
en ir subiendo de niveles: nivel 1, nivel 2 y medio camino, hasta llegar a zona de egreso), 
va educando, muchas veces, al sujeto adulto en una forma de sobrevivencia sin horizontes 
de salida. Así, las personas que salen a la mañana y se tornan siluetas o amenazas en lugares 
públicos durante unas horas, a la tardecita vuelven a las mismas puertas que lo despidieron 
esa mañana, tornándose en un punto más en el recorrido que volverá a iniciarse a las 09:00 
am del día siguiente. El sistema, sin proponérselo, se va mimetizando con un medio social 
de carácter punitivo y de parcialización del sujeto, ya que lo único que aparece de él, son las 
partes que molestan, ensucian, afean o amenazan. 

5. Tener 

Nómbreme 3 necesidades fundamentales. 

— “Necesito tomar mis propias decisiones. Me gusta determinar mi forma de alimen¬ 
tación y tener autonomía para determinar cuánto tiempo trabajo y cuánto descanso” 
(Jorge). 

— “Tener wifi cuando se me cante, ir al teatro de Verano y tener casa, aunque sea una 
casa hecha con dos chapas” (Gerardo). 


9 Programa Sociocultural de Ministerio de Educación y Cultura orientado a personas en situación de calle. 

10 Cifras recabadas por decanato de FCCSS. 

11 Editorial de El País, 30 de junio 2018. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


- “Una casa para poder estar con mi hija. Solas nosotras dos. Y nada más necesito” 
(Vanesa) 

— “ Tener estudio. Terminar mis estudios, casa y cultura. Y seguridad también. Y pu¬ 
blicar mi libro” (Patricia). 

6. Faltas 

La idea de cosa molesta, de amenaza, no sólo aparece en los planos discursivos. Apo¬ 
yando este proceso de degradación de lo humano, surgen nuevas normas jurídicas, ya no en 
el marco de las convenciones y acuerdos sobre derechos humanos, sino en el orden de la sal¬ 
vaguarda de la seguridad del ciudadano “integrado”. En 2013 surge la ley 19120, o “Ley de 
faltas, conservación y cuidado de los espacios públicos” Su Artículo 368 habla de la “ocupa¬ 
ción indebida de espacios públicos”, estableciendo que las personas no pueden establecerse 
en el espacio público, a riesgo de ser detenidos luego de las advertencias correspondientes. 
En un estudio en el marco de las XIII Jornadas de Investigación de Facultad de Ciencias 
Sociales (FCCSS), aparece un recomendable trabajo colectivo del que tomo un fragmento: 

En este marco de convivencia donde la inseguridad sirve de gramática para la compren¬ 
sión de todos los conflictos, los vínculos entre los distintos sectores de la sociedad se ven cargados 
de discursos estigmatizantes que tienden a profundizar las barreras sociales y los mecanismos 
de exclusión. El miedo precisa de un “otro" al que temer y del que mantenerse a resguardo, así 
como el Estado precisa de un riesgo para tomar medidas de seguridad. En la lógica del miedo 
ese “otro “suele estar encarnado en la población más afectada por las privaciones materiales y 
258 simbólicas sobre las que recaen los perfiles criminalizantes. Las personas en situación de calle 
forman parte de ese “otro" que es sistemáticamente invisibilizado y excluido de la categoría 
social de ciudadano. Esta población tiende a ocupar dos polos de la sensibilidad social, entre la 
horca y la piedad 12 . 

La idea de silueta , no sólo es una metáfora de lo difuso, también lo es de la anomalía ; 
hay algo que no encaja, cuerpos que son atravesados por normas y políticas que no serán 
incorporadas por éstos. Entre los trabajadores de calle es muy conocida una anécdota que 
tomaré como material de análisis, acerca de una mujer que fue sancionada en su refugio por 
fumar en el baño. La sanción consiste en suspenderla por una noche. Pero a la vez, la norma¬ 
tiva del Programa Calle, no permite ingresarla a otro refugio nocturno sólo por esa noche. 
La mujer debería dormir en la calle, pero sufre enfermedades respiratorias y es invierno. Se 
buscan alternativas desde varios programas de atención, pero no existen. La mujer decide 
acampar frente a una comisaría y esperar a que la vengan a detener y que la Ley de faltas 
entre en acción, lo importante es sobrevivir. Varios policías cruzan la calle a convencerla de 
que se retire; la mujer se niega e invoca la Ley de faltas para que la retiren y la lleven al lugar 
que corresponda. Pasa la noche frente a la comisaría, vecinos le trajeron frazadas y un poli- 

12 Camejo, S (2013,p 22) Situación de Calle y Ley de Faltas. Recuperado de http://cienciassociales.edu.uy/ 
wp-content/uploads/2014/09/Situaci%C3%B3n-de-Calle-y-Ley-de-Faltas-soledadCamejo.pdf 



cía, agua caliente. Hay en este caso, una jurídica que no encuentra posibilidad de aplicación 
real aunque se la invoque desde la propia persona que comete la falta; orfandad extrema del 
ejercicio de sus derechos. 

En vez de persona física, de existencia visible, real; una suerte de existencia fantasma- 
tica que sin embargo ocupa un lugar y molesta. 

7. Ausencias 

¿Qué cosa te hace feliz? 

— “Cantar en una murga otra vez, estar con mi familia que quedó lejos y curarme de mi 
adicción que no voy a decir cuál es. Y si puedo, anotarme en la Facultad” (Gerardo). 

— “Leer sin que nadie me moleste y comprar regalos para una persona” (Patricia). 

— “Estar con mi hija y comer” (Vanesa). 

— “Estar con cierta persona que aún no encuentro” (Jorge) 

8. Refugiados 

La cantidad de personas en la calle va en un crecimiento evidente, el último censo 
oficial es de 2016, pero hay un acuerdo general, que aún sin tener los conteos definitivos en 
2018, la situación empeora. Según cifras oficiales, en los centros de atención a adultos en 
situación de calle del Mides en Montevideo 13 , en la noche del 21 de junio de 2016, se regis¬ 
tró la asistencia de 937 personas de acuerdo a los registros. 799 casos en centros nocturnos, 
127 en centros 24 horas y 67 en Ley de Faltas. 

En 2016 se contabilizaron un total de 1651 personas en situación de calle (556 se 
encontraron a la intemperie mientras que 1095 en centros). 

MIDES cuenta con centros de atención 24 horas para mujeres con niños, niñas y ado¬ 
lescentes y centros nocturnos para hombres solos y mujeres solas. De noviembre a mayo 
funcionan 48 centros (43 en Montevideo y el resto en Canelones, San José y Maldonado) 
con cupo para 1445 personas. Con medidas especiales, se llegó a 1660 cupos en los meses 
más fríos de 2018, llenándolos todos. La política de atención, parecería estar signada por 
los emergentes, paliativos que tienden a minimizar el derrumbe. 

Al no tener otras opciones habitacionales, la persona usuaria del servicio, va quedando 
anclada a un sistema que le otorga lo básico para su sobrevivencia. Está previsto que no 
puedan usufructuarlo por tiempos prolongados, pero sabemos que eso tampoco funciona. 
Así, surgen procesos de enquistamiento de muchos sujetos al sistema. 


13 Censo sobre situación de calle (2016) MIDES.http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/66540/l/ 
20160921. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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“El tiempo en el refugio síparece operar como un factor que socava la salida de la situación 
de calle y en consecuencia, las posibilidades de acceso a una vivienda. En este marco, se hace 
visible que el diseño de programas alternativos de acceso a una vivienda para quienes tienen 
una posición frágil en el mercado de trabajo y no pueden acceder a otra solución habitacional 
que no sea un refugio, o quienes a la salida de instituciones de distinta índole no tienen dónde 
ir, se presenta como uno de los desafíos interinstitucionales principales para contrarrestar la 
habituación al refugio como un arreglo residencial de uso permanente. 

Pero más importante aún, es que esa responsabilidad interinstitucional es imperante para 
que la permanencia en el refugio no conduzca a otrasformas de privación - además de no poder 
habitar un espacio físico sentido como propio- más acentuadas y graves en el acceso a otro tipo 
de derechos y beneficios. 14 

A la interna del sistema de atención, entre los trabajadores, trabajadoras y equipos de 
los centros, quienes ponen el cuerpo en primera línea, tampoco hay uniformidades. Entre 
esos técnicos y profesionales, hay quienes sistemáticamente, ejercen poder haciendo uso 
de los distintos modos de sanción previstas en el reglamento y estableciendo una relación 
desigual con él o la usuaria. Asimismo, se halla otra diversidad de encares metodológicos, 
experiencias, individuales y a veces colectivas, comprometidas con los derechos humanos 
y que de alguna forma le proveen a la política aire limpio y prototipos de nuevas prácticas. 
No habrá avances en la lucha por la restitución de derechos de las personas en situación de 
calle, si no se cuenta con esa parte importante del funcionariado comprometida con la vida 
humana. Cualquier esfuerzo que se proponga trabajar en la línea de derechos humanos en 
ese contexto, debe tomar en cuenta que el terreno es ominoso y encuentra vacíos. Quizás 
lo único que se pueda consolidar como referencia, es la imperiosa necesidad de que a cada 
paso, no se pierda al sujeto como ciudadano en un marco de derechos, en la noción de ge¬ 
nerar ámbitos para una práctica discursiva, “sin abolir al sujeto”, referenciando a Foucault. 15 

9. Fortalezas 

¿Qué es lo mejor de vos como persona? 

— Creo ser inteligente, saber escuchar. Sé manejarme en lugares donde va gente de 
todo tipo y no tengo adicciones (Jorge). 

— Soy muy buena compañera (Vanesa). 

— Soy culta. Eso es lo mejor. Leí mucho en otra vida, ahora se me rompieron los lentes, 
pero me gusta leer. En otra época leía a todos los rusos, entiendo más a los rusos que 


14 Ciapessoni, F. (2013): “Recorridos y desplazamientos de personas que habitan refugios nocturnos”. Tesis 
de Maestría en Sociología, FCS, Udelar, Montevideo. 

15 Foucault, M (2009). La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad, http://www.topolo- 
gik.net/michel_foucault.htm 



a los uruguayos. Pero también leí otras cosas, muchas, a todos los franceses, Maupas- 
sant, los naturalistas, todo (Patricia). 

— Me parece que es mi experiencia de vida. Eso es lo mejor que tengo y que soy hones¬ 
to, inteligente y fui buen padre. Y que si está todo bien contigo, está todo bien. Pero 
si está todo mal, está todo mal. (Gerardo). 

10. Inventario 

Al inicio de este texto escribí: en la larga cadena de violaciones a esos derechos parti¬ 
cipamos varios actores institucionales. Me incluyo de forma consciente en esa larga cadena 
para no correr el riesgo de sentirme fuera y ver el problema como algo abstracto. Quienes 
operamos en medio de las políticas (aunque seamos operadores de base) y tenemos opor¬ 
tunidad de diseñar micro dispositivos de abordaje, habitualmente participamos de esa ca¬ 
dena, somos replicadores involuntarios de lógicas de ocultamiento mucho más sutiles que 
las hegemónicas. 

El especialismo en relación al sujeto subalterno, suele estar plagado de acciones de ob¬ 
turación de sus voces. De algún modo, en muchos casos seguimos hablando por ellos tor¬ 
nándonos un eslabón más. Pensar paso a paso nuestras prácticas, revisar milimétricamente 
nuestros dispositivos de trabajo y análisis, es lo único que puede significar un avance en la 
lucha por la defensa de los derechos de las personas. 

Nos movemos entre la lógica del déficit adjudicado a la persona o al grupo social que 
pasa a ser visto como vulnerable y no como vulnerado. Esta lógica impregnada en gran par¬ 
te de las políticas estatales y de la sociedad civil, pone al sujeto en el lugar de la falta. 

Poco se habla del déficit en nuestras prácticas; originalmente esta palabra ( del verbo 
latinofaltar, flaquear ) era usada por los franceses a finales del SXVII para referirse a lo que 
faltaba a la hora de hacer un inventario; no estaría de más, inventariar nuestras acciones co¬ 
tidianas para que cuando constatemos una falta, no sea el sujeto a quien hayamos perdido 
en el camino. 

Si somos fieles a este razonamiento, debemos ser muy claros con la adjudicación de res¬ 
ponsabilidades a quienes están al frente de las políticas de Estado. Cuando una política se 
plantea trabajar en un horizonte de derechos y termina siendo funcional al ocultamiento, 
ese déficit deriva en violencia institucional. 

El mal funcionamiento de la interinstitucionalidad en el terreno concreto de las políti¬ 
cas de Estado en referencia a los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas, no puede 
ser visto solamente como un problema de gestión o de ineptitudes de sus funcionarios, sino 
como una falta. Claro que ha habido logros a toda escala, también en nuestras prácticas a 
nivel de base, pero apartémonos de la enfermedad infantil de defensa de la gestión para es¬ 
cuchar mejor a las personas con los que trabajamos. El día que ellas la defiendan, sabremos 
que estamos en la dirección correcta. 


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11. Manifiesto 16 

Hoy, 4 de julio de 2015, invierno de este lado del planeta, proclamamos: 

Que se puede llegar a ese lugar calmo y tibio, donde nuestros cuerpos y alma y huesos estén 
agradecidos. Proclamamos la obligación, el deber de ser felices. 

Elfrío nos recuerda que no hay conformación posible, que no hay quietud posible. 

El calor generado junto al otro, hoy, nos recuerda y nos confirma que se puede y se debe 
caminar. 

Proclamamos el derecho a una casa. Una casa donde podamos estar acurrucaditos en las 
noches más gélidas, fortaleciendo al amor humano. Una casa que esté dentro de un barrio, de 
un barrio dentro de una ciudad, una ciudad dentro del mundo. Proclamamos nuestra existen¬ 
cia legítima en un mundo. 

Proclamamos que se puede. Y se puede porque sabemos. Porque nuestros corazones están 
abiertos al cambio. Que tenemos miedo, y aun así, caminamos. Que seguiremos abriendo ca¬ 
mino a ese amor humano. ¡Proclamamos que seguiremos bailando, que seremos intransigentes 
con nuestro derecho a la felicidad! Que aquí no hay almas en venta ni almas a subsidiar. Que 
ya no más exclusión, no más discriminación. Proclamamos que ni siquiera hoy nos afanarán 
los desvelos y las velas consagratorias para evacuar las canciones más antiguas de la madre 
tierra. Y lo proclamamos prorrumpiendo prorrumpidamente emociones. 

Proclamamos que se absuelve de la culpa al ciudadano que nos ve pasar con nuestros bolsos 
y petates desde el interior de su linda casa. El frío invierno es también nuestro hermano y nos 
construye. 

Proclamamos la alegría y la danza y el tango y los tambores y los gritos de exaltación. 

Agradecemos a las plazas, a los encuentros. A la vida que vive en las cosas y en la forma 
de las cosas. 

Proclamamos que hay fanfarria porque hay vida. Que la fanfarria es interior, también. 

¡Viva la fanfarria invernal! 


16 Poema colectivo escrito por personas en situación de calle, participantes de Programa Urbano, en el marco 
de la Fanfarria Invernal, evento anual que se realiza a la entrada del invierno para visibilizar el problema desde 
una perspectiva de derechos. 



Bibliografía consultada 

Bachiller, S. (2009). Significados del espacio público y exclusión de las personas sin hogar como un proceso de 
movilidad forzada. Reis. Revista Española de Investigación Sociológicas, 128, 125- 

Bachiller, S. (2010). Exclusión, aislamiento social y personas sin hogar. Aportes desde el método etnográfico. 
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de Madrid. Madrid, España. 

Bourdieu, Pierre (1973). “Sobre el poder simbólico”, en Intelectuales, política y poder, traducción de Alicia 
Gutiérrez, Buenos Aires, UBA/ ed Eudeba. 

Castel, Robert (1995) La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado. PAIDOS - Bs. As. 

Ciapessoni, F (2009): Ajustes y desajustes: debates conceptuales sobre las poblaciones sin domicilio. FCS- 
UdelaR 

Derrida,J. (1989) La escritura y la diferencia. Barcelona, Anthropos, 1989. 

Di lorio, J., Rigueiral, G., & Mira, F. (2015 diciembre). Representaciones sociales y prácticas con personas en 
situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Memorias del VII Congreso Internacional 
de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXII Jornadas de Investigación XI Encuentro de 
Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Tomo I, p. 62-5. Buenos Aires: Facultad de Psicología, 
Universidad de Buenos Aires. 

Giorgi, Víctor. (2004) De “sujeto sometido” a “sujeto de derecho” Educación social y políticas públicas. Recu¬ 
perado de: www.inau.gub.uy/biblioteca/sujetogiorgi.pdf 

Nivón Bolán, E. (comp.), (2012), Voces híbridas: reflexiones en torno a la obra de García Canclini, México DF, 
México: Siglo XXI 

Spivak,G.C.(1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Orbis Tertius, Disponible en: http://www.fuentesme- 
moria.fahce.unlp.edu. ar/art_revistas/pr.2732/p r.2732.pdf 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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Foto: Santiago Mazzarovich 


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El derecho de las Personas en Situación de 
Discapacidad a ser Personas 


Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT 


Cuando hablamos de discapacidad debemos contemplar que al abordarla tenemos una 
carga proveniente de una construcción social y cultural que generalmente se ha apoyado en 
consideraciones religiosas, médico-religiosas y/o médicas. Es por ello que es importante 
realizar un recorrido por los diferentes paradigmas que históricamente han identificado 
diferentes causas para la discapacidad. 

Paradigma Religioso: Las causas de la discapacidad se relacionan a castigos divinos, 
mensajes diabólicos o cualquier otra justificación basada en las creencias religiosas de los 
pueblos. Esto tiene como consecuencia, por un lado el aislamiento o la muerte (por ser las 
personas consideradas inútiles o innecesarias) y por otro, el tratamiento como objetos de 
caridad y asistencialismo. 






Paradigma Médico-Rehabilitador : Se centra en el saber científico y las causas respon¬ 
den a las limitaciones individuales de cada persona, las cuales son posibles de rehabilitar, 
mejorar o sanar. Lo que se conoce como el accionar rehabilitador. 

Paradigma Social. Entiende a la discapacidad como una construcción (socio - políti¬ 
ca) y un modo de opresión social, considerando que las causas que originan la discapacidad 
son en gran medida de índole social, haciendo referencia a las limitaciones que la propia 
sociedad posee para brindar servicios apropiados, más que a las “deficiencias” que la perso¬ 
na pueda presentar. En consecuencia, las soluciones no debieran recaer sobre los individuos 
y sus familias, sino sobre la sociedad en su conjunto. Por este motivo se habla de persona 
en situación de discapacidad como aquella que, por la existencia de barreras en la sociedad 
(tanto actitudinales como del entorno físico, información, comunicación), que se traducen 
en falta de equidad en la generación de las condiciones para lograr la participación social. 
La igualdad de oportunidades es aún muy pobre. 

Este tercer paradigma, que de a poco va sustituyendo a los dos anteriores, se enmarca 
en una concepción basada en los DDHH, en el respeto por las diferencias y en la valoración 
del otro como persona en primer lugar, apostando a la inclusión social y no a la segregación 
o el aislamiento. El énfasis se encuentra puesto en las capacidades de las personas y no en 
su deficiencia o limitación. Sus principios base son la autonomía, la no discriminación y la 
accesibilidad universal. 

Como mencionamos anteriormente, la discapacidad surge de la interacción entre las 
limitaciones del sujeto y las barreras que la sociedad posee para el pleno ejercicio de sus 
derechos. Aquí, cuando hacemos referencia a barreras, hablamos de las arquitectónicas y 
edilicias, pero en especial debemos referirnos a las actitudinales que son aquellas que obs¬ 
taculizan el entendimiento y la aceptación de la otra persona como poseedora de iguales 
derechos y oportunidades. 

El próximo 10 de diciembre se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Dere¬ 
chos Humanos y cada día estamos más convencidos y convencidas que es incompatible con 
el sistema capitalista, éste sistema en el cual vivimos. Nos toca argumentar por qué estamos 
convencidas y convencidos de esto y cabe nada más citar el artículo 23 para interpelarnos 
sobre su incumplimiento. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a sufamilia, una existencia conforme a la dignidad humana y quesera 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 

En nuestro país para el 80% de las personas en situación de discapacidad en edad labo¬ 
rable no se cumple el numeral 1 de este artículo y por ende no se puede cumplir con el resto 
de los numerales del mismo. No obstante, la lucha constante por el cumplimiento de este 
derecho ha logrado ciertos avances. 

En el año 1971, con muchas dificultades, un grupo de personas con discapacidad mo¬ 
triz subieron arrastrándose las escaleras del Palacio Legislativo, atravesaron el Salón de los 
Pasos Perdidos y lograron por primera vez, que la temática del derecho al trabajo de las 
personas en situación de discapacidad estuviera en la legislación uruguaya. 

Pasado el período de dictadura cívico-militar (1973-1985), varias organizaciones con 
muchas ganas de hacer plantearon que era necesaria una ley integral de atención a las per¬ 
sonas en situación de discapacidad. De su lucha surgió la ley N°16.095, que significó una 
importante herramienta argumentativa pero no tuvo un respaldo material. 

Hoy queremos recordar esas luchas pioneras que cimentaron los avances por los que 
hoy peleamos. Allá por el 2014 cuando decidimos comenzar a luchar por una Ley de em¬ 
pleo para Personas con Discapacidad en el ámbito privado , fue considerada la importancia 
266 del empleo y el peso que tiene el mismo en la vida social de cada ser humano, mediante 
el mismo se alcanza la independencia económica, el sentirse útil, ayuda a la autoestima y 
la realización personal, reconocimiento, aceptación e integración social, sentimiento de 
pertenencia a un colectivo. Pero no es suficiente sólo defender el trabajo como derecho 
universal pues su adecuación y adaptación a las capacidades de cada persona son condicio¬ 
nes imprescindibles para lograr igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento 
del mismo. 

Repasemos la historia legislativa que ha contemplado el empleo y la discapacidad. La 
ley N° 16.095 fue aprobada en el año 1989 y estuvo vigente hasta el año 2010. Sus artículos 
41 al 48 refieren al empleo e introducen la cuota del 4% en el ámbito público. 

La ley 17.216 del año 1999 sustituyó el inciso final del art. 42 de la Ley 16.095 agre¬ 
gando datos de los ingresos, tipos de discapacidad, cargos ocupados, organismos de contra¬ 
lor, etc. Luego la ley N° 18.094 de 2007, modifica el Art. 42 de la ley. 

Dentro de los avances en legislación en materia de discapacidad, es importante seña¬ 
lar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el 
Parlamento en el 2008 (Ley N° 18.418). Posteriormente en 2011 se aprobó la adhesión al 
Protocolo facultativo de dicha Convención (Ley N° 18.776). La Convención establece 



derechos específicos para las personas en situación de discapacidad como son: accesibili¬ 
dad, igual reconocimiento ante la Ley como cualquier persona sin discapacidad, derecho 
a vivir de forma independiente y a ser incluido y/o incluida en la comunidad, derecho a la 
educación, participación en la vida política y pública. Finalmente en 2010 se aprueba la Ley 
18.651 de “Protección Integral de Personas con Discapacidad”. 

Nos encontramos hoy ante la necesidad de profundizar un cambio de mirada, de la 
forma de expresar y entender la problemática de la discapacidad vinculada al trabajo, en¬ 
marcado dentro de la concepción de derechos humanos. El derecho al trabajo es central y 
en una sociedad de calidad que lucha por la igualdad de condiciones de todas y todos sus 
ciudadanos, una ley de empleo para personas en situación de discapacidad en el ámbito 
privado es necesaria y urgente. 

Nos parece necesario contar parte de la historia de este camino a la aprobación de una 
Ley de empleo para Personas con Discapacidad en el ámbito privado, mientras los nombres 
de quienes la acompañan y defienden están presentes, mientras se está escribiendo la histo¬ 
ria y se realiza el recuento de las acciones. 

El primer proyecto de ley se articuló y discutió con varias decenas de organizaciones 
sociales que atienden las temáticas de diferentes discapacidades. El tema se instaló en las 
redes sociales, la campaña lanzada con el hashtag #YoApoyo se replicaba minuto a minuto 
y la gente comenzaba a escuchar con más fuerza el reclamo de empleo para las personas 
con discapacidad. Eíabíamos previsto tres meses de intensa actividad, con movilizaciones, 
encuentros y jornadas de trabajo. 

En 2014 comenzamos a agruparnos en el PIT-CNT bajo la premisa de la Discapaci¬ 
dad. En 2015 organizamos una carpa “Por Trabajo y Dignidad” en la Plaza I o de Mayo, una 
semana a la cual no le faltó nada (talleres, debates, exhibiciones, espectáculos musicales y 
culturales). Tampoco faltaron intérpretes de LSU, rampas, baños accesibles, acompañantes 
de apoyo, el relevamiento de accesibilidad del Palacio Legislativo. Habíamos eliminado 
todas o casi todas las barreras de accesibilidad. 

Con la llegada del verano en 2016 también llegó la posibilidad de estar en instancias 
que nunca hubiéramos imaginado. Desfilar por la Avenida 18 de Julio, pintados, felices, 
con el reconocimiento que venía de ambos lados de la avenida principal. Luego del desfile 
llegó el carnaval, los tablados, y un velódromo lleno de solidaridad que llamamos “Inclu- 
sionArte”. 

Terminado el carnaval la campaña no debía decaer. Los tiempos se hacían más largos 
de lo imaginado y la lucha parecía no avanzar en resultados. Fue así que surgió la Vuelta 
Ciclista. Comenzamos de a poco con una previa en Rutas de América, acompañados por el 
equipo del ERT (Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS) y la defensa de 
la Seguridad Social. Allí compartimos campaña, militancia y anécdotas con compañeros y 
compañeras de todo el país. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



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Con un poco más de experiencia, comenzamos a recorrer el país junto a la Vuelta 
Ciclista, con los deportistas y sus equipos, auxiliares de ruta, jueces, inspectores, la prensa y 
todo el país que siempre les acompaña. 

Pareció eterno el camino que nos llevó al Palacio Legislativo el 18 de octubre de 2016 
cuando se votaba en Cámara de Diputados. Primero nos sacamos una foto gigante, luego 
entramos, las barras estaban colmadas. Vinieron compañeros y compañeras de todo el país, 
de todas las instituciones, incluso participaron por primera vez jóvenes de un liceo inclu¬ 
sivo. La sesión llevó 3 horas. Las argumentaciones menos. La votación salió a favor por 
unanimidad. La ley tenía media sanción y estábamos convencidas y convencidos de que 
cerraríamos el año con el proyecto de ley votado en Cámara de Senadores. Tanto júbilo 
nos hizo olvidar por un momento el peso de las Cámaras Empresariales y que sus intereses 
estaban siendo tocados directamente por esta lucha. A pesar del apoyo de todos los sectores 
políticos en diputados, era necesario redoblar el esfuerzo. 

Para entonces la consigna ya nos quedaba chica y empezamos a plantear: #UruguayA- 
poya una Ley de Empleo para Personas con Discapacidad. Pasó el tiempo y a casi un año 
de estar a consideración de la Cámara de Senadores entendimos necesario comenzar una 
campaña nacional de recolección de firmas en apoyo a la pronta aprobación de la ley que 
llamamos: #YoApoyo #YoFirmo. 

Desde las asociaciones estudiantiles, vecinales, de personas con y sin discapacidad, 
sindicatos, hasta los propios comités de base del Frente Amplio, se organizaron, tomaron 
posición, buscando ampliar el respaldo social para que se terminara de concretar este pro- 
268 yecto de ley. 

Llegó el día y en el marco de una movilización con paro del PIT-CNT, en la ciudad 
vieja, lanzamos la campaña y desde el vamos no nos daban las manos. La gente preguntaba 
y firmaba, proponía y se organizaba, se reinventaba y a medida que recorríamos cada rincón 
del país recolectando firmas íbamos colocando en la agenda de discusión del pueblo el de¬ 
recho a trabajar de las personas en situación de discapacidad y las diferentes problemáticas 
que gran parte de esa población enfrenta día a día. 

Siempre entendimos que para realizar el cambio no bastaba sólo con tener la ley, para 
que el cambio fuera real debíamos paralelamente instalar el cambio cultural. Por eso, mien¬ 
tras recorríamos el país de punta a punta con la campaña de recolección de firmas, también 
incluíamos en la formación sindical el módulo de Discapacidad y Trabajo. Fuimos parte 
de un centenar de actividades, talleres y charlas en las cuales se nos fue convocando para 
transmitir experiencias en inclusión y la vez intercambiar vivencias y aspectos académicos. 

La campaña fue acompañada por movilización en las calles, espectáculos musicales, 
actividades deportivas, recorridas por todos los departamentos. Pero nada de esto parecía 
suficiente para que el proyecto de ley con media sanción votada por unanimidad por Dipu¬ 
tados se moviera dentro de la Cámara de Senadores. 



El 11 de agosto de 2017 realizamos en la Casa Sindical José “Pepe” D’Elía, local central 
del PIT-CNT, el “Inclusionarte II”. El primer espectáculo inclusivo con bandas uruguayas 
de Rock en vivo. Habíamos adaptado el local para que las personas con discapacidad, in¬ 
cluidas las personas sordas, pudieran disfrutar de un espectáculo musical que forma parte 
importante de nuestra cultura popular. 

Para la recolección de firmas nos habíamos propuesto superar las 500 mil en represen¬ 
tación de la población en situación de discapacidad que hay en Uruguay según datos del 
Censo de 2011. Y cumplimos. El I o de Mayo de 2018 allí estaban todas las firmas, más de 
500 mil, y las entregamos a las y los diferentes representantes parlamentarios y ministeriales 
que se encontraban en el acto, en especial al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

Si bien el proyecto de Ley de inclusión laboral de personas en situación de discapa¬ 
cidad venía con la aprobación unánime en Cámara de Diputados, al Senado ingresó otro 
proyecto muy similar como iniciativa del Poder Ejecutivo (PE). Por eso, tras aprobarse en 
Senadores, debía ir a la Cámara de Diputados. Las modificaciones discutidas en la previa 
con el PE no modificaron el espíritu de la ley pero agregaron un fuerte componente de gra- 
dualismo. Según el nuevo proyecto la ley debe ser cumplida en un plazo de tres años, siendo 
las empresas más grandes las que deben ajustarse a la nueva normativa de inclusión laboral 
de personal en situación de discapacidad primero. Los otros elementos que se agregaron no 
modifican la premisa, es decir que al final del plazo establecido se debe contar con un 4% de 
personal en situación de discapacidad en empresas con más de 25 trabajadores. 

Llegó el día de la votación en Cámara de Senadores (el 17 de Octubre de 2018) y 
allí nos encontramos con el agregado de nuevas modificaciones, las cuales no habíamos 
discutido y ninguna de las cuales mejora la normativa propuesta por el PE. Los últimos 
capítulos de esta historia están aún por escribirse, pero estamos convencidos de que lograre¬ 
mos terminar celebrando la aprobación de la ley que soñamos, elaboramos y presentamos. 
Tenemos plena confianza de que, al momento de ponerse en vigencia dicha normativa, 
habremos dado por saldada una parte importante de una deuda histórica con las personas 
en situación de discapacidad. 

Luego de más cuatro años de lucha en reclamo de una ley que contemple a las personas 
en situación de discapacidad, a la hora de contratar trabajadoras y trabajadores, y con una 
campaña comprometida del movimiento sindical, la Secretaría de Discapacidad del PIT- 
CNT se prepara para llevar adelante una prolongada vigilia a su reglamentación y sobre 
todo a su cumplimiento. 


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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


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Aprobación de la Ley de Empleo para personas 
con discapacidad con varios cambios respecto al 
proyecto original: avances con controversia 

Finalmente, el 29 de octubre del presente año se promulgó la ley 19.691 que contiene 
normas sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito pri¬ 
vado. 

Las principales regulaciones son las referidas a la obligación de destinar un cuota mí¬ 
nima de cargos para trabajadores con discapacidad, así como la exigencia de fundamentar 
debidamente una causa razonable para despedirlos, y en el caso de que esto último no se 
haga, se deba pagar una indemnización especial además de la indemnización común. 

En el artículo 1 se establece que los empleadores de la actividad privada que cuenten 
con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal que se produz¬ 
ca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a personas con discapacidad 
(artículo 2 o de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010), que reúnan condiciones y la 
idoneidad para el cargo. A continuación describe como sería la aplicación de la ley, que se 
realizará en forma progresiva a lo largo de tres años (y según el número de trabajadores que 
disponga la empresa), finalizando el tercer año con la obligatoriedad de un porcentaje de 
4% del total de trabajadores permanentes (excluye a trabajadores zafrales) de la empresa 
-cualquiera sea el tamaño de esta-. 

Asimismo, la ley establece el derecho a una licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
por un período de hasta 3 meses continuos o discontinuos al año, siempre que la misma 
tenga por motivo su discapacidad y que se encuentre fuera de los casos previstos por el segu¬ 
ro por enfermedad y la licencia anual. Para hacer uso de este derecho, el trabajador deberá 
comunicarlo con 48 horas de anticipación, acompañando el certificado médico por el cual 
se solicita la licencia. 

La ley trata además cuestiones relativas a los derechos y obligaciones del trabajador, 
aspectos relativos al despido, licencias, apoyo laboral y accesibilidad. Del mismo modo, re¬ 
gula los beneficios tributarios para las empresas en lo concerniente a los aportes jubilatorios 
patronales que se aplicarán a personas con discapacidad que ingresen a trabajar partir de la 
vigencia de la ley y que se realizarán en forma gradual a lo largo de tres años. 

Las disposiciones de la ley establecen además la creación de la Comisión Nacional 
de Inclusión Laboral, que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y que será la responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas para la 
aplicación de la ley. Tendrá siete integrantes: un representante del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y uno del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirán conjunta- 



mente, un representante del Ministerio de Salud Pública, uno del Banco de Previsión So¬ 
cial, uno del Plenario Intersindical de Trabajadores -Convención Nacional de Trabajadores 
(PIT-CNT)-, uno de las cámaras empresariales y uno de las organizaciones de la sociedad 
civil del área de personas con discapacidad. 

Martín Nieves, responsable de la comisión de discapacidad del PIT-CNT rechazó los 
cambios introducidos a último momento que -entre otros elementos- reducen sustancial¬ 
mente las posibilidades de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Nieves 
manifestó que con el proyecto de ley aprobado “se está perdiendo integralidad a la ley y los 
trabajadores están teniendo un aplazamiento de mayor tiempo para la incorporación a las 
empresas” 1 . Otra de las objeciones, realizada por abogados laboralistas, es que al no incluir 
al personal zafral o eventual dentro del número de trabajadores a considerar, se desestimula 
el empleo estable y promueve el precario. En ese sentido, se señala la contradicción de crear 
un estatuto particular para los trabajadores con discapacidad que en lugar de protegerlos 
podrá terminar jugando en contra de que se contraten más trabajadores que el mínimo que 
establece la Ley. 2 


1 https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/2833-nieves-no-queremos-leyes-vacias 

2 https://www.pdek. com.uy/espanol/insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-6?nid= 172# .W- 
GU9RFKjIU 


271 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 




Nuestro derecho a SER es urgente 


Foto: Mauro Tomasini 


272 


Delfina Martínez 1 


El proyecto de Ley Integral para Personas Trans, redactado por el Consejo Nacional 
de Diversidad Sexual - integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un re¬ 
presentante del Ministerio de Salud Pública, un representante de la Universidad de la Re¬ 
pública, un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional 
de Educación Pública junto a seis representantes de la sociedad civil- fue presentado en 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay el 17 de mayo de 2017. 

Es en ese momento que dicho proyecto de ley ingresa a la Comisión de Población, De¬ 
sarrollo e Inclusión, de la Cámara de Senadores del Parlamento y permaneció hasta octubre 
de 2018. En ese período se presentaron distintos actores institucionales y de la sociedad 
civil. Entre ellos la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Endocri- 

1 Activista integrante de Unión Trans. El dibujo emblema de la Campaña, que luce en el pañuelo de la foto 
fue realizado especialmente por Leho de Sosa. 



nología y Metabolismo, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Unidad Docente 
Asociada (UDA) del Hospital Saint Bois, la Sociedad de Psiquiatría y organizaciones de 
personas trans y de la comunidad LGBTI, como Asociación Trans del Uruguay (ATRU), 
Unión Trans, Ovejas Negras y TransBoys Uruguay(TBU) argumentando a favor de dicho 
proyecto y enriqueciendo el mismo. 

El médico Carlos Zunino, profesor adjunto de Clínica Pediátrica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la República, dijo que es “muy importante” que se mencione 
a los menores de 18 años porque “todas las personas deben poder ejercer el derecho a estas 
prestaciones”, y un alto porcentaje de las personas trans se desvinculan de sus familias antes 
de cumplir 18 años, por lo que sus derechos se verían vulnerados si se exigiera la aprobación 
de representantes legales. De todos modos aclaró que el proceso es largo y que la idea no 
es que “todos los niños, niñas y adolescentes trans tomen como primera medida la hormo- 
nización”. Zunino explicó que el equipo de salud tomaría las decisiones, considerando el 
grado de madurez de las personas 2 . 

Dicho tratamiento se vio demorado debido a la polémica que se generó con respecto a 
los artículos que brindan el derecho a la calidad integral de la atención sanitaria a menores 
trans basándose en la autonomía progresiva, es decir considerando el desarrollo madurativo 
tanto biológico como psicológico de las adolescencias trans en caso de no tener la anuencia 
de sus representantes legales (arts. 8 y 11 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia). 

Es importante destacar que según datos del Censo Nacional de Personas Trans la de- 
safiliación familiar es en promedio a los 18 años, es decir hay quienes se desvinculan por 
encima y también por debajo de esa edad. En el caso de mujeres trans hay un alto porcentaje 
que lo hace por debajo de la mayoría de edad, lo que a su vez incide en el trabajo sexual ca¬ 
llejero como única alternativa (yo prefiero hablar de explotación sexual, ya que el concepto 
de trabajador/a sexual es otro, y en Uruguay está apenas reconocido). 

Siguiendo en la línea de los datos cuantitativos arrojados por el censo, en la primera 
sistematización podemos percibir que existen 853 personas trans en todo el territorio na¬ 
cional. De las cuales el 90 % son mujeres. Solo el 16 % de esta población supera los 50 años 
y solo el 2,4 % supera los 65 años. 

El tramo de edad donde hay mayor concentración de personas trans es el de 18a 29 
años y la edad promedio de las personas censadas es de 37 años. No es un dato menor con¬ 
siderando que la expectativa de vida de la población trans en América Latina no supera los 
40 años según un estudio internacional que se elaboró en 2006 para la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

El hecho de ser una población joven tiene relación directa con la desvinculación del 
sistema nacional integrado de salud, que es consecuencia de la discriminación estructural 

2 Ver: https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/6/pediatras-y-endocrinologos-de-acuerdo-con-hormoniza- 
cion-en-menores-de-18-anos/ 


273 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


debido la mirada patologizante y el deterninismo biológico sobre el cual históricamente 
se ha basado la medicina. Es decir, no había lugar ni tratamientos que resuelvan las nece¬ 
sidades de las personas trans hasta que en el año 2015 empiezan a brindarse tratamientos 
hormonales a través de la UDA Saint Bois, siendo hasta el día de hoy el único centro de 
salud en todo el Uruguay que aborda la temática desde una perspectiva de género disidente. 

El 88 % de las personas censadas declararon haber sido discriminadas a nivel general. 
Al cursar la enseñanza, los niveles más altos de discriminación provienen de sus propios 
compañeros, el 75 % de los casos en Primaria y el 72 % en Secundaria.Asimismo, se registra 
un alto nivel de discriminación proveniente de los educadores y profesores, que en el caso 
de la escuela es de 19 % y en Secundaria supera el 20 % (Presidencia de la República). 

Todos estos datos cuantitativos y cualitativos contribuyeron al diseño de políticas 
públicas y a generar una serie de políticas públicas que buscan un impacto real sobre las 
trayectorias de las personas trans, basándose en datos muy específicos que dan cuenta de 
la marginación social en que se encuentra dicha población por el solo hecho de ser, no 
adaptándose a la heteronorma y el binarismo impuesto. Vale aclarar que dichos datos se 
aproximan apenas a esta realidad, luego de la aplicación de la reciente ley se incorporará 
la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística. 

Los legisladores que se han posicionado en contra de la ley han apelado a todo tipo 
de argumentos, se escucharon desde las teorías mas conspirativas como la que habla de 
corporaciones y presión por querer cambiar el orden ya establecido, a través de lo que ellos 
entienden por “Ideología de Género”, pasando por argumentos de orden científico desco- 
274 nociendo que el género es un constructo social y puede tener concordancia o no con el sexo 
biológico de cada persona. Ni que hablar del desconocimiento sobre las personas intersex. 

Pero algunos argumentos han sido basados en acciones que el Estado uruguayo ha 
venido realizando luego de la ley 18.620 - Derecho a la Identidad de Género y al Cambio 
de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios, del año 2009. Cambio que hoy es a 
través de un proceso judicial, con los costos y las largas esperas que el mismo conlleva, sin 
mencionar todo tipo de violencia verbal que reciben quienes lo solicitan por parte de al¬ 
gunos jueces, realizando preguntas que no corresponden o solicitando estudios médicos y 
psiquiátricos. 

Sin embargo, lo que no se nombra no existe, y recién desde ese año existe un recono¬ 
cimiento normativo de la existencia de las identidades trans, empezando a reconocerlas 
como sujetos políticos de derecho. A partir del reconocimiento el Estado empieza a realizar 
algunas acciones en pro de la inclusión. El MIDES otorga desde el año 2012 la Tarjeta Uru¬ 
guay Social (TUS) a personas trans que la soliciten, percibiendo un monto mensual de 992 
pesos entendiendo que las personas trans se encuentran dentro de las poblaciones que viven 
en extrema vulnerabilidad socioeconómica (el ingreso promedio de una persona trans es de 
7418 pesos, mientras que las mayores de 51 años tienen un promedio de ingreso de 3754 
pesos. Muy por debajo del salario mínimo). 



La atención en salud brindada por la UDA Saint Bois también es desde 2015 un cen¬ 
tro de referencia para las personas trans que requiere al uso de tratamientos hormonales, 
pero la realidad es que al ser el único centro de salud con una perspectiva amigable, hoy se 
encuentra superpoblado. Además que sea un decreto y no una ley su aplicación depende de 
su dirección actual y por lo tanto es muy fácil de quitar o incumplir. 

También se habló de exoneraciones de impuestos a privados que contraten personas 
trans, pero las cifras dan cuenta de que no siempre lo que está escrito se cumple en la reali¬ 
dad. De hecho el 70 % de la población trans ejerció en algún momento de su vida el comer¬ 
cio sexual. Hay un 30 % de desocupación mientras en la población general el porcentaje 
baja a 8%. Si hacemos una comparación se puede ver claramente que no hay un acceso 
igualitario al mercado formal de trabajo. Solo el 23 % de las personas ocupadas acceden al 
Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantescon 62 votos afir¬ 
mativos de 88presentes, votados en su amplia mayoría por el Frente Amplio, pero con al¬ 
gunos votos de la oposición (cosa que no sucedió en la Cámara de Senadores, ya que solo 
fue votada por el oficialismo y por el Partido Independiente). Ahora tiene 90 días para su 
reglamentación a partir del 18 de octubre de 2018 que es cuando se aprobó con las barras 
llenas de gente, muchos jóvenes con atuendos amarillos y pañuelos del mismo color con 
la inscripción “Nuestro Derecho a SER es Urgente”, que se transformó en el distintivo de 
la Campaña Nacional Por La Ley Integral Para Personas Trans, impulsada por la colectiva 
Unión Trans junto con ATRU, TBU, Ovejas Negras y Colectivo Diverso de Las Piedras e 
integrada por organizaciones feministas y afrofeministas, gremios de estudiantes, así como 
el movimiento de trabajadores, colectivo de varones antipatriarcales, y algunos líderes reli¬ 
giosos. Sumando un total de 30 organizaciones. 

Dicho proyecto, ahora transformado en ley, propone que el cambio de nombre y sexo 
registral deje de ser judicializado y pase a ser un trámite administrativo, como es en el caso 
de la ley de Argentina. Este proyecto, como dice su nombre es integral, abarca distintas 
áreas de la vida de la persona e intenta brindar herramientas básicas, como son becas de 
estudio o cupos laborales en los llamados realizados durante el año por el Estado. 

También garantiza un resarcimiento económico para las personas trans que hayan nacido 
antes del 31 de diciembre de 1975 que puedan comprobar que hayan sido víctimas de violencia 
institucional por parte del propio Estado por razón de identidad de género, tanto en la dictadura 
como en el período de posdictadura considerando que dicha persecución y detenciones arbitra¬ 
rias estaban habilitadas a través del decreto de razia vigente hasta el año 2005. Esta reparación 
fue tergiversada por los medios masivos de comunicación: instalaron la idea de que todas las 
personas trans, por el solo hecho de serlo, recibirían esta prestación, que equivale a tres BPC 
(Base de Prestaciones y Contribuciones) es decir, 11.500 pesos nominales (La Diaria). 

Sin embargo esa alarma social que se generó una vez instalado el tema en la opinión 
pública se logró revertir desde los movimientos sociales, que han generado materiales de 


275 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


información a través de las redes sociales, y la voz trans en primera persona en los diferentes 
medios de prensa locales y regionales, la entrega en el Parlamento de las 60 mil firmas en 
apoyo a la ley, como también las diferentes intervenciones en el espacio público a través 
de actividades culturales y reivindicativas. Entre ellas se destacan las diferentes marchas en 
los distintos puntos del país reclamando la urgente aprobación de esta ley, asimismo los 
encuentros que se generaron desde la Campaña Nacional Por Una Ley Integral Para Perso¬ 
nas Trans la cual convocó a diferentes artistas referentes de la escena local, entre la cual se 
destacó la presencia de la artista trava sudaca Susy Shock. 

El 23 de setiembre en Uruguay se conmemora el Día de la Reivindicación de las Iden¬ 
tidades Trans, fecha que recuerda que a pesar del reconocimiento a las identidades, aún los 
asesinatos siguen impunes y la justicia sigue siendo una utopía. En el marco de la Campaña 
se realizó una actividad en la plaza LíberSeregni para no olvidar que esas muertes, antes 
vidas, siguen sin importarle a esta sociedad que se jacta de ser inclusiva desde lo discursivo. 

Si bien los movimientos de la diversidad sexual en el mundo celebran el 28 de junio 
como el día del orgullo (en Uruguay las primeras marchas a principios de los años 90 se 
realizaban en esa fecha), desde 2005 la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad (in¬ 
tegrada por diferentes organizaciones) organiza la Marcha por la Diversidad en el mes de 
Setiembre que, año tras año, va creciendo en convocatoria. La última marcha congregó a 
120.000 personas a lo largo de la Avenida 18 de Julio bajo la consigna Ley Trans Ya. 

Esta ley sin dudas marca un precedente histórico a nivel internacional, desde un mo¬ 
vimiento liderado por las propias personas trans, que muchas veces han sido silenciadas 
276 dentro del propio movimiento lgbti porque quienes lideraron estos movimientos desde sus 
inicios han sido los varones blancos, de clase media y con formación académica. Hoy la voz 
trans tiene la capacidad de trabajar articuladamente con este movimiento y no ser solo una 
foto que legitima esta lucha. 

Es importante destacar que una ley no es más que letra muerta en un papel si no hay un 
cambio cultural en la sociedad que la acompañe. En este sentido se han realizado algunas 
acciones como la Semana de Arte Trans que es organizada por la Intendencia de Monte¬ 
video (IM) y que este año incorporó a su equipo de coordinación artística a una persona 
trans, siendo la primera de este colectivo que logró desempeñar tareas de gestión cultural. 

Sin dudas el convenio firmado entre MIDES, el Departamento de Cultura de la In¬ 
tendencia Municipal y el Teatro Solís abre la puerta a esta posibilidad de poder incorporar 
la perspectiva y sobre todo, la presencia trans en lo que respecta al arte y la cultura. Dicho 
convenio habilita el acceso a una tarjeta de pase libre destinada a las personas trans para 
acceder a todos los espectáculos y obras que se realicen en dicho teatro. Iniciativa que surge 
desde la SAT donde se hizo foco en que los derechos al ser indivisibles, el derecho a la cul¬ 
tura también es una responsabilidad que el Estado debe asumir, y a su vez, todas y cada una 
de las personas que formamos parte de esta sociedad. 



Si de vulneraciones se trata... 


Karina Núñez Rodríguez 1 


Desde el comienzo de los tiempos nadie ha negado que la prostitución es una de las 
profesiones más antiguas del mundo. Sin embargo, esta certeza se ve invisibilizada en la 
realidad cuando vemos que en la práctica las personas que realizamos Trabajo Sexual conti¬ 
nuamos a la sombra en cuestiones de Derechos Humanos. 

El 2 de Julio del año 2002 nuestro Parlamento aprobó la Ley 17.515 de Trabajo Se¬ 
xual haciendo con ello que nos convirtiésemos en un país Reglamentarista del ejercicio 
de la Prostitución. Sin embargo, esta Ley solo posee dos incisos reglamentarios: el que le 
otorga el carácter epidemiologicista y sanitarista por un lado, y el que le otorga el carácter 
criminalizador a dicho ejercicio, ya que el registro Nacional del Trabajo Sexual depende del 
Ministerio del Interior. 

Desde el 2002 hasta el momento hemos tenido la ausencia del MTSS y del BPS, más 
allá de comunicados internos dentro de sus dependencias sobre el tema. Considero que esta 
situación debe ser revertida urgentemente, y para ello se necesita de la voluntad parlamen¬ 
taria para lograr la modificación de esta ley. 

Con la ayuda de personas solidarizadas con la lucha por nuestros derechos hemos ela¬ 
borado con otras compañeras lo que consideramos es la definición que nos representa y que 
a continuación les comparto. 

Definición de Trabajo Sexual 

Se trata de una relación contractual de tipo compromiso comercial entre una persona 
que ofrece un servicio sexual -recibiendo por ello una remuneración monetaria preconce¬ 
bida y por un plazo acordado- y una persona o personas que lo reciben. 

íQué es el trabajo sexual? 

Tarea que realizan de manera habitual personas mayores de 18 años de edad, capaces 
y en forma voluntaria, utilizando como fuerza de trabajo su cuerpo sexo-erotizado y perci¬ 
biendo a cambio una remuneración con dinero. Es condición sine qua non que los servicios 
sexuales remunerados sean prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. 

La mayoría de edad es un requisito imprescindible para prestar y recibir servicios se¬ 
xuales remunerados. Que implica la tarea del cuerpo sexo-erotizado ?: Cualquiera de las for- 


277 


Trabajadora Sexual. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


278 


mas de erotización y acto sexual que el espectro del placer contiene, siempre y cuando quien 
oferta tenga la prioridad de limitar estos actos según su barrera del dolor o su permiso con¬ 
sensuado para determinados actos. Bajo ningún concepto se considerará “tarea” cualquiera 
de las formas/manifestación de violencia hacia la persona que ejerce el trabajo sexual. 

¿Quiénes pueden ser trabajadoras sexuales? 

Toda persona mayor de 18 años que se identifique como mujer cis, mujer trans, mujer 
lesbiana, mujer bisexual, mujer transgénero, mujer transexual, travesti, que esté registrada 
en ANELTSU y cuente con el carné de salud extendido vigente. 

¿Quiénes pueden ser trabajadores sexuales? 

Toda aquella persona mayor de 18 de años que se identifique como varón cis, varón 
trans, varón gay, varón bisexual, varón transgénero, varón transexual, travesti que esté regis¬ 
trado en ANELTSU y cuente con el carné de salud extendido vigente. 

Propuesta de Reforma a la ley 17515 2 

Adecuar desde una perspectiva de derechos humanos la ley del 2002. 

Salir de la órbita del Ministerio del Interior y estar bajo la del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Acceso a Seguridad Social, jubilación y formación, profesionalización y acceso a la 
salud integral como cualquier otra persona en el mundo. 

Trabajo en libertad, sin el estigma de trabajar en zonas exclusivas estigmatizadas como 
“las zonas rojas”. 

Nunca y bajo ninguna excepción las y los trabajadores sexuales podrán ser entendi¬ 
dos como trabajadores dependientes debido a que su fuerza de trabajo es su cuerpo sexo- 
erotizado. 

Con esto, deseamos marcar la cancha con nuestra línea divisoria. Es tiempo de que el 
Estado deje de vernos solo por los ojos de nuestras compañeras provenientes de las redes de 
trata -práctica que condenamos al igual que la explotación- y que comience a mirarnos a la 
cara y reconocernos como las mujeres valientes que somos, porque sobre nuestros cuerpos 
yacen todas las miserias generadas por las desigualdades y aun así seguimos firmes en pié 
de lucha. 


2 Facebook: Renovar Ley 17515/@OTRASUy 




Foto: Mauro Tomasini 


Tejido a mano. Un pueblo en movimiento 


Natalí Latorre | Pablo Silveira Artagaveytia | Julio Arredondo Larrosa 


279 


Durante el año 2017 se desarrolló el proyecto TEJIDO A MANO. UN PUEBLO EN 
MOVIMIENTO con más de cien organizaciones sociales de Uruguay, Argentina y Brasil. 
En el documento fundacional elaborado en un proceso participativo de varios meses se ex- 
plicitan los fundamentos, objetivos y acciones que se concretaron en el lanzamiento, en los 
tres Tejidos territoriales y el cierre de esta primera etapa en Montevideo el 10 de diciembre 
de 2017 en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

El lanzamiento se realizó en el auditorio Mario Benedetti del PIT-CNT el 12 de mayo 
convocando a organizar y participar en un conjunto de actividades abiertas, públicas, de 
carácter socio-cultural y gratuitas con el protagonismo de las organizaciones locales. 

Las actividades territoriales se realizaron en Salto (24 de junio), Rivera (9 de setiem¬ 
bre) y La Paloma-Rocha (28 de octubre). En esas instancias se desarrollaron decenas de 
muestras, exposiciones y talleres sobre temáticas vinculadas a los DDHH en su más amplia 
acepción. Se contó con el aporte solidario de más de trescientos artistas plásticos, músicos, 
documentalistas, escritores, actores, bailarines y fotógrafos. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


280 


El cierre, contó con delegaciones de cada territorio participante además de los expo¬ 
sitores locales que desarrollaron sus actividades en nueve espacios simultáneos, se realizó 
en un continuo conformado por la Plaza Fabini (El Entrevero), con corte de la Avda. 18 de 
Julio, la Sala Zitarrosa y el Subte de Montevideo. 

Se transmitió en directo para todo el país a través de Radiodifusión Nacional del Uru¬ 
guay {Radio Uruguay y Emisora del Sur). 

Destacamos a modo de ejemplo temáticas de cada espacio: 

• Espacio Guyunusa: 

Salud Mental y DDEIH, Violencia hacia las mujeres y la infancia. 

• Espacio Daniel Viglietti: 

Agua, energía y ambiente. Subvenciones a la educación privada. 

• Espacio Miguel Soler: 

Estreno del audiovisual “Qué significa defender los DDEIH” 

• Espacio Felisberto Hernández: 

Audición radial en directo del compositor Rubén Olivera: Sonidos y silencios. 
Taller a cargo del grupo “De Tan Lejos”, músicos argentinos y colombianos. 

• Espacio Julia Arévalo: 

Spot y mesa sobre el Trabajo Doméstico. 

Discapacidad y trabajo. 

• Espacio José Luis Rebellato: 

Cooperativas de producción, autogestión, acción comunitaria. 

Educación ambiental, agricultura orgánica 

• Espacio Violeta Parra: 

Muestra de Palestina-Israel. 

Muestra de los 80 años de Guernica. 

Museo Itinerante de la Rueca y el Telar de Valizas (Rocha) 

• Espacio Sansueña: 

Espacio lúdico con propuestas expresivas y cooperativas. 

• Espacio Julio Castro: 

Derechos Humanos: ayer y hoy responsabilidad del Estado. 

Situación actual de los trabajadores en América. 

A continuación transcribimos fragmentos del Documento Fundacional 



EL TEJIDO SE HACE FUERTE CON MÁS HILOS, JUNTOS SOMOS MÁS 

Asistimos a un tiempo en el cual el conservadurismo social y político insiste en impulsar con 
fuerza un modelo económico y culturalanclado en viejas tradiciones mercantilistas, xenófobas, 
racistas, patriarcales, guerreristas e irracionalmente depredador de las relaciones solidarias y 

del medio ambiente. 

La debilidad y fragmentación social, la falta de participación y de credibilidad gene¬ 
ralizada, así como el individualismo desesperanzado, han sido y son caldo de cultivo para 
soluciones mesiánicas. 

Con gran preocupación constatamos el avance de los sectores conservadores en la vieja 
Europa, en los Estados Unidos y, particularmente, en América Latina. En la región, respal¬ 
dados por los medios masivos de comunicación, apoyándose especialmente en el descon¬ 
tento de las capas medias y las débiles estructuras democráticas y participativas de nuestras 
sociedades, intentan imponerse como modelo. 

Esos sectores son los responsables del aumento de las desigualdades en nuestras socie¬ 
dades, son los que promueven la desregulación del trabajo, los que eliminaron los Consejos 
de Salarios son los que promueven la fragmentación social, son los que se ocupan de educar 
bien a unos pocos que se encargarán de la conducción del país y reclaman dineros públicos 
para la educación privada, los que dicen que las reglas del mercado (la oferta y la demanda) 
son la única regulación válida. Son los que sostienen que las desigualdades sociales son 
naturales. 

Son los que respaldaron a la dictadura y que sostienen que algunos nacen para mandar 
y otros, para obedecer, pero que ocultan los mecanismos de reproducción de la desigualdad 
y la injusticia. Son los que entregan la soberanía nacional frente a los organismos interna¬ 
cionales, los que desmantelan las políticas sociales que defienden a los más vulnerables, los 
que quieren minimizar la acción que realiza el Estado para proteger a los más débiles. 

Esas fuerzas conservadoras ahora buscan recuperar su hegemonía mediante la co¬ 
lonización y manipulación de los sectores populares ocultando sus verdaderos intereses; 
alientan las industrias extractivas, no se inmutan frente a la extranjerización de la tierra, se 
enriquecen con la exportación de materias primas sin valor agregado y promueven el uso de 
la represión y la inflación punitiva frente a la protesta y el descontento. 

Esa es la concepción ideológica que proponemos enfrentar juntos para defender y pro¬ 
fundizar los logros del campo popular desde una perspectiva de los Derechos Humanos. 

La retrógrada ofensiva restauradora nos obliga a abrir frentes en defensa de los dere¬ 
chos ya conquistados por los movimientos sociales; defender y ampliar esos logros enfren¬ 
tando los embates ideológicos que se expresan en los mensajes de estos sectores sociales y 
políticos de manera explícita o implícita. 


281 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


En momentos de grandes tensiones, cuando se levantan los muros de la intolerancia, 
el desprecio ante las diferencias identitarias (ideológicas, de género, raciales, étnicas, reli¬ 
giosas, etc.), la promoción del debate franco, fraterno, solidario es un método clave para el 
logro de nuestros objetivos. 

La batalla de ideas se da en todos los planos de la vida. La crítica sin propuestas poco 
contribuye al esclarecimiento del rumbo estratégico que se debe seguir, por eso queremos 
buscar juntos las transformaciones necesarias. Por experiencia histórica, sabemos que los 
caminos de aproximación a una sociedad más igualitaria, con justicia social, presentan 
avances y retrocesos. Por eso valoramos cualquier avance en derechos sociales y políticos, 
pues por más pequeño que parezca, acumula en el sentido liberador de nuestros pueblos. 

Luchamos por una Cultura de Paz generada a partir de la reflexión ética, el diálogo, la 
profundización de valores y estructuras democráticas, la no violencia y la autodetermina¬ 
ción de los pueblos. 

Paulo Lreire nos dijo: 

“La educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia 
que protesta contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación 
y la violencia, está equivocada”. 

Y tras recibir el premio UNESCO de Educación para la Paz afirmó: 

“No creo en ningún esfuerzo para la paz que, en lugar de revelar el mundo de las injusti¬ 
cias, lo vuelva opaco y tienda a cegar a sus víctimas”. 

282 

José Luis Rebellato en su utopía, resistencia y esperanza, nos dice: 

“Sólo una profunda esperanza y confianza permiten que nos abramos a este mundo de 
experiencias, de luchas de potencialidades sepultadas por el sistema. La ética de la esperanza, 
no en cuanto espera pasiva ni en cuanto ética del consuelo, sino como ética de la confianza en las 
potencialidades de resistencia y de construcción de los sectores populares, hoy en día surge como 
inseparable de la ética de la liberación y de la vida. Apostamos a un mundo nuevo, luchamos 
por su construcción, creemos enquienes son los sujetos de este proyecto colectivo. 

No podemos aceptar la institucionalización de un sistema capitalista vencedor, porque 
reconocemos la fuerza de lo instituyente y de lo imaginario radical”. 

Sobre estos pilares, nuestra tarea se orienta a abrir espacios temáticos de debate en el 
plano local y regional, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública en general e im¬ 
plicar a los actores sociales transformativos para avanzar en modelos superadores de nuestra 
cultura. 

Ya lo decía el trovador: 

“...el sueño se hace a mano y sin permisoarando el porvenir con viejos bueyes”. 



El significado profundo que guarda esta metáfora de Silvio Rodríguez sintetiza de for¬ 
ma magnífica el espíritu de un tiempo donde las transformaciones socio-culturales se hacen 
cada vez más necesarias. Por eso, buscamos generar condiciones para la construcción de un 
proyecto cultural solidario, impulsado desde las bases sociales. 

Se nos presenta el enorme desafío de contrarrestar las tendencias negativas del mundo 
de hoy. Por ello, es preciso zurcir la memoria histórica con la mirada puesta en el porvenir, 
tejiendo punto por punto cada uno de nuestros proyectos, agudizando el sentido del pensa¬ 
miento de manera crítica y autocrítica, combatiendo prejuicios profundamente arraigados 
en nuestro sentido común. 

Debemos problematizar la obviedad de lo cotidiano y permitirnos reflexionar en co¬ 
lectivo, abriendo espacios alternativos de diálogo como forma de vincular la diversidad 
creativa de las organizaciones e instituciones que conforman el tejido social. 

A través de este Tejido a Mano. Un Pueblo en Movimiento, nos proponemos impulsar 
un proyecto itinerante, discursivo y sonoro que recorrerá Uruguay, con la idea de facilitar 
instancias de intercambio entre las diferentes comunidades del territorio. 

Decía Violeta Parra: 

“...se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como 
el musguito en la piedra”... 

En una época donde emerge con fuerza el fenómeno de la aldea global virtual, como 
impulsores de este espacio itinerante real, nos proponemos caminar codo a codo, releer 
nuestra memoria compartida y articular esas experiencias a nuestro presente y futuro, vi¬ 
sualizando las vivencias y contenidos del Uruguay profundo. En un mundo donde está 
en marcha un ajuste global para que la crisis del capitalismo la paguen los pueblos y que 
ha alimentado valores individualistas, de intolerancia, miedo, desconfianza; poniendo en 
riesgo la existencia misma de la humanidad, se hace imprescindible recorrer estos caminos 
compartidos de reflexión y cercanías, democracia y participación. 

Pueblo a pueblo, barrio a barrio... juntos somos más. 1 


283 


1 Posibilidades de ampliar información (fotos, registros audiovisuales, documentos y afiches con las progra¬ 
maciones) ingresando a Facebook: Tejido a Mano. Un Pueblo en Movimiento. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


284 



Organizaciones y artistas participantes (nómina incompleta) 


ADEMU Montevideo 
ADES Montevideo 
AFUTU 

Asociación de Empleados Bancarios 
Asociación de Empleados y Obreros Municipales 
de Salto (ADEOMS) 

Asociación de Funcionarios de Enseñanza Secunda¬ 
ria de Salto (AFESS-FENAPES) 

AUTE 

AUTE-Salto 

Avalancha Tanguera 

Bordado Charrúa de la Memoria 

Centro de Educación Socioambiental Parque Rodó 

Centro Universitario Regional Este CURE 

Colectivo Aldaxca 

Colectivo Ubajay (San José) 

Comisión de Derechos Fiumanos (Tacuarembó) 
Comisión de Derechos Fiumanos del PIT-CNT 
Comisión de Discapacidad del PIT CNT 
Comisión de Jóvenes del PIT CNT 
Comisión de Recuperación de la Memoria (Rivera) 
Comparsa La Melaza 

Comunidade Autónoma Utopía e Luta (Brasil) 
Cooperativa Artística Salteña Víctor Lima 
Coro ACIZ cantamos 
Corporación Róchense de Turismo 
Crysol 

De Tanto Lejos (Argentina-Colombia) 

Demetrio Xaviel (Brasil) 

Departamento de Cultura del PIT-CNT 
Educación Popular-Pedagogía de la Tierra 
Ensamble de Costa a Costa (Argentina) 

Escuela de La Pedrera-Método Waldorf 
Espacio Mixtura 

Espacio Pedagógico Caballito de Mar (Rocha) 

FENAPES ROCHA 

FENAPES SALTO 

FEUU 

FFOSE 


FortuGalizzi 

FUM-TEP 

Fundación Inés Aparicio - Argentina 
Grupo de danzas de la Intendencia de Salto 
Grupo Vasco de Salto 
Homo Ludens 

Humanización del Nacimiento (Lavalleja) 
Intendencia de Montevideo 
Intendencia de Rocha 
Intendencia Municipal de Rocha 
Intendencia Municipal de Salto 
Intervenciones Callejeras con Tiza 
IPRU 

Julio Víctor González 
Juventud para Cristo 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desa¬ 
parecidos 

Mercado Popular de Subsistencia 
Movimiento de Educadores por la Paz 
Movimiento de los Sin Tierra MST (Brasil) 
Movimiento Estudiantil de Salto 
Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud 
Municipio B de Montevideo 
Municipio de La Paloma 
Museo Itinerante de la rueca y el Telar (Valizas) 
Nanci Araujo (Brasil) 

Observatorio Luz Ibarburu 
ONG El Paso 

Parque 17 de febrero (Colonia) 

PIT-CNT 

Planetarios 

Plenario Intersindical “María Romana” (La Paloma - 
Rocha) 

Proderechos 

Programa Ecuménico de Palestina-Israel 
Proyecto Artesanías Butiá 
Proyecto Neumáticos de Punta de Rieles 
Radio Comunitaria Cabo Santa María 
Radio Parque 92 



Radio Vilardevoz 

Radiodifusión Nacional del Uruguay 

Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. 

Rubén Olivera 

Sansueña 

SERPAJ Urugay 

Sindicato de Trabajadoras Domésticas 

Sindicato Unico de Hoteleros y Gastronómicos del 

Uruguay. 

SINTEP 
Spika FM 

Susurradores de poesía (Rocha) 

Taller Ex Presar 


Taller Literario “Dale Tú que te toca a Tí” 

Teatro del Oprimido (Rivera) 

Trabajadores de Frigoríficos: SUTLCAS, SUTRA- 

FRID y SITRASO 

Trabajadores de la Pesca 

Traductores de lengua de señas 

TV Ciudad 

Valeria España (Centro de Promoción de los 
DDHH) 

Washington Carrasco y Cristina Fernández 

Y muchísimas más a las que pedimos disculpas por 
no nombrarlas 


285 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


286 


Carta del Mtro. Miguel Soler Roca ante la 
celebración de “Un Pueblo en Movimiento” 

Montevideo, 10 de diciembre de 2017. 

Estimadas Compañeras y Compañeros 

Me sumo muy sinceramente a la conmemoración que han organizado del Día de los 
Derechos Humanos con el lema “Un pueblo en movimiento”. La diversidad de tiempos, 
espacios y expresiones cívicas, artísticas y culturales que constituyen la tupida agenda de 
esta jornada evidencia que, en efecto, nuestro pueblo se mueve en procura de una vigencia 
real de los Derechos Humanos, asumiendo el protagonismo de la denuncia, el análisis y el 
enunciado de propuestas sobre tan candente tema. 

Subrayo la importancia que tiene que a las fuerzas populares se sumen las sindicales 
e institucionales con que cuenta el país y los artistas que, como sin duda lo habría hecho 
Daniel Viglietti, siempre nutren nuestros actos con su actuación solidaria. 

Me complace destacar el carácter latinoamericanista que tienen los actos previstos. 
Compartir información sobre cómo los derechos de nuestros pueblos son tratados en las 
diversas latitudes es fundamental para enfrentar las crecientes manifestaciones reacciona¬ 
rias que emergen en muchos puntos de nuestra región. 

Los deberes pendientes son infinitos, empezando por el hecho de que la vida, primer 
derecho universal a preservar, sigue siendo objeto de maltratos múltiples. Como siempre, 
la educación para la paz, la convivencia y la solidaridad debe ocupar el puesto que ustedes 
le han asignado, de modo que ella pueda contribuir al desarme de los países y de las mentes. 
Destinar un domingo entero a la proclamación de estos valores es una obra magnífica, que 
desde mis convicciones de veterano maestro, aplaudo sin reservas. 

Con los mayores deseos de éxito en la labor tan robustamente emprendida, les abraza, 

Miguel Soler Roca 



El freno a los avances en la libertad de expresión 


CAinfo 1 


En diciembre de 2018 se cumplirán cinco años de la sanción parlamentaria de la ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que surgió de un proceso abierto 
y transparente de discusión que contó con el amplio apoyo de la sociedad civil organizada 
mediante la Coalición por una Comunicación Democrática. 

A pesar de ese respaldo, la norma tuvo una férrea posición contraria de parte de los 
partidos opositores, lo cual también se reflejó en la presentación de un elevado número de 
recursos de inconstitucionalidad, test que la ley logró salvar en el 95 por ciento de los casos. 

A pesar de eso, el Poder Ejecutivo se mostró renuente a avanzar en la discusión y apro¬ 
bación de la reglamentación de la ley así como en la aplicación de aquellos aspectos que no 
dependen de dicha norma reglamentaria. Entre esos aspectos retrasados en su aplicación 
se encuentra la conformación del organismo de aplicación de la norma, el Consejo de Co¬ 
municación Audiovisual, un organismo de cinco miembros cuyo presidente es designado 
por el Poder Ejecutivo (lo cual no ha sucedido hasta el momento de la redacción de este 
informe) e integrado por cuatro personas elegidas con venia parlamentaria en la Asamblea 
General, lo cual garantiza su autonomía e independencia del poder político y económico. 

Si bien la bancada del oficialismo dio inicio al proceso de selección, al que se presenta¬ 
ron 27 postulantes, todavía no ha sido posible reunir la voluntad política de todo el Poder 
Legislativo a fin de votar a los cuatro integrantes para avanzar en la aplicación de la ley. 

Por otro lado, también se requiere un rol mucho más activo de la Defensoría del Pú¬ 
blico, una figura que también fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audio¬ 
visual y que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo (INDDHH). 

Durante un mesa redonda realizada en la sede de la INDDDHH en el mes de mayo, 
organizaciones de la sociedad civil y un representante de UNESCO plantearon la necesi¬ 
dad que la INDDHH asuma un papel protagónico en la aplicación de la denominada “Ley 
de Medios” y desarrolle, entre otras de sus competencias, una política para la educación 
sobre medios de comunicación. 

Según consignó el matutino La Diaria, Guilherme Canela, Consejero en Comunica¬ 
ción e Información de UNESCO destacó la importancia de que la INDDHH fomente 
planes de educación para los medios, basado en los resultados de la investigación Kids On¬ 
line Uruguay, realizada por UNICEF y UNESCO. Además, señaló que la Defensoría debe 


287 


Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


trabajar de forma estrecha con el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) cuando 
esté conformado, con la sociedad civil organizada, con el Poder Judicial, los dueños de los 
medios y los trabajadores, para proteger la libertad de expresión. 

Por su parte el director ejecutivo de la organización Observacom, Gustavo Gómez, y 
Lilián Celiberti, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, coinci¬ 
dieron sobre el rol de la Defensoría para la promoción de la educación sobre medios. 

Gómez, quien fue el impulsor del debate que sirvió como insumo para la elaboración 
del proyecto de ley cuando se desempeñó como Director Nacional de Telecomunicaciones 
en el gobierno de José Mujica, consideró que si bien el Poder Ejecutivo es un actor clave 
en las demoras en la aplicación de la LSCA, vigente desde enero de 2015, la INDDHH 
también ha avanzado muy poco. Desde su perspectiva, la Defensoría podría desarrollar un 
plan nacional de educación para la comunicación, promover los derechos de las audiencias 
y elaborar un protocolo de actuación de oficio. 

A fines del 2017, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un informe en 
el que expresaba su preocupación por “prolongadas demoras” en la implementación de la 
LSCA, porque “afectan directamente la protección y promoción de los derechos humanos 
reconocidos por la LSCAV (...) pues dificultan su real ejercicio por parte de las personas”. 

Amenazas a la libertad de expresión 

En el informe anual del monitoreo de amenazas a la Libertad de Expresión de perio- 
288 distas se registraron 19 casos, doce (12) de nivel “Medio” y siete (7) “Leves”. Además el 
informe consigna otros dos casos que afectan el derecho a la libertad de expresión y que 
tuvieron que ver con medios de comunicación, pero que no afectaron a profesionales en el 
ejercicio de tareas periodísticas. 

Respecto a su ubicación en el territorio, la mayoría de los casos (15) se produjo en 
Montevideo, mientras que los departamentos de Colonia, Flores, Salto y Soriano registra¬ 
ron uno (1) cada uno. 

La Categoría en la que se registraron más episodios fue en las Amenazas, donde se 
pudo constatar la existencia de seis (6) episodios. Luego le siguieron el Hostigamiento a 
través de la Justicia, el Hostigamiento laboral y el Rechazo a pedidos de acceso a la informa¬ 
ción pública (3 casos cada uno), el Hostigamiento físico (2), mientras que la Censura y la 
Obstrucción al trabajo periodístico registraron un (1) episodio cada una. 

En cuanto a los responsables de las amenazas, nueve (9) provinieron del ámbito Priva¬ 
do, siete (7) del Público y tres (3) a dirigentes de Partidos Políticos. Uno (1) de los hechos 
fue denunciado ante la Policía, 16 se hicieron públicos y hubo dos (2) que no se denuncia¬ 


ron. 



Si bien no se produjo ningún episodio de mayor gravedad en el período estudiado, 
es importante señalar que todavía sigue impune el atentado sufrido en Montevideo por la 
periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, en febrero de 2017. 

Cuando Prieto retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona 
que desde una moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala 
pero resultó herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La pe¬ 
riodista había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realiza¬ 
do por efectivos de la Seccional 19. 

A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y or¬ 
ganizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía 
General de la Nación (FGN) el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los 
responsables. 

El cuarto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodis¬ 
tas en Uruguay permitió identificar: 

-i) la existencia de, al menos, 19 casos de amenazas a la libertad de expresión de los 
periodistas en Uruguay. Si se compara con los episodios registrados en el segundo informe 
se constata la existencia de cuatro (4) casos menos, lo cual implica un descenso del 17% 
respecto al informe anterior. 

Desde que se inició el trabajo de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión 
de los periodistas se pudo registrar un total de 106 casos, un promedio anual de 26 en los 
cuatro años de trabajo. 

- ii) En este último período se acentuó la tendencia del informe anterior respecto a la 
concentración de casos registrados en la capital del país, con el 79% del total. 

- iii) En la categoría Amenazas fue en la que se registró el número mayor de episodios, 
la mayoría de ellas anunciando el inicio de demandas judiciales. Si se suman estas intimida¬ 
ciones con los juicios que efectivamente se concretaron los casos que involucran amenazas 
a la libertad de expresión mediante el uso de la Justicia alcanzan los ocho episodios. 

- iv) En el caso de la categorización por el sexo de las personas que sufrieron las amena¬ 
zas, cuatro (4) afectaron a hombres que ejercían el periodismo, tres (3) a mujeres y en doce 
(12) ocasiones se trató de episodios que afectaron a medios de comunicación, colectivos de 
periodistas o hubo un riesgo general para el ejercicio profesional. 

- v) Hubo dos casos que, si bien no involucran el ejercicio del periodismo profesional, 
implican amenazas a la libertad de expresión a través de medios de comunicación o redes 
sociales los que involucraron al humorista Marcel Keoroglian y a la murga Cayó la Cabra, 
que sufrieron un pedido fiscal de procesamiento y la censura del canal VTV respectiva¬ 


289 


mente. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


290 


- vi) A juicio de las organizaciones que elaboran este informe es importante destacar 
el avance del trámite parlamentario del proyecto de ley que regula el uso de Publicidad 
oficial originado en una iniciativa de CAinfo a fin de regular la producción, planificación, 
contratación y distribución de la pauta estatal. El texto ingresó a la agenda parlamentaria el 
lunes 10 de agosto de 2015, con una exposición de motivos única y con la firma de los dipu¬ 
tados Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet 
(Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) y ya cuenta con media sanción 
parlamentaria. 

Resulta trascendente que se culmine el trámite legislativo antes del final de la actual 
legislatura para garantizar que el Uruguay consolide un nuevo avance democrático en ma¬ 
teria de comunicación y transparencia en el uso de los dineros públicos. 

Entre las recomendaciones, el informe de monitoreo planteó “A la sociedad civil y a 
los periodistas”: 

- Insistir en la necesidad de que se denuncien todos los casos de amenazas a la Libertad 
de Expresión para evitar que se naturalicen este tipo de episodios, tanto en los mecanismos 
disponibles en CAinfo y APU así como ante las autoridades competentes, a fin de que se 
documenten los casos de violación del legítimo derecho a la Libertad de Expresión. 

- Seguir insistiendo en la necesidad de esclarecer el atentado sufrido por la periodista 
de Caras y Caretas Isabel Prieto a fin de encontrar a los responsables y aclarar si se trató de 
una represalia vinculada con el ejercicio de la profesión periodística. 

- Continuar trabajando en la formación de periodistas en estándares de Libertad de 
Expresión, legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el país, así como 
en la autorregulación ética de la profesión, especialmente en los casos que involucran la 
actividad en línea y el uso de las redes sociales. 

- Avanzar en la elaboración de mecanismos que permitan una forma más rápida y ac¬ 
cesible para denunciar casos de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas, espe¬ 
cialmente de aquellos que ejercen la profesión en zonas alejadas de las principales ciudades, 
garantizando su seguridad y su anonimato. 

- Aprovechar aquellas instancias internacionales y regionales para denunciar casos de 
amenazas a la libertad de expresión en caso de que las investigaciones y denuncias no ten¬ 
gan un trámite adecuado en el ámbito nacional. 

Por otro lado, en cuanto “A los organismos estatales”: 

- Cumplir con todas las convenciones que el Estado uruguayo ha firmado y garantizar 
los mecanismos que permitan un adecuado monitoreo por parte de la sociedad civil, por 
ejemplo en lo que respecta al acceso a la información pública y la aplicación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. 



- Propiciar los ámbitos de diálogo que permitan acordar un protocolo de seguridad 
para periodistas que prevea situaciones graves de amenazas a la libertad de expresión, que 
incluya mecanismos rápidos para la presentación de denuncias, así como recomendaciones 
para la autoprotección y medidas para su difusión entre todos los actores el Estado. 

Las recomendaciones “A los partidos políticos” fueron las siguientes: 

- Garantizar el acceso pleno y libre de los trabajadores de los medios de comunicación 
a las instancias públicas de debate ante las futuras definiciones electorales, así como asegu¬ 
rar las condiciones de trabajo a fin de que no existan obstáculos para el trabajo periodístico. 

Diez años de la Ley de Acceso a la Información 

En 2018 se cumplieron los diez años de aprobada la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Sin lugar a dudas es un hecho a destacar ya que contribuye a la transparencia del 
Estado. Pero a la vez, luego de diez años es posible concluir que se necesitan realizar algu¬ 
nas modificaciones. Uno de esos cambios tiene que ver con la forma en que los organismos 
públicos recurren a las excepciones previstas en la ley. Es necesario realizar ajustes para que 
los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una información, 
efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. El objeti¬ 
vo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos. 

Es necesario, asimismo, rever el alcance del artículo 14 de la ley referido a los límites 
del acceso a la información pública. La norma indica que la solicitud de acceso no implica 
la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o 
no tengan obligación de contar al momento del pedido. 

Este artículo es utilizado con frecuencia por los organismos del Estado para no brin¬ 
dar información. Por esa razón es que desde CAinfo se propone precisar el alcance de este 
artículo estableciendo que el organismo consultado deberá agotar los mecanismos para 
subsanar la omisión. Y en caso de no poder entregar la información solicitada, deberá ex¬ 
plicar de qué manera solucionará este problema. Respecto a este punto debemos señalar 
que los Estados tienen la obligación de producir o captar la información que necesitan 
para el cumplimiento de sus deberes, tal como establece la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Se debe, además, mejorar la transparencia activa en línea (información que los organis¬ 
mos públicos deben difundir en sus portales web) y discutir un nuevo diseño institucional 
en el que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) sea un servicio descentra¬ 
lizado con autonomía presupuestal y funcional, sus resoluciones sean vinculantes y pueda 
aplicar sanciones. 

En materia de transparencia activa, el informe el índice de Transparencia Activa en 
Línea (ITAeL) de CAinfo estableció que si bien se produjeron avances en la información 


291 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


que los organismos públicos ponen en sus páginas web, aún falta mucho para cumplir, en 
promedio, con lo establecido en la ley de acceso. 

Para esta nueva edición se relevaron 127 sitios web de organismos públicos. La pri¬ 
mera lectura de los datos de este año muestra la continuación de una tendencia hacia la 
mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa, aunque sin incrementos 
significativos. 

Presupuesto del organismo, viáticos, remuneraciones de los jerarcas, funcionarios en 
comisión, llamados a licitaciones, auditorías, llamados a concurso, publicación de la infor¬ 
mación en datos abiertos; son algunas de las 46 categorías de información que el ITAeL 
mide si están disponibles en los sitios web de los organismos públicos. 

El total de organismos relevados cumple, en promedio, con 56% de las obligaciones 
de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 
6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (50% de cumplimiento). 

Si miramos individualmente a cada organismo de los 127 relevados, encontramos que 
solo 4 alcanzan un porcentaje superior al 90% de cumplimiento de transparencia. Ellos 
son: LATU 100%, Banco Central del Uruguay 98%, Plan Ceibal 93% y El Correo 91%. 

Por el lado del grupo de organismos que muestran menor nivel de cumplimiento, en¬ 
contramos al igual que en años anteriores, que el conjunto de las Juntas Departamentales 
siguen exhibiendo grandes dificultades. Pese que para este informe muestran una mejora, 
el promedio de cumplimiento de transparencia activa de las Juntas Departamentales es de 
292 tan solo 29%. 




Wikipediay derechos humanos: construyendo 
memoria en territorios digitales 


293 


Rodrigo Barbano 1 


El 28 de julio de 2018, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, 
se llevó a cabo una jornada de edición colectiva y colaborativa de Wikipedia 2 denominada 
“Editatón Wiki DDHH Uruguay 2018”. A la misma asistieron alrededor de 50 personas in¬ 
teresadas en comprender los mecanismos de participación y generación de artículos de la en¬ 
ciclopedia libre, así como en aumentar el volumen y calidad de los contenidos sobre derechos 
humanos del pasado reciente, escasamente representados hasta el momento en Wikipedia. 


1 Presidente de la Comisión Directiva de Wikimedia Uruguay. Ver para más datos: https://wikimedia.uy. 

2 https://tinyurl.com/ybu5y273 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


294 


En esta reseña nos centramos tanto en la articulación con organizaciones y personas 
que hizo posible la actividad, como en los nuevos espacios de construcción y disputa del 
relato histórico, y en los resultados de la jornada. 

Desde la salida de la dictadura hasta el presente, mucho se ha escrito sobre las violaciones 
a los derechos humanos en el período dictatorial y en los años previos. Al discurso oficial 
predominante durante los años 80 y 90 sobre esa época, que contenía grandes porciones de 
negacionismo a dichas violaciones (negar la existencia de desaparecidos, de torturas, etc.) se le 
agregaban otros discursos de justificación, tales como la teoría de los dos demonios. 

Estas narrativas fueron combatidas y parcialmente desmontadas a lo largo de los años, 
con la continua prédica y militancia de las organizaciones de derechos humanos, de ex de¬ 
tenidos, de familiares de personas desaparecidas y víctimas así como de organizaciones po¬ 
líticas que también reivindicaron la búsqueda de verdad y justicia a través de los medios que 
estos grupos tenían a su alcance. 

La construcción del relato que rescataba y reconstruía la memoria de las atrocidades de 
la dictadura no fue sencilla y estas organizaciones muchas veces se apoyaron en la palabra 
escrita para difundir sus denuncias, sistematizarlas, y generar pensamiento y narrativas que 
les permitieran hacer frente a lo que se planteaba como la historia oficial. 

A estas publicaciones de carácter de denuncia se le sumó literatura más vivencial, y 
también, en la última década, importantes investigaciones que han intentado sistematizar 
y reconstruir ese pasado. 

Si bien estas obras son de un enorme valor documental e histórico, muchas veces no 
logran trascender los ámbitos de los movimientos sociales relacionados con la temática o 
los círculos académicos con trabajo en el área. Es por eso que a la existencia de los conteni¬ 
dos debe sumarse su difusión y la masificación de su acceso como objetivos centrales. Esta 
difusión y masificación muchas veces no solo implica que los contenidos estén disponibles 
en internet sino que estén expresados en un lenguaje comprensible y accesible para perso¬ 
nas de diferentes edades o que no tengan conocimiento previo en la materia. 

Un aliado importante para alcanzar estos últimos objetivos es la enciclopedia libre 
Wikipedia, que hoy es la fuente de información enciclopédica más consultada en internet, 
poniendo a disposición en forma libre y gratuita 40 millones de artículos en 301 idiomas 
diferentes, creados enteramente por decenas de miles de personas en forma honoraria. 

Esta enorme cantidad de contenidos y las visitas que Wikipedia recibe (es el quin¬ 
to sitio más visitado del mundo, sólo debajo de plataformas comerciales como Google o 
Facebook) 3 la convierten en un espacio de referencia para encontrar información fiable so¬ 
bre casi cualquier tema. No obstante, si bien su dinámica de creación horizontal y colectiva 
es su principal fortaleza, en algunos casos Wikipedia puede presentar debilidades. Entre 


3 Alexa Internet. 500 sitios con más visitas, https://www.alexa.com/topsites 



estas debilidades se encuentra la carencia de ciertos contenidos que no han sido aborda¬ 
dos por los colaboradores de la enciclopedia hasta el momento, y la subrepresentación de 
editores de lugares o colectivos históricamente relegados del acceso a la tecnología, como 
sociedades del tercer mundo, mujeres, grupos afrodescendientes o indígenas, entre otros. 

Estos sesgos han sido estudiados y existen iniciativas para cerrar las brechas de con¬ 
tenidos con acciones específicas, como jornadas de edición colectiva y abierta, en donde 
se invita a grupos relacionados con una temática específica a aprender a editar Wikipedia. 
Con el apoyo de voluntarios con experiencia en la edición de Wikipedia, las personas que 
asisten a las jornadas aportan bibliografía y desarrollan o mejoran contenido faltante o 
pobre de la enciclopedia. 

Una de las temáticas que los voluntarios uruguayos detectamos que tiene grandes ca¬ 
rencias es la de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico militar 
y en los años previos: asesinatos y desaparición de personas, centros clandestinos de reclu¬ 
sión, operaciones represivas, así como hitos históricos como las censuras a la prensa, las 
medidas prontas de seguridad, los actos institucionales, entre muchos otros asuntos que 
estaban pobremente representados en la enciclopedia. 

El 28 de julio de 2018, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Elumanos, 
se llevó a cabo una jornada de edición colectiva de Wikipedia sobre las violaciones de de¬ 
rechos humanos en el pasado reciente. Para planificar esta jornada, desde la organización 
local de wikipedistas (denominada Wikimedia Uruguay) nos acercamos a la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y, desde allí, a los 
colectivos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la organización de ex presos 
y presas políticas Crysol y al Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj). También contamos 
con el apoyo y la experiencia de compañeros y compañeras de Wikimedia Argentina, que 
han llevado adelante jornadas similares en el actual Espacio para la Memoria y para la Pro¬ 
moción y Defensa de los Derechos Humanos, donde en la dictadura de ese país funcionó 
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro clandestino de detención, tortura y 
exterminio, por el cual pasaron miles de detenidos desaparecidos. 

En el caso de esta actividad, consideramos de un valor simbólico muy importante que 
haya tenido lugar en la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde durante la dic¬ 
tadura uruguaya funcionó la sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), y donde 
hoy funciona el primer Sitio de Memoria de Uruguay. 

La articulación entre organizaciones, que, en definitiva, determinó el éxito de la acti¬ 
vidad, fue sumamente enriquecedora. Las organizaciones aportaron sus acervos documen¬ 
tales, obras de referencia, material bibliográfico y contenidos audiovisuales, así como sus 
conocimientos y miradas sobre las luchas por verdad y justicia de las que fueron y son parte. 

Pero no menos importante fue el acercamiento por parte de estos colectivos a herra¬ 
mientas que muchas veces no son consideradas como espacios de construcción del relato 


295 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


sobre el pasado reciente. Las organizaciones de derechos humanos supieron visualizar el 
impacto multiplicador que el acceso digital a sitios como Wikipedia tiene actualmente. Al 
cabo de la jornada se habían creado varias decenas de artículos nuevos en Wikipedia, y se 
habían aportado cientos de fotografías y decenas libros que se digitalizaron y compartieron 
en internet. 4 

Artículos como los referidos a Fernando Miranda o Ubagesner Chaves Sosa, centros 
clandestinos de detención y torturas como 300 Carlos y La Tablada, los penales de Punta 
Carretas y Punta de Rieles, y organismos y operaciones represivas como la Operación Mor¬ 
gan y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas fueron incorporados 
a la enciclopedia, referenciados con la valiosa bibliografía ya disponible, así como con la 
bibliografía aportada por las propias organizaciones participantes para la actividad. 

Para la actividad también se avanzó en un mapeo georreferenciado nacional de los 
aproximadamente 80 centros de detención y tortura, muchos de ellos clandestinos, por los 
cuales pasaron decenas de miles de uruguayos y uruguayas en este período. 5 

Para concluir, podemos decir que además de contribuir a reducir la brecha de repre¬ 
sentación de esta temática en Wikipedia, que era el objetivo inicial de la jornada, avanza¬ 
mos colectivamente en valorar la apropiación de los espacios digitales. Estos ámbitos son 
hoy una parte integral en la construcción del relato y debate político, y por lo tanto, son 
territorios que deben disputarse y desde donde se puede generar pensamiento y espacios de 
contrahegemonía. 

296 


4 http://tinyurl.com/ycnub2yc 

5 http://tinyurl.com/y9s8xkpp 



En aras de la memoria... 

35 años después de un emblemático acto de resistencia popular 


El pasado 24 de setiembre, en Gral. General Flores 4050, esquina Manuel Arrotea se 
inauguró un memorial que recuerda el “Ayuno de Serpaj en 1983”. 

El 11 de agosto, los integrantes de Serpaj decidieron llevar adelante esta acción deno¬ 
minada “Un día de reflexión nacional”, cuyo propósito era promover al diálogo para lograr 
las negociaciones que pudieran poner fin a la dictadura cívico-militar. 

La medida contaba con una profunda aceptación y adherencia popular. El contex¬ 
to socio político de la época implicó una presencia permanente por parte de las fuerzas 
policiales, que impedían el acceso al local así como el ingreso al país de personalidades 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


como Adolfo Pérez Esquivel desde Argentina, quienes venían a solidarizarse y respaldar la 
iniciativa. 

Finalizado el ayuno y después de una rotunda jornada de protesta, el Poder Ejecutivo 
decreta, mediante las Medidas Prontas de Seguridad, la prohibición de las actividades pú¬ 
blicas de Serpaj Uruguay. 1 

Años atrás, la “Red de Amigos de Perico” comenzó las gestiones correspondientes para 
lograr que este acto de resistencia popular a la dictadura tuviera una recordación en la me¬ 
moria de nuestro pasado reciente. 

El apoyo del Arq. Mariano Arana le permitió a la red contactar con la Comisión de 
Derechos Elumanos de la Junta Departamental de Montevideo y luego con la Sección De¬ 
sarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. 

El resultado de esta iniciativa se plasma en la magnífica obra del Arq. Carlos López 
Quagliata, con un memorial que se ubica frente al local en que se realizó el ayuno, donde 
era la antigua sede del Servicio Paz y Justicia. 


298 


Por más información: “Vale la Pena. 10 años por la Paz y los derechos Humanos” Serpaj, 1991. 




En setiembre de 2013, Ademar Olivera y Efraín Olivera, evocaban este acontecimiento en el artículo que se 
transcribe y que fuera publicado en la Revista “No te olvides” de la Asociación de Amigas y Amigos del Museo 
de la Memoria, Año IV, N° 16, página 38. 


A treinta años de un ayuno subversivo 


299 


Efraín Olivera y Ademar Olivera 1 


El contexto 

A mediados del año 1983, en plena dictadura, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 
tenía motivos para sorprenderse de que, casi milagrosamente, a pesar de las amenazas y los 
hostigamientos hubiera podido funcionar durante dos años en los que se hicieron muchas 
cosas. 

Además de crear una red de apoyo y de difusión internacional, la que parcialmente 
había asegurado su existencia, se había apoyado a los familiares de desaparecidos y de presos 


1 Efraín Olivera, Integrante y miembro fundador del SERPAJ; Ademar Olivera, Pastor Metodista, integran¬ 
te del SERPAJ, uno de los tres ayunantes. 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 









DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


300 


políticos; se había hecho lo posible para apoyar a la dificultosa y dificultada creación de las 
nacientes asociaciones profesionales, que era la forma en que se podía denominar a lo que 
en realidad serían los sindicatos. En diversas iglesias se habían realizado jornadas por la paz 
en El Salvador, por la guerra de las Malvinas y una denominada “No matarás con hambre 
ni con balas”. 

En nuestro país se vivía un clima enrarecido. Se había interrumpido bruscamente el 
diálogo entre las Fuerzas Armadas y dirigentes de los partidos políticos habilitados, a través 
del cual se buscaba negociar una salida democrática restringida. Por otro lado,decenas de 
jóvenes eran detenidos y torturados. El Gral. Julio C. Rapela, Jefe del Estado Mayor Con¬ 
junto, afirmaba: “Con los subversivos no debemos tener contemplaciones de ningún tipo, 
ya que se aprovechan de cuanta ventaja tienen”. 

El SERPAJ denuncia esos hechos en el documento “Ante el flagelo de la tortura”, recla¬ 
mando el respeto a los Derechos Humanos. El 2 de agosto nuevamente se prohíbe la acti¬ 
vidad política, se censura la prensa y se reprime toda manifestación pública, lo que implica 
un grave retroceso de lo que se había logrado hasta entonces. 

Los integrantes del SERPAJ nos preguntamos qué podríamos hacer para ayudar a des¬ 
trabar esa situación. Qué acción simbólica podíamos llevar a cabo que fuera una denuncia 
pública de las violaciones a los Derechos Humanos, solidaridad con las víctimas de la vio¬ 
lencia y la represión, que interpelara a las autoridades y generara conciencia y compromiso 
en la ciudadanía. La decisión colectiva fue realizar un ayuno. 

Significado e implementación del ayuno 

El ayuno tiene un significado religioso. Lo practican los antiguos profetas y Jesús mis¬ 
mo en momentos decisivos de la historia y de su ministerio. En la Iglesia cristiana es un rito 
muy frecuente desde los primeros tiempos. Es un gesto simbólico de comunión y solidari¬ 
dad, pues el ayunante se identifica, se pone en el lugar de quienes tienen “hambre y sed de 
justicia”. Asimismo, el ayuno público apela a la conciencia y a la moral del opresor cuando 
las palabras no son suficientes. 

El ayuno se inicia en el local del SERPAJ, en la Avda. Gral. Flores 4050 (unas cuadras 
más adelante del Cuartel de Blandengues) el 11 de agosto y finaliza el 25, Fiesta Nacional. 

Serán tres los ayunantes, los sacerdotes Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio y el pastor 
metodista Ademar Olivera, pero participará todo el equipo en tareas de logística, infraes¬ 
tructura, difusión, comunicaciones, seguridad. Se establecen dos momentos en el día abier¬ 
tos al público para la oración y la reflexión, a las 12 y 30 y las 20 horas. 

En esa ocasión se recibe la presencia y adhesión de representantes de comunidades 
cristianas, estudiantes, dirigentes políticos, sociales y sindicales, que enfrentan el estricto 



control policial y fichaje que se había montado. Simultáneamente, decenas de grupos y 
comunidades realizan jornadas de reflexión, ayuno y oración en apoyo a nuestro gesto. 

El martes 16 el Gobierno aísla a los ayunantes: corta la corriente eléctrica y la línea 
telefónica; prohíbe la entrada a quienes desean ingresar, a excepción del juez y el médico. 
Con todo, a las horas fijadas mucha gente se acercaba a la vereda a orar y cantar en voz alta 
y saludar de lejos. Cuando se prohíbe circular por la vereda, se juntan en el cantero central 
de Gral. Flores. 

El día 24 de noche, la policía arremete contra quienes estaban allí reunidos en forma 
pacífica y son detenidas 173 personas. El 25 de Agosto, al final del ayuno, como respuesta a 
la convocatoria, se realizan reuniones de reflexión en centros religiosos, estudiantiles y sin¬ 
dicales, entre las 17 y las 19 hs., en torno a tres preguntas: ¿Qué he hecho por mi Uruguay? 
¿Qué hago en este momento? ¿Qué puedo hacer por mis conciudadanos? 

El 23 de agosto el Ministro del Interior, Gral. Linares Brum, convocó a una confe¬ 
rencia de prensa, en la que dijo que lo hacía para alertar a la población sobre la “campaña 
clandestina que se viene realizando...para soliviantar a la opinión pública”. Señaló que el 
Servicio Paz y Justicia no pertenecía a la Iglesia Católica, que no tenía personería jurídica 
(N. de R. ambas cosas eran ciertas), que era apoyado por “nuestra ya conocida Amnesty In¬ 
ternacional de clara infiltración marxista-leninista y que nos ha atacado desde toda la vida”, 
“se busca crear un clima de desasosiego social que pretende desequilibrar la paz y seguridad 
de que goza nuestro país envidiable por cierto frente al resto del mundo”. 

El 25 de Agosto, a las 20 horas culmina con una protesta masiva a través de un apagón 
y caceroleo en Montevideo y varias ciudades del interior del país. 

A varios compañeros y compañeras esa hora nos encontró en la azotea de la parroquia 
del Paso Molino. Miramos los relojes y enseguida hacia el centro. Los edificios parecían 
desplomarse, desaparecían de la vista. La música de las cacerolas, o lo que fuera, sonaba in¬ 
superable, como estábamos en una iglesia, podíamos haber dicho celestial. En la oscuridad 
de la azotea nos abrazamos y no podíamos parar de llorar. 

A partir de las 22 horas varios miles de manifestantes recorren la Avda. 18 de Julio. 
Son detenidas 225 personas. La mayoría de ellas son liberadas pocas horas más tarde. Que¬ 
dan 48 bajo Medidas Prontas de Seguridad. 

Posteriormente, en “La Semana” del diario El Día, se decía: “En la noche del jueves 
pasado...Montevideo fue escenario de una exteriorización colectiva de características to¬ 
talmente pacíficas, que sirvió para evidenciar el estado de ánimo que individualiza actual¬ 
mente a sus pobladores”. “A las 20 horas, y mientras 18 de Julio aparecía espectral, corroído 
por la bruma y con un escaso tránsito...las casas montevideanas apagaron sus luces. Parale¬ 
lamente, un fragor asordinado se fue levantando sobre las azoteas urbanas, hasta adquirir 
un ritmo homogéneo. Miles de ollas y cacerolas, golpeadas con sus tapas o con utensilios 
de todo tipo y tamaño, sonaron sin intervalos durante más de quince minutos. Ese fragor 


301 


DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 



DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 


302 


asordinado, invadió todos los ámbitos, se expandió desde lujosas casas de apartamentos y 
se oyó desde viviendas humildes...”. 

Repercusiones y logros 

Durante el ayuno le llegaron al dictador Gregorio Álvarez decenas de cartas y telegra¬ 
mas de personalidades, iglesias y organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo, 
apoyando a los ayunantes y exigiendo que se respetara su vida y su integridad.El apoyo del 
exterior tuvo un efecto muy importante de seguridad que seguramente impidió medidas 
más drásticas contra ellos. 

El 31 de agosto el Poder Ejecutivo emite un decreto en el cual se prohíbe las activida¬ 
des del SERPAJ, bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad, se allana el local y se 
incauta la documentación y el mobiliario. 

Entre las razones que se invocan para justificar dicha medida se dice que:“El SERPAJ 
carece de personería jurídica; que las autoridades de la Iglesia Católica han aclarado que el 
grupo no forma parte de ella; que alguno de sus integrantes ha tenido vinculaciones con 
organizaciones subversivas; que la mezcla de actividades religiosas y políticas en un mismo 
grupo de personas, genera confusión, crea tensiones innecesarias, favorece coacciones psi¬ 
cológicas y posibilita el aprovechamiento de la autoridad de las instituciones religiosas, por 
parte de grupos o fracciones políticas”. 

En la evaluación que el colectivo del SERPAJ hiciera al finalizar el ayuno, se concluyó 
en que el esfuerzo valió la pena. Pues, a pesar del costo para la institución, se produjo un 
fuerte impacto en la sociedad y en el ámbito internacional, generó movilizaciones de diver¬ 
sos sectores de la población y el tema de los Derechos Humanos fue ganando espacio en 
espacios cada vez mayores. 



Anexo Legislativo 



Anexo legislativo 

Legislación sobre derechos humanos 
Octubre 2017 - Octubre 2018 


Leyes 

Ley 19.550. Creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. 
Tendrá competencia en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Hu¬ 
manos ocurridas durante el período definido en la Ley N° 18.596, de 18 de setiembre de 
2009, que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional. 

Ley 19.555. Se establece la participación equitativa de ambos sexos en la integración 
de órganos electivos nacionales, departamentales y de dirección de los partidos políticos. 

Ley 19.563. Se designa con el nombre de “Arquitecto Juan Pablo Terra” el edificio 
sede de la Dirección Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Orde¬ 
namiento Territorial y Medio Ambiente, en la ciudad de Montevideo. 

Ley 19.568. Se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Uruguay y los Esta¬ 
dos Unidos de América, y el Acuerdo Administrativo correspondiente. 

Ley 19.576. Se modifica la denominación del área del recinto portuario del Puer¬ 
to Sauce, ubicado en el departamento de Colonia (Juan Lacaze), cuya delimitación fue 
aprobada por Res. del Poder Ejecutivo 919/000, de 30 de agosto de 2000, el que pasará a 
llamarse Puerto José Carbajal “El Sabalera”. 

Ley 19.580. Violencia hacia las mujeres, basada en género. Esta ley tiene como objeto 
garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en 
género. Principios. Derechos de las mujeres víctimas de violencia. Instituciones. Directri¬ 
ces. Red de servicios de atención a mujeres. Procesos de protección, investigación y penali- 
zación. Ámbito judicial. Proceso de familia. Normas penales. 

Ley 19.581. Plan nacional de viviendas. Determinación de mínimo de superficie ha- 
bitacional de las viviendas. 

Ley 19.582. Se ratifica el Convenio Internacional del Trabajo, N° 171 sobre el trabajo 
nocturno, 1990, adoptado en la 77a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
celebrada en la ciudad de Ginebra, en el año 1990. 

Ley 19.584. Se aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de Discri¬ 
minación e Intolerancia, suscripta por la República Oriental del Uruguay en Antigua, Re¬ 
pública de Guatemala, el 6 de junio de 2013. 


305 


ANEXO LEGISLATIVO 



ANEXO LEGISLATIVO 


306 


Ley 19.585. Se prohíbe por un período de 4 años, el uso del procedimiento de fractura 
hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Creación 
en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, una Comisión Nacional de 
Evaluación Científica y Técnica (CNECT), a los efectos del cumplimiento de los fines pre¬ 
vistos en el artículo 3 o de la presente ley, dando difusión pública a sus avances y resultados. 

Ley 19.590. Desafiliación del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio 
de las personas que contaban con cincuenta o más años de edad al 1 ° de abril de 2016 y que, 
a la fecha de vigencia de la presente ley, hubieren quedado obligatoriamente comprendidas 
en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. Asesoramiento del BPS 

Ley 19.595. Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a los productores de leche, de arroz 
y de flores, frutas y hortalizas, que no tributen el Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE), la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en sus 
adquisiciones de gasoil destinadas al desarrollo de las referidas actividades productivas. 

Ley 19.605. Se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del na¬ 
cimiento del ingeniero Eladio Dieste Saint Martin, y su aporte al patrimonio cultural de 
nuestro país. 

Ley 19.618. Acuerdo para la concesión de un plazo de noventa días a los turistas na¬ 
cionales de los estados partes del Mercosur y estados asociados y convenio modificatorio 
del mismo. 

Ley 19.622. Se aprueba el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo. 

Ley 19.624. Se aprueba la Convención para el Establecimiento de la Red de Acuicul- 
tura de las Américas, suscrita en Managua, Nicaragua, el 18 de abril de 2012. 

Ley 19.627. Se aprueba el “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares” 
adoptado el 7 de julio de 2017 por la Conferencia de las Naciones Unidas, y suscrito por 
la República en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América el 20 de setiembre 
de 2017. 

Ley 19.628. Certificados de defunción. Normas relativas a su expedición. Centraliza¬ 
ción de la información. Obligaciones de los médicos. 

Ley 19.640. Se aprueba la Enmienda al Protocolo de Kyoto de conformidad con su 
artículo 3, párrafo 9 (Enmienda de Doha) adoptada por la Decisión 1/CMP.8 de 8 de 
diciembre de 2012 de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto. 

Ley 19.641. Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente. Creación. Declaración 
de interés general. Definición. Ámbito temporal y territorial. Comisión Nacional Hono¬ 
raria de Sitios de Memoria. Red Nacional de Sitios de Memoria. Comisiones de Sitio. Pro¬ 
tección especial. 



Ley 19.643. Trata de personas. Normas para la prevención y combate. Principios rec¬ 
tores. Derechos de las víctimas. Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la 
Explotación de Personas. Sistema interinstitucional. Medidas de prevención. Acceso a al 
justicia. 

Ley 19.644. Se aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, acordado por la vigésima octava reunión de las 
Partes, celebrada en Kigali, República de Ruanda, del 10 al 15 de octubre de 2016. 

Ley 19.654. Créase una Comisión Honoraria con el cometido de elaborar un proyec¬ 
to e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación 
del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remiti¬ 
do al Poder Legislativo para su consideración. 

Ley 19.655. Se declara de interés general la prevención y reducción del impacto am¬ 
biental derivado de la utilización de bolsas plásticas, mediante acciones para desestimular 
su uso, promover su reuso, reciclado y otras formas de valorización. Se prohíbe la fabrica¬ 
ción, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas 
que no sean compostables o biodegradables. 

Ley 19.666. Se dictan normas para la designación y funcionamiento de los Centros 
o Servicios de Referencia en Salud que garanticen la equidad en el acceso a la atención de 
calidad de patologías complejas. 

Ley 19.684. Ley integral para personas trans. Derechos. Adecuación de nombre y/o 
sexo en documentos identificatorios. Acciones afirmativas. Inclusión educativa. Régimen 
reparatorio para las personas comprendidas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que 
por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional 
o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de segu¬ 
ridad y/o por disposición judicial. Creación de una Comisión especial. Acceso a interven¬ 
ciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales. 

Decretos 

Decreto 295/017. Se reglamenta la normativa nacional referente al Tratado de Ma- 
rrakech aprobado por Ley 19.262, en lo relativo a las excepciones a los derechos de autor, a 
favor de las personas con discapacidad que se determinan. 

Decreto 298/017. Se autoriza la venta de especialidades farmacéuticas con Cannabi- 
diol como principio activo bajo Receta Profesional. 

Decreto 309/017. Se extiende el programa de empleo juvenil decente creado por De¬ 
creto 458/016, para la temporada estival 2017 - 2018. 

Decreto 310/017. Se aprueba la Política Nacional de Cambio Climático. Objetivos. 
Alcance. 


307 


ANEXO LEGISLATIVO 



ANEXO LEGISLATIVO 


308 


Decreto 323/017. Se reglamenta la Ley 19.017, que aprobó el Acuerdo sobre Medi¬ 
das del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal. 

Decreto 333/017. Se establece un régimen de aportación a la seguridad social, de 
los profesionales del básquetbol, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto 
398/009. 

Decreto 356/017. Se establece un procedimiento de habilitación sanitaria, registro y 
control para predios de concentración de animales de especies productivas, con sistemas de 
gestión de bioseguridad sanitaria de alta exigencia. 

Decreto 7/018. Se modifica la regulación en materia de seguridad en lo que respecta 
a trabajadores expuestos a caídas libres de tres o más metros de altura. 

Decreto 30/018. Se dispone la incorporación de la pesquisa neonatal de cardiopatías 
congénitas mediante oximetría de pulso al Programa Nacional de Pesquisa Neonatal y del 
Lactante. 

Decreto 43/018. Área natural protegida “Isla de Flores”. Delimitación. 

Decreto 46/018. Gabinete Coordinador de Políticas Destinadas a las víctimas y tes¬ 
tigos del Delito. Creación. 

Decreto 65/018. Se fija el monto del salario mínimo para los trabajadores asistentes 
personales habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados, que desempeñan tareas en 
el marco de la Ley 19.353. 

Decreto 71/018. Se reglamenta la Ley 19.590 que modificó el régimen jubilatorio pre¬ 
visto para aquellas personas con cincuenta o más años de edad al primero de abril de 2016. 

Decreto 85/018. Se modifican artículos del Decreto 25/014 que creó el Sistema de 
Diálogo y Consulta (SDC) entre el MRREE y las organizaciones sociales. 

Decreto 114/018. Disminución progresiva de grasas trans de producción industrial 
como ingrediente en los alimentos a ser librados al consumo en el territorio nacional. 

Decreto 115/018. Se reglamenta la Ley 19.175, que declaró de interés general la con¬ 
servación, investigación, desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recur¬ 
sos hidrobiológicos y sus ecosistemas. 

Decreto 118/018. Se concede la residencia definitiva a los ciudadanos extranjeros que 
se encuentren en el país en especial situación de vulnerabilidad, bajo las condiciones que 
se determinan. 

Decreto 137/018. Se aprueba la “Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 
2030”, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de 
las Mujeres y por el Consejo Nacional de Género, cuyo texto forma parte integrante del 
presente Decreto. 



Decreto 138/018. Registro Nacional de Huellas Genéticas. Reglamentación. Archi¬ 
vo. Acceso. Confidencialidad. Extracción de muestras. Víctimas. Fallecidos sin identificar 
y rastreo de desaparecidos. Identificación Criminal. 

Decreto 147/018. Se aprueba la “Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado 
de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva”. 

Decreto 148/018. Se le encomienda al MSP la realización de un relevamiento sanita¬ 
rio que permita la detección, prevención y educación sanitaria en materia de tuberculosis. 

Decreto 149/018. Se disponen medidas para que las plantas elaboradoras de produc¬ 
tos aptos para el consumo de personas celíacas cuenten con habilitación del MSP. 

Decreto 181/018. Se dispone la extensión de la vigencia del Decreto 112/015, en 
cuanto estableció que para el producto Yerba Mate se mantuviesen los límites máximos de 
contaminantes inorgánicos en alimentos establecidos por el Decreto 14/013. 

Decreto 183/018. Se actualizan las normas reglamentarias de las Cooperativas y del 
Sector Cooperativo. 

Decreto 197/018. Se crea Programa Piloto para el fomento y desarrollo del turismo 
fluvial en la zona del Río Uruguay que se determina. 

Decreto 205/018. Se autoriza la inscripción en el Programa de Ahorro Joven para 
Vivienda creado por el art. 47 de la Ley 19.210, a las personas que se determinan. 

Decreto 211/018. Se reglamenta el derecho a la asistencia de urgencia y emergencia 
en todo el territorio nacional, para todos los habitantes residentes. 

Decreto 226/018. Se reglamenta la Ley 19.529, relativa al derecho a la protección de 
la salud mental de los habitantes residentes en el país. 

Decreto 234/018. Se reglamenta la Ley N° 19.530, que crea la obligación de instalar 
salas de lactancia materna. 

Decreto 235/018. Se modifican aspectos relativos a la publicidad, empaquetado, eti¬ 
quetado y diseño de las cajillas de cigarrillos. 

Decreto 249/018. Se sustituye el art. 5 del Decreto N° 355/011 relativo a mínimos 
habitacionales que deben cumplir las viviendas que se construyen en el país al amparo de las 
normas de promoción de vivienda de interés social. 

Decreto 266/018. Se incorporan a los Programas Integrales de Atención en Salud, el 
tratamiento endovascular de patología aórtica torácica y abdominal infrarenal, mediante la 
colocación de endoprótesis aórtica no fenestrada. 

Decreto 298/018. “Iniciativa para el Río Negro”. Se encomienda la elaboración de un 
Plan para el manejo de la Cuenca y la mejora de la calidad de las aguas. 


309 


ANEXO LEGISLATIVO 




índice 

Introducción.11 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Memoria e impunidad 

Atentados, exabruptos y pensiones militares: la continuación 

de la historia durante el año 2018.17 

Otra burla intolerable.25 

Declaración.27 

Comunicado a la opinión pública.30 

Un nuevo actor a escena. Presentación de la Fiscalía 

Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.33 

Ese viejo estilo.46 

23 a Marcha del Silencio: “Impunidad: responsabilidad del Estado. 

Ayer y Hoy”.48 

Llena de hondos silencios. Los debates en torno a la ^ 

aprobación de la ley de Sitios de Memoria Histórica del 

Pasado Reciente N° 19.641.50 

“Defender la Memoria como una trinchera”.66 

Comunicado ante la vandalización del Memorial.68 

Comunicado - Invitación.69 

Oratoria de Madres y Familiares en el Día Internacional del 

Detenido Desaparecido.70 

La impunidad y todas sus consecuencias. Espionaje militar y 

creciente intervención de las Fuerzas Armadas en política.74 

La memoria y la militancia en secundaria.79 

Se retomarán las excavaciones en el Batallón de Infantería 

Paracaidista N° 14 de Toledo.84 

“Un gol a la impunidad”.85 

Comunicado de prensa.87 


ÍNDICE 





















ANEXO LEGISLATIVO 


Seguridad Democrática y Derechos Humanos 

Dichos y entredichos que importan.91 

La economía de las garantías en el Código del Proceso Penal.96 

Vivir con miedo a los allanamientos nocturnos.106 

Políticas sociales y derechos humanos como obstáculos a la seguridad.114 

Un nuevo sistema de los servicios de Inteligencia 

fue aprobado en el Parlamento.124 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

La caja militar: una reforma postergada.129 

Los movimientos sociales bajo los gobiernos progresistas.139 

Derecho a la educación: garantes y estado de excepción.149 

#MIREMOSDISTINTO: Una campaña social para generar 

espacios de diálogo en tomo a las miradas sobre las adolescencias.161 

Políticas de asistencia en el Uruguay progresista: las peripecias 

de la integración social.168 

La inconstitucionalidad de la Ley de Riego.178 

El nuevo cercamiento del agua. La campaña contra la Ley de 

Riego y una nueva etapa de la lucha por los bienes comunes.189 

312 El polémico decreto presidencial “mordaza” que subordina la 

investigación científica del agua.195 

Derechos de papel. El derecho a migrar en Uruguay a diez 

años de la ley 18.250.202 

Trata de personas: realidad negada.210 

Las revueltas feministas.216 

Abrazarnos para decir basta, estar juntas para ser libres.226 

Otros Territorios Posibles. Por una salud mental que garantice 

los derechos universales, civiles y políticos de las personas.233 

Modelos hegemónicos, política y subjetividad.246 

Ni almas en venta, ni almas a subsidiar (Aportes al tema Situación de calle).253 

El derecho de las Personas en Situación de Discapacidad a ser Personas.264 

Aprobación de la Ley de Empleo para personas con 
discapacidad con varios cambios respecto al proyecto original: 

avances con controversia.270 

Nuestro derecho a SER es urgente.272 


























Si de vulneraciones se trata.277 

Tejido a mano. Un pueblo en movimiento.279 

Carta del Mtro. Miguel Soler Roca ante la celebración de “Un 

Pueblo en Movimiento”.286 

El freno a los avances en la libertad de expresión.287 

Wikipedia y derechos humanos: construyendo memoria 

en territorios digitales.293 

En aras de la memoria... 35 años después de un emblemático 

acto de resistencia popular.297 

A treinta años de un ayuno subversivo.299 

ANEXO LEGISLATIVO 

Anexo legislativo. Legislación sobre derechos humanos. 

Octubre 2017 - Octubre 2018.305 


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INDICE 












Diciembre, 2018. Depósito Legal N° 375.014/18 

www.tradinco.com.uy 


Cada 10 de diciembre SERPAJ publica "Derechos Humanos en el Uruguay", 
un informe sobre la situación de los derechos humanos. El libro recoge 
aportes de distintos sectores de la sociedad civil, que expresan los nudos, 
desafíos y avances en la materia. 

SERPAJ buscar comunicar y difundir, a través de una labor sostenida, im¬ 
pulsar grados de materialización efectiva de los derechos humanos, a partir 
de del monitoreo continuo sobre el cumplimiento del Estado de sus obli¬ 
gaciones al respecto. 

Es además, la concreción de una de las funciones que entendemos esen¬ 
ciales a la sociedad civil: la de producir información independiente, califica¬ 
da y alternativa, que releve una sociedad informada, comprometida con el 
ejercicio de la ciudadanía y por ende, con los procesos de profundización 
de la democracia. 

En esta edición integramos diversos temas, en tanto aportes a los deba¬ 
tes públicos que atraviesan las agendas política, de la opinión pública y 
también mediática, esperando contribuir a la complejidad de las lecturas, 
posturas e iniciativas: verdad, justicia, impunidad, seguridad democrática 
y sistema penal, políticas de drogas, libertad de expresión y comunicación 
democrática, derechos de las mujeres, derechos de las personas transexua- 
les, violencia institucional, derechos de niñas, niños y adolescentes, violen¬ 
cia de género, derecho a la salud, modelo de desarrollo y nuevos proyectos, 
políticas públicas de derechos humanos, derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, entre otras temas y áreas relevantes. 



























El Servido Paz y Justicia es una organiza¬ 
ción de promoción, defensa y educación 
en y para los derechos humanos y la paz. 

Integra la red latinoamericana, Servicio 
Paz y Justicia en América Latina, articu¬ 
lada a través de doce Secretariados Na¬ 
cionales. 

SERPAJ Uruguay fue fundado en 1981, 
con el cometido de promover y defen¬ 
der los derechos humanos, entonces 
violentamente vulnerados por la dicta¬ 
dura cívico - militar. 

Recuperada la democracia, redimensio- 
nó su labor, orientándola al monitoreo 
del Estado respecto al cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de de¬ 
rechos humanos y a la elaboración de 
propuestas en la materia. 

Desarrolla actividades de investigación 
y reflexión, atiende situaciones de vul¬ 
neración física y psíquica, formulando 
también su denuncia; promueve la pers¬ 
pectiva de derechos humanos mediante 
la realización de cursos, seminarios, ta¬ 
lleres y la publicación de diversos mate¬ 
riales; difunde su propuesta de Educa¬ 
ción para la Paz y los Derechos Huma¬ 
nos en interacción con diversos sectores 
vinculados a la educación; año a año da 
seguimiento a la situación del sistema 
carcelario nacional con énfasis en los 
derechos de las personas privadas de 
libertad; participa en eventos sobre la 
temática en espacios nacionales, regio¬ 
nales e internacionales; brinda informa¬ 
ción especializada a través del Centro de 
Documentación y Biblioteca "Luis Pérez 
Aguirre” y del portal Web www.serpaj. 
org.uy. Desde 1991 publica "Derechos 
Humanos en el Uruguay", un informe 
de la sociedad civil sobre la situación de 
éstos en el país. 

Estamos en: 

serpajuy@serpaj.org. uy 
Teléfono: (+598) 2408 5301 
Fax: (+598) 2408 5701 
Sede: Joaquín Requena 1642 
11.200 Montevideo, Uruguay 
Web: www.serpaj.org.uy 
Facebook: Serpaj-Uruguay 
Twitter: @ Serpa¡ Uruguay 



2018 nos enmarca en los 70 años de 
la Declaración Universal, en los 35 
años del Ayuno de Serpaj y en los 30 
años que venimos editando el Infor¬ 
me Anual. 

Por lo general, cuando nuestras exis¬ 
tencias atraviesan décadas, quinque¬ 
nios o cualquier suerte de enclave en 
el calendario, nos genera una mirada 
abarcativa que habla de esfuerzo, so¬ 
brevivencia, y por qué no, de empe¬ 
cinamiento en la convicción de que 
vale la pena. 

Si bien esa cronología es fácilmen¬ 
te evidenciable, no sería real sin no 
va de la mano con una proyección 
introspectiva, que permita apreciar 
(y por tanto valorar), la infinidad de 
acciones y de trabajo cotidiano, chi¬ 
quito, titánico, personalísimo, que 
se realiza con tantísimas personas o 
colectivos cuyos derechos han sido o 
están siendo vulnerados al extremo. 

Esa variable nos confirma, que la dis¬ 
tancia que hay entre unas y otras rea¬ 
lidades no es meramente geográfica, 
circunstancial o histórica. Deja de ser 
un barrio, una institucionalización o 
el pasado, para ser un abismo. 

Este informe está dedicado a todas y 
todos quienes integraron el Servicio 
Paz y Justicia, a lo largo de estos 37 
años.